El lastre de la deuda interna

Entre sus primeras acciones, el gobierno de Felipe Calderón contrae una deuda interna por 240 mil millones de pesos. Al finalizar el ejercicio fiscal 2007, este pasivo incrementará los 31 mil pesos que de por sí ya debe cada mexicano

Erika Ramírez

La deuda pública por más de 200 mil millones de pesos, contratada por el gobierno federal en diciembre de 2006, representa un “lastre” para la economía nacional. Especialistas en la materia advierten que ésta podría incrementar los 31 mil pesos per cápita que ya debe cada mexicano, incluidos los recién nacidos.

De acuerdo con la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, en el artículo referente al endeudamiento público, el Congreso de la Unión autorizó un monto neto de 240 mil pesos para esta operación.

Fue a finales de diciembre del año pasado cuando el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 453 votos a favor y cero en contra el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, cuya cifra total asciende a 2 billones 260 mil 412 millones de pesos.

El Poder Legislativo decretó que “se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley General de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 240 mil millones de pesos”.

Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, señala que esta operación “es un lastre. Se va haciendo cada vez mayor el peso para las finanzas públicas. El costo de la deuda para este año es una cifra histórica, aproximadamente 260 mil millones de pesos tan sólo en intereses”.

El experto en materia económica señala que el superávit que presumen las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Agustín Carstens, no va de acuerdo con los compromisos financieros que se adquieren anualmente y que repercuten en los bolsillos de los mexicanos. 

“Si las cifras que dan fueran ciertas entonces no hay razón de que exista un endeudamiento. Estamos viendo el resultado de que el gobierno o las autoridades de Hacienda tomen el déficit económico y no presten atención a los requerimientos financieros del sector público. Esto quiere decir que en realidad el déficit del gobierno anda por los tres puntos del PIB (Producto Interno Bruto)”, explica.

Al 30 de enero de este año, la SHCP anuncia en su comunicado 008/2007 que “durante 2006 se obtuvo un balance público superavitario en 21 mil 647 millones de pesos, monto equivalente a 0.23 por ciento del PIB estimado y que supera el equilibrio presupuestario establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 (PEF 2006).

“Lo anterior es debido a la aplicación de las reglas de distribución de los ingresos excedentes establecidas en el mismo decreto. Al considerar las erogaciones para cubrir el Programa de Conclusión de la Relación Laboral (CRL), el superávit público se ubicó en 9 mil 767 millones de pesos (0.11 por ciento del PIB estimado). No se había alcanzado un superávit público desde 1996”, apunta el documento.

Di Costanzo agrega que hay algo muy “grave” en la propia Ley de Ingresos, que se refiere al déficit de intermediación financiera. “En ese artículo propiamente sin decirle al Congreso, explícitamente, se está aprobando un déficit a la Banca de Desarrollo que al final de cuentas genera deuda y esa es la razón por la que el gobierno tenga que recurrir al endeudamiento”.

Impacto social

El legislador perredista Carlos Altamirano Toledo, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, coincide con Di Costanzo en que el endeudamiento asumido por el ejecutivo federal representa un obstáculo para los mexicanos y agrega que éste es un “maquillaje” del gobierno de Felipe Calderón para hablar de que en el país existe una economía sana.

“Esta propuesta que mandó Felipe Calderón a la Cámara es un maquillaje porque por un lado se endeuda el gobierno federal y por otro se habla de equilibrio presupuestal”, dice el diputado del Partido de la Revolución Democrática.

Para Altamirano Toledo el compromiso asumido por la Hacienda Pública repercute en una deuda que no se ha podido superar desde sexenios pasados y esto “compromete aún más el futuro de todos”.

Y es que de acuerdo con el análisis del secretario de la Hacienda Pública del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, cada mexicano tiene una deuda de aproximadamente 31 mil pesos, desde el momento de su nacimiento.

Di Costanzo explica que de acuerdo con el cuarto informe de las finanzas públicas del año pasado, la deuda neta total de la economía o del sector público es de 3.2 billones de pesos aproximadamente, lo que significa el 40 por ciento del PIB.

El analista expone que según los reportes de la SHCP, en 2000, cuando inició Vicente Fox su mandato, cada mexicano debía 23 mil 58 pesos, sin embrago, con el incremento de la deuda adquirida por el gobierno federal esta cifra subió a 31 mil pesos, es decir que en seis años hubo un aumento de 7 mil 942 pesos per cápita. 

Deuda IPAB autorizada

Otro de los señalamientos que hace Mario Di Costanzo es la autorización que hubo por parte del Congreso para que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) contrate créditos o emita valores.

El texto de la Ley de Ingresos señala que esta aprobación es “con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras”, para hacer frente a sus pagos, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus compromisos.

Para llevar a cabo estas operaciones, el Banco de México, que preside Guillermo Ortiz, será el “agente financiero” del IPAB y realizará la emisión, colocación, compra y venta, en el mercado nacional, de los valores representativos de la deuda del instituto y, “en general, para el servicio de dicha deuda”. El banco central también podrá operar por cuenta propia con los valores referidos.

Al respecto, Di Costanzo señala que la aprobación al endeudamiento del instituto tiene un impacto muy grave. “Para nosotros, parte de lo que hay en el IPAB no es legal, y cuando le das la oportunidad a que el gobierno recapitalice esos pasivos estás refinanciando una ilegalidad. Ese artículo le permite lavar deuda”.

Déficit en la banca de desarrollo

Entre sus cuestionamientos se encuentra otro a los párrafos de la Ley de Ingresos que permite la operación de la banca de desarrollo con un déficit de más de 35 mil millones de pesos. Al respecto, el analista financiero critica que no se haga explícito cómo va a ser el crédito neto otorgado al sector privado y cuánto va a ser el déficit de operación.

“Por qué aceptar que la banca de desarrollo deba operar con un déficit. No le dan datos al Congreso de ello. Estos pequeños endeudamientos son los que al final de cualquier deuda te genera requerimientos financieros, que son de los que no informan pero existen y requieren de recursos para su servicio. Estos son los que te obligan a irte a un endeudamiento de 240 mil millones de pesos”, dice.

En el decreto “se autoriza a la banca de desarrollo y fondos de fomento un monto conjunto de déficit por intermediación financiera, definida como el crédito neto otorgado al sector privado y social más el déficit de operación de las instituciones de fomento, de 35 mil 986.8 millones de pesos, de acuerdo con lo previsto en los Criterios Generales de Política Económica para 2007 y a los programas establecidos en el Tomo V del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007”.

El monto autorizado a que hace referencia el párrafo anterior podrá ser adecuado previa autorización del Consejo de Administración del banco o fondo de que se trate y con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; debiendo informarse al Congreso de la Unión cada trimestre sobre las modificaciones que, en su caso, hayan sido realizadas.

Carlos Altamirano comenta que “es necesario que el gobierno federal actúe con responsabilidad y transparencia, porque la deuda asumida por el gobierno federal traerá como consecuencia el detrimento de la bolsa de los que menos tienen”.

Año IV No. 49 Febrero 2007

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