Empresas y negocios

Espectro, ruta para abatir el duopolio y democratizar las comunicaciones

Javier Corral*

 

El de los medios se ha convertido en un espacio esencial, por donde pasa el Estado y la Nación. Y por lo tanto los medios no pueden eludir su tránsito por un nuevo sistema de legalidad y constitucionalidad democrática, que demarque con toda claridad su responsabilidad social y política en esa interacción, que es además, construcción de la democracia.

En el sistema democrático, el poder impune y la zona de excepción jurídica no deben existir. La naturaleza de su sistema de equilibrios obliga a que todo aquel que ejerza un poder, rinda cuentas.

Y así como señalo que los medios se han convertido en la arena más importante de la disputa electoral y de la operación política, también propongo que por ningún motivo aceptemos la idea de que es una arena definitiva. Es uno de los elementos definitorios, pero no definen por sí mismos. Y ahí está la oportunidad del Estado y su necesaria intervención.

En la nueva hora del debate sobre la comunicación y la democracia –que alientan dos inteligencias frescas en la concepción del derecho y la investigación jurídica: Córdova y Salazar–, hay que atisbar contra esa pretendida definitividad que sólo magnifica los miedos entre la clase política y convierte en exponencial la ignorancia sobre el verdadero funcionamiento de la política informacional.

Sí, hay que matizar el poder que les hemos conferido quienes hemos desarrollado una conciencia crítica de sus efectos negativos, sin que ello signifique negar su influencia y su capacidad de seducción, muchas veces caracterizada por la vía del chantaje, o la amenaza.

A esta idea de matiz, contribuyen la concepción de Manuel Castells en la Era de la Información, y un reciente trabajo de análisis sobre el pasado proceso electoral en la relación entre medios de comunicación y campañas electorales, de Raúl Trejo Delarbre.

El sociólogo español Manuel Castells, de quien su maestro Alain Touraine nos había anticipado como un clásico del siglo XXI por su tratado sobre la Era de la Información, señala el papel crucial de los medios electrónicos en la política contemporánea pero afirma que, “debido a los efectos convergentes de la crisis de los sistemas políticos tradicionales y del espectacular aumento de la penetración de los nuevos medios, la comunicación y la información políticas han quedado capturadas en el espacio de los medios. Fuera de su esfera sólo hay marginalidad política.

“Lo que pasa en este espacio político dominado por los medios no está determinado por ellos: es un proceso político y social abierto. Pero la lógica y la organización de los medios electrónicos encuadra y estructura la política... Este encuadre de la política por su captura en el espacio de los medios (una tendencia característica de la era de la información) repercute no sólo en las elecciones, sino en la organización política, en la toma de decisiones y en el gobierno, modificando en definitiva la naturaleza de la relación existente entre el estado y la sociedad.

Y como los sistemas políticos se siguen basando en formas organizativas y estrategias políticas de la era industrial, se han quedado obsoletos en cuanto a política y ven negada su autonomía por los flujos de información de los que dependen. Esta es una fuente fundamental de la crisis de la democracia en la era de la información.”

Dice Raúl Trejo Delarbre, sobre las pasadas elecciones: “Escasas en ideas, desbordantes de irritación y singularizadas por el encono mutuo entre los principales candidatos, las campañas presidenciales de 2006 en México tuvieron en los medios de comunicación su principal e ineludible escenario. Los partidos políticos gastaron centenares de millones de pesos en la contratación de 251 horas de propaganda política en la televisión y la radio de todo el país. Los medios, a su vez, se ocuparon de esas campañas y de sus candidatos presidenciales en más de 6 mil 200 horas en sus noticieros y programas de discusión. Los ciudadanos se enteraron qué decían de sí mismos pero, sobre todo, de las acusaciones que propinaban a sus adversarios los candidatos principales.

“El clima de enfrentamiento no fue creado por los medios pero fue propagado, a menudo sin el contexto que les permitiera a sus audiencias aquilatar esos acontecimientos con mejores recursos de información y opinión, en los principales espacios tanto en la radiodifusión como en la prensa escrita de nuestro país. Actores políticos, partidos y candidatos, pero además comunicadores y medios, se solazaron durante varias semanas en la irradiación de los resentimientos de unos y otros.

