Solicitan arraigo contra Gil Díaz

El expediente que comprueba los malos manejos de Francisco Gil Díaz al frente de la Secretaría de Hacienda fue sepultado por funcionarios de alto nivel de la SFP, la PGR y la CNDH, a cambio de presuntos sobornos. El caso fue abierto recientemente por la ex funcionaria, Lilia Cortés, quien demandó penalmente por desacato a un mandato judicial y pidió el arraigo del hoy consejero de HSBC

Ana Lilia Pérez

En la Procuraduría General de la República se ventila una denuncia penal contra el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, por desacato a un mandato judicial que le ordenaba reinstalar en su cargo a la ex directora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos. La demandante solicitó el arraigo para Gil Díaz.

Hostigamiento, acoso y persecución padeció por más de cuatro años la ex funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; hoy la ex empleada de Gil podría hacer tambalear la carrera del ex funcionario foxista como consejero del Hong Kong Shanghai Banking Corporation Holdings (HSBC).

Previo al cambio de estafeta en el gobierno federal, Lilia Cortés García presentó una denuncia penal contra Gil Díaz por desacato a la orden de un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. El fallo determinó que el ex secretario debía reinstalarla en el puesto del que en agosto de 2002 fue injustamente despedida, tras su negativa a justificar cambios presupuestales, como por ejemplo del Ramo 33, en movimientos internos de la SHCP, sin que éstos pasaran por la aprobación del Congreso.

La resistencia a reinstalarla sucedió porque a partir del despido de ésta, ante dependencias y organismos nacionales e internacionales, denunció la trama tejida por Gil Díaz para manejar de forma discrecional el presupuesto federal en la administración de Vicente Fox, por medio de una maniobra ejecutada por Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, una ex funcionaria del Banco de México a quien Gil colocó como directora General de Programación y Presupuesto “A”.

Según cálculos de la demandante, durante tres años en la SHCP, Barra y Gómez Ortigoza manejó, sin tener atribuciones legales, alrededor de 4 billones de pesos del presupuesto federal, y autorizó alrededor de 90 mil oficios que, de comprobarse la “usurpación de funciones”, dejaría sin efecto la distribución de los recursos públicos que a partir de agosto de 2002 y hasta 2005 hizo la SHCP del 80 por ciento del presupuesto federal.

Lo anterior fue denunciado por Lilia Cortés desde 2003 (Contralínea 35) en la PGR, la SFP, la CNDH y el Poder Legislativo, lo cual provocó diversas reacciones, desde la atracción del caso por parte del Senado, hasta el encubrimiento de funcionarios de alto nivel de estas dependencias a los principales involucrados en el caso: Francisco Gil y Cecilia Barra, a cambio de presuntos sobornos.

En la SFP por ejemplo, aunque los órganos internos de control comprobaron –mediante auditorías– las ilegalidades denunciadas por Cortés García (Contralínea 43), los contralores se negaron a fincar responsabilidades y cerraron el expediente. El mayor cinismo se dio en la PGR, cuando, por recomendación de Gil Díaz al ex procurador Daniel Cabeza de Vaca, Barra y Gómez Ortigoza fue designada Oficial Mayor de la Procuraduría, pese a que fue denunciada penalmente por Lilia Cortés ante esa dependencia.

Paralelo a las denuncias penales contra los funcionarios de Hacienda, Lilia Cortés demandó su reinstalación ante un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Tras un juicio de casi tres años, radicado en la Primera Sala del Tribunal de Conciliación y Arbitraje -expediente 1418/03-, finalmente, en abril de 2005 un juez federal determinó que Gil Díaz debía reistalarla en su cargo.

A partir de julio de 2005, el juez solicitó al entonces secretario que la reinstalara como directora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos. Sin embargo, Gil Díaz hizo caso omiso y la SHCP presentó un amparo contra la disposición del Tribunal Laboral.

En abril de 2006 el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito (TTCC) falló a favor de la SHCP. Cortés García denunció que Cecilia Barra sobornó con 50 millones de pesos a los magistrados Héctor Arturo Mercado López, Alicia Rodríguez Cruz y Tarsicio Aguilera Troncoso en su contra.

Pese a la negativa de la SHCP de reinstalar a Cortés, en tres ocasiones el Juzgado Federal de Conciliación y Arbitraje falló a su favor, las mismas que desacató Gil Díaz.

En respuesta, Cortés García presentó en la PGR una nueva denuncia, integrada en el expediente 131 /UEIDCSPCAJ /06, y solicitó el arraigo de Gil Díaz por los delitos de “abuso de autoridad y desacato” (recurso previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo), y que podría derivar en el fincamiento de responsabilidades penales.

Sobre el recurso de arraigo Lilia Cortés comenta:

“El arraigo lo solicité a partir de que en mayo el Tribunal de Conciliación ordenó que Gil Díaz me reinstalara. El tribunal emitió tres acuerdos plenarios en los que le ordenaban la reinstalación y pago de prestaciones. Al darse el desacato de este mandato judicial, además de que incurrió en responsabilidad administrativa por abuso de autoridad, incurrió en desacato y esto origina una posible destitución.

