Puñaladas traperas azules: contrarreforma fiscal, gasolinazo, inflación, carestía

Marcos Chávez M.*

“El 5.5 por ciento a la gasolina, ¡un bombazo!”

“Aunque clavan la daga poco a poco, también mata”.

Leyendas de protesta de los legisladores del PRD en el Congreso, martes 18 de septiembre de 2008

Uno de los factores que contribuyó a detonar el reciente estallido popular en Myanmar (Birmania), con su estela de muertos y detenidos, fue la infausta decisión de la dictadura militar de ese país de duplicar la tarifa del diesel y elevar la del gas natural en 500 por ciento, el pasado 15 de agosto. Dicha medida provocó la escalada  generalizada de precios. El transporte y los artículos básicos subieron 10-50 por ciento. Los bienes esenciales como el huevo, el aceite o las aves de corral en más de 35 por ciento. En una nación donde el 90 por ciento de la población se encuentra hundida en la pobreza y la miseria extrema, uno de cada tres menores de cinco años padece desnutrición crónica, o el 40 por ciento del presupuesto se dilapida entre medio millón de parásitos militares que asaltaron el poder en 1962 y que han convertido a Myanmar en uno de los estados más corruptos del mundo, el gasolinazo encontró campo fértil en el descontento social para incendiar la pradera con la revuelta popular.

El 29 de agosto Chile vivió una jornada de protesta, bajo el lema “No al neoliberalismo”, salvajemente reprimida por el gobierno de la socialista Michelle Bachelet. Estudiantes y trabajadores no sólo rechazaban el esquema de educación privada heredado por los criminales militares pinochetistas —la madre putativa del modelo de becas crédito que pretenden imponer los calderonistas, auspiciado por el Banco Mundial, con el beneplácito de los rapaces mercaderes, como el piadoso José Morales Orozco, rector de la jesuita y voraz Universidad Iberoamericana, que amontonan dinero a manos llenas con los despojos de la enseñanza pública y que se afilan alegremente las garras con las nuevas ganancias que esperan obtener si se aprueba la medida—. También manifestaron su repudio por el aumento de los precios de los energéticos y otros bienes y servicios básicos que han afectado su poder de compra y, por tanto, sus niveles de vida —las cuentas de electricidad subieron 16 por ciento en el último año, alza que se repetirá este mes una vez que se fije una nueva tarifa; en los seis meses precedentes los precios de los combustibles se elevaron 10 por ciento. El agua y el gas licuado, sectores privatizados, han aumentado y seguirán elevándose aún más—.

Como es previsible, los antisociales gasolinazos y la subsiguiente escalada inflacionaria han generado un profundo y legítimo rechazo de la población, a menudo violento. Ese fenómeno es recurrente en nuestro continente. Es una manifestación del derecho al pataleo de los ahorcados por sus gobiernos, según lo testifican Nicaragua, Honduras, Bolivia o Ecuador, entre otros países. Sobre todo cuando son engañados por gobiernos como el de Felipe Calderón (FC), que se habían comprometido a no elevar los precios, en especial los de los energéticos, e incluso dijeron  que los reducirían, con tal de asegurarse su voto y ganar las elecciones. Pero una vez en el poder les aplican las nada piadosas puñaladas traperas.

Es cierto que los congresistas del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los partidos mercenarios buscaron atenuar el alza impositiva a los energéticos, para tratar de evitar que se despierten los bajos instintos rebeldes de la sociedad traicionada. En lugar de la estocada brutal que pretendía FC, el gravamen súbito de 5.5 por ciento a las gasolinas y el diesel a partir del 1 de enero de 2008, los sensibles, los legisladores optaron por hundir lentamente la daga: elevar dos centavos mensuales para acumular en 18 meses dicho porcentaje, en aras, asimismo, de atenuar las expectativas y las presiones inflacionarias asociada a la medida, dada la relevancia de esos energéticos, junto con el gas y la electricidad, en la cadena productiva y el consumo final, en la estructura general de los precios de la economía y las pretensiones salariales de los trabajadores. Como consuelo, ofrecieron una pírrica zanahoria que beneficiaría a la minoría motorizada: eliminar en febrero de 2011 el pago de la tenencia vehicular, si es que se acuerdan, dado el autismo deliberado que sufren.

