Calderonismo: desmantelamiento de la Ley Laboral

Marcos Chávez M.*

La propuesta de reforma laboral que Felipe Calderón Hinojosa enviará al Congreso en cualquier momento, y que seguramente será aprobada por la mayoría priista y panista, con el respaldo de los dirigentes sindicales más antidemocráticos que antaño integraron y medraron de la estructura corporativa del estado, tendrá por objeto legitimar y legalizar lo que anticonstitucionalmente, por la vía de los hechos, ya aplican desde la segunda mitad de la década de 1980: el desmantelamiento de las conquistas de los trabajadores, consagradas en el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo.

En ese sentido, a Calderón le corresponderá el mérito de lo que en su momento no pudieron lograr Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, ya sea por falta de tiempo o porque las condiciones políticas no les dieron la oportunidad de hacerlo: formalizar la destrucción  de los beneficios sociales de los trabajadores (el difuso estado de bienestar, protector de los intereses de los asalariados), uno de los capítulos más importantes de la Constitución, el pacto fundacional del estado surgido de la revolución de 1910-1917.

Felipe Calderón no busca imponer una reforma que armonice las relaciones entre los trabajadores y los empresarios bajo las nuevas formas de la acumulación capitalista. No pretende instituir la inexistente justicia laboral: el respeto legal de derechos de los trabajadores que sólo existen en el papel porque éstos son sistemáticamente violentados por los dueños de las empresas, con la complicidad de los gobernantes priistas-panistas, y que incorpore otros nuevos, de manera consensuada, ante los cambios ocurridos en el funcionamiento de la economía y de la nación. Tampoco aspira instaurar la democracia sindical: la demolición de la vieja estructura de dominación corporativa heredada por el autoritarismo presidencialista priista, ahora usufructuada por los panistas, como lo testifica el caso de los maestros, por mencionar un ejemplo, y permitir a los trabajadores el libre ejercicio democrático de sus organizaciones. Lo anterior escapa a su carácter autoritario, a la manera fraudulenta en que llegó a la presidencia y a los intereses y compromisos de los grupos que contribuyeron a su encumbramiento.

Al invocar el imperativo de promover “la productividad, la competitividad y la generación de más empleos”, para supuestamente beneficiarnos de las “bondades” ofrecidas por la “globalización”, según reza su plan de desarrollo, Calderón anhela legalizar una de las últimas fases del proyecto neoliberal de nación: la contrarreforma laboral; eliminar o reducir las prerrogativas de los trabajadores; someterlos a la tiranía del “mercado libre” en condiciones más desventajosas al pretender desarticular, debilitar y someter en mayor medida a los sindicatos a la dinámica de la producción y la máxima rentabilidad de las empresas; legitimar el abandono del papel del estado como árbitro que teóricamente busca equilibrar los intereses económicos de las clases sociales y colocarlo en el lugar de cancerbero de la acumulación privada. La propuesta calderonista no es original. Como ha sucedido desde el gobierno de Miguel de la Madrid, el panista impondrá, en la versión mexicana, una de las últimas etapas faltantes del modelo neoliberal entronizado a sangre y fuego por la dictadura de Pinochet  y sus Chicago boys, en Chile –que ha logrado sobrevivir con los subsecuentes gobiernos de derecha e “izquierda”–, que luego fue exportado hacia el resto de América Latina y otras naciones por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, políticas actualmente conocidas como el Consenso de Washington, de la Casa Blanca, el capital financiero y los capitalistas nacionales y transnacionales.

Se dice que con la iniciativa se crearán más empleos formales, de mayor calidad en sus condiciones y se preservarán los beneficios sociales. Pero como señalara Miguel del Cid, de la Organización Internacional del Trabajo, el déficit de los empleos formales en México y el robustecimiento de la informalidad se deben al insuficiente crecimiento económico y la escasa inversión productiva. José Luis Machinea, de la Comisión Económica para América Latina, afirma que el abatimiento de la pobreza no se logrará mientras la economía mexicana no genere empleos de mejor calidad, diferentes a los que hoy ofrece la manufactura en general y la maquiladora en particular; y que la disminución de la pobreza se explica por los programas asistencialistas y las remesas de los trabajadores migratorios y no por el aumento del empleo y su calidad y de los salarios reales. La falta de empleos formales y dignos se asocia con otro hecho ominoso: que México se haya convertido en el mayor expulsor de trabajadores del planeta, según el Banco Mundial. Entre 2000 y 2005 salieron 2 millones de mexicanos a buscar trabajo en Estados Unidos. Entre 1990 y 1995 lo hicieron 1.8 millones. En el primer año calderonista aumentó a 550 mil, sobre todo de mujeres y hombres de 14 a 29 años de edad. Lo mismo sucedió con el número de muertos que intentaron cruzar la frontera norte. En 2006 fallecieron 375 y en 2007 van 510. En promedio, 1.5 mexicanos mueren por día y una tercera parte son mujeres. Para Calderón, empero, la migración es un problema “natural, social, inevitable y hasta económicamente conveniente”. Nada le dice la incapacidad estructural de la economía para crear empleos formales. Al cabo, los que se van reducen los riegos sociales internos y su potencial explosivo, generan divisas que ayudan a financiar a un país que nada les ofrece, enriquecen a los voraces y usureros intermediarios que expolian sus ingresos al pagarles menos pesos por dólar y contribuyen a atenuar la miseria y pobreza extrema de sus familiares, hecho que los neoliberales presenten como un éxito de su programa y les permite ocultar que ellos son los responsables de la pauperización, la exclusión social y la migración. Los muertos nada importan. Son pobres. Una simple anécdota estadística.