“El formato impuesto por los medios, las exigencias de la mercadotecnia, la simplificación que siempre es antagonista de los matices y especialmente el tono de confrontación que creó campos, clientelas y encasillamientos maniqueos, se conjuntaron para que en vez de proyectos hubiera protagonistas durante las campañas de 2006. La personalización de la política es consustancial a la mediatización y al marketing contemporáneos, pero en sociedades con alguna sofisticación o densidad políticas los candidatos son personajes emblemáticos de formaciones ideológicas o de corrientes específicas y no al revés”.

Con base en lo anterior debemos trabajar en reformas que liberen a la política de la captura de los medios, y que den más densidad y contenido a la política. Y todavía con un arrojo mayor, que es conciencia de nuestra realidad: para esta tarea hay muy poca clase política.

Pero si sólo el pueblo salva al pueblo, debemos convencer a los actores políticos ––más allá de sus deficiencias y vulnerabilidades– que tienen que salvarse a sí mismos, de lo contrario se ahondará la dinámica de substitución de los poderes formales del estado a manos de los poderes fácticos, señaladamente los medios de comunicación. Poco podrá hacer el sistema de partidos cuando los candidatos resulten directamente de las televisoras.

Liberarse de esa dependencia existencial con la televisión que le ha impuesto la dictadura del spot y la tiranía de las encuestas, depende de reformas legislativas que modifiquen la lógica mercantil, la operación autoritaria, la concentración multimedia, esto es, una reforma de la estructura de la industria mediática electrónica. Pensar en esas reformas, no es un asunto de sofisticación jurídica, sobre todo cuando otros países de nuestro continente lo han llevado a la práctica desde hace años; aunque hay que reconocer que sí requieren algo de valor.

Desconcentración y competencia

 

No debe soslayarse que una de las principales demandas sociales y de los sectores más informados del tema es acotar el carácter duopólico de la televisión. Esa concentración es uno de los mayores desafíos para la democracia, un peligro para la diversidad cultural y la pluralidad política del país. Genera abusos y prepotencias como las que hemos presenciado en los últimos meses.

La concentración de las frecuencias de TV abierta en México no tiene parangón en otra parte del mundo. Excepción de imposible defensa en el mundo democrático y en las reglas de la competencia, nuestro país causa estupor en el exterior: Televisa y Tv Azteca acaparan el 80 por ciento del espectro comercial. La empresa Televisa tiene 243 canales, y Azteca 179. La primera tiene cuatro redes abiertas desde la capital del país, y la segunda dos. Controlan el mercado de los contenidos –producción y distribución–, y se llevan el 99.4 por ciento del gasto publicitario en televisión abierta, que representa el 58 por ciento de toda la inversión en medios, algo así como 25 mil 984 millones de pesos.

Pensar que sólo con medios locales se enfrentará esa concentración, es medio pensar. La experiencia internacional así lo indica. El camino que otros países siguieron fue la ruta de acotar en primer término los monopolios y los duopolios, luego establecer límites en términos de porcentajes de audiencia, número de frecuencias y participación en el mercado de la publicidad, junto con fuertes restricciones a la propiedad cruzada de medios. Más tarde siguieron liberando frecuencias regionales que por asociación o filiación se han constituido en nuevas cadenas de alcance nacional.

Los Estados Unidos –nuestros vecinos, amos y señores del mercado–, abatieron el duopolio hace 64 años, cuando aquí no aparecía todavía la Televisión. El Congreso ordenó la desincorporación de una de las dos redes que manejaba la NBC, y que dio paso a la ABC, para que al lado de la CBS, compitieran en el mercado. 27 años más tarde continuó ampliando la oferta comunicacional, y en los hechos están operando seis grandes cadenas Fox Network, UPN y Warner Chanel. Compite además, con éxito, la cadena pública PBS.

¿Qué red regional podría competirle a la concentración Televisa-Azteca, con las condiciones de mercado y de propiedad cruzada que hoy tienen?, ¿con la ausencia de reglas de competencia en la materia?, ¿con el órgano regulador bajo su cooptación?, ¿tomadas las principales comisiones del Congreso por ellos? Es un medio de pensar bastante ingenuo.

