Permisos sanitarios falsos en aduana del AICM

Durante más de cinco años, miles de medicamentos y materiales quirúrgicos han entrado por las aduanas mexicanas con permisos sanitarios falsos. La aduana del aeropuerto de la ciudad de México es el principal lugar de operaciones  y “gestores” que, en supuesta connivencia con autoridades, falsifican documentos oficiales. El SAT y la Cofepris reconocen que han ingresado mercancías con permisos apócrifos

Yenise Tinoco / Zósimo Camacho

Tramitadores aduanales, dedicados a introducir al país material quirúrgico con “permisos” que ellos mismos elaboran, ponen en riesgo la salud de cientos de miles de personas: algunas de las empresas importadoras involucradas suministran materiales a los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Esta práctica también vulnera la seguridad de las aduanas y ocasiona quebrantos millonarios al erario.

Héctor Felipe Bracamontes Cruz –señalado en denuncias presentadas ante la Procuraduría General de República, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el IMSS y el ISSSTE como el principal coyote que trabaja con documentos apócrifos– acepta que la empresa de la que fue dueño y representante legal falsificó, “desde 2002 a la fecha”, “varios permisos” de importación.

Luego de una denuncia –hecha por Ana Lilia Hurtado, quien dice pertenecer a la organización Instituto Jurídico–, el SAT inició un Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA) para averiguar la autenticidad sólo de cuatro de los mil 500 permisos que la denunciante señala como apócrifos.

En esos cuatro casos la denunciante tuvo razón: la Cofepris –oficina dependiente de la Secretaría de Salud– reconoció, mediante el oficio CAS/UR0622/2007 enviado al SAT el 25 de mayo pasado, que los documentos cuestionados “no fueron expedidos por esta Comisión Federal, dado que no existen antecedentes que amparen su emisión como permisos de importación”.

Por ello, en el PAMA, el SAT admite que “los permisos de importación (…) no fueron emitidos por la entidad que es la única facultada para emitir dichos permisos”. Además, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público concluye que los documentos de importación “no son válidos”.

Sin embargo, ni las empresas importadoras, ni los agentes aduanales, ni los tramitadores o comisionistas pillados con documentos falsos han sido molestados por autoridad alguna. A pesar de que las denuncias iniciaron en diciembre de 2006, hasta la fecha todos los involucrados continúan realizando su trabajo como si nada hubiera ocurrido. Las diligencias de las autoridades supuestamente continúan, aunque avanzan con lentitud.

De acuerdo con las denuncias presentadas por Hurtado –ante la PGR, el SAT, la Cofepris, el IMSS y el ISSSTE–, Héctor Felipe Bracamontes Cruz, presidente de Corporativo B y C, y sus empleados se dedican a la falsificación de permisos sanitarios y certificados de origen, en supuesta connivencia con personal aduanal del aeropuerto de la ciudad de México y otros estados.

Aunque las denuncias hablan de más de mil 500 permisos falsos, hasta el momento el SAT y la Cofepris se han negado a informar el número de documentos apócrifos que han sustentado el ingreso de mercancía por las aduanas de México.

Sin embargo, reconocen la existencia de más PAMA, además del que concluyó con el reconocimiento de la falsedad de los cuatro mencionados, cuyos números son: I-98988-2006; I-98990-2006; I-98991-2006, y I-98992-2006. A cada permiso les corresponden los supuestos números de entrada 06330060098988, 06330060098990, 06330060098991 y 06330060098992, respectivamente.

Bracamontes admite falsificaciones

En entrevista con Fortuna, el supuesto falsificador de documentos y tramitador o comisionista aduanal reconoce que su empresa Consorcio B y C, S. C., ha falsificado permisos desde 2002. Sin embargo, dice no recordar el número de fraudes realizados ni la mercancía que ingresó con documentación apócrifa. Agrega que la responsable de las irregularidades era quien fungía como gerente administrativa de su empresa.

“Fue Ivete Aracely Canales Villavicencio. Era la gerente administrativa de mi empresa. Y ya tienen documentalmente tanto el juez como los abogados toda la información. Entonces la gente que está faltándole el respecto a mi nombre me lo tiene que demostrar.”

Dice que aunque era el dueño y presidente de la empresa “desgraciadamente” no se dio “cuenta” de las falsificaciones. “Tengo toda la documentación firmada por ella y por otra persona que trabajaba con ella: Enrique Haro López. Me di cuenta que estaba tramitando permisos falsos hasta el momento que la corrí (…) y en cuanto esté detenida la señora yo me puedo reportar con usted”.