La falta de empleos formales se debe al la ausencia de crecimiento. En la era neoliberal (1983-2007) la economía sólo se ha expandido 2.5 por ciento, en promedio anual. En el primer año de Felipe Calderón será mediocre: 3 por ciento, tasa inútil para generar dichos empleos. Los 895 mil que oficialmente se dice que se han creado son un misterio. Pero aún aceptando que sea cierto, hay varios hechos que empañan el milagro: 467 mil de ellos (52 por ciento) son eventuales y en cualquier momento desaparecen: 40 por ciento se concentran en la capital, el estado de México, Nuevo León y Jalisco; la mayor aportación corresponde al Distrito Federal (16 por ciento), gracias al gobierno de centro izquierda que se niega a reconocer al panista por espurio y que, por cierto, es el único que busca proteger a los desempleados ofreciéndoles un seguro (4 mil 500 pesos por mes a 20 mil 442 personas), para malestar y oposición de los calderonistas, ya que, extrañamente, a pesar del oficial aumento de empleos, los desocupados subieron de 1 millón 601 a 1 millón 751 mil este año, sin que le quite el sueño a Calderón ni pretenda apoyar a las víctima del estancamiento económico. La tasa de desocupación entre los jóvenes es de poco más de 7 por ciento, casi el doble de la media nacional, afectando en mayor medida a las mujeres (7.13 por ciento del total); casi el 11 por ciento de la población en edad de trabajar no tiene ninguna esperanza de ser contratada (casi 5 millones) y cuatro de cada 10 ganan menos de 50 pesos diarios; además, de los 42 millones de trabajadores ocupados, 19 millones laboran en la informalidad. Esos datos también son oficiales.

Desde luego, el problema no se limita a la creación de empleos. En nombre de la productividad, la competitividad y la rentabilidad se han sacrificado la calidad y los ingresos pagados. La mitad de los ocupados no reciben prestaciones sociales y de los 42 millones de ellos 3.8 millones no reciben ingresos, 5.3 millones apenas ganan un salario mínimo diario (SMD), mil 466 pesos mensuales; 8.9 millones sólo reciben hasta dos SMD, 2 mil 294 pesos, y 9.2 millones hasta tres SMD, 4 mil 299 pesos. ¡Quién quisiera ser como Mariano Azuela, el derechista ministro de la desprestigiada Suprema Corte, que en 2007 cobró 1 millón 314 mil pesos como compensación por ser el ministro de mayor edad, además de percibir un modesto salario mensual por 109 mil 512 pesos (3 millones 624 mil pesos netos anual), similar al que obtiene Calderón.

La contrarreforma laboral calderonista no aspira a revertir el deterioro en el empleo formal ni restaurar el pago de las prestaciones sociales ni tampoco elevar los salarios reales (en 2008 los nominales apenas subirán entre 3 y 4 por ciento, 1.42 a 1.90 pesos diarios más, que garantizará la productividad, la competitividad, la rentabilidad y, por supuesto, la permanencia de la miseria y la pobreza. Felipe Calderón pretende legalizar otro sueño empresarial: la “flexibilidad” laboral que ya se aplica alegre e intensivamente y que explica la indignidad del mercado de trabajo mexicano. Con el respaldo de los congresistas de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional quiere legitimar la mmutilación de las prestaciones sociales; la “terciarización” laboral (out sourcing), es decir, que las empresas puedan subcontratar a otras los trabajadores para ahorrarse cualquier compromiso; los contratos por honorarios; los empleos sin contratos; institucionalizar los contratos por temporadas y a “prueba”; la imposición arbitraria de las jornadas de trabajo (8 a 12 horas), medida conocida como el “banco de horas”, sin pagos extraordinarios  y que son compensados con descansos en días que convengan al patrón; la “multihabilidad”: que un trabajador realice las actividades que se le ocurran a los patrones; la creación de sindicatos múltiples por empresa; la cancelación de registros sindicales a sindicatos que no actualicen sus padrones de trabajadores y la posibilidad que terceros promuevan la cancelación de registros, como ha sucedido con los mineros.

