Investigan a funcionarios de Aserca

Los exfuncionarios Enrique Merino Cortés y Juan Antonio González Pérez –este último excolaborador del titular de Seguro Popular, Juan Antonio Fernández, inhabilitado por 10 por supuesto desvío de recursos– burlaron las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública en el sexenio foxista y sigue impune un daño al erario por casi 4 millones de pesos

Erika Ramírez

Las indagatorias en torno al fraude en el Seguro Popular por más de mil millones de pesos, supuestamente cometido por su extitular Juan Antonio Fernández Ortiz y su equipo cercano de colaboradores, abren nuevas líneas sobre otros exfuncionarios, como Juan Antonio González Pérez, exdirector de Financiamiento en el programa Seguro Popular, quien es investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Fuentes cercanas a la pesquisa indican que González Pérez fue protegido por Fernández Ortiz para que no procediera en su contra una inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier cargo público y le fuera aplicada una multa por casi 4 millones de pesos, luego de que el 18 de septiembre el Órgano Interno de Control (OIC) de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) –entidad descentralizada de la Secretaría de Agricultura– resolvió que había ocasionado un daño al erario por varios millones de pesos.

La protección que brindó Fernández Ortiz a sus colaboradores evitó que se sancionara administrativa y económicamente a González Pérez. El servidor público continuó en el servicio público hasta el 18 diciembre de 2006, según confirmaron en Recursos Humanos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Funcionario clave en las negociaciones para arrancar el sistema de credencialización del Seguro Popular, a González Pérez, también exdirector general de Medios de Pago de Apoyos de Aserca, se le atribuyó la “omisión en la revisión y compulsa de las cartas de adhesión, lineamientos y mecanismos de la operación de programas de desarrollo de mercado de la cosecha de trigo del ciclo agrícola otoño-invierno 2000/2001, en los estados de Baja California y Sonora, aplicables para la autorización de pagos realizados a la empresa Agroindustrias Mayo, SA de CV”, según precisa la resolución del Órgano Interno de Control de Aserca.

El expediente R/04/04, emitido por el Área de Responsabilidades de la entidad, indica que la autorización de González Pérez, para que se hicieran los pagos de las cartas de adhesión 1TBC-DEMPEC-009, 1T01-DEMPEC-004 y 1T01-DEMPEC-005 a Agroindustrias del Mayo, ocasionó un daño patrimonial al erario por 3 millones 931 mil 795 pesos. La resolución administrativa afirma que el exservidor público incurrió en irregularidades, pues dio su autorización fuera del tiempo establecido por las reglas de operación de Aserca.

Ante esta situación, Salvador Reyes Falcón, titular del Área de Responsabilidades del OIC de Aserca, resolvió que el exfuncionario pagaría su sanción por la misma cantidad del daño y no ocuparía ningún empleo, cargo o comisión en el gobierno por una década. Orden que no fue acatada.

Investigadores de la Procuraduría General de la República, que investigan al excomisionado de Seguro Popular y copartícipes por diversas irregularidades, señalan que José Antonio González Pérez fue uno de los negociadores de un contrato, ahora impugnado por la SFP, que asciende a 742 millones de pesos. Este convenio, indican, fue celebrado por el titular del Seguro Popular con Image Tecnology, Cosmocolor, Engenico y Gemplus, para que se llevaran a cabo diversas operaciones de avance tecnológico dentro del programa (Fortuna, 55).

Las acusaciones

En el expediente R/04/04, el OIC detalla la información de las cartas de adhesión que González Pérez autorizó de manera extemporánea para entregar casi 4 millones de pesos a la empresa Agroindustrias del Mayo.

Muestra de las irregularidades en las que incurrió el exfuncionario de Aserca es el documento 1T01-DEMPEC-005 del subprograma de Desarrollo de Mercados, suscrito el 22 de mayo de 2001, que cubría la cosecha de trigo del ciclo agrícola otoño-invierno 2000/2001 en Baja California. A través de ese convenio se acordó la entrega de apoyos por un millón 394 mil 999 pesos, que cubre la operación de 4 mil 500 toneladas de trigo, pagadas a 310 pesos por tonelada. Sin embargo, el pacto se realizó antes de que se publicaran los lineamientos y mecanismos específicos de operación.

En el documento 1T01-DEMPEC-005, se destaca el convenio de la cosecha del grano, ahora en Sonora, por un volumen de 2 mil toneladas, con un apoyo de 295 pesos por tonelada. Este contrato se firmó después de la fecha límite (31 de agosto de 2001), “establecida para que el comprador evidenciara ante Aserca que cumplió en tiempo y forma con su compromiso”. De esto, se efectuaron varios pagos que sumaron un importe de 590 mil pesos.

Los pagos realizados por 2 millones 120 mil 710 pesos de la carta de adhesión 1TBC-DEMPEC-009 resultaron improcedentes, ya que “la solicitud de apoyo se presentó extemporáneamente a la fecha establecida, tres meses después de que debieron realizarse los trámites”. 

OIC señala irregularidades

Otro personaje implicado en el daño al erario es Enrique Merino Cortés, exdirector de pagos de apoyos a la comercialización de Aserca, quien también fue inhabilitado del servicio público por 10 años y sancionado económicamente con 3 millones 931 mil 795 pesos, según la SFP, al detectar diversas irregularidades en la entrega de apoyos a la comercialización.

Merino Cortés fue el responsable de autorizar los pagos a Agroindustrias del Mayo, según el documento del Área de Responsabilidades. No obstante, el exfuncionario intentó deslindarse de las imputaciones en su contra y dijo desconocer el por qué se habían firmado convenios extemporáneos.

El OIC determinó que los argumentos del excolaborador de González Pérez no procedían y las irregularidades en que incurría eran graves, “ya que en ejercicio de sus funciones no realizó con la máxima diligencia el servicio que tenía encomendado en ejercicio de sus funciones”.

Ahora, las autoridades de la Secretaría de la Función Pública indagan sobre la resolución emitida el 18 de septiembre del año pasado por el contralor Salvador Reyes, pues a un año de que se fincaron responsabilidades ambos funcionarios no han sido sancionados.

Se solicitó a la SFP –a través de la unidad de Comunicación Social– audiencia con el subsecretario de Atención Ciudadana, para que explique por qué los exservidores antes mencionados no han sido penalizados por su daño al erario. Sin embargo, después de tres semanas y al cierre de la edición, no hubo respuesta. También, se intentó localizar a los exfuncionarios comprometidos, pero hasta la fecha no se ha dado con su paradero.

Año V No. 56 Septiembre 2007

Recibe en tu email un avance del contenido de nuestra revista. Haz clic aquí