Ilegal y absurda la propuesta de Tinoco al IPAB

Mario Di Constanzo

Calderón responde a los intereses de los banqueros para no investigar el Fobaproa al proponer la ratificación de Héctor Tinoco como vocal ejecutivo del IPAB

Con la designación de Héctor Tinoco como vocal ejecutivo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Felipe Calderón garantiza a los banqueros que no tocará el tema del rescate bancario, por lo que al igual que sus antecesores (Ernesto Zedillo y Vicente Fox) evitará que las operaciones ilegales se esclarezcan y que los culpables se mantengan en la más absoluta impunidad.

Resulta absurdo que el presidente Calderón haya propuesto la ratificación de Tinoco para seguir ocupando un lugar en la Junta de Gobierno del IPAB, cuando a principios de 2003 el ahora presidente de la República se desempeñaba como coordinador de la diputación panista y abiertamente se opuso al nombramiento de Tinoco como vocal de ese instituto, a quien en ese momento proponía Vicente Fox.

Las razones de la oposición al nombramiento de Tinoco se fundamentan en que participó en el Comité Técnico del Fobaproa y, por lo tanto, tiene un grave conflicto de interés.

Sin embargo en 2003 el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, le ofreció a Calderón la dirección general de Banobras a cambio de que Tinoco fuera aceptado como vocal.

Más aún, hay que recordar que la Comisión para Investigar al IPAB, encabezada por senadores panistas, presentó el 9 de junio de 2006 una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública en donde acusa a la Junta de Gobierno del IPAB y a su secretario ejecutivo, Mario Beuaregard, de haber llevado a cabo la “conversión en deuda pública” de más de 72 mil millones de pesos (a valor histórico) de las operaciones denominadas como reportables en la auditoría que llevó a cabo Michael W. Mackey y que ordenó el Congreso.

Dicha denuncia fue entregada en la oficina de la Secretaría Técnica del entonces secretario de la Función Pública, por lo que el actual secretario Germán Martínez Cázares está obligado a informar sobre el curso de la denuncia y la atención que se le ha dado al asunto, como también a impugnar la decisión de ratificar a Héctor Tinoco, en virtud de que técnicamente es un “funcionario público” bajo un proceso de investigación.

En la denuncia presentada en junio de 2006 aparecen como denunciantes los ex senadores Luis Alberto Rico Samaniego, Jefrey Max Jones, Javier Corral Jurado, Miguel Ángel Navarro Quintero, Serafín Ríos Álvarez y Jorge Abel López Sánchez, entre otros.

Es importante recordar que tanto Tinoco como Gil Díaz están entre los funcionarios denunciados, en virtud de que pertenecían en ese momento a la Junta de Gobierno del IPAB.

¿Por qué la Ley impide que Tinoco sea vocal del IPAB?

Cuando el 12 de diciembre de 1998 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley del IPAB, en las consideraciones de la Comisión que dictaminó dicho ordenamiento, textualmente se señaló lo siguiente: “vital significado tiene para los integrantes de la Comisión que dictamina, resaltar la activa participación del Poder Legislativo en el proceso de evaluación y control de este organismo, dada su importancia social”.

Por lo anterior, la propia ley establece en sus artículos 74 al 79 que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario sería administrado por una Junta de Gobierno que se conformaría por siete vocales, el secretario de Hacienda, el gobernador del Banco de México, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cuatro vocales independientes.

La inclusión de los vocales independientes se realizó en virtud de que tal y como se señala en las consideraciones de la comisión que dictaminó dicha Ley, era de vital importancia para el Poder Legislativo tener presencia en la Junta de Gobierno del organismo que se haría cargo de asegurar los depósitos de los mexicanos y que además administraría el costoso rescate bancario.

Pero además de lo anterior, la inclusión de los vocales independientes fue necesaria en virtud de que paradójicamente quienes integrarían parte de la Junta de Gobierno del Instituto eran las mismas instituciones y por lo tanto podían ser hasta las mismas personas que formaron parte del Comité Técnico del Fobaproa.

Lo anterior, combinado con el mandato que la Cámara de Diputados le otorgó al IPAB a través del articulo 5 transitorio y que es en esencia la investigación de la legalidad de las actividades que realizó el mismo Fobaproa, se podría traducir en un conflicto de intereses para algunos integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB.