“Posteriormente, el 9 de noviembre mandé un escrito al procurador para que se otorgara la prohibición a Gil Díaz de abandonar el país, en virtud de que no había respondido tanto a la averiguación previa por abuso de autoridad, como al desacato”.

Al respecto, Jorge Camargo Zurita, vocero de la PGR, confirma que la denuncia penal contra Gil Díaz sigue abierta.

Complicidades de alto nivel

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2002, el entonces presidente Vicente Fox reformó el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, por el que se derogaron las cuatro direcciones generales de Programación y Presupuesto, y se creó la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” y la Dirección General de Presupuesto “B”.

Como titular de la Dirección “A”, Gil Díaz nombró a Cecilia Barra, una economista jubilada del Banco de México. Al frente de la Dirección General de Presupuesto “B”, al también economista Pablo Reyes Pruneda; sin embargo, las nuevas direcciones encargadas del manejo del presupuesto federal no contaban con la normatividad, la estructura y los manuales de organización correspondientes.

Con estas deliberadas deficiencias administrativas, desde agosto de 2002 en la SHCP se registró un caos porque 570 funcionarios públicos asignados a las desaparecidas direcciones no tenían conocimiento de sus atribuciones ni sus obligaciones dentro de estas nuevas direcciones.

Las dos direcciones ejercieron el presupuesto federal sin las atribuciones jurídicas y normativas. Incluso, durante por lo menos cinco meses más, sus titulares emitieron oficios y dispusieron de los recursos federales a nombre de las cuatro direcciones extintas, según consta en la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2002, en la cual se convalida que en el informe de Gasto del Ramo 6, correspondiente a la SHCP, en el rubro relacionado con la unidad 414 “Dirección General de Programación y Presupuesto de Servicios”, aparece un gasto ejercido hasta diciembre de 2002 por las cuatro direcciones desaparecidas por el propio presidente cinco meses atrás.

Las irregularidades cometidas por los titulares de las dos direcciones (ejercer presupuesto a título de las direcciones ya inexistentes) fueron denunciadas por Lilia Cortés ante 47 autoridades nacionales en materia administrativa, laboral, jurisdiccional y de derechos humanos.

Primero en un oficio dirigido a la Presidencia de la República, luego mediante denuncia penal ante la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y en Contra de la Administración de Justicia de la PGR (A.P. 3745 /DDF /2002, renumerada en 2004 con el folio 42 /UEIDCSPCAJ /04 y radicada en la Mesa 28 de la delegación de la PGR en el Distrito Federal).

Cortés García acusa a Cecilia Barra de “ejercicio indebido del servicio público, amenazas, usurpación de funciones, desvío de recursos federales, peculado, robo y lo que resulte”.

El indebido ejercicio público de Cecilia Barra quedó documentado y comprobado por los órganos internos de control de la Secretaría de la Función Pública en la SHCP. Los contralores determinaron que Cecilia Barra “no tenía atribuciones legales y normativas para desempeñar sus funciones”.

En el documento 315-A-05530, por ejemplo, Gómez Ortigoza confirma: “esta Dirección General no cuenta con el Manual de Organización Específico de la Dirección General de Programación y Presupuesto ‘A’, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Guía Técnica para la Elaboración, Autorización y Registro de Manuales de Organización Específicos”.

Estos hechos son también faltas constitucionales: el artículo 126 indica que “no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior”, y el artículo 127 constitucional señala que los servidores públicos “recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empeño, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en los Presupuestos de Egresos de la Federación”.

Cuando la titular del Área de Quejas del OIC de Hacienda informaba a Lilia Cortés que Cecilia Barra había incurrido en “conductas infractoras”, ésta fue nombrada, por recomendación de Gil Díaz, oficial mayor de la PGR, y tres semanas después la funcionaria de la SFP se desistía de sus acusaciones.

La complicidad de funcionarios de la PGR y la SFP con Gil Díaz fue detectada también por el Senado de la República en la pasada legislatura, que incluso emitió un extrañamiento a los titulares de dichas dependencias.

El 15 de febrero de 2005, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo en el que exhortó al entonces procurador, Rafael Macedo de la Concha, que atendiera y resolviera “conforme a derecho” y “con las consecuencias legales a que haya lugar” las averiguaciones previas de las denuncias presentadas por Lilia Cortés.

También se pidió a Romero Ramos un informe de las diversas denuncias presentadas ante la SFP y ante el Órgano Interno de Control en la SHCP por Lilia Cortés, y de las acciones tomadas por la Secretaría de la Función Pública al respecto.

Los senadores pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que diera curso a la denuncia presentada por Lilia Cortés, por la violación a sus derechos humanos, laborales y civiles a raíz de que denunciara la corrupción y malos manejos en Hacienda.

Ninguna de las dependencias del gobierno foxista respondió favorablemente a la solicitud de los legisladores. Incluso para Lilia Cortés, una vez que se ventiló su caso, las agresiones, acoso y persecución de los que responsabiliza a Cecilia Barra, continuaron.

