Desdén oficial a la educación pública

Luego del primer informe de gobierno de Felipe Calderón, quedó claro que la educación no es una prioridad para el actual gobierno panista y que se necesita de una estrategia precisa para consolidar mejores resultados

Paulina Monroy

La “Transformación Educativa”, como se tituló el apartado sobre educación en el primer informe de gobierno, va a paso lento para los especialistas. Lejos de privilegiar la calidad, el régimen calderonista se concentra en la cobertura y por encima de una nueva estrategia se consolidan programas que su antecesor, Vicente Fox, desarrolló y que se enmarcan en la deficiencia y las irregularidades.

Los académicos advierten que la falta de un proyecto nacional, el poder fáctico del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la falta de interés gubernamental para superar los problemas en materia educativa, son factores de inercia. Asimismo, perciben como de ilusorio y parco el anuncio sobre educación de Felipe Calderón, pues no reflejó cuál será la dirección a seguir.

Observatorio Ciudadano de la Educación –asociación civil integrada por académicos e investigadores– califica el primer informe de gobierno como decepcionante. En un análisis señala: “Se esperaba que el Ejecutivo expresara claramente cuáles son las prioridades educativas, si es que las tiene, e informara sobre los temas urgentes, los avances en su primer año respecto al Plan 2030 y qué espera alcanzar en los próximos años. Lamentablemente, no fue el caso”.

Incluida en el tema de “Igualdad de Oportunidades”, la educación se cierne a cinco ejes prioritarios: atender la demanda educativa, elevar la calidad, reducir las desigualdades, impulsar el desarrollo y el uso de nuevas tecnologías y  promover la educación integral. No obstante, Observatorio Ciudadano apunta que el incremento en la cobertura educativa, del que hizo mención Calderón Hinojosa, no es novedoso y era lo que se esperaba.

Bajo ese tenor, el Ejecutivo menciona como medidas para reducir las desigualdades regionales: mejorar la inversión para la infraestructura educativa y la anuencia de becas. En ese punto, la asociación civil refiere que es incorrecta la proporción anotada por Calderón sobre las becas en educación media superior.

“Afirmó que uno de cada dos jóvenes estaban becados, cuando se distribuyeron un millón 85 mil becas y hay una matrícula de 3 millones 800 mil alumnos, entonces en realidad son uno de cada tres”, indica Alejandro Canales, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IIUE).

También las cifras sobre rezago educativo están equivocadas. Canales observa que en los anexos estadísticos de 2005, sumaron 30 millones 800 mil las personas mayores de quince años sin educación básica: “Al interior del texto aseguran que actualmente son 27 millones. Es difícil creer que en menos de dos años la proporción haya disminuido en 3 millones, no hay precisión en los números”.

Carlos Ornelas, miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) y profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, opina que las cifras sobre los mil 800 colegios integrados al programa Escuela Segura “serán las que están registradas, pero dudo que estén funcionando”.

El académico Roberto Rodríguez Gómez Guerra, del IIUE, subraya que en el informe que da cuenta de ocho meses de gobierno, las cifras no están consolidadas. “Se trata de datos estimados y cuando se estima una cifra se sigue la tendencia o se mejora. El problema está presente en la tradición de todos los informes; el país avanza como nunca en un año y al siguiente las estadísticas hablan de la realidad”.

Sobre el tema de elevar la calidad educativa, Observatorio Ciudadano de la Educación expone que se funda en la continuidad de las pruebas Enlace, en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes y en los programas Escuelas de Calidad e Integral de Fortalecimiento Institucional, “sin que incluya qué se hará para mejorar los resultados de aprendizaje”.

Igualmente, se omite la estrategia convergente de programas como Edusat, Red Escolar o Enciclomedia. Lo mismo sucede con el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, pues solamente se menciona su objetivo, no hay cifras, escala, rasgos principales ni logros. Canales agrega que de la educación se el informe no arroja información sustanciosa: “Si hay información, es sobre la prolongación, cobertura y financiamiento de los Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional”.

