Deuda agraria impagable

La cartera vencida del extinto “banco de apoyo al campo mexicano”, Banrural, asciende a más de 20 mil millones de pesos e involucra unos 200 mil créditos que sus deudores no pueden liquidar

Erika Ramírez

Endeudados y en bancarrota, miles de campesinos están obligados a pagar al gobierno federal más de 20 mil millones de pesos por los préstamos bancarios que recibieron desde la década de 1990. Los números rojos del agro son parte de la cartera vencida que pretende recuperar el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Al cierre de diciembre de 2006, los informes de operación del SAE revelan que existe una deuda global por 35 mil millones de pesos, correspondientes a 263 mil 447 créditos concedidos por instituciones de la banca múltiple. Los compromisos fueron contraídos con el Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. (Banrural), Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. (BNCI).

El saldo negativo para el sector agrario, que mensualmente se incrementa por el cúmulo de intereses, asciende a 23 mil millones de pesos por la entrega de 237 mil créditos que hizo Banrural, previa crisis económica de 1994. El monto, que parece impagable, fue requerido para la compra de semillas, tractores, ganado y otros insumos.

Federico Otero Melgarejo, director ejecutivo de Recuperación del SAE, asegura que el 96 por ciento de la cartera vencida de la institución la contrajo el sector más “desfavorecido de la sociedad”: agricultores, ganaderos y pequeños comerciantes.

Encargado desde 2004 de hacer la cobranza –de un problema casi equiparable al pago de intereses, por 25 mil 457 millones de pesos, que hizo el gobierno federal al primer trimestre de 2007, por bonos del rescate bancario–, Otero Melgarejo admite que el trámite ha sido “tortuoso”, pues no siempre se tienen buenas propuestas de pago por parte de los sujetos obligados.

El 96 por ciento de la cartera que tiene que recuperar el SAE está dirigida fundamentalmente al sector campesino. “Cuando hablamos de cartera se habla de un valor contable porque es lo que se tiene registrado y para la Auditoría Superior de la Federación es lo que cuenta. Sin embargo, tan sólo de Banrural hay un adeudo de más de 20 mil millones de pesos, cuyo valor en el mercado es bajísimo porque se otorgaron para la compra de ganado, semilla, tractores, etcétera”.

El funcionario explica que de los más de 200 mil créditos no se tiene un registro puntual de cuántos son los agricultores involucrados ni su actividad específica, pero sí se sabe que cada uno puede tener cinco o seis créditos y los montos varían.

Lo que sí tiene claro es que del débito de Banrural, aproximadamente, 100 sujetos son los que concentran el 80 por ciento de la cartera. A estos se les trata como “mega” y tienen que hacer propuestas de pago acorde con los montos, el resto solicitó préstamos bajos pero también se ha visto en dificultades para saldar su compromiso.

Otero Melgarejo dice que desde julio de 2003 en que fue creada la institución, que depende de la Secretaría de Hacienda, ha habido acercamiento con los deudores. “Nosotros partimos de que ellos siempre tuvieron la intención de pagar. Nos demuestran continuamente que ellos se comprometen y quieren cumplir pero no pueden, ha sido difícil para ellos”.

Campo no, IPAB sí

Para el cobro, que significa un déficit en la hacienda pública, el SAE ha sostenido conversaciones y negociaciones con más de 110 mil personas, de las cuales sólo unas 40 mil han hecho propuestas de pago viables para la institución de las que se han autorizado 32 mil. El resto, sigue enlistada en las largas filas del buró de crédito.

“Las ofertas tienen que ser satisfactorias, una propuesta de un peso sobre un adeudo de un millón es un juego, es un mensaje de no pago. El acreditado tiene que entender que su ofrecimiento debe tener lógica y sentido, nosotros sabemos que mucha gente no tiene la liquidez pero sí los activos y los bienes”, dice.

Miguel Luna Hernández, secretario general de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), con 150 mil miembros en todo el país, alega que el gobierno federal ha dado prioridad a rescates financieros de los grandes empresarios y ha dejado de lado a los más pobres del país, concentrados en el sector agropecuario.