Sobre si presentó una denuncia al conocer los hechos, Bracamontes, titubeante, dice que sí; sin embargo, no recuerda ni aproximadamente en qué mes informó a las autoridades de los presuntos delitos cometidos.

—¿Cuántos permisos falsos se tramitaron?

—No tengo idea. Lo están viendo los abogados y la contralora que está en la oficina —aduce.

—Cuál es el nombre de la empresa.

—Corporativo B y C. Ahora estoy trabajando para otra empresa y no es ni mi empresa tampoco.

—Cómo se llama actualmente.

—Consorcio Aduanero.

—A qué se referían estos permisos falsos, qué mercancía ingresaban.

—No sé. Todo lo tiene el abogado y la contralora. Es muy confidencial esa información y no se la puedo proporcionar.

—¿Se dio cuenta de algunos y por eso la corrió?

—De unos tres.

—En qué época los tramitó.

—Del 2002 a la fecha.

Bracamontes dice que no sabe si los agentes aduanales estaban enterados de que los permisos eran falsos. “No tengo idea, no tengo acceso a ese tipo de información. No manejaba esa área, esa la manejaba la licenciada Ivete Canales”.

De acuerdo con una fuente que conoce el modus operandi de la empresa de Bracamontes y que proporciona la información siempre y cuando se mantenga en reserva su nombre, porque dice haber sido amenazada de muerte, de 2005 a la fecha Bracamontes ha emitido más de mil 500 permisos sanitarios falsos, con precios que oscilan entre los 5 mil y 100 mil pesos cada uno, monto que se calcula según el tipo y número de piezas a importar. El quebranto al erario ha sido superior a los 10 millones de pesos, estima la denunciante. La cifra representa el pago de derechos y los impuestos arancelarios que nunca ingresan a la Cuenta Pública.

“Bracamontes presume tener influencia con autoridades aduanales y sanitarias. Convence a sus clientes de que no habrá problema alguno con el personal de las aduanas, y ofrece a las empresas concluir un trámite que regularmente puede durar hasta tres meses, en un día o dos. Lo mismo ofrece con los certificados de origen de Estados Unidos y China”.

La informante agrega: “los cuatro permisos que reconoce la Cofepris como falsos fueron elaborados en la propia oficina de Bracamontes. Ahí mismo se imprimen y, como también han falsificado los sellos, ahí se sellan”.

La primera denuncia de Ana Lilia Hurtado fue presentada de manera anónima ante la PGR el 11 de diciembre de 2006, mediante el sistema “Denuncia ciudadana”, por internet. Por el mismo medio, Hurtado ratificó la denuncia aproximadamente un mes más tarde.

En la segunda denuncia fue presentada ante el SAT el pasado 25 de abril, Hurtado acusó a Bracamontes de violar la seguridad de las aduanas mexicanas con cientos de permisos sanitarios falsos, pero, indica, hasta el momento no ha parado dicha operación que provee a hospitales, clínicas de salud, farmacias y tiendas, públicas y privadas, con productos de dudosa procedencia.

Además, Hurtado menciona que tres agentes aduanales –que son los que realizan los pedimentos de importación y autorizan la entrada de la mercancía– han sido “engañados” por Bracamontes: Guillermo Dueñas Ramírez, con patente 3817; Sergio Aguilar Mayorga, con número 3567, y Jorge Zendejas Rodríguez, con número 3824. La denunciante considera que los agentes aduanales “no son parte del fraude; a ellos también los engaña, pues los permisos falsos los fabrica en su oficina y sólo los presenta”.

Sin embargo, Zendejas Rodríguez se deslinda de Bracamontes y dice que con este comisionista aduanal sólo ha tramitado un pedimento de importación. Se trata de “partes para maquinaria pesada” que nada tienen que ver con material quirúrgico ni con medicamentos. Por ello no ha necesitado permiso sanitario y por lo tanto no pudo haber recibido documentos falsos.

Fortuna cuenta con copia de las denuncias presentadas por Hurtado desde abril pasado ante el SAT, la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE. No obstante, Bracamontes sigue prestando sus servicios como gestor aduanal. Solamente ha cambiado el nombre de su despacho, Corporativo B y C, S. C., a Consorcio Aduanero de México, S. C. Su número ante el registro Federal de Contribuyentes es CAM070201NH3.

Cofepris se lava las manos

La Cofepris confirma la detección de permisos sanitarios falsos en la aduana del aeropuerto capitalino y de otros estados. Juan Antonio García Villa, comisionado federal del órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, acepta que se han detectado permisos sanitarios falsos en algunas adunas nacionales desde finales del año pasado, pero no precisa el número de éstos ni da el nombre de las empresas que violaron las leyes aduaneras presentando documentos apócrifos.

