Napito falsifica documentos

Para arrebatar el control del Sindicato Minero a Elías Morales, Napoleón Gómez Urrutia lo acusó de falsificar firmas; el mismo recurso ilícito que Napito habría utilizado en 1999 para obtener la dirigencia, revelan investigaciones periciales

Nancy Flores

Con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de México, Napoleón Gómez Urrutia consiguió hacerse de nueva cuenta de la dirigencia sindical minera. En los primeros siete meses del nuevo gobierno también fue exonerado del delito de fraude por 55 millones de dólares, dinero que Scotiabank transfirió ilegalmente a las cuentas privadas de Napito, según la Procuraduría General de la República.

Ahora, el líder minero regresa a la vida política bajo la premisa de que en 2006 su sustituto, Elías Morales, habría entregado documentos con firmas apócrifas. En el Sindicato Minero este delito no es novedad: en 2001, durante la sucesión Napoleón Gómez Sada-Napoleón Gómez Urrutia, este último se benefició de dicho recurso ilícito, descubre un dictamen pericial grafoscópico.

La investigación, a cargo del perito criminalista José de Jesús Martínez Alarcón, adscrito a la Procuraduría General de Justicia de Sonora, revela que la firma de Gómez Sada fue falsificada. Sólo así fue posible la llegada oficial de Napito a la dirigencia sindical.

Y es que el liderazgo de Gómez Urrutia no fue legítimo: con graves problemas de salud y luego de mantener el control del Sindicato Minero por más de cuatro décadas, en 1999 Gómez Sada cedió la dirigencia a su hijo.

Sin embargo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) negó reconocer en varias ocasiones –una de ellas en forma “definitiva”– a Gómez Urrutia como secretario general “suplente”. Para la autoridad laboral éste incumplía con los estatutos sindicales.

Entre las principales objeciones destacaba su ausencia en el padrón, como trabajador o miembro activo de la sección sindical 120 de la Ciénega Santiago Papasquiaro, Durango, donde fue registrado por Gómez Sada en abril de 1995.

En octubre de 2000, Gómez Urrutia se amparó contra la resolución de la STPS ante el tercer distrito en materia laboral del Poder Judicial, pero su recurso fue sobreseído.

Años más tarde, en abril de 2007 la administración de Calderón no sólo lo restituye en el cargo, sino que respalda el cierre de todos los expedientes de investigación abiertos en su contra por el fraude aún no aclarado de los 55 millones de pesos, desaparecidos del fideicomiso minero.

Firma apócrifa

De acuerdo con el dictamen pericial grafoscópico, contratado por el ex delegado sindical Gabriel Parra Cortés y del cual se posee copia, el mismo delito que en abril pasado restituyó el cargo a Gómez Urrutia, es el que le permitió heredar la dirigencia sindical.

El análisis del oficio 607, expediente SGA-94-2G, supuestamente girado por Gómez Sada y fechado el 15 de mayo de 2000, revela que antes de su muerte, ocurrida el 11 de octubre de 2001, éste no concretó los últimos movimientos, al interior del sindicato, que facilitaron la toma de nota de Gómez Urrutia.

Dicho documento informa a Parra Cortés que, “en vista de que ya no se hacen necesarios sus servicios como delegado especial de este Comité Ejecutivo Nacional que presido, para atender los asuntos de nuestra sección 65 de Cananea, Sonora, y con las facultades que me confiere el artículo 47 de nuestros estatutos generales en vigor, con esta fecha se revoca a usted su nombramiento como delegado especial de este multi-citado organismo”.

El 6 de noviembre de 2000, Martínez Alarcón determinó que “la firma que se le atribuye al señor Napoleón Gómez Sada en el oficio, en el cual se informa al señor Gabriel Parra Cortés la revocación de su cargo como delegado especial, no procede del puño y letra de dicha persona, razón por la cual es una firma falsa o apócrifa”.

Según fuentes cercanas al caso, este tipo de movimientos al margen la ley posibilitaron la llegada formal de Gómez Urrutia a la secretaría general del sindicato, quien heredó el puesto sin siquiera haber sido minero, acusan.

