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Una auditoría externa –ordenada por el SAT a KPMG y pagada por la compañía “privada” ISOSA– revela que la operación de la Plataforma de Solución Integral, desarrollada por Oracle, es inviable; pese a esto, en 2007 el órgano encabezado por Zubiría Maqueo adjudica a la empresa tres contratos que superan los 50 millones de pesos

Nancy Flores

En el primer año de la administración de Felipe Calderón, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) adjudica directamente tres contratos a Oracle, empresa vinculada con Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, cuñado del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

El primero es el CS309ADM10006-309, otorgado el 5 de enero de 2007. Éste tuvo por objeto el “servicio de administración de aplicaciones Oracle para AGS” y costó 21 millones 466 mil 255 pesos. Su vigencia, de acuerdo con el portal de transparencia del SAT, concluyó el 5 de marzo del mismo año.

Por el mantenimiento del servicio y actualización por soporte de licencias de Oracle, el SAT pagó 9 millones 999 mil 117 pesos, según consta en el contrato CS309ADA00507-309, signado el 14 de marzo pasado.

El tercer contrato, CS309ADA02607-309, fue adjudicado el 28 de mayo de 2007 y compromete recursos por 19 millones 691 mil 999 pesos. Sin especificarlo, el objetivo se identifica sólo como “Oracle (on the man)”.

Estos nuevos convenios se dan a pesar de los retrasos registrados desde fines de 2006 en el Proyecto de Desarrollo Institucional para la Administración Tributaria, también conocido como Plataforma de Solución Integral.

En febrero de 2007 el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda documentó, a través de una auditoría externa, graves irregularidades en dicha plataforma tecnológica, desarrollada por Oracle, empresa de la que es “socia” Hildebrando, SA de CV, como lo reconoció el propio hermano de Margarita Zavala en una entrevista con el diario La Jornada, el 10 de junio de 2006.

Inviable, la Plataforma

La auditoría practicada por la firma española KPMG a la Plataforma de Solución Integral determina que la operación de ésta es inviable. Entre las “acciones definitivas”, la consultora recomienda al SAT el “rediseño y construcción de componentes diferenciados, para reducir el consumo de recursos”.

Para el financiamiento parcial de la Plataforma –que tiene por objeto aumentar la recaudación con menores costos de operación, mejorar la atención a los contribuyentes y tener mayor control de éstos– la Secretaría de Hacienda obtuvo un crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, dependiente del Banco Mundial, por 52 millones de dólares.

Aunque el costo total se presupuestó en 82 millones, funcionarios del SAT aseguran que ya es superior a 450 millones de dólares (Contralínea, 83). No obstante la inversión, las fallas en que incurrió Oracle, y antes la empresa Peoplesoft, han impedido el cumplimiento de los tres objetivos.

Y es que según la auditoría, Oracle nunca contó con planes de contingencia, capacidad, desempeño ni mantenimiento. “La revisión abarcó la búsqueda de elementos que evidenciaran su existencia, la cual no fue posible establecer. El bajo desempeño e inestabilidad de los aplicativos hace evidente la carencia de éstos”, detalla el informe.

Además, establece que “su rendimiento y desempeño son extremadamente pobres, al consumir gran cantidad de recursos de cómputo, presentar tiempos de respuesta excesivos, inestabilidad en su operación, baja confiabilidad en el manejo de las transacciones y de la información procesada”.

KPMG resuelve que “en las circunstancias presentes se hace inviable su operación y escalabilidad, para atender las necesidades actuales proyectadas del SAT”. La consultora trasnacional indica que la mayoría de las fallas se registran en el componente central del modelo CRM, de Peoplesoft.

De acuerdo con la página electrónica de la Presidencia de la República, el 9 de agosto de 2004, el SAT firmó un contrato por 52 millones de dólares con dicha empresa, relacionado con el proyecto Modernización e Integración de los Sistemas Informáticos.

No obstante, José María Zubiría Maqueo explica que “el contrato firmado con Oracle es por 63 millones de dólares; de ésos, 38.5 se financiaron con el préstamo del Banco Mundial”.

En conferencia de prensa, ocurrida el pasado 17 de septiembre, indica que el proyecto Plataforma es sólo una parte de la transformación del SAT; incluso, sin haber iniciado este proyecto Plataforma, el órgano tenía la obligación de realizar otra serie de mejoras para la administración tributaria: el proyecto Plataforma, la Solución Integral y la Transformación del SAT.