En el caso de nuestro país, hay espectro para la ruta de abatir el duopolio y democratizar regionalmente las comunicaciones.

Pero la democratización de las comunicaciones, por lo menos en lo que se refiere a los servicios de televisión en la realidad mexicana, necesita de dos procesos paralelos: desconcentrar e imponer reglas de competencia económica.

A la desconcentración de espectro, deben venir reglas de competencia y libre concurrencia, sin las cuales tampoco será posible abatir los niveles de control y monopolización del actual modelo televisivo. Entre esas disposiciones debieran contemplarse topes al número de frecuencias; restricciones y límites a la propiedad cruzada o simultánea de medios en una misma localidad o plaza.

El informe Communications Outlook de la OECD consigna las restricciones en una veintena de países: en Alemania una televisora no puede alcanzar una audiencia anual de más del 30 por ciento.

En Australia está prohibido que una sola empresa tenga licencias para transmitir a más del 75 por ciento de la población. En Bélgica no se permite que un inversionista tenga más del 24 por ciento de acciones en dos televisoras. En Canadá está prohibido que una misma entidad sea propietaria de una televisora que ofrezca sus servicios en el mismo mercado y en el mismo idioma.

En España una sola entidad no puede tener más de una licencia de transmisión ni controlar más del 25 por ciento del capital de una televisora. En Francia ninguna entidad puede poseer más del 49 por ciento de las acciones de una empresa de radiodifusión nacional. Al propietario de una televisora que transmita a un área con una población de más de 4 millones de personas, no se le permite tener otra licencia de transmisión.

En Estados Unidos está prohibido que un grupo tenga, opere o controle televisoras que lleguen a más del 35 por ciento de la audiencia nacional. Establecer un sistema de competencia en la televisión está directamente relacionado con la competencia electoral.

Cualquier modelo de reforma institucional que se plantee en serio la consolidación del sistema democrático pasa necesariamente por una nueva legislación de Radio y Televisión, no sólo que abrogue la Ley Televisa, sino que plantee un marco normativo que equilibre el modelo comercial de la radiodifusión con nuevos jugadores privados, y fortalezca el sistema de medios públicos bajo el régimen permisionario para dar cabida, entre otras figuras, a la Radio Comunitaria como la experiencia comunicacional más cercana a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos.

Si no se echa abajo las recientes reformas a la Ley de Telecomunicaciones y a la de Radio y Televisión, ya sea por la vía de la Corte o de la obligada rectificación de los poderes ejecutivo y legislativo de la federación, la mejor reforma electoral que se logre actuará sobre un terreno totalmente disparejo. No se debe eludir ese hecho, si somos honestos en el análisis.

Por supuesto hay que regular la publicidad electoral. Pero más que una revisión del lenguaje publicitario, de la construcción del mensaje publicitario en cuanto a estructura y duración, o de lo que deban o no decir los partidos, lo que se está convirtiendo en un elemento deslegitimador de nuestros procesos electorales, es el exceso y la predominancia del dinero destinado a la publicidad política. En materia de legislación electoral, atada a las normas de radiodifusión, debemos de prohibir de una vez por todas la contratación comercial de publicidad electoral, y sólo poner a disposición de los procesos eleccionarios locales y federales la utilización de los tiempos oficiales en radio y televisión, que aún y con la cesión que la administración anterior hizo de esta obligación fiscal, no es nada despreciable el tiempo que resta a favor del Estado: 48 minutos en televisión y 65 minutos en radio, diariamente, en cada una de las mil 488 estaciones de radio (mil 150 concesiones y 338 permisos), y en los 584 canales de televisión operando (461 concesiones y 123 permisos). 146 permisos adicionales sólo están acaparando espectro.

En una estación de radio, en sólo 90 días, el Estado tiene 97.5 horas. Y en una estación de televisión, 72 horas. Si continuara la política espotera: en una estación de radio representarían 292.5 sound bites de veinte segundos, duración en la que ya anda el spot; en un canal de televisión, 216. Suficientes para continuar la saturación, pero que le ahorraría cuantiosos recursos al Estado, y eliminaríamos ese vínculo de dependencia existencial del sistema de partidos con los medios.

