Asalta la banca privada al campo mexicano

La banca privada entra al campo protegida por los fondos públicos que el gobierno federal destina al sector. Organizaciones campesinas advierten que la operación de 6 mil millones de pesos en el Fondo Nacional Mutualista de Productores de Maíz y Frijol servirá para financiar a las instituciones crediticias

Erika Ramírez

La alianza entre el gobierno federal y la banca comercial para constituir el Fondo Nacional Mutualista de Productores de Maíz y Frijol (Fonamu), que involucra el manejo de 6 mil millones de pesos, terminará por subsidiar las arcas de los grupos que controlan el sistema financiero mexicano. 

Especialistas y líderes de organizaciones campesinas afirman que el pacto firmado entre las secretarías de Agricultura y Hacienda, el Banco de México (BM) y la Asociación de Banqueros de México (ABM) no beneficiará a los pequeños productores, y representa una “competencia desleal” para Financiera Rural, las uniones de crédito, cooperativas y sociedades financieras populares. El 12 de junio pasado, los secretarios  de Hacienda, Agustín Carstens; Agricultura, Alberto Cárdenas, y el director de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Rodrigo Sánchez Mújica, se reunieron con el presidente de la ABM, Enrique Castillo; el representante de los agroindustriales, Jaime Yesaki, y el líder de la CNC, Cruz López Aguilar, para promover créditos a los productores a través de la banca privada.

El esquema indica que a través del Fonamu se pretende detonar un potencial crediticio hasta por 6 mil millones de pesos en beneficio de 1.2 millones de hectáreas. Un compromiso “histórico para enfocar las políticas agroalimentarias y de financiamiento rural hacia un mismo objetivo”, dicen las autoridades.

Con este tratado financiero el gobierno federal reconoce que luego de 13 años de negociaciones que dieron origen al TLC, los campesinos cayeron en crisis económica y apenas “se detectó la problemática que tienen los productores de maíz y frijol para ser sujetos de crédito”.

Los préstamos serán operados a través de los intermediarios financieros e instituciones bancarias que elijan las organizaciones campesinas, entre las que figuran socios de la ABM como HSBC,  Scotiabank, BBVA-Bancomer, Banamex y Banco Inbursa, entre otros.  

El esquema

Para el ejercicio del Fonamu el gobierno federal decidió que FIRA (entidad dependiente del BM) garantizará el pago del 71 por ciento de los créditos a través de la banca que seleccione el agricultor.

Otro 10 por ciento serán las garantías líquidas que presente el peticionario; un 10 por ciento más será respaldado por el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco, operado por la Secretaría de Agricultura) y la institución privada correrá con el 9 por ciento del riesgo, en caso de que el solicitante incumpla con su pago.

Víctor Suárez Carrera, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), dice que la estrategia del gobierno de Felipe Calderón contribuirá a financiar las operaciones de la banca comercial, con un menor impacto en el sector agropecuario.

“De nueva cuenta se crea un programa justo a las necesidades de la banca privada y el gobierno otorga todas las garantías. Esto parece prácticamente un subsidio, porque el riesgo que corren las instituciones es mínimo”, dice.

Suárez Carrera, representante de 60 mil pequeños y medianos campesinos, agrega que el Fonamu es una iniciativa “limitada”, pues calcula que sólo permitirá el acceso de 260 mil productores de maíz y frijol, cuando el universo es de 3 millones. “Ni el 10 por ciento contará con este beneficio”.

No obstante que el gobierno garantiza que con este diseño financiero se podrían apoyar a productores de las cosechas primavera-verano y otoño-invierno, el presidente de la ANEC dice que, por lo menos este año fiscal, a unos meses de que se eliminen las barreras arancelarias del TLC, no será así.

“La mayor parte de esos beneficiarios ya no van a ser los pequeños productores que cosechan en el ciclo primavera-verano y dependen del temporal, sino los productores de recogen su siembra en el ciclo otoño-invierno y que cuentan con sistemas de riego en los estados del norte del país”.

Cartera vencida

Uno de los problemas que ha caracterizado al sector agropecuario cuando asume compromisos crediticios es la inestabilidad de los precios en el mercado internacional y la falta de un sistema regulador interno. Es entonces cuando son vulnerables a caer en cartera vencida que a veces parece irrecuperable.

