“Reforma” hacendaria integral o pedestre ratón miscelánico calderonista

Marcos Chávez M.*

Prometió impulsar la dilatadamente esperada y siempre frustrada reforma fiscal integral. Sin embargo, al final, Felipe Calderón Hinojosa (FCH) parió un humilde y escuálido ratón misceláneo. Es innegable que la iniciativa le proporcionará al gobierno un monto adicional de ingresos tributarios que atemperará las presiones financieras que sufre actualmente el Estado. Pero decir que tal iniciativa constituye una ambiciosa reforma hacendaria, como sostienen los calderonistas, no es más que una falaz exageración. Porque la cuantía de los recursos esperados y la naturaleza de los cambios propuestos en nada contribuirán a resolver las contradicciones, los desequilibrios y limitaciones que enfrenta la política fiscal y la estructura de la hacienda pública que impiden que el Estado pueda cumplir sus compromisos con el desarrollo nacional, abandonados hace 25 años: atenuar los efectos perniciosos de las fases recesivas del ciclo económico, estimular el crecimiento a largo plazo, el empleo formal, el bienestar y la infraestructura productiva y promover la equidad tributaria por medio de una política tributaria progresiva, en el contexto de una democracia participativa.

De manera benévola, la iniciativa puede considerarse simplemente como recaudatoria, “centavera”. Se ciñe tesonera y empecinadamente al canon capitalista neoliberal: es deliberadamente regresiva e inequitativa, ya que, fundamentalmente, mantendrá incólume los privilegios fiscales de las empresas, en especial de las grandes, y las personas físicas de altos ingresos. En cambio, los costos de los diversos gravámenes que se proponen imponer o aumentar, así como la sustitución del crédito al salario por el subsidio al empleo, recaerán sobre los sectores de medios y de bajos ingresos de la población, cuyas remuneraciones y niveles de vida se verán aun más afectados.

Los ajustes fiscales propuestos evaden los problemas esenciales y se reducen a tratar de otorgar un mayor margen de maniobra al segundo gobierno de la belicosa extrema derecha confesional panista, con el objeto de enfrentar los voraces, crecientes y explosivos costos asociados al servicio de los pasivos (intereses y amortizaciones) llamados “requerimientos financieros del Estado”, cuyo saldo total, para marzo de 2007, es de 3.4 billones de pesos (bp). Entre ellos destacan los anticonstitucionales rescate bancario y las obras públicas realizadas por los empresarios (los Pidiregas), sumados a la exorbitante y ascendente deuda estatal interna tradicional y las pensiones de los empleados gubernamentales unilateral y autoritariamente privatizados, que mantiene en las calles a dichos trabajadores, ante la furiosa impotencia pavloviana del cavernícola director del ISSSTE, Miguel Angel Yunes, que babeando por sus fauces, desea resolver el problema a palos.

El horizonte de los cambios fiscales es limitado en el tiempo: lo que resta del calderonismo, en aras de evitar el riesgo de una crisis fiscal. FCH optó por endosarle a un futuro gobierno la eventual posibilidad de impulsar una verdadera, democrática y consensuada reforma fiscal integral que responda a los intereses de la nación y no a los de la parasitaria y sierva burguesía nacional, de los capitalistas extranjeros y parte de los sectores medios de la población.

De manera desmedida y engañosa, FCH sólo ve virtudes a su paquete fiscal y busca convencer al coro para que la respalden. A la remisa oposición leal del Congreso (priístas, verdes, elbistas), siempre solícita a vender sus servicios, trata de comprarla manteniendo intocados sus privilegios como legisladores y ofreciéndoles distribuir parte del botín de los ingresos adicionales a los estados y municipios, sin una seria supervisión y severa sanción que cuiden el destino de los recursos tributarios. A la chusma, próxima víctima propiciatoria, con sonrisa sardónica, le dice que los mayores impuestos y la “austeridad republicana” servirán para consolidar las finanzas públicas, el crecimiento económico, el empleo, el bienestar y la atención social.

Aunque sus iniciativas, que involucra el control del gasto corriente, no afectarán los obscenos e insultantes emolumentos del autócrata, la familia real y su corte de íntimos funcionarios, ni los de los poderes legislativo y judicial, ni los gobernadores y presidentes municipales. Tampoco dice que la eficiencia y la calidad de los servicios públicos seguirán desastrosas, porque el grueso de los recursos se destinará a cubrir los requerimientos financieros ilegales y los sobrantes, dosificados, a la atención ciudadana. Ni agrega que su propuesta de la inversión física pública bianual no aclara el papel que jugará el inconstitucional sector privado que, ante el silencio de FCH, podrá seguir considerándola como botín.

A los depredadores fiscales, los empresarios, les guiñe el ojo y les dice, “amenazadoramente”, que ahora tendrán que cumplir con sus compromisos tributarios, a riesgo de sufrir sanciones penales, aunque no propone nada serio para cerrar las puertas al deporte de la elusión y evasión de los gravámenes. Pese a ello, el sector privado se muestra inquieto, porque no les agrada, ni de broma, les toquen sus bolsillos ni con el pétalo de una rosa.

