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Presupuesto público su importancia para el desarrollo empresarial
Carlos G. Cabrera Beck*
La economía de México, promovida por su desarrollo empresarial, es una economía importante dentro del contexto mundial, pues ha sido clasificada como la economía número 15 del Mundo, medida por su tamaño.
Según datos internacionales el Producto Interno Bruto de nuestro país, ha sido estimado para el 2007 en 840 mil 709 millones de dólares, lo cual significa, comparado con el monto total del Presupuesto (unos 205 mil 492 millones de dólares), que dicho gasto representa aproximadamente un 25 por ciento del PIB.
En tal virtud, no puede subestimarse la influencia que, dentro de la economía general del país, posee el ejercicio de este poderoso instrumento financiero del Estado.
La formulación general del presupuesto público depende, como es de evidente lógica, de los recursos legalmente disponibles, los cuales se estiman anualmente en la Ley de Ingresos, aprobada tanto por los diputados como también por los senadores.
En cambio el Decreto anual del Presupuesto es aprobado y modificado exclusivamente por la Cámara de los Diputados.
En el sexenio anterior esto dio lugar a una controversia entre la citada cámara y la Presidencia de la República, que tuvo que resolver constitucionalmente la Suprema Corte de Justicia.
En la actualidad, las negociaciones se están asentando y la cámara ejerce moderadamente su facultad de modificación y la Presidencia la acepta, siendo el Presupuesto fundamentalmente un instrumento administrativo y, como señalábamos, un poderoso instrumento financiero cuya derrama en la economía general ejerce una notable influencia para el desarrollo.
Si bien los montos totales del Presupuesto no pueden modificarse bajo criterios de su formulación responsable sin incurrir en los enormes e indeseables costos de la inflación y el déficit fiscal, sí es posible en cambio redireccionar y eficientar el gasto para propiciar el desarrollo y fomentarlo al través del incremento de la productividad empresarial.
Las prioridades de la formulación del Presupuesto Federal para el 2007, fueron las siguientes:
–Evitar a toda costa el déficit fiscal.
–Alentar la creación de empleos.
–Combatir eficazmente la pobreza.
Financiar con suficiencia y eficacia los importantes programas de trabajo en materia de seguridad pública.
Los enunciados propósitos, sin duda responsables y congruentes con prioridades nacionales, se tradujeron en una propuesta de redistribución e incremento del gasto programable por parte de la Presidencia de la República y las dependencias competentes, que en términos reales planteó incrementos de más del 12 por ciento en seguridad pública de casi un 7 por ciento al gasto social, de más de un 9 por ciento en materia de salud (loable esfuerzo de ampliación e institucionalización del seguro popular), de casi un 10 por ciento para el seguro social de 5.5 por ciento para el ISSSTE, de más de un 4 por ciento en educación (el ramo administrativo más amplio, casi 152 mil millones de pesos), y notablemente incrementos muy sensibles en materia de la industria pública energética (32.5 por ciento Pemex y 15.6 por ciento CFE).
Como lo afirma públicamente Henry Paulson, y gracias a la previsión y manejo responsables de las finanzas públicas, aunado ello al esfuerzo continuado de la productividad empresarial, se garantiza para México un crecimiento sostenido y se fomentan condiciones favorables para atraer el capital de inversión.
Hay, sin embargo dentro de estos procesos graduales, importantes retos y asignaturas pendientes que atender.
Se ha insistido hasta la saciedad en las llamadas reformas estructurales aún inconclusas, pero sin entrar en ese ríspido debate, a veces más de corte ideológico que funcional, a mi juicio quisiera para concluir, formular algunas reflexiones.
Ciertamente la necesidad impostergable de superar y eficientar, dentro de la economía general, la capacidad productiva y competitiva de los sectores energéticos.
Propiciar concertada e inteligentemente que la creciente derrama regional de recursos, provenientes de la coordinación fiscal y de la administración de los ingresos excedentes, contribuya a la inversión en infraestructura productiva y a la creación de polos de desarrollo.
Incrementar, mediante atinadas transferencias, de modo gradual y eficiente el gasto social procurando un mayor impacto y durabilidad en las medidas de combate a la pobreza, fenómeno extenso y lamentable que constituye, sin duda, una prioridad nacional y un significativo factor político. Esto obliga también a una corresponsabilidad social empresarial.
Mejorar los mecanismos de control del ejercicio y evaluación de resultados de los programas obligatorios de trabajo financiados presupuestalmente. Asumir las medidas necesarias si no se comprueban y mejoran las metas de la planeación nacional.
Se considera necesario incrementar el gasto de inversión en infraestructura, no sólo en el mejoramiento de la calidad de vida, sino aquélla con efectos productivos. En este ámbito se observan significativas restricciones presupuestarias que a nuestro juicio merecen crecimiento.
Cumplimiento efectivo y disciplinado de las medidas de racionalidad y austeridad presupuestal. Seguimiento severo en este rubro.
Impulsar aquellas medidas que contribuyen al desarrollo empresarial, estímulo a las Pymes, respeto y aseguramiento a la propiedad, facilidades de simplificación en la creación e impulso a las empresas eficientes, promoción de la captación de recursos para la inversión productiva, educación a favor de una cultura empresarial, etc.
En materia de reforma fiscal se considera ésta muy necesaria, principalmente en aquellos polos tradicionalmente desatendidos: las grandes empresas que no contribuyen con proporcionalidad y suficiencia legales y aquellos sectores informales o corporativizados políticamente evasores o elusores de su obligación social de contribución fiscal; es decir, propugnamos por una decidida y valiente política de ampliación de la base tributaria.
Es preciso aclarar que en la medida que al empresario productivo y contribuyente se le extraigan mayores recursos fiscales, se le deja menor capacidad para operar e invertir.
Consideramos que nuestro país se encuentra en una etapa muy interesante para recuperar las décadas perdidas, sustentar su crecimiento económico y fomentar el desarrollo de la empresa socialmente responsable.
*Maestro investigador de la Universidad Anáhuac y consultor Empresarial
Año V No. 52 Mayo 2007
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