Tan es así que el Congreso decidió establecer en el artículo 2 transitorio el siguiente texto: Ninguna persona que haya sido secretario de Hacienda y Crédito Público, gobernador del Banco de México o presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y miembro del Comité Técnico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, de 1995 a 1997, podrá participar en la Junta de Gobierno del Instituto ni fungir como secretario ejecutivo del mismo. Así los vocales independientes son los “vigilantes activos del Congreso y de la sociedad en el manejo de la institución”.

De esta manera los artículos 78 y 2 transitorios de la Ley del IPAB establecieron los requisitos para ser vocal del instituto, y la palabra “independiente” estableció claramente su perfil, es decir ajeno al “rescate bancario”.

En este sentido, hay que recordar que en la propuesta original que el Ejecutivo federal hizo a principios de 1999, el Congreso rechazó a Ángel Palomino Hassbach porque fue el delegado fiduciario del Fobaproa.

El tiempo ha transcurrido y Calderón cree que no tenemos memoria, y tal parece que al Congreso no le es de vital importancia tener una participación activa en el seguimiento del IPAB, pues ha preferido callar ante la presencia de vocales independientes en la Junta de Gobierno del IPAB.

Carlos Isoard, quien supuestamente es vocal independiente del IPAB, aunque espera regresar al Banco de México al finalizar su gestión para poder reclamar su jubilación, ha sido reelegido.

Pero el jefe del Ejecutivo y la Secretaría de Hacienda, no conformes con tener a estos vocales “dependientes”, han propuesto a Héctor Tinoco para ser reelecto por otro periodo de cuatro años como vocal “independiente”. Sólo basta recordar que Tinoco formó parte del Comité Técnico del Fobaproa y además después de ese cargo fue vicepresidente de la CNBV y ha trabajado en el Banco de México. Lo anterior necesariamente implica un conflicto de intereses para Tinoco, quien actualmente es vocal de la Junta de Gobierno del IPAB y por tanto ha sido denunciado por los integrantes de la Comisión senatorial que investigó las operaciones de ese instituto y en tal virtud es un funcionario público bajo investigación.

Calderón si participó en Fobaproa

Es conveniente recordar que el 31 de marzo de 1998, cuando el presidente Zedillo envió a la Cámara de Diputados dos iniciativas cuyo objetivo era la desaparición del Fobaproa y la creación de dos organismos públicos: una generaba la Ley Federal del Fondo de Garantía de Depósitos, que sustituiría al Fobaproa en sus funciones de seguro de depósitos; la segunda iniciativa proponía la creación de una comisión para la recuperación de los bienes, encargada de administrar los pasivos del rescate bancario.

Esto implicaba aceptar que se convirtieran en deuda pública aproximadamente 552 mil 300 millones de pesos, que eran los pasivos derivados del rescate bancario.

Esto causó controversia entre los diputados, se rechazaron las dos propuestas y se preguntaban por qué tanto dinero. Se acordó realizar una revisión a la deuda y se aceptó desechar las iniciativas y crear una nueva que agrupara a las dos, lo que dio origen a la creación del IPAB, iniciativa promovida por el PAN y que se conoció como la “Ley Handam”. Era una ley gatopardiana, porque aparentemente cambiaba todo, pero todo lo dejaba igual.

El PRD se opuso porque con esa ley se convertía prácticamente en deuda pública la mayor parte de los pasivos derivados del rescate bancario. Lo que no se convertía y no se aceptaba como deuda pública era lo referente a los programas de capitalización y compra de cartera.

De esos 552 mil millones de pesos, alrededor de 400 mil millones se convertían en deuda pública y 150 mil millones eran sujetos a un proceso de revisión, punto definido en el artículo 5 transitorio del IPAB.

El 12 de diciembre de 1998, cuando se aprueba la Ley del IPAB, Felipe Calderón, como presidente del PAN, instruye y pide a sus diputados comandados por Carlos Medina Plascencia que saquen adelante la iniciativa. Los panistas más activos fueron Medina, Santiago Creel, Fauzi Handam y Diego Fernández. Es absolutamente ingenuo pensar que Calderón, como dirigente panista, no tuvo nada que ver en esa iniciativa.