En el juego de espejos, Agustín Carstens, titular de Hacienda, define el paquete como “más justo, fuerte, eficaz y transparente, con rostro humano”. Ufano, Alejandro Werner, subsecretario de Hacienda, añade que, de aprobarse, México tendrá finanzas públicas sostenibles en el mediano plazo, el riesgo país disminuirá y el costo financiero del gobierno federal se reducirá.

Guillermo Ortiz, del banco central, señala que la reforma hacendaria planteada está “bien pensada” y dentro de las restricciones políticas “está bien encaminada”. Pero, cauteloso, agrega que se necesita recaudar más del 3 por ciento del PIB para atender las desigualdades en el país, que aún es prematuro pronosticar si tendrá un impacto en la inflación, y que México necesita elevar su potencial de crecimiento a tasas mayores a las registradas actualmente.

Una cosa es la perorata para consumo público y otra los alcances de la iniciativa calderonista. Una cosa será tirar la red para capturar a contribuyentes que actualmente eluden y evaden al fisco, como son los pequeños y medianos contribuyentes, parte de los cuales han sido obligados a sobrevivir en la informalidad, los expulsados del mercado laboral formal por el neoliberalismo, y alguno que otro desprevenido tiburón empresarial. Otra cosa tomarse en serio los endebles y risibles argumentos con que FCH quiere vendernos su engendro, que aparenta cambiar todo para que no se modifique nada la antisocial política fiscal impuesta desde 1983 que, con cada ajuste, empobrece aún más los ingresos, los bolsillos y los niveles de vida de las mayorías.

En substancia, la iniciativa de FCH y sus chicago boys tiene un fin: obtener, como sea, primero 150 mil millones de pesos (mmp) más y, después, 300 mmp (3 por ciento del PIB). ¿Cómo pretende obtenerlos? ¿Para qué quiere esa “morralla”? ¿Cuáles serán los efectos sobre la las finanzas públicas, el papel del Estado, la sociedad, la economía y el desarrollo? ¿Qué implica el paquete fiscal? ¿Representa la esperada “reforma fiscal integral”?

Desde luego tales recursos no se obtendrán a través de una política fiscal progresiva, gravar más a quienes más ganan y concentran la riqueza nacional, las grandes empresas y sectores de altos ingresos (10-20 por ciento de la población), porque la tasa marginal del ISR para quienes ganan más de 100 mil y 500 mil pesos mensuales se mantiene casi intacta (pasaría de 23.79 por ciento a 24.64 por ciento y de 27.18 por ciento a 27.33 por cietno, respectivamente). La propuesta no elimina los regímenes especiales que favorecen, por ejemplo, a las grandes empresas agroindustriales, transportistas, los grupos financieros o corporativos. No reduce las dadivosas deducciones tributarias y las modificaciones sugeridas para atacar la evasión de impuestos son restringidas. Así, la mayoría de esos grupos seguirán pasando por la vida sin pagar gravámenes o sólo de manera accesoria, gracias a sus posibilidades de elusión, omisión o evasión en el pago de impuestos. No afecta las operaciones bursátiles cruzadas. No elimina la consolidación de empresas. No cambia ni discrimina la deducción de la depreciación acelerada de las inversiones. No se propone algún impuesto ambiental que inhiba los graves daños ecológicos.

Los ingresos se obtendrán por otras fuentes, básicamente:

1. La sustitución del impuesto al activo (ia) por la “contribución empresarial de la tasa única” (cetu) (de 16 por ciento en 2008 y 19 por ciento en 2009), que gravaría a todos los pagos de los factores pero no el ingreso neto de las empresas que pueden acreditarlo contra el ISR (no afecta las inversiones y gastos de capital). El cetu incorporaría algunos segmentos excluidos por el ia (ciertas compras y servicios) que posibilitan la elusión o evasión, e incorporaría al padrón a nuevos contribuyentes (profesionistas, alquileres o rentas, entre otros).

2. La aplicación de una tasa de 2 por ciento a la “informalidad” (depósitos bancarios en efectivo por 20 mil o más pesos mensuales).

3. Como no se atrevieron a imponer el IVA a alimentos y medicinas, se opta por imponer un gravamen especial y local a venta final de algunos bienes que ya lo tienen (gasolinas y diesel, bebidas alcohólicas y tabacos, entre otros), cuyos beneficios se repartirían entre estados y municipios (la “zanahoria” para asegurar su apoyo a los cambios fiscales.

4. La risible y simpática carga de 50 por ciento a las pinturas en aerosol, sólo para fastidiar a altermundistas, grafiterios y demás (¿quién dice que los calderonistas no tienen sentido del humor?). Seguramente un impuesto a mascotas (perros y gatos, por ejemplo) generaría más recursos y, quizá, contribuiría a la mejoría ambiental.

Las tasas propuestas nada tienen que ver con la búsqueda de revertir la inequidad que caracteriza a la política tributaria. En el mejor de los casos, afectaría a los sectores medios que, ciertamente, parte de ellos, eluden al fisco.