El organismo dice que el Informe tampoco ofrece una explicación sobre los alcances y límites de la prueba Enlace: “Se limita a resaltar la importancia de su aplicación, pero no su validez técnica ni las razones que justifican su ampliación a la educación media superior. Menos aún explica qué hará para mejorar los graves resultados que arrojó la prueba”.

Observatorio Ciudadano expone que, salvo una referencia marginal a la inserción de egresados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, en el primer informe de gobierno se soslaya la vinculación de la educación con el empleo, además de la educación de adultos y temas relacionados con el magisterio. Asimismo, Calderón excluyó hablar sobre la agenda de pendientes en el Congreso: la obligatoriedad del nivel preescolar, la legislación para la educación media superior y superior y las estructuras de contacto con las entidades federativas.

Un séptimo informe

Al tiempo que los académicos observan que se prescinde del tema de calidad y se destaca el de cobertura, el primer informe de gobierno de Felipe Calderón es un séptimo, pues se extienden programas desarrollados por la administración de Vicente Fox. Carlos Ornelas describe que el Informe es burocrático, “está lleno de cifras y habla de los avances, pero de los avances del sexenio anterior, y se justifica en los programas de Fox, como Enciclomedia, Escuelas de Calidad, Nacional de Lectura y Enlace”.

Alejandro Canales, del IIUA, señala que tampoco se advierten qué nuevos programas se pondrán en marcha. Al contrario, se prologan estrategias como Enciclomedia cuando hay suspicacias sobre las licitaciones y sobre su eficacia en el proceso de aprendizaje, y cuando está bajo investigación luego de la denuncia interpuesta por el PRI y PRD de la Cámara de Diputados.

“En el terreno de nuevos programas habría dos iniciativas. Una es el caso de someter a concurso los puestos de dirección de bachillerato. La otra es el Programa de Becas, que en realidad ya existía y lo está extendiendo a un mayor número de beneficiarios para educación media superior. Lo mismo que Enlace. Apenas hay iniciativas y éstas no alcanzan a configurar un nuevo proyecto educativo”, comenta.

Por la continuidad de estrategias, Rodríguez Gómez Guerra, también del IIUE, opina que no hay una visión crítica y admite que, gracias al programa de becas, ha aumentando la permanencia de los alumnos en el sistema educativo. No obstante, “las becas tienen efectos paradójicos, porque generan una mayor retención de estudiantes: hay mayor presión económica porque hay más población en las escuelas. Esta presión no esta siendo considerada en la expansión del presupuesto”.

El investigador califica al Programa Escuelas de Calidad como positivo. Pues, la infraestructura y el equipo para las aulas han mejorado, aunque no se sabe cuál es la relación entre el programa y si ha mejorado el aprendizaje y la calidad en la enseñanza.

Gerardo Sosa Castelan –miembro de la Comisión de Educación Publica y Servicios Educativos e integrante de la Comisión Especial de Investigación de Enciclomedia en la Cámara de Diputados– califica a los programas como obsoletos.

De Enciclomedia –programa del que la Auditoria Superior de la Federación encontró opacidades en la aplicación de los recursos– Sosa Castelan opina que se trata de un ejemplo aberrante de cómo se desperdicia el presupuesto aprobado para educación: “Nosotros advertimos que hubo desviaciones en los 21 mil millones de pesos que se orientaron para instrumentar Enciclomedia en 125 mil aulas. Si no exigimos una fiscalización para la educación básica, se repetirán los mismos errores que expresan la falta de conocimiento en materia educativa”.

SNTE, el obstáculo 

Cuatro de las cinco direcciones generales y otras áreas de las Secretaría de Educación Pública están en poder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Incluso Fernando González Sánchez, el subsecretario de educación básica, es yerno de la presidenta del órgano sindical, Elba Esther Gordillo.