Pero hay una triple falta de Calderón, porque no sólo instruye a sus diputados a favor de esta ley que prácticamente convertía en deuda pública una gran parte de los pasivos. Resulta que cuando llega como diputado federal -de 2000 al 2003-, este último año el debate sobre Fobaproa se centraba en el cumplimiento de la Ley del IPAB, que pretendía revisar esas operaciones por 150 mil millones de pesos a través del programa de capitalización y compra de cartera, y limpiar por lo menos una parte del rescate, pues la otra parte ya no se podía limpiar porque PAN y PRI habían aprobado esta deuda pública. En este punto, lo único que podían hacer era fincar responsabilidades a los funcionarios involucrados. Tenían que llevar a cabo dos acciones, por un lado, establecer los castigos y las denuncias correspondientes para los funcionarios responsables y, por el otro, dar cumplimiento al artículo 5 transitorio para descontar, limpiar y revisar esos 150 mil millones de deuda.

Como diputado, Calderón nunca hizo nada por llevar a cabo las denuncias ni obligar a que el IPAB cumpliera con el mandato. Una segunda responsabilidad, si hubiera estado en desacuerdo con el Fobaproa, era exigir que por lo menos una parte de la Ley del IPAB se cumpliera y se fincaran denuncias.

Cabe destacar que en la 57 legislatura se formó una comisión para investigar el funcionamiento del IPAB que presidía Handam, y su recomendación más importante publicada el 9 de agosto de 2000 era que se continuaran los trabajos de esta comisión en la siguiente legislatura.

Calderón, como coordinador de la bancada panista, no permitió que se creara una comisión, sino solo una subcomisión que no puede realizar su trabajo porque ni la dejan y ni tiene autoridad para hacerlo.

En 2001 la bancada del PRD presentó un punto de acuerdo para que se hagan públicos los bank report -los reportes de cada banco- que hizo el auditor Michael Mackey, en donde se decía que ni Banamex ni Bancomer calificaban para los programas de apoyo. Al presentar el auditor independiente, la bancada panista no apoyó la propuesta.

Cuando Calderón deja de ser legislador se va a Banobras. En ese entonces en la Cámara de Diputados se discutía el nombramiento de un nuevo integrante de la Junta de Gobierno del IPAB, y la propuesta del presidente era Héctor Tinoco, quien había formado parte del Comité Técnico del Fobaproa, lo que significaba un grave conflicto de intereses, porque no podía estar en el Comité Técnico y luego en el IPAB. Muchos diputados se opusieron a eso, entre ellos Calderón.

Luego se supo que éste había negociado su apoyo a Tinoco a cambio de Banobras. Tan es así que Calderón no reunía los requisitos para ser director general de Banobras. Si se revisa el artículo 24 de la Ley de Instituciones de Servicio, Banca y Ahorro y la Ley de Banobras, se establece que para ser director general es necesaria una experiencia de por lo menos cinco años en altos cargos financieros, experiencia que no tenía Calderón, pues sólo fue analista. Deja la Cámara y se genera el consenso entre PRI y PAN para que Héctor Tinoco entre como vocal ejecutivo del IPAB.

Calderón es culpable por acción cuando era presidente del PAN y por omisión cuando fue diputado. Además en todos los presupuestos de egresos fueron aprobados recursos al IPAB. Calderón perteneció a la Comisión de Presupuesto y siempre votó a favor de que se le dieran recursos, mientras que en el PRD se establecía un voto particular en contra, como forma para presionar y obligar a que se cumpliera la ley.

A la fecha, el IPAB no ha cumplido con la Ley, es un elefante blanco que ha violado la ley porque no se fincaron responsabilidades a los miembros del Comité Técnico del Fobaproa y tampoco se cumplió con el artículo 5 transitorio que da a la Cámara de Diputados facultades para revisar las operaciones del programa de capitalización y compra de cartera y, una vez revisadas, ver cuáles podrían ser aceptadas como deuda pública y cuáles rechazadas. La situación ha dado pie a que algunos se hayan beneficiado de créditos hipotecarios vencidos que pasaron al IPAB.

*Secretario de la Hacienda Pública del gabinete legítimo y encargado de la Comisión de la Verdad.

Año IV No. 48 Enero 2007

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