Saldos del primer informe
La crisis de legitimidad del calderonismo
Marcos Chávez M.
En sus formas, la tormentosa, grotesca y desangelada atmósfera que rodeó al informe de Felipe Calderón Hinojosa sintetizó lo que ha sido su primer año de gobierno. Por desgracia, para Calderón y los grupos que representa, todo indica que ese maleficio le perseguirá lo que resta de su mandato. Más allá de lo anecdótico, lo sucedido los días 1 y 2 de septiembre revela otro fenómeno más importante y de mayor trascendencia: el avanzado grado de desgaste y descomposición del sistema político mexicano y de la autoritaria presidencia imperial que el panista se empeña mantener a toda costa, aun cuando ha culminado patéticamente su ciclo.
Es cierto que la política tiene su dosis de espectáculo. Pero con Vicente Fox, ante la ausencia de cambios democráticos reales, la política en México se pervirtió y devino en un simple pasatiempo mediático, carente de contenido. Con Calderón el espectáculo del informe presidencial alcanzó un nivel esperpéntico. La institución presidencial se ha deteriorado y desprestigiado sistemática e irremisiblemente. Simbólicamente, en 1988, dos hechos evidenciaron los síntomas ostensibles de la decadencia del despotismo presidencialista priísta.
Uno es la interrupción del perredista Porfirio Muñoz Ledo de la lectura del último informe de Miguel de la Madrid en el Congreso, que marca el fin del servilismo del Congreso y del sistema político ante la sacra figura presidencial. A partir de ese momento imperó la nostalgia por los polvos de aquellos tiempos, que tuvieron que soportar De la Madrid, Carlos Salinas Gortari y Ernesto Zedillo, cuyo partido pierde, en 1997, por primera vez en la historia priísta, la mayoría absoluta de la Cámara de diputados: la lectura de sus respectivos informes, festejada servilmente por el Congreso y sus invitados, y el subsiguiente besamanos del Ejecutivo. El culto al informe y al presidente fue sustituido por las ríspidas manifestaciones de disconformidad de la oposición en el Congreso, aún cuando el sistema logró imponer sin problemas las políticas neoliberales.
El otro hecho es la percepción de que Salinas sólo pudo gobernar merced al fraude electoral instrumentado desde las catacumbas del poder. Desde ese momento queda claro que la era del absolutismo presidencialista priísta se eclipsaba y sólo se sostendría temporalmente, por medio del fraude y la violencia institucional. La emergencia de la fuerza política de izquierda encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas provoca una grave fisura históricamente irreparable en la estructura del sistema político.
Hasta De la Madrid, el priísmo gobierna despóticamente, sin contrapesos democráticos, aplastando cruentamente a la oposición, en especial a la izquierda. El desgaste del presidencialismo se agudiza con la instauración del salvaje proyecto neoliberal de nación por parte de De la Madrid, Salinas y Zedillo. Su imposición desmantela los fundamentos de la vieja estructura corporativa de sistema político posrevolucionario, altera las relaciones tradicionales de poder, provoca el desplazamiento entre las elites políticas y empresariales y disloca la compleja red de intereses, lealtades y complicidades que cohesionaban al antiguo régimen. Los altos costos económicos y sociales de modelo excluyente, el creciente descontento, la emergencia del zapatismo y los excesos de los gobiernos neoliberales priístas, con la complicidad panista, socavan aún más la credibilidad, la estabilidad y el futuro del sistema. Paradójicamente, la imposición del neoliberalismo exige una mayor dosis de autoritarismo y la violación del estado de derecho: el principal costo de lo anterior es la derrota priísta durante las elecciones de 2000.
La alternancia entre la derecha neoliberal priísta y la derecha confesional panista se reduce a nuevos vinos en viejos odres. La esperanza de un cambio democrático y el abandono del modelo neoliberal son abortadas por Fox. Este, al alimón con los tecnócratas priístas, se define como neoliberal en lo económico. En lo político, trata vanamente de afianzarse con las viejas, carcomidas y cada vez más ineficaces prácticas autoritarias del presidencialismo priísta. Esas medidas son aderezadas con el conservadurismo religioso decimonónico de su equipo, su anticomunismo cerril, su alienamiento vergonzoso a la Casa Blanca, su incapacidad para gobernar y su desprecio por el estado de derecho y la oposición. Las secuelas de la priísta manera de gobernar del foxismo son el desprestigio, la ingobernabilidad, la parálisis y la mayor polarización sociopolítica del país, que anualmente tornan tortuoso la presentación de sus informes de gobierno. Tal fue su descrédito que el último no pudo llevarlo a cabo y se vio forzado a entregarlo por escrito y salir deyectado de la historia como uno de los peores gobernantes de México (el segundo “nopalito”).
