Fideicomiso FACLA, negocio millonario
Al margen del Presupuesto de Egresos, el Sistema de Administración Tributaria administra más de 9 mil millones de pesos resguardados en el fideicomiso FACLA. A pesar de que los recursos tienen el carácter de privados, el órgano desconcentrado de Hacienda los destina a la modernización del sistema recaudatorio y de las aduanas, admite su titular, Zubiría Maqueo
Nancy Flores
El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría Maqueo, admite que el órgano a su cargo echa mano de miles de millones de pesos al margen del Presupuesto de Egresos. El destino de los recursos privados, reconoce, es la modernización del sistema de recaudación y de las 48 aduanas del país.
En entrevista –realizada el pasado 19 de septiembre, al finalizar su comparecencia ante la comisión especial de diputados que investiga a la empresa privada ISOSA (Integradora de Servicios Operativos, S.A.)–, el funcionario acepta que el SAT sí gasta el dinero privado del Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA).
Aunque los recursos se invierten en el sector público, Zubiría Maqueo sostiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, al resolver la controversia 84/2004, que se trata de la contraprestación privada, pagada por importadores y exportadores, y no de un derecho que deba enterarse a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
Al respecto, señala que todo está apegado a la legalidad: “La explicación es que cuando usted hace un recurso y lo mete en un fideicomiso público, el fideicomiso está sujeto a toda la revisión”.
–¿Pero siguen utilizando (esos recursos privados) en gasto público, en los asuntos de la sistematización del SAT?
–Nosotros les explicamos (a los diputados) que, con las modificaciones que hicimos, esos recursos están completamente fiscalizables. Son recursos que provienen de la contraprestación. Es un recurso que se ha hecho. Lo que hicimos es extender, a través del planteamiento que les hicimos, para que no hayan dudas de cómo estamos utilizando esos recursos.
No obstante, durante la comparecencia Zubiría Maqueo explicó que una vez concluida la función del FACLA, el remanente, de carácter privado, será reintegrado a la Tesofe.
De acuerdo con el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al segundo trimestre de 2007, el FACLA tiene una disponibilidad de 9 mil 524 millones 647 pesos, disponibles para los gastos que el SAT instruya.
El documento revela que en ese periodo el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda destinó 132 millones 84 mil pesos al segundo reconocimiento aduanero; 672 millones 106 mil pesos a la operación informática; 74 millones 163 mil pesos al soporte a la recaudación, y 59 mil pesos por concepto de cinco al millar, mismos que se encuentran aprovisionados en el balance.
Agrega que con estas operaciones se da cumplimiento a la misión en los proyectos de servicio de soporte operativo y la conclusión del modelo de madurez. En el servicio de captura y digitalización, se concluyó el servicio de captura de las declaraciones anuales 2006; en servicios de campo se firmó el contrato con el proveedor; se realizó la migración de puesto de servicio administrativo a puesto de servicio externalizado en 394 inmuebles del SAT y se instalaron 780 impresoras portátiles.
El 22 de julio de 2004 la Secretaría de Hacienda constituyó el FACLA, figura pública destinada a captar los recursos que por más de una década fueron depositados irregularmente en el fideicomiso privado Aduanas I.
Dos meses después, la propia Secretaría de Hacienda presentó la controversia constitucional 84/2004 ante la SCJN. La litis del alegato jurídico promovido por el Ejecutivo Federal en contra de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Cámara de Diputados versaba sobre la naturaleza privada de los recursos provenientes de las contraprestaciones a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera y que corresponden al Derecho de Trámite Aduanero.
Pese al objetivo de transparentar los fideicomisos Aduanas I y II y la empresa privada ISOSA –señalados por la ASF de cometer un fraude multimillonario contra el erario–, el FACLA no logra despejar las dudas. La operación es la misma: el SAT es fideicomitente único de esos recursos privados operados al margen del Presupuesto.
Aduanas I
A más de tres años de iniciado el proceso de extinción de los fideicomisos aduaneros y con el fallo de la Corte a su favor, el jefe del SAT rinde por primera vez un informe sobre dicho esquema de recaudación creado por el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
El funcionario dice que, aunque el esquema fue novedoso, se agotó. Según reconoce, generó muchas dudas sobre el manejo de los más de 30 mil millones de pesos que el Aduanas I acumuló, pues desde 1993 el gasto se hizo sin licitaciones públicas y benefició principalmente a la empresa privada ISOSA, constituida por Gil Díaz y el actual senador Santiago Creel Miranda.
De acuerdo con la ASF, el SAT, el Fideicomiso 954-8 Aduanas I e ISOSA son responsables de quebrantar el erario por más de 10 mil millones de pesos, recursos correspondientes al Derecho de Trámite Aduanero que no fueron enterados a la Tesorería de la Federación en los ejercicios de 2001 a 2004.
Sobre la responsabilidad de los funcionarios y exfuncionarios que manejaron estos recursos, el titular del SAT indica que “si existieran elementos concretos para hacer alguna denuncia, algún elemento, nosotros procederíamos en consecuencia”.
Zubiría Maqueo, encargado del proceso de extinción y también responsable de la operación de los mismos, indica que “la amplitud de las investigaciones va más allá de la administración Tributaria: están auditando todas estas operaciones la Secretaría de la Función Pública, la ASF. En el ámbito que tenemos en estos momentos no hay un procedimiento, pero si hubiera en cualquier momento algún elemento tangible, actuaremos en consecuencia”.
Al respecto, la comisión especial que buscaba rendir cuentas a la sociedad sobre la operación del Aduanas I y la empresa ISOSA, ambos creados por Gil Díaz en 1993, será “sólo testimonial”, con lo que evitará fincar responsabilidades a los funcionarios y exfuncionarios involucrados, según declaró el propio perredista que la preside, Pablo Trejo.
Los programas para el campo
Durante el proceso de transparencia y legalización de los recursos recaudados por el Aduanas I, el 30 de marzo del año pasado el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, aseguró que el fideicomiso Aduanas I resarció 3 mil 300 millones de pesos a la Hacienda Pública, con lo que, dijo, se comprobaba el fraude.
En entrevista, González de Aragón manifestó que, para la ASF, éste era un logro muy importante: “A pesar de la controversia que se dirime en la Suprema Corte en relación con las observaciones que hicimos sobre los derechos del trámite aduanero, que no se depositaron en la Tesofe sino que se transfirieron directamente al Fideicomiso Aduanas I, hay dos acciones que van por el camino correcto: en primer lugar, la Secretaría de Hacienda ya constituyó un fideicomiso público, ya no va a ser privado. La segunda es que ya devolvió 2 mil 457 millones de pesos del Fideicomiso Aduanas I, sobre cerca de 10 mil millones de pesos observados por la ASF, esto también va por el camino correcto”.
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Año V No. 57 Octubre 2007
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