Un ejercicio realizado por el economista Mario di Costanzo muestra que el intento por sustituir el crédito al salario por el subsidio al empleo será más regresiva, porque lo resentirán los trabajadores que perciben hasta 20 mil pesos mensuales, ya que este último será menor y decreciente comparado con el primero (el ISR adicional que los grava se elevaría de 2.27 por ciento) para quienes reciben hasta 10 mil pesos a 2.72 por ciento hasta 20 mil; a partir de ese momento decrecerá y los que ganan 500 mil o más será de 0.17 por ciento. La Jornada, 1/07/07).

Los ingresos adicionales previstos son similares a los cálculos estimados por la evasión fiscal (el total es estimado en 4 por ciento del PIB, cerca de 366 mmp; en el caso del ISR 134 mmp y en el IVA 114 mmp). El ITAM, uno de los semilleros de los Chicago boys autóctonos que maquilan para Hacienda, calcula que en 2004 el 80 por ciento de las personas físicas con actividades empresariales evadía el pago del ISR (61 mmp; su potencial lo estimaron en 76 mmp), y en el caso de los arrendamientos llegaba a 69.6 por ciento (16 mmp).

Si Hacienda hiciera su trabajo, se hubieran ahorrado su parto en los montes, su enredada propuesta fiscal que en poco contribuirá a simplificar y elevar la eficiencia en el pago de gravámenes que obligará a la doble contabilidad a los pequeños y medianos contribuyentes. ¿No sería más fácil imponer sanciones legales serias a quienes incumplan con sus compromisos tributarios, sobre todo a los grandes evasores, así como  destituir y castigar y a las autoridades hacendarias remisas con sus funciones e involucradas en los procesos de elusión, evasión y corrupción?

Supuestamente, el ajuste manifiesta su preocupación por la dependencia y vulnerabilidad de los ingresos petroleros (en 2006 aportaron el 35 por ciento del total del gobierno federal). Pero la iniciativa no plantea nada para modificar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex), pese a la brutal expoliación que ha sido sometido, sobre todo desde 1998 a la fecha, y el agotamiento de las reservas convencionales de hidrocarburos.

Entre 1998 y 2006 las ganancias acumuladas de Pemex antes del pago sumaron 3.1 bp, gracias a los altos precios del crudo. Paradójicamente, con excepción del último año citado, siempre arrojó pérdidas después de cubrir sus gravámenes (2.8 bp): 200 mmp acumuladas, lo que explica su oneroso endeudamiento externo, su incapacidad para llevar a cabo sus planes y revertir el deterioro de las reservas de crudo tradicionales (que sólo durarán hasta 2016) y la creciente participación privada (los Pidiregas). 

Los ajustes en la estructura de los ingresos y egresos gubernamentales de disímil profundidad y calidad parecen tener una racionalidad: asegurar la capacidad de pago de los “requerimientos financieros”, en especial el rescate bancario (699 mmp) y los Pidiregas (656 mmp) y la deuda pública interna tradicional (1.2 bp). La “austeridad” en los egresos seguirá afectando la pésima calidad de los servicios públicos y no alcanzará a las prebendas de los responsables de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y estatales.

Los sobrantes que queden serán para el bienestar social y la inversión productiva pública. La supuesta “vigilancia” y “supervisión” —tarea que corresponde al Congreso— de las actividades públicas, a través de la creación del Consejo Nacional de Evaluación, es otro sarcasmo de FCH, porque será controlada por el propio gobierno y los especialistas a los que pagará generosamente. El principal violador de las leyes aspira a vigilarse a sí mismo.

De aprobarse el paquete calderonista, en poco ayudará sacar del estancamiento a los ingresos promedio totales del Estado (en 1982 equivalió a 12.2 por ciento del PIB y en 2006 a 13.3) y mejorar el gasto, principal instrumento de ajuste (el total cayó de 17.7 por ciento del PIB a 12.3 por ciento y el programable, que excluye los costos financieros, de 11.2 por ciento a 8.6 por ciento; la inversión pública fija cayó de 2.3 a 1.1 por ciento).

FCH tampoco dice nada sobre la posibilidad de abandonar el obstinado y suicida mito neoliberal del balance fiscal cero, verdadera camisa de fuerza impuesta al Estado, y sustituirlo por un manejo más flexible, que acepte un déficit razonable en las épocas recesivas para tratar de estimular deliberadamente la reactivación productiva. Así, con la restricción monetaria y la austeridad fiscal desecha dos de los principales instrumentos anticíclicos.

La propuesta de FCH refrenda el autismo estatal en el corto plazo y una entidad pública minusválida incapacitada para cumplir con sus funciones rectoras. Las únicas capaces de promover el bienestar y el desarrollo como demuestran las experiencias de Estados Unidos, China, India y otras naciones. La apuesta por el ficticio “mercado libre” y la “creatividad empresarial” significa condenarnos al subdesarrollo.

*Periodista e investigador del Programa de Ciencia, Tecnología y Desarrollo, Colmex.

Año V No. 54 Julio 2007

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