Lo sucedido durante el primer informe de Calderón fue consecuencia de su pecado de origen: su obscuro ascenso a la presidencia luego de un desaseado y ríspido proceso electoral que, al igual que Salinas, dejó la percepción de un fraude operado por el sistema para garantizar la continuidad neoliberal y el control del poder por parte de la oligarquía local, el capital transnacional y la elite priísta-panista. Esa situación ha cuestionado la legalidad, credibilidad y legitimidad que, como una maldición, han acompañado su breve mandato, provocando un prematuro desgaste que Calderón no sólo no ha sido capaz de revertir durante estos meses sino que, al contrario, ha contribuido sistemáticamente a complicarlo.
En su informe Calderón Hinojosa señala que “la democracia no se entiende sin el debate de las ideas, (el) diálogo respetuoso, (la) discusión franca y directa de las diferencias, y (la) honestidad política para reconocer las coincidencias”. Por ello, agrega: “Asumí el compromiso de buscar el desarrollo humano sustentable para las mexicanas y los mexicanos, promover su desarrollo integral mediante cinco ejes fundamentales: (el) estado de derecho y seguridad pública; (la) economía competitiva y generadora de empleos; (la) igualdad de oportunidades; (el) desarrollo sustentable; (la) democracia efectiva y (la) política exterior activa y responsable”. Por desgracia, todos esos puntos brillaron por su ausencia durante el primer año calderonista, el cual se ha caracterizado por ser un gobierno integrista, autoritario, de derecha, neoliberal y antisocial.
En ese lapso ha sido ostensible la debilidad de las instituciones, sobre todo la presidencial. La ausencia de liderazgo. La mediocridad de su equipo se ha distinguido por su falta de cohesión y coordinación, su inexperiencia e incompetencia, la estrechez de miras, la acumulación de yerros, contradicciones y abusos típicos de funcionarios improvisados, carentes de oficio político en cuestiones de seguridad nacional e interna y política internacional (Juan Carlos Muriño, Francisco J. Ramírez, Guillermo Galván, Eduardo Medina, Genaro García, Maximiliano Cortázar, Cesa Nava, Germán Martínez, Jesús J. Castillo, Alejandra Sota, Patricia Espinosa).
Ha sido notorio el abuso de una retórica discursiva hueca, mendaz, insultante. La intolerancia y la rijosidad. Felipe Calderón se ha comportado como un hooligans más que como un ejecutivo. Pensar en un estadista escapa a su estatura política. Las tentaciones autoritarias ilegalmente apoyadas en las fuerzas armadas, la única institución sólida con que cuenta el ejecutivo para sostenerse. La decisión por sacar a las calles al ejército en labores policiacas, en actividades de contrainsurgencia, justificada con el espantapájaros de la violencia asociada al narcotráfico, pese a los pobres resultados y los excesos cometidos por los militares en contra de la población, que ha redundado en su mayor desprestigio, es un hecho que poco parece interesarle a Calderón.
El secuestro de guerrilleros y la violación de los derechos humanos y la reaparición de la guerra sucia: la trasgresión oficial de las leyes; la seducción por tratar de imponer el fundamentalismo religioso a una sociedad heterogénea y plural, que exige mayores libertades que chocan con el catolicismo; la tolerancia ante la embestida ilegal de la iglesia católica; el desdén por tratar de construir consensos con la oposición de izquierda y la preferencia por negociar de manera palaciega con los priístas y otros grupos políticos retrógrados y antidemocráticos; el desinterés y la complicidad del ejecutivo ante el quebranto del estado de derecho cometido por gobernadores (Oaxaca y Puebla, entre otros) y munícipes; y los procesos electorales y estatales ocurridos en estos meses han mantenido las peores prácticas del viejo statu quo. Los desastres electorales del PAN en Yucatán o Veracruz reflejan el malestar social ante el panismo, tanto a nivel estatal como federal.