Por desgracia, con el ánimo de mostrar apresuradamente su servilismo y sumisión ante el aprendiz de déspota de Los Pinos, al viejo estilo priísta, a esos “representantes” del pueblo se les olvidó leer la bastarda ley —ley malparida que no tiene madre ni padre, pues nadie quiso asumir la responsabilidad del engendro; incluso, de manera vergonzosa Héctor Larios Córdova, coordinador del PAN, y otros miembros de su partido, decidieron abandonar el Congreso para no votar favorable el antisocial gasolinazo— como fuente ovejuna, la votaron todos a la una, para que entrara en vigor en octubre y no el próximo enero como se tenía prevista, lo que estimuló el incremento generalizado de los precios y el repudio social, lo que obligó a FC a postergar el alza hasta enero, al cabo actualmente no se requiere ese dinero para ajustar las finanzas públicas. El ejecutivo quiso mostrarse generoso con la sociedad. Pero su oportunista decisión de nada sirvió para contener la escalada de precios y contrarrestar el descontento de la población que vio afectado su poder de compra y que supone, acertadamente, que en enero volverá a sufrir otra vez los estragos de la inflación.

El aumento de precios de octubre se debe, en parte, a la contrarreforma fiscal calderonista que, en lugar de gravar a los que más ganan, las grandes empresas y los sectores de altos ingresos, que prácticamente no pagan impuestos, porque los evaden o porque los deducen con la tolerancia oficial, decidió saturar a las mayorías con más impuestos indirectos y mayores tarifas en los bienes y servicios públicos. La tasa única (TU) —16.5 por ciento en 2008, 17 por ciento en 2009 y 17.5 por ciento en 2010— afectará más a los trabajadores que ganen menos de 30 mil pesos mensuales —que pagan un impuesto a la renta (ISR) entre 4.57 por ciento y poco más de 12 por ciento y que tendrán que cubrir la TU— y los pequeños y medianos negocios. Asimismo, tendrán que llevar una doble contabilidad. Si son duchos en la materia podrán hacerla ellos mismos o tendrán que contratar contadores. El gravamen a los depósitos bancarios en efectivo —a partir de 25 mil pesos mensuales— recaerá también en los sectores medios y de bajos ingresos. Los grandes contribuyentes virtuales podrán seguir evitando sus compromisos fiscales, gracias a las deducciones y la “creatividad contable” inventada por las corporaciones estadounidenses como Enron y que sus homólogos mexicanos aprendieron espléndidamente. Pero aun cuando pagaran impuestos, la TU equivale a casi la mitad del ISR que les corresponde (28 por ciento).

Ellos apenas se verán afectados con las restricciones a la deducibilidad de los donativos —hasta por un monto que no exceda 7 por ciento de la utilidad fiscal de las empresas y los ingresos acumulables de las personas físicas que sirvan de base para calcular el ISR—. La religiosa “caridad” de Televisa, TV Azteca o Telmex —que les deja jugosos beneficios, a menudo con el dinero ajeno—, a costa de la elusión impositiva, fue mancillada. También serán perturbados con la TU si se ven obligados a enajenar el 10 por ciento o más de sus acciones en operaciones simultáneas o sucesivas durante un periodo de un año. El impuesto a los depósitos en efectivo es para los pobres porque ellos operan de otra manera, sutilmente, incluso en las transacciones sucias. Además, la ingeniería financiera ofrece un menú de opciones para que puedan vivir tranquilamente, sin la molestia de Agustín Carstens (AC) y sus patéticos muchachos de Hacienda.

