Gil Díaz ¿Empleado o inversionista de HSBC?

Francisco Gil Díaz se integra al Consejo de Administración del banco británico HSBC a un mes de haber concluido su gestión en la Secretaría de Hacienda, desde donde impulsó los prepagos de los pagarés Fobaproa, los cuales favorecieron a su nuevo empleador y a otras instituciones financieras, y conoció información de primer orden sobre las finanzas del país

Nancy Flores

En su calidad de secretario de Hacienda y Crédito Público y de presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Francisco Gil Díaz benefició en al menos dos ocasiones al banco británico Hong Kong Shanghai Banking Corporation Holdings (HSBC), su nuevo empleador desde el 3 de enero pasado.

En mayo de 2005, el ex funcionario -y ahora consejero independiente del cuarto grupo financiero más importante en México- consigue que la administración de Vicente Fox contratara cuatro créditos para el IPAB, por un total de 27 mil millones de pesos. Dos de ellos fueron con instituciones privadas: HSBC le prestó 5 mil millones de pesos, mientras que Scotiabank Inverlat, 2 mil millones de pesos, indica el Informe Anual de ese instituto.

A fines de ese mismo año Gil Díaz logra que el IPAB realice pagos anticipados de los pagarés Fobaproa a varios bancos, entre los que destaca HSBC, pues las finanzas públicas saldan el total de la deuda, por más de 48 mil millones de pesos.

Mario Di Costanzo señala que “estos prepagos de los pagarés Fobaproa, que Gil Díaz aprueba antes del vencimiento, son violatorios de la ley”. Para el asesor financiero el nombramiento de Francisco Gil Díaz como consejero independiente de HSBC “es un pago. Le está pagando las gestiones que hizo a favor de este grupo de banqueros, que estuvo protegiendo durante toda su administración al frente de la Secretaría de Hacienda”.

Di Costanzo dice que “desafortunadamente Francisco Gil Díaz es uno más de los ex funcionarios que protegieron, cubrieron y protagonizaron el rescate bancario que termina trabajando para una institución financiera, como son los casos de Martín Werner [ex subsecretario de Hacienda encargado de firmar los pagarés Fobaproa, ahora alto ejecutivo de la correduría Goldman Sachs] y de Javier Arrigunaga [ex director general de Fobaproa, quien avaló la baja supervisión de los bancos, los delitos de autopréstamo y la falsedad de información para obtener créditos y es actualmente directivo de Banamex]”.

Añade que “Francisco Gil se va, pero lo hace en una clara violación a la ley: la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que Gil Díaz debió esperar cuando menos un año para asumir el cargo en el Consejo de Administración de HSBC, porque él tiene información privilegiada que va a utilizar en beneficio del grupo empresarial para el cual trabaja. Desde ese punto de vista es una clara violación a las leyes mexicanas.”

Sobre el tráfico de información privilegiada, Di Costanzo especifica que “en primer lugar él sabe perfectamente cómo están las reestructuraciones y colocaciones de deuda del gobierno mexicano, los bonos que se han emitido, la situación financiera de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad”.

Secretario de Hacienda del llamado gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador, el analista financiero no deja lugar a la duda: “evidentemente va a manejar esta información a su favor y de HSBC. Esta información va a ser utilizada en provecho de HSBC, actor importante en el sistema financiero mexicano e internacional”.

Conocido en su momento como el fiscal de hierro, el ex funcionario no sólo posee información de las finanzas públicas. “Gente como Roberto Hernández debería estar sumamente preocupada, porque él, como ex funcionario de Banamex y ahora del gobierno, posee mucha información que puede utilizar en contra. Gil Díaz tiene conflictos de intereses por todas partes”, dice Di Costanzo.

Legalidad del nombramiento

Aunque para el analista financiero el nuevo empleo de Gil Díaz “es una clara violación de las leyes mexicanas”, el doctor en Derecho Constitucional Francisco Venegas Trejo aclara que no es así.

“El caso de Francisco Gil no es violatorio de la ley, porque no está sancionado y él ya no es secretario de Estado. Supongamos que en México fuéramos ángeles, que fuéramos probos, honestos, limitados económicamente, pues tiene que trabajar para ganarse el pan. Entonces resulta que quien ya no es funcionario puede trabajar en lo que él quiera tanto a nivel nacional como internacional, que es el caso de Gil Díaz que va a trabajar para HSBC.”

Con respecto al uso de información privilegiada, el doctor Venegas Trejo indica que el ex funcionario “debe abstenerse de opinar de casos que él conoció: la ley sí sanciona eso porque es información privilegiada. Pero no hay ninguna prohibición para que tome el puesto, lo único que le impide la ley es dar información que él tuvo cuando fue secretario de Hacienda”.