La asociación anota que el nombramiento de personas vinculadas a la líder magisterial en puestos clave de la administración pública federal incluye la Secretaría de Seguridad Pública (SEP), la Lotería Nacional y la dirección del Intituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE).

Observatorio Ciudadano expresa que tanto la alianza entre la presidencia y la líder magisterial como la cesión en la toma de decisiones que sólo le corresponderían al Estado, “cuestionan la voluntad y la posibilidad de que se intente una verdadera mejoría de la calidad educativa”.

En opinión de Canales, el Estado tendría que mantener la rectoría en estos territorios de decisión, pues de lo contrario le resta autonomía y capacidad de decisión. Desde esa perspectiva, el diputado priista Gerardo Sosa Castelan argumenta que la facultad del SNTE se debería limitar a la que marcan sus estatutos, es decir, a la defensa de los derechos laborales del magisterio.

“El Sindicato no puede ser juez y parte, no puede ser patrón y empleado. Si no hay claridad en cuanto a las obligaciones y funciones de cada quien, no hay rumbo claro para la educación en México. Por el contrario, el sentido de la academia se va a perder porque entonces el destino de los alumnos será el que los sindicalistas pretendan”.

El SNTE intervino tanto en la Reforma Integral de la Educación Secundaria (RIES) como en la obligatoriedad del preescolar. Carlos Ornelas, integrante del COMIE, señala que la RIES tenía un enfoque correcto, como reducir el número de horas clase, darle prioridad a las materias cognitivas e instrumentar Consejos Técnicos. “No obstante –dice Ornelas– éstos fracasaron en el sexenio pasado por los intereses del sindicato, por lo que el rezago educativo en este nivel sigue siendo un problema”.

A la par, el investigador Roberto Rodríguez Gómez Guerra asegura que la reforma del nivel preescolar, lograda por la presión del SNTE, tiene pendientes de operación y fue aprobada de manera apresurada: “El gobierno no tiene capacidad para dar atención al primer año de preescolar (sólo una tercera parte de los niños de tres años está inscrita). Por lo demás, los ciudadanos no coinciden con la norma y se están amparando en las cortes porque de no cumplir los tres años de preescolar, los niños están impedidos de inscribirse a primaria”.

En el primer informe de gobierno no hubo mención sobre el SNTE y tampoco se aludió a la intención de la Unidad de Planeación de la SEP de extinguir el segundo piso para la carrera magisterial. Según Ornelas, no se tocó el punto en el informe para no alarmar y generar polémica con un aliado: “El sindicato, el Partido Nueva Alianza –órgano asociado con la líder sindical– y Gordillo están ahí cosechando el fruto de su alianza con el PAN a costa del erario nacional y a costa de la educación nacional”.

La presidenta del SNTE descalificó en julio pasado en El Universal a la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, cuando afirmó que “no sabía nada del tema”. Además, tras el IV Congreso Nacional de Educación, el SNTE entregó directamente sus conclusiones y propuestas al Ejecutivo sin incluir a la SEP y durante la presentación de los resultados de Enlace se ausentó la líder magisterial.

El profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana señala que el SNTE acuerda directamente con Calderón mientras abandona a la titular de la SEP. Por el contrario, “no veo ninguna intención para lidiar y limitar al SNTE. Puede ser cierto lo que argumentan los especialistas, que se le tiene temor y Vázquez Mota no se disciplina tan fácilmente a los dictados del SNTE”.

Rodríguez también observa que hay riesgos para el órgano sindical de continuar enfocado en la actividad política: “Es el primer gran sindicato multipartidista y eso le da una fuerza política, pero se obliga a entrar en el juego político y arriesga su propia naturaleza. La Ley del ISSSTE no hubiera pasado sin el visto bueno del SNTE y un sindicato que avaló por razones políticas esa disposición, a la vuelta del tiempo puede ser cuestionado”.