Si los legisladores referidos agudizaron la inequidad fiscal neoliberal, con los precios de los bienes públicos (gasolina, electricidad, gas, etcétera), en cambio, actuaron “democráticamente”: impondrán las mismas alzas a todos. Tasaron como iguales a desiguales. A aquellos los afectará marginalmente si no pueden deducirlos fiscalmente o cargarlos a los precios finales. Los desiguales, 70 millones de mexicanos, tendrán que ajustarse el cinturón al nivel de su menor consumo y su menor ingreso disponible y fijo. Porque no podrán esperar, en 2008, aumentos salariales mayores a 4 por ciento, pues su contención es calderonístamente necesario para no afectar la competitividad y no quitarle el sueño a Guillermo Ortiz (GO), el sempiterno atormentado por el eventual descontrol de la inflación.

Lo peor de todo es que dicha ingeniería fiscal sólo generará 120 mil millones de pesos (1 por ciento del PIB en 2008), según AC, monto similar al esperado con el IVA que Vicente Fox quiso ponerle a medicinas y alimentos, e insuficiente para la necesidad de ingresos del Estado que, para fortalecerse, necesita elevarlos hasta en 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). Esos recursos apenas alcanzarán para financiar los crecientes requerimientos financieros públicos (deuda interna, Pidiregas, rescate bancario), la presunta corrupción que florece impetuosamente entre la elite gobernante, según nos muestran los nuevos ricos encabezados por la familia Fox-Sahagún-Bibriesca, Carlos A. González, exfuncionario de Economía, o los empresarios panistas de Orizzon HDI, el incontenible y confuso gasto corriente (las remuneraciones ominosas de los tres poderes y sus gastos de representación), o los pantagruelistas y opíparos banquetes por 100 mil pesos que se gasta Francisco Acuña, de Gobernación, con glotones obispos y arzobispos, alejados de la austeridad republicana calderonista y religiosa. Las sobras, si algo queda, serán para el gasto programable, que incluye el social, sin descartar más recortes en renglones como la inversión física (contra lo que dice falazmente Luis Téllez, titular de Comunicaciones y Transporte), el agro o el ambiental, como ocurrirá en 2008. Aunque a Pemex se le dará otro poco más de recursos, nada impedirá su proceso de jibarización, dado el castigo a la petroquímica o la refinación, que seguirán rematándose, al igual que el resto del sector energético, para beneplácito de Repsol o Carlos Slim (su empresa Swecomex ganó la licitación para ampliar la planta de óxido de etileno del complejo Morelos de Pemex Petroquímica) y demás voraces y depredadoras empresas nacionales y transnacionales que medran con la destrucción neoliberal priísta-panista de la nación.

Pese a lo anterior, o precisamente por ello, Juan J. Rodríguez Prats, soldado de fortuna priísta-panista, no dudó en exclamar: “¡Yo aquí asumo el costo y asumo el compromiso, en nombre del PAN, en nombre del partido que está en el poder, de apoyar este impuesto…!. “(El aumento) efectivamente lastima a las clases medias… son las que tienen dinero, y desde luego que todo impuesto es inflacionario”. Poco le faltó para envolverse en el lábaro patrio. Prats y compañía pueden regodearse soberbiamente en su cinismo mientras no existan en nuestra despótica república los mecanismos que les obliguen a rendir cuentas y pagar sus afrentas sociales.