Es por lo tanto necesario incorporar a la Ley Federal de Radio y Televisión –y las correspondientes adecuaciones en el Cofipe–, un capitulo que regule los Tiempos de Estado, y homologue a 60 minutos la obligación a concesionarios y permisionarios de radio y televisión. Se le reducen cinco minutos a la radio y se le aumentan 12 minutos a la tele, de lo que hoy tienen. Se eliminaría el llamado tiempo fiscal, y todo se concentraría en la ley.

Propuestas han existido en los últimos años para acotar ese gasto por la vía de la reducción de tiempos de precampañas y campañas electorales, y por consiguiente una disminución de recursos públicos; también a través de la contratación exclusiva por el IFE de la propaganda electoral para evitar tratos discriminatorios o preferenciales entre los partidos, pero es mucho más importante obligar la utilización de los tiempos que el Estado posee en radio y televisión para dedicarlos a la difusión de mensajes orientados a la promoción del voto y de los contenidos programáticos de cada uno de los candidatos, ahorrando ese dinero al erario.

La propuesta de nueva ley federal de radio y televisión que aún se encuentra en el Senado de la República y que embestida por la Ley Televisa, contiene alternativas varias para este penoso contraste de nuestros procesos electorales: "Durante los noventa días previos al día de la jornada electoral en el caso de elección presidencial o de gubernaturas en las entidades federativas, y cuarenta y cinco días antes en el caso de los demás procesos electorales federal o local, la autoridad encargada de la materia de radio y televisión deberá poner a disposición del Instituto Federal Electoral la totalidad de los Tiempos de Estado, salvo los dispuestos para la difusión de mensajes referidos a la seguridad nacional y salud pública; y éstos deberán ser destinados para la promoción del voto, así como de los partidos políticos para la promoción de sus candidatos y la difusión de sus plataformas electorales".

Esto significaría una economía presupuestal de algo así como mil quinientos millones de pesos. Los noventa días previos a la propuesta ambas citada –que significa la mitad del tiempo de duración de las campañas a partir del registro de candidatos–, se podría prohibir totalmente la contratación de publicidad comercial a partidos o por lo menos reducir los topes de compra y como sugiere la iniciativa de ley "No se transmitirá propaganda electoral, salvo la que contrate el Instituto Federal Electoral y los órganos electorales locales, en los términos de las leyes electorales respectivas, y sus tarifas deberán ser equivalentes a las del la publicidad comercial". También se generaría con esto otro ahorro substancial.

Mientras no se someta a una regulación moderna el control y estructura de la industria mediática, y sobre todo, en su relación con los partidos políticos, las campañas electorales y el financiamiento público, la queja seguirá y cada vez más el desafió se agudizará. Mientras esta circunstancia permanezca, es difícil pensar en una democracia que camine a la igualdad social y al uso adecuado de las finanzas públicas. Destinar mayores recursos a las campañas para pagar medios seguirá siendo la aberración, inexplicable, de quienes le regatean a la pobreza, a la miseria, a la insalubridad, recursos suficientes para mitigar los males que las han hecho permanentes entre nosotros.

Empecé con Castells y concluyo con él: “La política se ha encerrado en el espacio de los medios. Los medios se han vuelto más poderosos que nunca, tecnológica, financiera y políticamente. Su alcance global y su interconexión les permiten escapar de los controles políticos estrictos. (...) La política mediática es una operación cada vez más cara (...) Los actores políticos padecen una infrafinanciación crónica y la brecha entre los gastos necesario y los ingresos legales ha aumentado de forma exponencial, y continúa haciéndolo (...)”. Señoras y señores, esta es la matriz de la corrupción política, ahí está fincada esta etapa de demolición, es el ambiente natural de la mediocracia. Atajarla es el reto, de lo contrario seguirá agitándose la querella política después de cada elección, y perdiendo tiempo para concretar en la unidad las cosas que como país, nos son comunes.

 

*Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Occidente; miembro del Partido Acción Nacional; artículista de El Universal; directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), y profesor de la materia Régimen Legal de los Medios de Comunicación, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

 

Año IV No. 50 Marzo 2007

 

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