Ahora, seis años después, ese mismo ilícito le asegura su posición: en abril pasado el Cuarto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo otorgó un amparo a favor de Gómez Urrutia, después de que éste acreditó que, para lograr la toma de nota como dirigente provisional, Elías Morales presentó firmas apócrifas de agremiados.

Ajuste de cuentas

Para Edgar González Ruiz, maestro en Filosofía, el asunto de Gómez Urrutia “es un evidente deslinde y ajuste de cuentas entre el gobierno de Felipe Calderón y el de su predecesor, Vicente Fox”.

El analista de grupos conservadores dice que “esto no es nada nuevo ni peculiar del Partido Acción Nacional en sí mismo. Es un hecho recurrente en la vida política: los que llegan al poder tienen problemas con los que acaban de dejarlo”.

Agrega que esto sucedía en todos los sexenios en la época priísta. “Había ajustes de cuentas, procesos y hasta encarcelamientos de ex funcionarios, a la vez que el nuevo presidente reivindicaba a varios enemigos notorios de su antecesor. Así pretendía ganar legitimidad y evitar que siguieran prevaleciendo las reglas y preferencias anteriores”.

González Ruiz refiere que en la pasada administración Napoleón Gómez Urrutia fue satanizado, pero al hacerlo, el gobierno de Fox evidenció defectos peores, como la represión contra los trabajadores y los disidentes políticos,  a la vez que la manipulación mediática. “También son rasgos de este nuevo sexenio, pero Calderón pretende centrar su atención sólo en la responsabilidad histórica de Fox y no en su propia gestión”. 

El experto en el análisis  de la derecha mexicana considera que dicho deslinde se da tardíamente, bien avanzado ya el primer año del gobierno de Calderón. Aclara que “esto se explica porque, mientras estuvo vigente la competencia electoral y el conflicto subsiguiente, que en el aspecto ético y social nunca se resolvió, Fox y Calderón, además de Espino, tuvieron que mantenerse juntos para enfrentar a la izquierda. Ahora Calderón se siente suficientemente seguro como para comenzar a actuar contra los enemigos y rivales que tiene dentro de la propia derecha”.

Golpe mediático

La restitución de Gómez Urrutia como líder sindical de los mineros es un golpe contra la imagen de la anterior administración, advierte González Ruiz. “Habrá que ver si realmente tiene consecuencias para ella o se queda al nivel de una mera advertencia mediática. Hasta ahora Fox sigue gozando de prebendas e incluso de apoyo institucional del nuevo gobierno. Carlos Abascal, Francisco Salazar Sáenz y otros de sus principales colaboradores gozan de la protección de Espino”.

Agrega que el trasfondo político es el deslinde de la nueva administración con la anterior. Aunque advierte que hay un trasfondo social –que se refiere a los abusos, injusticias y crímenes contra los trabajadores y en particular contra los mineros–, el investigador asegura que la intención del gobierno calderonista no es hacer justicia ni mejorar las condiciones de vida de ese sector, sino sólo nutrir sus filas oficialistas con los que fueron perseguidos políticos de Fox.

“Si realmente se quisiera hacer justicia, su peso debería caer sobre Fox, Abascal y Salazar Sáenz, entre otros, cuyos abusos fueron públicos y notorios. En lo que concierne al manejo político y mediático de Fox contra Gómez Urrutia, resulta que los panistas que lo sustituyeron en el poder por fin se pudieron dar cuenta de lo que para todos era evidente y a la impunidad de que gozan los empresarios y los funcionarios y ex funcionarios panistas.”

Edgar González Ruiz considera que la pretensión oficialista es ganar legitimidad. “Así tratarán de manejarlo los mismos medios y comunicadores que ayer seguían las líneas que les dictaba Fox. Sin embargo, los sectores populares están resintiendo los efectos de una política contraria a sus intereses, incluso más que en la época de Fox. A ellos no se les podrá engañar con una sencilla maniobra mediática y, por lo tanto, Calderón no gana legitimidad alguna ante ellos”.

Año V No. 53 Junio 2007

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