Como es natural, esas y otras propuestas neoliberales no redundarán en la reducción de la estabilidad laboral, la creación de mayores empleos formales, la salvaguarda de las prestaciones sociales (indemnizaciones, antigüedad, vacaciones, etcétera), el fortalecimiento de los sindicatos y de su autonomía, así como una mejor relación trabajo-capital. Por el contrario, la idea es terminar de socavar los intereses de los trabajadores, pero ahora legalmente y así evitar que el gobierno y los empresarios continúen violando las leyes. Sólo será necesario desmantelar y ajustar la ley federal de trabajo y de paso, si se puede, el artículo 123 constitucional. Los empresarios chilenos necesitaron un golpista para someter a los opositores y una pandilla de Chicago boys. Los mexicanos, el robo de la Presidencia, la asistencia técnica de los Chicago boys, la decisión de los congresistas priistas y panistas, la complicidad de los dirigentes sindicales corporativos y despóticos, y la pasividad de los trabajadores.

La política laboral neoliberal panista apunta en esa perspectiva. El brutal asalto al antidemocrático sindicato minero por el foxismo, el calderonismo y el Grupo México testifica la “flexibilidad” laboral. Los 65 muertos de Pasta de Conchos son producto del ahorro en el gasto de la seguridad laboral; la persecución de Gómez Urrutia, el máximo dirigente de esos trabajadores, y la aprobación de la creación de ocho sindicatos a modo para el Grupo, evidencian el “libre” ejercicio las organizaciones de los asalariados y la aplicación particular de la ley. A los empleados bancarios, los nuevos dueños les han modificado las condiciones laborales y las prestaciones como se les pega la gana ante su indefinición legal y el temor a ser despedidos. A la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación la Secretaría del Trabajo y Mexicana de Aviación quisieron imponerle la figura del “conflicto colectivo de naturaleza económica” para, supuestamente, garantizar la estabilidad económica de la empresa, con el objeto de modificar unilateralmente el contrato colectivo de trabajo y reducirles en más de 50 por ciento las prestaciones sociales (tiempos extras, viáticos, etcétera). Dicha norma no se había utilizado desde el gobierno cardenista (1931) y sirvió como uno de los argumentos para nacionalizar la industria petrolera. Al final un tribunal colegiado en materia laboral rechaza ese laudo.

A espalda de los agremiados, la dirección del sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social “negoció” con el hooligan director del organismo, Juan Molinar, el cambio en el régimen de jubilaciones y pensiones de los empleados de nuevo ingreso (aumento de la edad a 60 años y después de 35 años de servicio para varones y 34 para mujeres; actualmente es de 30 y 28 años), el cual será manejado como los fondos privados que garantizan un pensión equivalente a 30 por ciento del último sueldo. En estos momentos los empleados reciben uno superior a ciento por ciento del último pago. Si no se llegara a un acuerdo con los nuevos trabajadores contratados entonces se les cubrirá una jubilación garantizada equivalente a un salario mínimo. Según los abogados laboristas Néstor de Buen y Arturo Alcalde ese “pacto” violenta la Constitución, que considera que para trabajos iguales se deben pagar los mismos salarios y prestaciones sociales. Lo peor de todo es que esa estrategia no soluciona la crisis financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social provocada deliberada por el gobierno y los empresarios (que evaden el pago de las cuotas pese a que se les redujo), así como la falta de empleos formales.

A los empleados de confianza de Petróleos Mexicanos (32 mil) se les impondrá o ya se les impuso un nuevo y unilateral contrato laboral en condiciones desventajosas. Además, las empresas contratistas que realizan anticonstitucionales obras para la paraestatal se caracterizan por las infames condiciones (Limited Drilling, Price Central America, Nabors Perforaciones de México, Industrial Perforadora de Campeche, Mexdrill Offshore, Noble Mexico Limited y Goimar, Del Rivero, Catemar, Cotemar). Los recientes desastres naturales dejaron al descubierto las condiciones de semiesclavos de los trabajadores. Para 2008 Felipe Calderón y los panistas y priistas del Congreso decidieron eliminar las prestaciones a los empleados contratados por honorarios, fenómeno que se ha generalizado en la administración pública, al igual que el subcontratismo (empresas que contratan trabajadores a otras, con frecuencias del mismo grupo, para evadir el pagos de las prestaciones y reducir los salarios nominales). En el caso de los trabajadores rurales la situación es aún más dramática. Si los urbanos carecen de protección legal, en el campo es peor y común la explotación del trabajo infantil (como en los supermercados, digamos Wal-Mart y demás). Pero qué otra cosa puede esperarse si Adrián José Serrano, funcionario del programa jornaleros agrícolas de la Secretaría de Desarrollo Social señaló hace poco que no vale la pena construir albergues para los trabajadores indígenas emigrantes que laboran el los campos agrícolas de Jiménez, Chihuahua, ya que “son sucios, no se bañan ni limpian los cuartos”.

Esos pocos ejemplos muestran que las leyes laborales están muertas.

Sin embargo, su cadáver es incómodo, por lo que Felipe Calderón, con su contrarreforma laboral, pretende enterrarlas definitivamente. Nada más para no perturbar las católicas conciencias empresariales. En nombre de la productividad, la competitividad y rentabilidad neoliberal. Así, la condición de esclavos modernos de los asalariados estará legalizada.

Año V No. 59 Diciembre de 2007

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