La deuda que contrajeron miles de campesinos con el extinto Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. y que significó la descapitalización del campo, con la crisis económica de 1994 y la firma del TLCAN, asciende a 23 mil millones de pesos por la entrega de 237 mil créditos.

Entre los grupos que no han podido saldar sus cuentas con la banca de desarrollo y privada se encuentra el Barzón, la Unión Nacional de Productores Agropecuarios, que actualmente adeuda 25 mil millones de pesos a las instituciones de crédito. Esta organización surgió luego de que cientos de miles de personas dedicadas a actividades agrícolas carecieran de liquidez y de rentabilidad de sus unidades productivas, económicas y familiares, e incumplieron con las instituciones financieras.

Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente de El Barzón, considera que el Fomanu es una iniciativa “muy limitada, porque lo que buscan los agricultores es que se constituya un fondo nacional de garantías. Lo más conveniente para el desarrollo agropecuario es juntar todos los fideicomisos existentes, en todas las entidades del gobierno, sumarlos a los subsidios y conformar un plan de desarrollo agroalimentario”.

Además de éstas estrategias, el dirigente dice que “lo que necesitamos, y es algo que no quiere entender el gobierno, es infraestructura: bodegas, sistemas de riego, esquemas adecuados de comercialización, reducción de precios de cabotaje, vías de ferrocarril y sistemas de almacenamiento”.

A la fecha, la organización continúa con 150 mil productores endeudados y consignados al Buró de Crédito. En 13 años, ha logrado resolver 175 mil negociaciones que ascienden a 200 mil millones de pesos. “Esto es el resultado de una enrome sequía financiera, que desafortunadamente no se resuelve con este fondo mutualista”, ultima Ramírez Cuellar.

El Barzón, a través de su página de internet, señala que la crisis en el sector agropecuario se agudizó en el gobierno de Carlos Salinas con la apretura “indiscriminada” del TLC, la liberalización de la tasa de interés bancaria y la privatización de la banca mexicana. 

La Unión de Nacional de Productores Agropecuarios señala que las instituciones financieras se entregaron a personas ligadas al quebranto de la bolsa de valores, “casabolseros”, que no tenían experiencia en manejo de bancos, ni escrúpulos.

“Estos tres elementos originaron que el hilo se rompiera por lo más delgado, el sector rural, el campo mexicano, y se inició una política de despojo brutal por parte de las instituciones bancarias, apoyados con toda la fuerza del Estado”, dice.

Bancos, sí

En contrapartida, Héctor Padilla Gutiérrez, presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, apoya la creación del Fonamu, y argumenta que la activación del sector no debe depender sólo del erario público.

“Las políticas públicas para el campo deben ir acompañadas con presupuestos y un fuerte impulso al financiamiento; es imposible resolver los problemas sólo con dinero  público. Esperemos que lo firmado se convierta en acciones concretas con recursos crecientes”, indica.

Sin embargo, el legislador acepta que el sector agropecuario no está totalmente capacitado para cubrir con los requerimientos de la banca y plantea desarrollar medidas que simplifiquen los costos de producción de los agricultores. “Esto le dará a los productores una mayor capacidad de cumplimiento en las obligaciones que adquieran con las instituciones”.

Para que la banca no corra demasiados riesgos en el otorgamiento de los créditos, las estrategias gubernamentales cubrirán el 91 por ciento de los empréstitos. Sin embargo, ante el incumplimiento de pago por parte del productor, éste “quedará fuera del programa y dejará de ser elegible para el siguiente año”.   

Ricardo Ron Siordia, tesorero de productores de maíz en Jalisco por la CNC, coincide con el representante de su partido en la Cámara de Diputados, pero advierte que el mayor apuro que corren los productores de maíz y de frijol es no cubrir la deuda.

“El mayor riesgo es que yo no pueda cumplir mi compromiso, porque el mercado internacional es ventajoso ante el de nosotros; por eso es necesario hacer agricultura por contrato, cubrirnos en el precio, en la producción y asegurarnos. El riesgo hay que pagarlo, ni modo”, enfatiza el representante de 32 mil familias dedicadas al cultivo del maíz en Jalisco.

Año V No. 54 Julio 2007

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