Si políticamente la nación navega a la deriva, en materia económica y social se carece de rumbo en el corto plazo. No puede esperarse otra cosa con un gabinete integrado de fundamentalistas neoliberales mercenarios (Agustín Carstens, Guillermo Ortiz, Eduardo Sojo, Luis Téllez, Georgina Kessel, Jesús Reyes), improvisados, debido al pago de cuotas, compromisos y compadrazgos (Javier Lozano, Juan Elvira, Alberto Cárdenas, Josefina Mota, Rodolfo Elizondo y demás) y golpeadores (Juan Molinar, Miguel Yunes, José Luege).
Ante la desaceleración productiva y el riesgo de una recesión generalizada, la política económica calderonista se ha caracterizado por la indolencia, la parálisis y la carencia de propuestas contracíclicas, ya que, para los fanáticos seguidores del desacreditado y fracasado catecismo monetarista (Carstens y Ortiz), son innecesarias porque el todopoderoso dios-mercado resuelve automáticamente todo, sin interferencia de las manos sucias del estado. Peor aún, las medidas que imponen son la restricción monetaria (altos réditos) y fiscal (el balance cero, a través del menor gasto para reforzar el autismo estatal), supuestamente para consolidar la estabilidad. Esto, sumado al caso de la inflación, que como tigre se pasea indómitamente por las calles y acentuando todos los síntomas declinantes de la economía local, ayudada por la contracción estadunidense, dado nuestra condición de furgón de cola, el crecimiento para 2007 podría reducirse hasta 2-2.5 por ciento, distante de la mezquina meta programada de 3 por ciento, distante del potencial productivo del país (6 por ciento) y de las necesidades de empleo formal y bienestar.
En donde sí se observa la decidida intromisión de las manos sucias del estado es en la promoción de una mayor dosis de neoliberalismo. Fiel a sus compromisos de clase, Calderón ha desmantelado y privatizado las pensiones de los empleados del estado, reprivatizado las carreteras, promovido las ilegales inversiones privadas en el sector público y la ley de bioseguridad que favorece a las transnacionales, impulsado un ajuste fiscal ultraneoliberal (la tasa única), que saturará de impuestos indirectos a las mayorías y deprimirá aún más sus ingresos reales, defendiendo los intereses empresariales en contra de los intereses de los trabajadores, bajo la norma de la “flexibilidad” laboral, y promoviendo la ley entre otras prácticas que afectan su credibilidad y legitimidad.
Los supuestos beneficios para los asalariados no son más que un sarcasmo. El alza de los salarios nominales se subordinó a la meta de la inflación y no al objetivo de la recuperación deliberada de su poder adquisitivo real, por lo que en 2007 mantendrá su pérdida acumulada en el último año del foxismo (74.8 por ciento para los mínimos, desde 1976; y 55.8 por ciento para los contractuales, desde 1982). El secretario del trabajo, Lozano Alarcón, se ha convertido en el Torquemada del desmantelamiento de los contratos colectivos y las prestaciones sociales. La seguridad social (salud y jubilaciones) prosigue su privatización y lo que queda de la pública se mantiene en una crisis que se agrava con la ley del ISSSTE, contra lo que dolosamente supone Calderón y sus golpeadores, Yunes y Molinar, directores del ISSSTE y el IMSS, respectivamente. La educación, botín de la aliada Elba Esther Gordillo se hunde en la mediocridad. La pobreza se trata bajo los cánones caritativos impuestos por el Banco Mundial, alejada de una verdadera estrategia integral de justicia social.
Aun si se acepta el dato de los nuevos trabajadores formales registrados en el IMSS al cierre de 2006 y julio de 2007 (636.8 mil, en promedio acumulado), nada hay que festejar: uno de cada dos empleos (el 56.1 por ciento: 357.2 mil) es temporal y rápidamente se esfuma. Esa forma de contratación tiene una finalidad: imponer bajos salarios, condiciones laborales desventajosas y reducir las prestaciones sociales. Si se considera el conjunto del mercado laboral formal puede tenerse una mejor perspectiva de la difícil situación de los trabajadores. Éste registró 53.6 mil desempleados y 222.6 mil subempleados. A mitad de año, 276 mil más, lo que suma en conjunto, 1.627 millones, 3.124 millones y 4.751 millones en cada caso. Del total de ocupados (42.9 millones), 21.7 millones (50.8 por ciento) trabaja menos de 34 horas semanales, lo que impide que tengan un ingreso que permita satisfacer sus necesidades esenciales; y 23.7 millones (55.5 por ciento) son sobreexplotados al verse obligados a trabajar más de 48 horas. Asimismo, de los 42.9 millones de ocupados, 9.1 millones (21.4 por ciento) no percibe ingreso o apenas ganan hasta un salario mínimo (SM); 9 millones (21 por ciento ) perciben entre 1 y 2 veces el SM. De éstos, 18.1 millones de trabajadores (42.4 por ciento) se encuentran hundidos en la miseria y la pobreza extrema; 9.2 millones (21.6 por ciento) obtienen entre dos y tres veces el SM; 7.8 millones (18.3 por ciento) entre 3 y 5 veces el SM. De éstos, 17 millones (39.9 por ciento) son pobres. Sólo cinco millones (11.7 por ciento) ganan más de 5 veces el SM. En otros términos, 35 millones de personas (82.2 por ciento) son incapaces de cubrir sus necesidades básicas, gracias a las políticas salarial y laboral aplicada por los últimos cinco gobiernos neoliberales, incluyendo al de Calderón.
