Sin rumbo el campo mexicano

Con un presupuesto de 58 mil 469 millones de pesos asignados a Sagarpa, el presidente Felipe Calderón pretende elevar la “competitividad” del sector agropecuario, según los datos de su primer informe de gobierno. Expertos en la materia advierten que ante la inminente apertura comercial de 2008, los programas instrumentados no tendrán ningún impacto 

Erika Ramírez

Desapegado a la realidad que vive el campo mexicano y negado a la renegociación del capítulo agropecuario –previa apertura comercial con Estados Unidos y Canadá en 2008–, el presidente Felipe Calderón promete elevar la “competitividad” de un sector que, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), en 1994, está devastado.
En el Primer Informe de Gobierno, entregado al Congreso de la Unión el pasado 1 de septiembre por el jefe del Ejecutivo, se resume la promoción de más de 20 programas y fondos dirigidos a la inversión y rehabilitación del sector, con un presupuesto de 58 mil 469 millones de pesos, asignados a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Sin embargo, analistas en la materia aseguran que ninguno de los programas tendrá un impacto positivo, mientras el gobierno federal siga apegado a la política neoliberal de libre mercado con que se ha operado el campo desde hace 13 años, y no se garantice la soberanía alimentaria del país.
Adriana Díaz Contreras, coordinadora de la Comisión de Desarrollo Rural en la Cámara de Diputados, dice que la información entregada a los legisladores sólo es la descripción de cada uno de los esquemas, pero “no hay políticas públicas que articulen una estrategia de desarrollo rural sustentable, además de que carece de opciones para solucionar los graves problemas que hay en el campo mexicano”.
Entre los capítulos que destaca la legisladora perredista se encuentra el plan emergente para la producción de maíz, frijol, caña de azúcar y leche, trazado en esta administración para enfrentar el “inminente” proceso de desgravación arancelaria, que iniciará en enero de 2008.
Para cubrir este rubro, se establecieron tres programas principales que pretenden “mitigar” los efectos de la apertura total de éstos. Entre ellos: el Programa de Apoyo a los Productores de Maíz y Frijol, con un presupuesto de 3 mil 131 millones de pesos, destinados a cubrir 1.4 millones de hectáreas con paquetes tecnológicos, infraestructura, maquinaria y equipo.
También fueron diseñados: el Fondo Nacional Mutualista de Productores de Maíz y Frijol –que pretende la capitalización del campo a través de acceso a créditos–, el Programa de Reconversión Productiva de Frijol en Durango, San Luis Potosí y Zacatecas y el Programa Nacional de la Agroindustria Azucarera “con el objetivo de integrar una agroindustria que enfrente con éxito la competencia en el mercado norteamericano de edulcorantes y bioenergéticos”, señala el Informe.
Con la instrumentación de estos esquemas, enfatiza la diputada, no se asegura que la población tendrá acceso a dichos insumos y tampoco a los productores el mercado para su intercambio comercial. “Con ello queda vulnerada la soberanía y seguridad alimentaria y se desatiende al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que protege a estos productos como básicos y estratégicos para el país”, añade.