La información de la Presidencia detalla que la Plataforma “pretende unificar las 66 bases de datos en las que actualmente está disperso el sistema del SAT, que permita identificar de forma más eficiente a los contribuyentes y así abatir la evasión de impuestos”.

En el boletín de prensa 4269, el órgano tributario detalla que dicho convenio tiene por objeto la adquisición y ejecución de una plataforma informática que le permita operar sus principales procesos de manera eficiente e integrada.

Agrega que el proceso de selección concluyó el 22 de julio de 2004 y fue dictaminado por un comité de evaluación constituido por personal del propio SAT y miembros externos del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Instituto Politécnico Nacional y Laboratorio Nacional de Informática Avanzada.

Cuatro meses después, el 13 de diciembre, Oracle adquiere el ciento por ciento de las acciones de Peoplesoft, por 7 mil 775 millones de euros. La primera oferta hecha por el tercer fabricante de software en el mundo data de junio de 2003.

ISOSA, detrás de contrato

De acuerdo con los resultados de la auditoría, desde que fue concebida la arquitectura de referencia, el SAT ya sabía que algunos elementos de la funcionalidad no serían satisfechos por Peoplesoft-Oracle, “por lo que se aprovecharon productos de terceros que complementaron solidamente a la Solución Integral”.

En su informe ejecutivo, el gerente de KPMG, Juan Manuel Rangel Palacios, asegura que, durante la configuración, desarrollos, interfases y ejecución de los aplicativos, Oracle omitió varios aspectos técnicos y arquitectónicos: volumen y tipificación de operadores; tamaño de los componentes; consumo por transacción.

En el apartado Antecedentes, el resumen ejecutivo revela que la operación de los servicios de identificación del contribuyente, ocurrida el 30 de octubre de 2006, congestionó la Plataforma.

Veinte días después de arrancar el proceso de estabilización, “y sin haber alcanzado los resultados esperados, el SAT solicitó a KPMG Cárdenas Dosal hacer una auditoría”. No obstante, la empresa privada Integradora de Servicios Operativos, SA (ISOSA), es la que contrató a la consultora y no el Servicio de Administración Tributaria.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el Fideicomiso Aduanas I, la compañía ISOSA y el SAT quebrantaron el patrimonio público por 10 mil 183 millones de pesos, al omitir enterar el Derecho de Trámite Aduanero durante los ejercicios fiscales de 2001 a 2004.

La cláusula primera del contrato SL-406/05, signado el 16 de noviembre de 2006 y obtenido a través de la Ley de Transparencia, indica que “KPMG e ISOSA acuerdan establecer las condiciones en las que se llevará la relación jurídica existente entre ambas partes, a fin de que KPMG le otorgue a ISOSA los servicios profesionales para la revisión de la Solución Integral, basada en la suite de productos Peoplesoft”.

Por estos servicios, la empresa privada –constituida en 1993 por el entonces subsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y por el actual senador panista, Santiago Creel Miranda– pagó 173 mil dólares, descubre la cláusula tercera.

El contrato fue rubricado por Gonzalo Rojo Nava, liquidador de ISOSA, y por Armando Espinosa Álvarez, representante legal de KPMG Cárdenas Dosal. La primera declaró los domicilios de Tercer Retorno de Cáliz, sin número, colonia El Reloj –propiedad de Hacienda–, y el fiscal, ubicado en la calle Diego Rivera 48, colonia San Pablo Tepetlapa, Coyoacán.

José María Zubiría Maqueo explica que “en el caso específico de Plataforma, en diciembre de 2006 le solicitamos a un tercero realizar una auditoría, para poder entender mejor lo que había sucedido”. Agrega que los resultados les permitieron acordar con Oracle que la remediación de los servicios fuera integralmente financiada por dicha empresa.

—¿Se fincará responsabilidad a los servidores públicos que permitieron los retrasos por casi un año?

—Creo que para que haya un proceso de fincamiento de responsabilidad contra un funcionario público es porque hay información específica de una actuación equivocada. Si hay alguien que tuviera los datos específicos puede presentar la denuncia ante los diferentes órganos. En las revisiones que nosotros hemos realizado, el resultado que nos dio la información identificó muy bien las oportunidades que teníamos y hemos actuado en consecuencia. Si hubiera alguien que requiriera de una sanción, no la vamos a imponer sólo por efecto de retraso, sino porque hubiera habido alguna irregularidad. Y aquí no la hemos encontrado.

RECUADRO 2:

Año V No. 59 Diciembre de 2007

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