Los negocios de Eumex

Un amplio expediente revela cómo la empresa española Eumex fue beneficiada con una concesión no licitada, otorgada por el municipio de Guadalajara, para colocar inmobiliario urbano. A pesar de mostrar inconsistencias en el permiso y aplicación del contrato, el ayuntamiento autorizó ampliar el plazo a 17 años para el cumplimiento del convenio

Erika Ramírez

Equipamientos Urbanos, S.A. de C.V. (Eumex), empresa ibérica que llegó a México en busca de éxito, encontró negocios millonarios pactados en 1997 con el entonces Departamento del Distrito Federal y en 2000 con el municipio de Guadalajara, Jalisco.

La colocación de infraestructura en paraderos de autobuses y mobiliario urbano dejó en las finanzas del ayuntamiento de Guadalajara 10 millones de pesos pagados anticipadamente por la colocación de 870 “Mupis” (Mobiliario Urbano para Información), de los cuales la empresa obtendría ganancias con la exhibición de publicidad de particulares.

Sin embargo, el cumplimiento del contrato no se dio en el tiempo estipulado por lo que el síndico Gustavo González Hernández promovió una iniciativa ante el pleno de ayuntamiento para que la única empresa beneficiada tuviera un lapso más amplio para sus operaciones.

El 18 de mayo de 2000, González Hernández se presentó ante el pleno del municipio para exponer la iniciativa que permitiría dotar de infraestructura y explotar los espacios publicitarios en las paradas de autobuses de Guadalajara.

Dos meses más tarde, por unanimidad de votos, la empresa Eumex fue la ganadora de dicho anuncio, que no requirió de ningún otro proceso para echar a andar su proyecto, y en septiembre del mismo año el Congreso de Jalisco autorizó al cabildo celebrar el contrato. 

El convenio especifica que, con la firma del pacto, Eumex podrá fabricar, suministrar, ensamblar e instalar 280 paraderos de autobús, 3 mil 450 señales de parada de autobús, mil 35 soportes telefónicos mupitel asociados a las señales de parada, y mil 150 señales de parada de taxi.

En un primer acuerdo, el contrato fue celebrado para, en un plazo de 10 años, fabricar, ensamblar e instalar –de manera exclusiva– 870 infraestructuras de paraderos y mobiliarios urbano complementario.

El documento dice que la empresa no se sujetó a lo establecido en la cláusula referente a “la instalación del mobiliario dentro del plazo establecido. Por otro lado, a través de diversos oficios, el municipio solicitó a Eumex efectuar múltiples reubicaciones de los elementos objeto del contrato de concesión inicialmente instalados, al tiempo que se dejaron pendientes de autorización de una importante cantidad de elementos, lo cual impidió a Eumex continuar con los trabajos de instalación (…)”.

Como consecuencia, el pliego del ayuntamiento señala que esta falta de cumplimiento tendría repercusiones en las finanzas de la empresa y del cabildo, pues “supone una importante alteración al equilibrio económico financiero de la concesión, en perjuicio de ambas partes”. 

No obstante las observaciones anteriores, el 28 de septiembre de 2006 fue autorizada una ampliación del plazo por 17 años del convenio modificatorio por Paulo Colunga Perry, regidor presidente; Gustavo González Hernández, síndico; Gabriela Carrillo Jiménez, regidora; Salvador Alcázar Álvarez, regidor; Verónica Cárdenas Barrios, regidora, y Julio César Gutiérrez, regidor. Esta misma prórroga podría ampliarse a un año y medio más, es decir, casi 19 años, en caso de que las partes lo requieran, según se lee en el documento.

Demanda de nulidad 

DMU Systems, S.A. de C.V. –del mismo giro empresarial que Eumex– llevó a cabo una demanda de nulidad ante el magistrado unitario del Tribunal de lo Administrativo para el estado de Jalisco, por medio de su representante legal Roberto Alonso Deschamps de la Fuente.

En el documento, fechado el 3 de septiembre de 2000, el demandante señala que los actos que se realizaron en el ayuntamiento, y que beneficiaron a la empresa Eumex, fueron improcedentes e ilegales pues no fue una convocatoria pública.

Entre las peticiones hechas, el representante legal de DMU Systems reclama que “se nos considere como empresa participante y se nos entregue la formal invitación, a pesar de no haber sido considerados para la reunión celebrada el 25 de mayo”. 

Además, “se nos permita entregar nuestra propuesta y la documentación requerida, en la fechas y condiciones señaladas para tal fin”. Solicitan, entre otras cosas, que “se suspenda el procedimiento de adjudicación y se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran hasta en tanto no se resuelva el fondo del presente curso”.