“No tengo el número exacto, pero son varios”, señala. Sin embargo, agrega que “ni remotamente estaríamos hablando de mil; sería (un número) notoriamente menor. Es muy difícil estimar el número de actos delictivos”.

El funcionario federal deslinda a las empresas de haber violado las leyes aduanales y sanitarias del país. “Ya se ha platicado con las empresas, algunas de ellas muy serias, que fueron sorprendidas por estos gestores, o coyotes como se conoce, y están muy preocupadas por esta situación.”

Sin embargo, se niega a informar los nombres de las empresas con que la Cofepris ha entablado negociaciones: “No puedo decir con qué empresas se ha hablado. Son muy reconocidas; incluso, algunas de origen extranjero que se han establecido en el país”.

Ante la acusación de papelería oficial falsa, García Villa asegura que la función de la Comisión “termina dando cuenta al ministerio público. Y son las autoridades judiciales las que se encargan de investigar a los involucrados y confiscar la mercancía.

“No somos una policía que está en las adunas viendo qué entra o si el permiso es legal o no. Se presume que los permisos son legales hasta que se establece lo contrario. No tenemos los instrumentos ni la competencia para poder detectar las falsificaciones. Nuestra función es solamente establecer si la mercancía, aparatos y dispositivos médicos significan o no un riesgo para la salud y si tienen registros sanitarios en nuestro país.”

García Villa indica que, luego del aumento en la identificación de documentos sanitarios de importación apócrifos, la Cofepris cambió el formato de los permisos y se les agregaron nuevos mecanismos de seguridad. “Pero finalmente cualquier papelería, por más infalsificable, será vulnerable”, dice.

El funcionario menciona que desconoce cuál es la forma en que los falsificadores se hicieron del formato que han multiplicado por cientos, y de forma apresurada se adelanta a deslindar complicidad por parte del personal de la Comisión con los delincuentes; “pero, bueno, no podría descartar que en el seno del órgano tuvieran un contacto que los ayude”.

La Comisión abrió el expediente DE-059/2007 para investigar la denuncia. Por ello, el 19 de julio, a través de un correo electrónico, Hurtado fue citada para una diligencia ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, con el fin de que “aportara más datos”.

No obstante, Juan Antonio García Villa dice que para la Cofepris es casi imposible saber quiénes son los falsificadores, dónde viven o cómo se llaman.

Agrega que “el siguiente paso es establecer una conectividad en línea y en tiempo real con la administración general tributaria, para verificar que, en efecto, un permiso corresponde a un pedimento de importación, ya que solamente ellos pueden detectar el documento apócrifo”.

Aduanas guarda silencio

Desde el 1 de agosto, Fortuna solicitó hablar con la administradora general de la aduna del aeropuerto de la ciudad de México, Leonor Pérez Saldaña. Al cierre de esta edición, a través de la secretaria de Carlos Popoca Laguna, administrador de Estrategias y Comunicación del SAT, se informó que seguían “considerando la pertinencia de conceder” la entrevista.

Según las denuncias firmadas por Hurtado, en la lista de clientes de Bracamontes se encuentran: Mexglobal, Luis Arturo Gutiérrez Martínez, Planeación Integral de Unidades Médicas, Equipos Médicos Bioscience México, Carmen Ruiz Sánchez y Canprev. Además: ABC Líneas Médicas Profesionales, TecnoMed International, Sistemas Biomédicos de México e Ingenieros Biomédicos Asociados. Las últimas cuatro empresas son parte del padrón de proveedores del IMSS.

TecnoMed Internacional se anuncia en su página de internet como una empresa líder en México en la distribución y mantenimiento de equipos médicos y de laboratorio.

Agustín Amaya Chávez, coordinador técnico de Evaluación y Control de Abastos del IMSS, señala que este Instituto desconoce la existencia de medicamentos o material quirúrgico que hayan ingresado a las clínicas y hospitales del Instituto con permisos sanitarios falsos.

Asegura que todas las mercancías que entran a los almacenes del IMSS tienen probada su calidad y que las empresas abastecedoras cuentan con los registros sanitarios oficiales expedidos por Cofepris para fabricar o comercializarlas. “De otra forma no podrían ser parte del catálogo de proveedores”.

A la redacción de Fortuna, el pasado 12 de septiembre llamó quien dijo ser la “licenciada Bracamontes, hermana de Héctor Bracamontes” para amenazar a los reporteros y gritarles que se abstuvieran de publicar algo en contra de su hermano o “nos vemos en tribunales”.

Año V No. 56 Septiembre 2007

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