FC, GO, AC y Eduardo Sojo, de Economía, falsean la realidad al afirmar que la burbuja inflacionaria se debe a inescrutables e incontrolables factores externos y no al impuesto a las gasolinas. O para ser precisos, mienten con medias verdades. Su aserto en parte es cierto. Es cierto que los altos precios mundiales del crudo y sus derivados, el maíz y otros bienes importados han impactado el índice de precios al consumidor (IPC) y al productor, al igual que los cambios en la paridad (peso-dólar-euro) y el desorden financiero. Pero sus efectos se han amplificado gracias al modelo neoliberal mexicano que ha desmantelado la planta productiva (el rezago en la oferta local de gasolinas y petroquímicos, el abandono del agro y de otros sectores) y afectado la producción interna; la drástica e indiscriminada reducción de los aranceles que ha permitido la sobrevaluación cambiaria impulsada por el banco central para bajar la inflación que abarata aún más las importaciones e inhibe las exportaciones; los altos réditos reales utilizados para atraer capitales que encarecen el costo del crédito destinado a la inversión física y premia el rentismo; los efectos desestabilizadores de los movimientos del capital financiero, debido a la apertura financiera, que generan incertidumbre, adversa para el clima de negocios; la ausencia de planes de desarrollo, porque se supone que la inexistente “mano santa invisible” del “mercado libre” asignará eficientemente los recursos y resolverá todos los males de la economía sin la intervención pública; la represión fiscal y la restricción monetaria (altos intereses reales) que han deprimido el crecimiento y propiciado el semiestancamiento observado desde 1983; y la subordinación y dependencia del ciclo económico estadounidense. Gracias a esas y otras políticas neoliberales, gran parte de la oferta nacional depende del extranjero. Por ello, es natural que la inflación importada, las variaciones de las monedas fuertes (el dólar y el euro) la inestabilidad bursátil o la especulación financiera interna y externa, provoquen el aumento de los precios locales. Como se ve en el cuadro 1, desde 2004 la inflación media anual importada ha sido mayor al Índice Nacional de Productos al Consumidor (INPC), aunque entre diciembre del 2000 y agosto de 2007, la era neoliberal panista, la acumulada externa (24.2 por ciento) es menor a la registrada por el IPC (36 por ciento).

Sin embargo, otros componentes del índice de precios en 2007 ya mostraban aumento, afectados por la inflación importada y, en efecto, antes de que se decretara el gasolinazo. Pero no todas las alzas se deben al exterior. También a los cambios en los costos de producción, los desajustes en la oferta y la demanda, la especulación (ganancias adicionales obtenidas elevando los precios finales), las prácticas monopólicas u oligopólicas, la ineficiente política de precios o la voracidad de los oferentes que no tienen competencia foránea (cuadros 1 y 2). Desde el 2000 los precios de la canasta básica siempre han sido mayores al IPC, lo que cuestiona la supuesta preocupación de los gobiernos panistas por el bienestar de las mayorías. Los aumentos en el pan blanco, frutas y verduras (jitomate, naranja, limón, aguacate, huevos, etc.) y carnes, han sido sustanciales. El de la tortilla ha sido superior al IPC en 2006 y 2007. Los precios administrados (electricidad, gasolinas, gas doméstico) y algunos concertados (licencias) también han sido excesivos, lo que indica que han sido “negociados” (impuestos unilateral y autoritariamente) en contra de la población. Los llamados bienes y servicios “no comerciales” (que no tienen competencia externa) también se ubican por arriba del promedio. En el contexto de la privatización de la educación, llama la atención las tarifas educativas cobradas por los empresarios y las iglesias —legalmente éstas lo tienen prohibido, pero qué les importa la Constitución y el estado laico a los panistas aspirantes a un gobierno teocrático— que casi se han duplicado en 7 años, mostrando su desmesura y voracidad.

En esa lógica, tiene razón el banco central cuando señala que las alzas no se deben al aumento de los precios de las gasolinas, porque todavía no entraba en vigor. También es válida su preocupación cuando afirma que ello sí ocurrirá cuando se apliquen, lo que le obligará a elevar su meta de precios para 2008 y reforzar la dureza monetaria. Lo que se le olvidó añadir es que el anuncio generó expectativas inflacionarias especulativas, porque los empresarios quisieron adelantarse elevando sus precios para obtener beneficios adicionales y trasladarles prematuramente los costos a los consumidores. También que enfrentaremos una doble burbuja especulativa, la actual y la de enero. Y que Sojo, el “protector de los pobres” y FC nada pueden hacer para evitar la inflación, además que tampoco les preocupa.

El problema es del pueblo sumiso que será saqueado a dos manos: por la del gobierno con los impuestos y por la de los empresarios con los precios. Y todo indica que soportará la humillación sin darse al menos una fiesta. Sin juegos artificiales, sin un estallido para cobrar afrentas y facturas a los priístas-panistas.

* Periodista e investigador del Programa de Ciencia, Tecnología y Desarrollo, Colmex.

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