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Pobreza maquillada en Peñasco

Cinturones de miseria bordean Puerto Peñasco, donde la privatización ilegal de playas, el cierre de calles, el desalojo de pescadores y vendedores ambulantes son los primeros saldos del desarrollo turístico promovido por el megaproyecto presidencial Escalera Náutica, ahora Mar de Cortés

Nancy Flores / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados

Puerto Peñasco, Sonora. Árida y polvorienta, la ciudad nace a escasos metros de la laguna de oxidación. Unas 250 familias habitan cajones de cuatro por cuatro metros, construidos con retazos de madera que se obtienen en la basura: nuevas, las “paredes-techos” cuestan de 750 a mil pesos, montos incosteables, pues equivalen a una semana sin comer.
A las afueras de esas gavetas-viviendas, tinacos y cubetas se apilan, sedientos, en espera de la pipa que cada 15 días manda el ayuntamiento. Algunas pocas también tienen baterías de automóvil con las que, ya entrada la noche, se iluminan. Aquí no hay agua potable, luz, drenaje: lo que sobra es hambre, se quejan pobladores.
Montones de deshechos visten las accidentadas brechas de este arenal, conocido como la “invasión del callejón Nicolás Bravo”. El asentamiento irregular, aún sin nombre, se ubica a apenas media hora del fraccionamiento Las Conchas, cuyas mansiones son propiedad, en su mayoría, de estadunidenses.
En este lugar viven los albañiles que edifican los grandes hoteles; los meseros que atienden lujosos restaurantes; las mucamas que arreglan habitaciones alquiladas en dólares, la moneda que más circula en este puerto, donde también se habla inglés. Algunos más son jornaleros, vendedores ambulantes. Los salarios van de los 900 a los mil 200 pesos semanales.
Cada cajón de madera, donde se hacinan cinco o más personas, guarece historias de dolor. Sentada en una vieja silla, Alma Soto enhebra los dedos entre sus escasos cabellos negros hasta mostrar la calva que a diario oculta. La mujer de 31 años, madre de cuatro hijos, tiene cáncer en un seno.
“El Seguro Popular no respeta nada. Cada consulta me cuesta 100 pesos, a pesar de que decían que era gratis. Aparte hay que comprar la medicina, que está muy cara”. Alma recarga la vista en su hija más chica, de cuatro años de edad; acusa que en Puerto Peñasco no hay buena atención médica. Ella lo sabe bien: su pequeña niña padece de epilepsia.
“Para nosotros es así: comemos o vamos al doctor. La medicina de la niña cuesta 280 pesos y dura ocho días; la mía, 500, para 15 días; más los 600 pesos que hay que pagar para ir a Hermosillo.”
Alma ingiere con puntualidad el Diazepam que le recetaron. Ignora que este medicamento es para controlar estados de ansiedad, tensión, espasmos musculares, no para combatir el cáncer de mama. “El tratamiento es por dos meses, luego decidirán si me operan o no”, dice confiada.
Éste es el Puerto Peñasco de los meros pobres. “Estamos aquí por necesidad”, indica Alma; añade que ya solicitaron la regularización de los terrenos. “Pero, para que nos den los servicios públicos básicos, tenemos que comprar los 160 metros cuadrados de cada casa, a 24 mil pesos. Eso es mucho dinero”.
La mujer asegura que los terrenos fueron donados al municipio por su dueño, un indio tohono o’odham. “No pedimos que nos regalen nada, sólo que nos den un precio justo. Cuándo vamos a poder pagar los 24 mil, si apenas ganamos 900 pesos a la semana y hay que comer, mandar a los hijos a la escuela, pagar las medicinas”.
El activista social Conrado Rivera dice que hay dos Peñascos, el boyante y el olvidado. En este último, indica, está la colonia Nueve de Mayo: “Una invasión regularizada, cuyos terrenos son reclamados por la antigua dueña, quien recompró al Instituto de Protección al Ahorro Bancario”.