Los efectos del TLCAN

De acuerdo con el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2000-2006, promovido durante la administración foxista, “los cupos de importación, pactados como mecanismos de transición en el TLCAN, tenían como objetivo propiciar un ajuste gradual en el sector productivo, así como garantizar el abasto de materias primas en las que el país es deficitario.
“Finalmente, no existió coexistencia en el marco de apertura comercial con las políticas de apoyo, lo cual dio a la ruptura de eslabonamientos de importancia para el país, como en los casos de oleaginosas –aceites, algodón y textiles– que, de no atenderse, pueden llevar a la desaparición de la agroindustria en el mediano plazo”, señala.
Ahora, en los anexos estadísticos del Primer Informe se muestra cómo se han incrementado las importaciones hasta en un 300 por ciento, luego de que fuera firmado el pacto comercial en 1994.
Las operaciones totales de este rubro por sector de origen señalan que en el sector agrícola se importaban 2 mil 632 millones de dólares en 1995, cifra que ascendió en 2006 a 7 mil 268 millones de dólares y, para junio de este año fiscal, ya había alcanzado los 4 mil 236 millones de dólares.
En el anexo de seguridad alimentaria, los porcentajes se triplican en los principales granos básicos, oleaginosas y carnes.
Los registros muestran que el arroz palay pasó de 102 por ciento de su importación en 1995 a 231 por ciento en 2006; el trigo, de 34.6 por ciento a 112 por ciento; el frijol, de 2 por ciento a 7 por ciento; y el maíz de 14.5 por ciento a 31.9 por ciento durante el mismo periodo. Estos dos últimos quedarán libres de aranceles en menos de tres meses.
Díaz Contreras enfatiza que “el modelo aplicado al campo –y que extiende la administración de Felipe Calderón– está basado en una apertura de la desregulación y privilegios a la inversión extranjera. El TLCAN nos está afectando porque no se consideraron las graves asimetrías económicas, las técnico productivas, presupuestales y jurídicas respecto a Estados Unidos”.
Desempleo y marginación   
Víctor Suárez Carrera, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), dice que “la política del gobierno de Calderón no tiene ningún impacto en el crecimiento de la producción ni en la rentabilidad de los productores”.
El dirigente de la ANEC, que representa a 50 mil pequeños y medianos productores de granos básicos en 17 estados de la República, señala que en el Primer Informe de gobierno se omite hablar del  desempleo rural, la migración, y el incremento de los precios de la canasta básica, entre otros.
A nueve meses de gobierno, “tenemos un balance negativo de las políticas de Calderón, pues han privilegiado la dependencia alimentaria, la protección a los intereses de los oligopolios agroalimentarios y que los poderes del mercado sean los que determinen la agricultura mexicana”.
Con 23 millones de personas que subsisten en situación de miseria en el campo, según indica el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2000-2006 revela que el 34 por ciento de esta población no recibe ingresos y 51 por ciento reciben menos de dos salarios mínimos.
El documento estima que cerca de 80 mil mexicanos emigran cada año de manera ilegal y que ya son 15 millones los que residen como indocumentados en el vecino país,  “es probable que el flujo de personas hacia ese país continúe si se considera el escaso dinamismo del campo mexicano”, advierte. 
Ambos factores, dice Suárez Carrera, son la continuidad del “dogmatismo que hay en el gobierno de derecha, que insiste en la doctrina de libre mercado y la ineficiencia, inexperiencia, burocratismo y actuación clientelar de su administración, en el sector agropecuario”.
Para el líder de 50 mil empresarios, “no hay rumbo en la política rural del país ni los 200 programas sustituyen a una política de Estado que cubra las necesidades de la economía. Los esquemas propuestos no van a solucionar el problema porque seguimos dependiendo de las importaciones: otorgar incentivos a los agroempresarios y dar la espalda a las regiones rurales más atrasadas”.
Las remesas
Sergio Barrales Domínguez, exrector de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), critica los planes expuestos en el Primer Informe de Gobierno para el “desarrollo” de la agricultura en México, “pues no se puede dejar de ver cómo cada día son más los campesinos que deciden dejar sus tierras”.
Barrales, actual director Centro de Estudios Para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, dice que más que la inversión en programas gubernamentales, “el factor que sostiene actualmente al agro es el envío de remesas de quienes salieron desesperados a buscar mejores condiciones de vida”. 
Es inevitable observar, agrega, que “el gobierno no está cumpliendo con el papel de  representar a todos los mexicanos para que se puedan alcanzar niveles favorables de vida. Sigue con esa visión de dejar todo a la regulación del libre mercado y no se quiere dar cuenta de que no todos tienen la capacidad de entrar en él”.
Informes del Banco de México indican que para julio de este año habían ingresado a México 13 mil 605.3 millones de dólares. Tan sólo en ese mes, la institución reportó que los envíos de los trabajadores fue de 2 mil 107.4 millones de dólares, cantidad mayor en 7.1 por ciento a la registrada en el mismo mes de 2006.
“Ahora resulta que los emigrantes no sólo se convierten en salvadores de sus pueblos sino de una buena cantidad de mexicanos, porque estos envíos representan la segunda fuente generadora de divisas en el país”, enfatiza el exrector de la UACH. 
Barrales Domínguez añade que en esta administración “el sector más favorecido es el exportador, porque se le han trazado rutas de comercialización y se le ha apoyado en los acuerdos con distribuidores agropecuarios; por el contrario, muchos de los agricultores que no entran al mercado son abandonados y es necesario observar que son ellos quienes se encargan del abasto de alimentos al interior del país”.

Año V No. 57 Octubre 2007

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