Añade, “más claro todavía, quién te va a dar más información privilegiada, ¿Gil Díaz o Ernesto Zedillo? Pues Zedillo, quien en cuanto dejó de ser presidente se hizo consultor de una compañía gringa y ahora es académico de una universidad gringa y de la ONU. Él tiene información privilegiada, pero su función es específicamente financiera, por eso no se nota tanto. En el caso de Gil Díaz se nota más. Si él llega a dar información privilegiada para beneficiar al banco sí puede ser sujeto de responsabilidad”.

La única garantía para que el ex secretario no haga mal uso de la información que posee es la vigilancia pública, reconoce el académico. “Los partidos políticos en México son muy dinámicos, muy activos, y en cuanto detectan o saben que usa información lo dan a conocer, lo denuncian y puede venir una acción legal en su contra. Ejemplo concreto: en 2005 resulta que para integrar la averiguación en contra de los amigos de Fox se pidió información a Estados Unidos, a la Comisión de Valores. La agencia mandó la información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ésta se la turnó a la PGJDF, que conocía la averiguación. Bernardo Batiz [su titular en ese entonces] debió usar el documento para integrar la averiguación y acusar a quien fuera responsable, pero actuó política y no jurídicamente: cuando tuvo el documento donde se revelaban datos en contra de Fox, se lo entregó a su jefe, López Obrador. Obrador lo publicitó en la radio y en la televisión. Eso era secreto entre gobiernos”.

Al hablar de la impunidad con que los políticos trafican información privilegiada, el doctor Venegas Trejo señala que en caso de que Francisco Gil Díaz revele datos que conoció durante su gestión en Hacienda a HSBC la única garantía de que sea sancionado depende del presidente México.

“Si da la información y si Calderón tiene los pantalones firmes para hacerlo, y los tiene Agustín Carstens [secretario de Hacienda] y Eduardo Medina Mora [procurador general de la República], claro que lo sancionarían”.

El experto en Derecho Constitucional observa el manejo político que se hace de las violaciones a la ley. “Es que entre políticos, como entre gitanos, no se leen la mano. Se atacan mucho, sí, pero hasta cierto grado”.

Y puntualiza que aunque la ley ya prohíbe el uso de información privilegiada, sólo con un impedimento más específico se podría evitar. “Se tendría que decir que ningún ex secretario de Hacienda puede ocupar un cargo en 5 o 10 años. Pero habría que darles una compensación económica y eso sólo ocurre con los ministros de la Corte. Los ministros, cuando dejan de serlo, tienen prohibido ocupar cualquier cargo en cinco años, entonces se les da una cantidad de retiro calculada para que vivan en ese tiempo sin litigar, porque podrían ganar todos los pleitos sólo por la influencia. No pueden litigar dando su nombre, lo hacen con otros nombres”.

Para Mario Di Costanzo “es muy lamentable que la administración de Felipe Calderón ni siquiera haya hecho algún pronunciamiento con respecto a este asunto, mas aún porque el 6 de junio de 2006 la Comisión para Investigar al IPAB presentó formalmente una denuncia en contra de la junta de gobierno del IPAB. En tal caso Gil Díaz es un funcionario que está actualmente bajo investigación, o debiera de estar bajo investigación del secretario de la Función Pública”.

El analista financiero dice que “de nada sirve que el licenciado Germán Martínez Cázares, secretario de la Función Publica, nos hable de transparencia y rendición de cuentas cuando mantiene silencio en torno a esta actitud, amén de las otras operaciones de Gil Díaz, como el caso ISOSA”.

El pasado 4 de enero la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió el escueto comunicado 006/2007, en el que informa sobre las facultades que posee “para analizar y determinar la responsabilidad administrativa de servidores públicos o ex servidores públicos, cuando sus conductas concretas pudieran significar conflictos de intereses”.

Sin mencionar el nombre de Francisco Gil Díaz, la secretaría a cargo de Martínez Cázares se compromete a “ejercer sus atribuciones en cualquier caso, en el momento que cuente con elementos probatorios suficientes”. Y afirma que “esta dependencia se mantiene atenta y dará curso, en el marco de los procedimientos que fija la ley, a las denuncias o quejas que los ciudadanos hagan de su conocimiento”.

Di Costanzo advierte “que a Gil Díaz se le debe juzgar por traición a la patria. Su actitud al frente de la Secretaría de Hacienda, no sólo por lo del Fobaproa sino por el manejo discrecional que hizo de los excedentes petroleros, del caso ISOSA y de los resultados económicos obtenidos por México, en el sexenio en que fue titular de Hacienda, son muy lamentables. El gobierno mexicano debe aplicar la Ley de Responsabilidades para entablar acciones por omisión y por negligencia en su contra”.

Año IV No. 48 Enero 2007

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