El ex presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en la Cámara de Diputados, durante la LIX legislatura, se queja de los “beneficios” que ha brindado el gobierno a otros sectores, pues “nosotros no pudimos entrar al Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), cuando sólo debemos 20 mil millones de pesos, mientras que para los grandes bancos ha habido un rescate de por lo menos 2 billones de pesos”.

Este problema, explica Luna Hernández, inició en 1994 con la crisis de diciembre. Ese año el tipo de cambio se sobrevaluó y repercutió en déficit comercial, endeudamiento externo, reducción de las reservas internacionales y especulación desmedida en el marcado de valores.

Con esta devaluación “nos fue peor a nosotros en el campo, porque la inflación fue tres veces mayor. Los costos se incrementaron para comprar cualquier material para el agro y todavía lo estamos padeciendo. Nuestro mercado se inunda de productos extranjeros y ellos nos quitan la estabilidad”, dice.

Los juicios del campo

Miguel Luna Hernández, secretario general de la CODUC –actualmente con 50 mil campesinos endeudados con instituciones del Estado y la banca comercial–, agrega que, al compromiso casi “impagable” que tienen sus partidarios, se suma el embargo de propiedades y los conflictos jurídicos a los que se tienen que enfrentar los deudores.

Y es que de acuerdo con datos del propio SAE, actualmente la institución lleva a cabo 24 mil juicios contra sus deudores, de los cuales 17 mil fueron interpuestos contra sujetos del sector agrario que no han presentado propuestas de pago viables para la institución. 

Federico Otero Melgarejo asegura que estas prácticas se llevan a cabo porque ellos tienen la tarea de recuperar la cartera. “No pretendemos que pierdan su patrimonio, porque el efecto sería muy negativo: estaríamos trasladando un problema de la Secretaría de Hacienda a la de Desarrollo Social”.

El servidor público agrega: “Por qué vas a dejar a una persona en la pobreza extrema. Le quito automáticamente sus tierras, de lo que vive y de lo que produce y lo mando a otro sector del gobierno a que lo atienda. Yo se los digo a los acreditados: ‘no pretendo quedarme con tus tierras pero si tienes 10 terrenos a lo mejor te puedes deshacer de uno y hacer una propuesta de pago razonable’”.

Pedro Díaz Hartz, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz, dice que las negocioaciones que lleva a cabo el SAE no han sido adecuadas para los deudores, que ahora se enfrentan al embargo.

“Hay casos de decomiso de propiedades y emplazamiento de embargo en Tabasco y Morelos. Tenemos uno en donde ya fue confiscado el tractor y la casa está en tentativa. La verdad es que no nos ha gustado el modo del SAE, porque se presentó una propuesta de pago y simplemente no se hizo caso”, acusa Díaz Hartz.

Con más de 60 casos en juicio, el representante de los arroceros señala que “necesitamos entrar en una negociación para que haya un tiempo perentorio porque los del SAE están poniendo un plazo fatal de seis meses para su pago y eso es imposible”, concluye.

De acuerdo con datos de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, que agremia a 320 mil campesinos, desde 1996 tiene una deuda aproximada de 30 millones de pesos.

Su problema se encuentra repartido en 20 comunidades indígenas-campesinas que habitan en los estados de Guerrero, Veracruz, Chiapas, Nayarit, Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo y Sonora, y ha repercutido en la pérdida de más de 100 millones de pesos en la producción agropecuaria.

Es así como miles de agricultores endeudados y en bancarrota se enfrentan al sistema de cobranza del gobierno federal, sin que éste logre recuperar más de 20 mil millones de pesos, que mes con mes se incrementan debido al cúmulo de intereses.

Además de la cobranza del Banrural que lleva a cabo el SAE, hay otras instituciones como el Banco Nacional de Comercio Interior, que después de su liquidación dejó a la administración pública una deuda de 2 mil millones de pesos, que significan 10 mil créditos otorgados a comerciantes.

A ello se suman los números rojos de las Uniones de Crédito que apoyó Nacional Financiera, con 16 mil 347 créditos concedidos y que representa una deuda de 10 mil millones de pesos por cobrar.

Año V No. 52 Mayo 2007

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