Fraude fiscal de la familia Gómez Casso

La situación fiscal de Oralia Casso Váldes es incierta. Y es que la esposa de Napoleón Gómez Urrutia fue requerida por el Servicio de Administración Tributaria el 17 de abril de 2006. El motivo: debía presentar su comprobación fiscal del ejercicio 2004.

El edicto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, también inquiría a Juan Linares Montúfar y José Ángel Rocha Pérez, ambos cercanos colaboradores de Napito e integrantes del Sindicato Minero.

Los tres contribuyentes contaban con 15 días hábiles para entregar la documentación necesaria; sin embargo, hasta la fecha se ignora si cumplieron con sus obligaciones tributarias, pues la información es considerada como reservada de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La notificación señalaba que Casso Valdés no está dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, por lo que fue requerida en su domicilio de Calzada Del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León. La Secretaría de Hacienda no ha aclarado aún cuál es la fuente de ingresos de Oralia Casso.

Además, advertía que la información y documentación debía ser presentada de manera completa, correcta y oportuna dentro del plazo de 15 días. La solicitud versaba sobre sus declaraciones anuales, copias contables de las actividades económicas que desempeña, el monto de sus ingresos y de retenciones de impuestos, si ha prestado sus servicios a empresas o asociación civil, o es socia, accionista o miembro de algún consejo.

Hasta ahora, la dependencia tampoco ha informado para qué se ocupó ese dinero, aunque ya hay versiones de que se destinó al pago de tarjetas de crédito de los hijos de Napoleón Gómez Urrutia, la compra de obras de arte, propiedades y transferencias a otras cuentas ubicadas en paraísos fiscales.

Consultados sobre la situación fiscal de Casso Váldes, Linares Montúfar y José Ángel Rocha Pérez, funcionarios del SAT –que prefieren no revelar su identidad por temor a represalias– indican que los expedientes están en reserva. Hasta el cierre de esta edición, Hacienda no aclaró si fueron pagados los impuestos demandados.

El requerimiento del SAT se dio justo después de presentadas las denuncias de mineros sobre el desvío de fondos por 55 millones de dólares, recursos que de acuerdo con la PGR fueron transferidos del sindicato a cuentas personales de Gómez Urrutia y de sus familiares y colaboradores cercanos.

Según las investigaciones de la PGR, los fondos obtenidos presuntamente de manera ilegal por el líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, ingresaron a varias cuentas bancarias de su esposa para dispersarse en diversos países.

Las autoridades detectaron al menos 19 cuentas bancarias de Oralia Casso Valdés, radicadas en México y en el extranjero, en las que la esposa del líder minero recibía fondos presuntamente relacionados con el sindicato. En algunos casos, esas cuentas eran usadas como puentes, es decir, exclusivamente para hacer transferencias a otras cuentas.

Como ejemplo baste citar una de las transacciones de la cuenta número 37498026-140, a nombre de Oralia Casso Valdés, radicada en el ING Bank de Ginebra. El 9 de julio de 2005 la esposa de Gómez Urrutia transfirió 50 mil dólares a otra cuenta en el Royal Bank of Scotland, con sede en la Isla de Jersey.

Apenas unas horas después, los mismos fondos se desplazaron a otra cuenta cuyo titular se desconoce, en el Commonwealth Bank de Las Bahamas.

Transacciones similares se registraron en dos sucursales del Citibank, una en Ginebra y otra en Madrid, y en dos filiales de Lloyd’s Bank, de Londres. Todas las operaciones, que se realizaron a nombre de Oralia Casso canalizaron fondos a cuentas en Las Bahamas, Islas Caimán, la Isla de Jersey y la Isla de Man.

Año V No. 53 Junio 2007

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