En el expediente se destaca que se solicitó la actuación de la síndico María del Carmen Chávez Galindo, para que tomara nota del recurso de revisión, no obstante la funcionaria procedió con el fallo a favor de la empresa Eumex.

“Chavez Galindo debió, en su carácter de síndico, y en función a las obligaciones de su cargo señaladas en la Ley orgánica municipal en su artículo 53, que a la letra dice: corresponde al síndico del ayuntamiento, la defensa de los intereses municipales. Igualmente, le compete representar al ayuntamiento en todas las controversias o litigios en que éste fuera parte, sin prejuicio de la facultad que tiene el cabildo, para designar apoderados o procuradores especiales”, dice el documento.

DMU Systems –dice la información entregada a las autoridades– “es una empresa ciento por ciento mexicana como resultado de la necesidad de crear, desarrollar y aplicar nuevas y mejores tecnologías competitivas a nivel internacional, evitando las importaciones por medio de la fabricación nacional bajo normas internacionales y mejorando las posibilidades existentes en los mercados de libre comercio en nuestro país”.

La compañía, dice, tiene 18 años en el mercado y ha realizado trabajos de infraestructura a nivel nacional, como el Museo de Antropología e Historia, en los conceptos de cubierta de la fuente central del recinto, celosías en la plazoleta y todo el aluminio y cristal de dicho edificio, “siendo un hecho que han resistido al embate del tiempo, terremotos y demás agentes naturales sin haber sufrido daño alguno y con mínimo mantenimiento”.

“El monopolio”

Otra de las inconformes fue Multicesto, empresa integral de recolección de basura, que el 28 de agosto de 2003 fue autorizada para la colocación de recipientes y recolección de la basura depositada en éstos, sin costo alguno, ya que sería financiada con la publicidad en los cestos, pero las autoridades no ejercieron el proyecto que había sido aprobado en primera instancia.

Gerardo Lozano Gómez, director del proyecto Multicesto, se inconformó el 29 de mayo de 2006 mediante una carta dirigida a la sala de regidores del ayuntamiento de Guadalajara.

“El proyecto mencionado ha sido analizado exhaustivamente y cumple satisfactoriamente con los dictámenes técnicos y jurídicos al que fue sometido”, dice la misiva.

“No obstante, cabe destacar que el decreto ha quedado en el olvido, debido a la constante presión ejercida a este ayuntamiento por los titulares de la concesión otorgada a los parabuses (Eumex), cuyo mobiliario por cierto nada tiene que ver con el proyecto antes mencionado; sin embargo, su único propósito es y ha sido hasta la fecha mantener el estatus de monopolio”, asegura Lozano Gómez. 

De continuar con el fortalecimiento del “monopolio”, dice la carta, “atentaría con el derecho que tienen todas y cada una de la empresas de ser tomadas en cuenta para poder participar en este tipo de proyectos, los derechos constitucionales de legalidad y seguridad jurídica al no ejecutar decretos ya aprobados, así como la ley de transparencia, al estar negociando a oscuritas con esa empresa…” 

Sin cambios

En septiembre de 2006, diversos medios informativos de Guadalajara dieron cuenta de que bajo ningún término se harían modificaciones a la concesión otorgada a Eumex. En ese mismo año el alcalde interino, Ernesto Guajardo Espinosa Guarro, negó la existencia de anomalías en el proceso de aplazamiento a 17 años a la empresa iberoamericana.

Una nota del periódico Mural dice que “pese a que el Consejo de Transparencia y la Ética Pública de la Comuna pidió modificar el contrato ‘monopólico’ con Eumex”, el funcionario local sostuvo que no existía ninguna exclusividad para la empresa española “y que en caso de que cualquier otra compañía ofrezca muebles urbanos con publicidad los regidores tendrán que ver si es conveniente o no”.

Mientras, en esa misma fecha, el regidor tapatío Rodrigo Mireles Pérez anunció que emprenderá una demanda contra el Ayuntamiento de Guadalajara por la ampliación de la concesión. El funcionario aseguró que se continúan buscando abogados para “preparar una demanda sólida, para que se expresen todas las irregularidades en las que está incurriendo el ayuntamiento para ampliar el plazo a 17 años”.

De acuerdo con notas del portal del Informador, el regidor destaca que el municipio no se puede limitar a la instalación de mobiliario urbano en las calles de Guadalajara, “porque no existe ninguna ley vigente aplicable que obligue al municipio a limitar sus propias facultades de regulación de la imagen urbana o el equipamiento de las calles”.

A la fecha, la empresa española sigue explotando los espacios del municipio para colocar su mobiliario, sin que nada cambie en la concesión autorizada por el ayuntamiento tapatío.

Año V No. 52 Mayo 2007

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