Sin prioridad 

En tanto que al tema de seguridad se le dedicaron una centena de hojas, el de educación no alcanzó las 30 en el primer informe de gobierno. Aunque será durante el segundo semestre de este año que la SEP estará obligada a presentar el plan sectorial para los siguientes cinco años, a nueve meses de gestión, no hay una definición clara de la política de Estado para la educación.

Así lo observa el diputado Gerardo Sosa, miembro de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, quien agrega que “mientras no se presente un proyecto rector para alcanzar los objetivos en educación y no haya una visión a corto, mediano y largo plazo, no se podrá precisar ni evaluar los avances y retrocesos en el tema”.

Observatorio Ciudadano explica que dentro del informe el apartado educativo quedó integrado en el eje de “Igualdad de Oportunidades”, mediante el que se propone reducir los niveles de pobreza y desigualdad a través del acceso a la educación, la salud y la nutrición.

“Sin embargo, al incorporarse en dicho rubro se le resta importancia a los graves problemas de la educación, las decisiones en este terreno quedan relegadas a segundo término, cuando no abandonadas y, desde luego, no se considera un tema prioritario en la agenda política”, asienta.

Al respecto, Rodríguez Gómez Guerra asegura que la educación tiene que ser vista más allá de la concepción de combate a la pobreza: “La educación es un derecho y un bien público y debería verse como una seguridad y no una oportunidad. Además, como una herramienta para el crecimiento y el desarrollo del país en un sentido amplio que incluya la formación de ciudadanos y valores”.

También considera que se debe puntualizar qué es y hacia dónde va la educación pública: “No se trata de informar sobre el programa formal, no el asunto de objetivos, metas e indicadores, sino de respuestas más cualitativas que se sometan a debate”.

Miguel Ángel Solares –diputado por el PRD y miembro de la Comisión de Educación Pública– indica que, en el proyecto de Felipe Calderón la educación no es una prioridad y refiere que, para 2007, en su propuesta de presupuesto, el presidente restringió la partida para el tema educativo: “Fue solamente para que caminara la educación de alguna manera, no para elevar la calidad, iba a la baja. Con las reasignaciones pudimos lograr que aumentara el presupuesto a la par del 2006, sin incrementos”.

Para el investigador Alejandro Canales el programa sectorial de la SEP debería poner el acento en el acceso a la educación: “El Informe afirma que casi se logró la cobertura total en la educación básica. No obstante, los dos puntos porcentuales que faltan, se localizan en las zonas rurales e indígenas. Como no es un asunto en el que valga la pena detenerse para atender el ciento por ciento de la demanda, entonces persisten en el abandono estas regiones marginadas”.

Canales añade que a nivel preescolar, medio superior y superior, las cifras de cobertura son muy bajas. Mientras que el 42 por ciento de los jóvenes entre los 15 y 18 años no acuden a la preparatoria o bachillerato, uno de cada cuatro no cursa estudios a nivel licenciatura. “El otro punto –añade– es el de la calidad, pero no como hasta ahora lo ha hecho el gobierno a través de diagnósticos, medidas que sólo arrojan que estamos mal y no dicen cómo se va a mejorar”. En su opinión, es necesario definir la relación con el SNTE. Concluye que el proyecto debe verse reflejado en iniciativas que comprendan los problemas educativos y no en dinámicas políticas.

Carlos Órnelas reflexiona que si se quisiera un proyecto educativo diferente, se debería enfatizar en el cómo sobre el qué: “Todos los planes anteriores dicen qué se quiere, en propósitos claros y metas a veces realizables, otras, imposibles de cumplir, pero en ningún plan de educación se diseña una estrategia sobre cómo hacer que se cumplan. Por la inercia del tiempo, no hay tantas opciones hacia donde dirigir el esfuerzo, ya sea en la calidad e igualdad, en la mejora administrativa de las escuelas o en la descentralización”.

Año V No. 57 Octubre 2007

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