Privatización de playas
Do not enter, private property, señalan letreros lo mismo de la empresa DCH Marbella que de lujosas residencias, con las que se han borrado las calles que daban acceso a la playa. Para Conrado Rivera, además de la disparidad económica, los peñasquenses padecen el desalojo de su propia tierra.
De acuerdo con el activista, más del 80 por ciento de los accesos a la zona federal marítima terrestre ha sido cerrado, mientras que los vendedores ambulantes, alrededor de 300, son echados. “El argumento que usan, absolutamente ilegal, es que se trata de áreas privadas”, denuncia.
Las manos ágiles de Reyes Valdez cortan la carne y la acomodan en una tortilla de harina. Desde el interior de su camioneta, el viejo pregunta en inglés a sus clientes –un par de turistas estadunidenses– si le pone picante o no a los burritos, platillo típico del norte de México. Hace ya 10 años que el hombre, de 62 años, vende comida en la playa.
“Antes era pescador, pero terminó mi tiempo y me metí al negocio de las tortas y los burritos”. Al igual que el resto de los vendedores informales, sobre Reyes pende la amenaza de desalojo. “Queremos que nos den la facilidad de seguir trabajando en la playa: vivimos de esto. De aquí obtengo el dinero para mantener a mi esposa, que está enferma de los ojos. No puedo hacer otra cosa, porque me jodí la espina dorsal”.
De jueves a domingo, los ambulantes hacen de la playa de Puerto Peñasco su fuente de ingresos. Además de comida, hay venta de artesanías, trajes de baño, sombreros y sombrillas.
Una de las actividades más afectadas por el turismo es la pesca. El expescador Rigoberto, quien ahora se dedica a rentar cuatrimotos, acusa que aquí los intereses económicos han devastado ese oficio. Incluso, advierte, ahora quieren desalojar a los pescadores, pues en el muelle se proyecta la construcción de una marina.
En la década más reciente, la flota de barcos pesqueros descendió de 300 a poco menos de 100. “Qué clase de gobiernos ha tenido este pueblo, que han vendido hasta sus calles”, pregunta el hombre de 60 años.
A bordo de su embarcación dedicada a la pesca de camarón, en la cual permanecerá al menos un par de semanas, José Antonio Romero, líder local de la Unión Nacional de Trabajadores, señala que el cierre del muelle dejaría sin fuente de empleo a mil 200 pescadores.
“Pedimos al presidente Felipe Calderón que no nos deje sin trabajo, que no nos saque de las playas para poner sus hoteles. Ojalá desde la Presidencia se frene la voracidad de los presidentes municipales, quienes sólo llegan al poder para hacer negocios, como la venta de las calles.”
Y es que en Puerto Peñasco la desaparición de arterias que desembocan en la playa es común. “Yo no sabía qué era la Escalera Náutica y es sacarnos poco a poco”, dice Romero.
De acuerdo con sus documentos básicos, Mar de Cortés –antes Escalera Náutica– es el “megaproyecto turístico del siglo XXI”. El 21 de febrero de 2001 en la Paz, Baja California Sur, fue anunciado como un programa “crucial y estratégico para el desarrollo del país”.
Cuestionado por biólogos, ecólogos y geólogos, por considerar que los estudios oficiales de impacto ambiental son fraudulentos, el proyecto consiste en la instalación de 27 “escalas náuticas” en la costa del océano Pacífico de Baja California a Nayarit, de las cuales, cuatro corresponden a Sonora, siete a Baja California, nueve a Baja California Sur, tres a Sinaloa y cuatro a Nayarit.
Para Cuauhtémoc Labastida, arrendador de cuatrimotos, “la falta de un programa de desarrollo urbano ha permitido la venta irracional de terrenos, con lo que se violan las leyes que ordenan mantener accesos a la playa cada cinco metros”.
Labastida señala que, además de la depredación de la zona, “a los vendedores nos vienen restringiendo las áreas de servicio. Ya nos sacaron de la playa, por eso, quienes rentamos motos –que somos 15 personas– hemos pedido que nos vendan un terreno para hacer una pista, pero las autoridades no quieren”.
El comerciante indica que esta resistencia responde a que “aquí hay dos Peñascos, el de los grandes empresarios que reciben todos los beneficios, aún en contravención de las leyes, y el de los pobres, a quienes no sólo no nos ayudan sino que además nos cierran las fuentes de empleo”.

Año V No. 58 Noviembre 2007

 

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