En ese contexto, era predecible que el ambiente para el informe sería adverso. En lugar de negociar y buscar acuerdos con la oposición desde el inicio del sexenio, si es que era posible, para tratar de limpiar las elecciones, que hubiera implicado el recuento del total de las boletas para imponer el estado de derecho, Felipe Calderón hizo lo contrario. Se encarama a la presidencia con fórceps. Intensifica la confrontación con Andrés Manuel López Obrador y con el gobierno capitalino legalmente triunfador. Trata de imponer unilateralmente su agenda y, a destiempo, busca modificar el formato de la presentación de su informe.
Al final tuvo que pagar los costos de su fracaso: la imposibilidad de utilizar la tribuna del Congreso. Lo demás se vuelve una opereta bufa: la censura televisiva impuesta a la diputada Ruth Zavaleta (PRD), presidente de la sesión del Congreso, en complicidad con Televisa y TV Azteca, que equivale a una agresión y acto de desprecio a ese poder; la patética renuncia de René Antonio Palavicin, del Centro de producción de programas informativos y especiales; la lectura electrónica de Calderón de su informe a petit comité, fuera del Congreso y entre sus tribus partidarias y castas beneficiarias, donde exalta las virtudes citadas anteriormente y que carece su gobierno; la entrega de las cabezas de funcionarios del Instituto Federal Electoral y las vergonzosas declaraciones de Luis Carlos Ugalde; las diversas amenazas de atentados, varias de las cuales parecieran tener su origen en las catacumbas del poder, en los organismos responsables de cuidar la seguridad nacional.
Lo ocurrido poco antes, durante y después del 1 de septiembre es una manifestación del profundo desarreglo económico y sociopolítico por el que atraviesa la nación. Mostró a un gobierno intolerante, incapaz de manejar política y democráticamente los acontecimientos. El uso faccioso del poder por parte del ejecutivo, su gabinete, de la derecha gobernante, en complicidad con los priístas y otros partidos dañaron aún más su imagen. Evidenciaron el alto grado de precariedad y vulnerabilidad del calderonismo. El aislamiento que sufre Calderón debido a sus acrecentados problemas de legalidad, credibilidad y legitimidad mostró la inequívoca quiebra y descomposición del autoritario sistema político y del modelo neoliberal con que Felipe Calderón quiere operar, sin preocuparle demasiado el riesgo de que se pierda la frágil gobernabilidad y que el país se hunda en el desorden generalizado.
Bajo esa lógica, no parece haber más opciones para el calderonismo en lo que resta del sexenio: 1) llevar de manera suicida hasta sus últimas consecuencias el autoritarismo y el neoliberalismo excluyente, apoyado en los militares, la violencia y el terrorismo de estado, a costa de agravar los conflictos y fracturar irremisiblemente al país con un baño de sangre que colapse al sistema; o, 2) negociar y buscar el consenso entre las diferentes fuerzas políticas para deshacerse de los cadáveres del despotismo presidencialista y del neoliberalismo y así impulsar la democracia participativa y un proyecto económico de nación incluyente, que coloque el interés público, el bienestar de las mayorías, sobre el privado, el de la oligarquía autóctona y el capital internacional. Desdichadamente, esto último parece estar ausente en la agenda de las elites de derecha caderonista, panista y priísta, de la oligarquía empresarial y de las rémoras que los acompañan, porque implicaría su derrumbe del poder.
Año V No. 56 Septiembre 2007
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