Conclusión ISOSA-SAT-Oracle

Para autorizar un crédito por 52 millones de dólares que sirvió para financiar tres años de contratos ininterrumpidos de la compañía Oracle con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el entonces subsecretario de Hacienda, Agustín Carstens, encabezó los trabajos de un grupo de expertos que justificaron el costo y tiempo de ejecución de la llamada Plataforma Integral.

El crédito firmado con el brazo financiero del Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), exigió que se cubrieran muchos requisitos. Más allá del monto, para el organismo multilateral el proyecto con el gobierno mexicano formaba parte de los esfuerzos institucionales dirigidos a incrementar la recaudación y combatir la corrupción. La nueva plataforma de sistemas y servicios de telecomunicaciones en México serviría como ejemplo para otros países de América Latina.

Una carta al presidente del Banco Mundial firmada, precisamente, por Agustín Carstens, contiene los compromisos que México asumió al formar parte del proyecto. Por eso, al incumplir las metas de puesta en marcha del proyecto, Carstens exigió al jefe del SAT, José María Zubiría Maqueo, que permaneciera en su cargo. El discurso sobre las causas del retraso –que ya cumple más de siete meses– ha ido cambiando desde febrero pasado, cuando se confirmó el retraso crónico de los programas, sistemas y servicios de consultoría (outsourcing), contratados con People soft, la compañía que compró el gigante estadunidense Oracle.

A pesar de que Zubiría Maqueo ha dicho que podría sancionar y hasta inhabilitar al contratista por incumplimiento, pues simplemente los módulos de la Plataforma Integral “no se hablan entre sí”, no ha habido una respuesta ni una postura oficial sobre los retrasos que ya afectan a los proyectos de recaudación del país.

Otra interpretación del conflicto es que los retrasos son intencionales y que Zubiría Maqueo cuenta con un salvo conducto de impunidad, pues espera que al aprobarse la reforma hacendaria de Calderón, los sistemas se adapten a las nuevas reglas del juego tributario.

Sin embargo, lo más preocupante es la falta de información en torno al monto de los recursos que se han dirigido a este proyecto tecnológico, uno de los más caros de la administración pública.

Si bien los “números oficiales de la SHCP y el SAT aseguran que la inversión ejercida hasta 2006 no supera los 450 millones de pesos, funcionarios de las propias dependencias aseguran que el monto dirigido a solventar los problemas de la plataforma de Oracle ya rebasan los 450 millones de dólares.

Aún más, se trata de recursos que se han transferidos de las cuentas y fideicomisos creados para administrar de manera privada e irregular el cobro de los derechos aduaneros. Las políticas de adquisiciones de equipos y contratación de servicios para la Plataforma Integral del SAT tampoco están claras.

En contratos marco como el que se puso en marcha para el SAT, Oracle debió sujetarse a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. En todo caso, los comités de adquisiciones y técnicos del SAT debieron estar al tanto de las decisiones para la inversión de recursos. Pero aparentemente eso no sucedió. Aún más, Felipe Calderón tendría que solicitar al secretario de Hacienda una explicación clara del dinero involucrado, sobre todo luego de que publicó en el Diario Oficial de la Federación su Decreto de Austeridad para ahorrar más de 25 mil millones de pesos en 2007, al limitar las compras de tecnologías y equipos en las dependencias del sector público. Otra vez el sector hacendario es la excepción a toda regla.

Los editores

Año V No. 54 Julio 2007

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