En abril de 2006, Contralínea publicó que los mismos funcionarios involucrados en el encubrimiento sobre las irregularidades de Cecilia Barra y, de manera indirecta, a Gil Díaz, recibieron millonarios sobornos por parte de Gómez Ortigoza, para que mantuvieran congeladas las denuncias de acuerdo con Lilia Cortés.

Los funcionarios que habrían recibido sobornos son el entonces secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes. Se acusa a la titular del Órgano Interno de Control de la SFP, Aída Amanda Córdoba Chávez, la contralora Dora Alicia Rodríguez López, y a Gabriel Antonio Fararoni Rodríguez, todos de la SFP.

En la CNDH, de acuerdo con documentos obtenidos por Cortés García, además de Soberanes Fernández, los funcionarios que habrían recibido sobornos, están la segunda visitadora general, Susana Talía Pedroza de la Llave; el director general de la Segunda Visitaduría General, Fernando Batista Jiménez; el director de área de la Segunda Visitaduría, Arturo González Piñón; y el visitador adjunto, Rodolfo Rueda Martínez.

En respuesta, como represalia, nuevamente Gil Díaz se negó a reinstalar a Lilia Cortés, a pesar del fallo favorable del juez de Conciliación y Arbitraje, incurriendo en desacato al Poder Judicial, y en omisión al Legislativo, que ya había pedido la reinstalación de la funcionaria.

Red de complicidades

Para mantener impunidad en sus malos manejos en la SHCP, en la distribución discrecional de los recursos públicos, el ex secretario de Hacienda y su directora general de Programación y Presupuesto “A” tendieron una red de complicidades entre funcionarios de alto nivel, encabezados por el presidente Fox, a quien Cortés García notificó de las irregularidades en octubre de 2002.

Además del ex secretario Eduardo Romero, el caso involucra a las contraloras, que aun comprobando los ilícitos se negaron a fincar responsabilidades

Ante el ex procurador Rafael Macedo de la Concha y el entonces oficial mayor Germán Gallegos, Cortés presentó las denuncias contra los funcionarios de Hacienda. Sin embargo, Gallegos fue denunciado por Cortés por recibir prebendas de parte de Cecilia Barra a cambio de que “influyera” sobre el curso que tenían las demandas que la involucraban a ella y a Gil Díaz.

En octubre de 2004, Cortés denunció penalmente al delegado de la PGR en el D.F., Ronaldo López Villaseñor; y al agente del Ministerio Público, Luis Cano Guerrero, (AP-192/DGDCSPI/04) por tráfico de influencias, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.

Y es que para mantener empantanada la denuncia de Cortés, en la delegación de la PGR en el D.F., luego de dos años –en los que sólo fue renumerada cinco veces la querella– López Villaseñor argumentó “incompetencia” y envió el expediente a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y en Contra de la Administración de la Justicia (UEIDSPAJ), en donde fue renumerada con el folio 42/UEIDCSPAJ/04.

El caso involucra, además de Cecilia Barra, a su entonces asesor José Conpi; su secretario particular, Rolando Méndez Chayeb; su coordinador administrativo, José Ricardez Pérez; la directora general de Recursos Humanos de la SCHP, Rosaura Velarde Rodríguez, y al coordinador administrativo de la Dirección General de Programación y Presupuesto “A”, David Aguirre.

En el cambio de estafeta del gobierno federal, Eduardo Romero dio carpetazo a las denuncias contra Gómez Ortigoza. Sin embargo, Lilia Cortés confía en que ahora Germán Martínez Cázares dará seguimiento a sus demandas, luego de que en la PGR se reactivó su caso.

Cortés García considera que las auditorías que se encuentran en la SFP y que oficialmente están archivadas en calidad de “reservadas” por los próximos 12 años, son clave en este caso. Así que, dice, “espero que como muestra de que se quiere transparentar esta nueva gestión, se consideren las irregularidades que arrastra la Secretaría de Hacienda para que su nuevo titular pueda tener una gestión clara”.

Cortés García recuerda que cuando Gil era titular de la SHCP, mediante un oficio, con carácter de “Confidencial y Urgente”, por instrucciones de Cecilia Barra, el director de Técnica Operativa, Arturo Sosa Viderique, solicitó (oficio N.400.4.4173), que Rosaura Velarde Rodríguez, directora de Recursos Humanos de la SHCP, la despidiera, y que además le retuviera el pago de la nómina.

“Toda la administración sufrió cambios a capricho en la función normativa, cuyas consecuencias aún no se conocen. Finalmente, si no se ejercita la acción penal, los principales afectados serán el nuevo presidente y sus encargados de las finanzas públicas”.

La abogada, doctorada en Derecho, hace también un llamado a que el procurador, Eduardo Medina Mora, revise las denuncias que presentó, y que conforme a Derecho, se finquen las responsabilidades correspondientes.

Año IV No. 48 Enero 2007

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