Zeta Gas, la conexión Irlanda-Luxemburgo-España

Investigado por lavado de dinero, el Grupo Zeta Gas opera una red de más de 85 empresas en los paraísos fiscales de Luxemburgo e Irlanda. Hace cinco años consolidó la sociedad entre sus filiales radicadas en esos países y la Compañía de Gas Licuado Zaragoza, cuyo domicilio operativo en Cartagena es inexistente y su dirección fiscal en Madrid pertenece a una sociedad civil. La inversión por 200 millones de euros que justifica su estancia en España es improductiva

Nancy Flores, enviada / Julio Hernandez, fotos

Cartagena, España. El parque industrial del Valle de Escombreras se alza, imponente, a orillas del mar mediterráneo: instalaciones productivas de Iberdrola, Repsol YPF, Cemex España, Gaz de France, Mitsubishi, Holcim, Enagas, entre otras, abarcan grandes extensiones territoriales. Ni una sola de las edificaciones u obras se atribuye al Grupo Zeta Gas.

Señalada como el monopolio de la distribución de gas licuado en México, la empresa de la familia Zaragoza tampoco tiene oficinas en el polígono industrial Cabezo Baeza, a pesar de haber declarado la dirección de Berlín, parcela 3-F, en los registros del municipio autónomo de Cartagena.

En la calle de Berlín –donde se sitúan una agencia de gas butano de Repsol y las oficinas de SGS, empresa suiza que maneja el segundo reconocimiento en las aduanas mexicanas– no sólo se desconoce ese número, sino que nadie ubica como avecindada a Zeta Gas ni a la Compañía de Gas Licuado Zaragoza, nombre oficial en España. Rosa Carrión, empleada de la multinacional, sólo atina a decir: “ya no estamos en ese lugar”.

La dirección fiscal tampoco le pertenece. La escritura de constitución de sociedad anónima unipersonal, signada el 6 de mayo de 2002, señala el número 91 de la calle Juan Álvarez Mendizábal, en Madrid, como su domicilio. Sin embargo, el apartamento Bajo C del edificio se identifica como propiedad de la sociedad civil LB Asesores. Sólo el buzón hace mínima referencia a la compañía.

Además de carecer de oficinas, a cinco años de su llegada a este país, Zeta Gas aún no logra afianzar el proyecto –cuya inversión total asciende a 194 millones de euros, equivalentes a 3 mil 7 millones de pesos– que supuestamente le abriría las puertas del mercado europeo y que justifica su estancia en España.

En este tiempo, lo que sí ha logrado el emporio gasero –investigado por el supuesto delito de lavado de dinero en Estados Unidos y México (Fortuna 54)– es consolidar la sociedad entre su intrincada red de 85 empresas radicadas en los paraísos fiscales de Luxemburgo e Irlanda y su filial española.

Operaciones en paraísos fiscales

Dos meses después de crear la Compañía de Gas Licuado Zaragoza, Víctor Manuel Moye Álvarez vendió las 61 acciones que representan su capital social, en ese entonces por 61 mil euros, a las empresas Belgrave y Vaurigard.

El historial mercantil revela que la transacción hecha por el representante legal de Zeta Gas del Pacífico y accionista fundador de la filial española se reportó al Registro Mercantil de Madrid hasta el 15 de octubre de ese año. Sin embargo, la declaración del cese de unipersonalidad descubre que fue el 29 de julio de 2002 cuando Moye Álvarez cedió 60 acciones a Belgrave y una acción a Vaurigard.

El cambio de propietario no fue casual. Belgrave y Vaurigard forman parte del esquema empresarial que la familia Zaragoza sostiene en Luxemburgo, y que maneja por medio de Rosevara Limited y Sanlux Investments Limited. Estas dos últimas, constituidas en julio de 1996 en Dublín, Irlanda, son dueñas de al menos otras 81 sociedades anónimas, civiles inmobiliarias y tenedoras de acciones relacionadas con los dueños de Zeta Gas.

De acuerdo con el historial mercantil, una vez realizada la compra-venta de la Compañía de Gas Licuado Zaragoza, Belgrave aumentó su capital social en 8 millones de euros, “con lo que lo sitúa en 8 millones 61 mil euros”, equivalentes a 124 millones 945 mil pesos.

En julio, septiembre y diciembre del año pasado, la socia mayoritaria realizó otros depósitos, todos en efectivo metálico, a la cuenta bancaria 21002287790200117535, aperturada en la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. Estas inversiones –por 865 mil, 896 mil y 527 mil euros, respectivamente– fijan el capital social en 10 millones 349 mil euros (160 millones 409 mil pesos).

Zetagas Holding

Aun con el traspaso del paquete accionario, Moye Álvarez se ha mantenido al frente de la filial española hasta la actualidad. Además de él, otros cercanos colaboradores de los Zaragoza intervienen en el negocio que conecta, vía inversiones, a Irlanda, Luxemburgo, España y México.

Tal es el caso de Martín Manuel Roldán Casas, quien desde el 15 de enero de 2003 dirige, según los acuerdos asentados en el Registro Mercantil de Madrid y de los que se posee copia, la marcha de “los negocios, fábricas e instalaciones”.

Entre los involucrados también están Noel Edmundo Bustillos Delgado, esposo de Martha Elena Zaragoza y apoderado de la filial costarricense Gas Nacional Zeta; Antonio López Hurtado Higuera, marido de Myrna Zaragoza, y Víctor M. Luna, quienes fungen como administradores de Vaurigard, propietaria minoritaria de la Compañía de Gas Licuado Zaragoza.

Pero, en este complejo esquema, los dueños del Grupo Zeta Gas no sólo emplean a sus hombres de confianza y prestanombres: ellos mismos participan en las “compañías de papel”, como se les conoce a las tenedoras de acciones constituidas en paraísos fiscales.

De las 83 empresas manejadas por la sociedad irlandesa Rosevara-Sanlux, además de Belgrave y Vaurigard, sobresale Zetagas Holding. De acuerdo con sus Estatutos de creación, la cabeza del emporio gasero, Miguel Zaragoza Fuentes, es uno de sus 12 administradores.

La lista incluye a su esposa, Evangelina López de Zaragoza, y a sus hijos, Jesús, presidente del Grupo Zeta Gas; Gabriel, vicepresidente del consorcio; Georgina, vicepresidente de Gas Continental del Pacífico; Miguel; César, y Alejandra Zaragoza López. Así como a Evangelina Zaragoza de Fuentes, Myrna Zaragoza de López Hurtado, Martha Elena Zaragoza de Bustillos y María Lourdes Zaragoza de Oviedo.

Aunque el documento, publicado en el Diario Oficial de Luxemburgo el 16 de junio de 1997, señala que la participación accionaria de Rosevara es del 98 por ciento y la de Sanlux de 2 por ciento, revela que los 12 administradores son los propietarios reales de las empresas.

De acuerdo con el artículo 5 de dichos Estatutos, “la sociedad es administrada por un Consejo integrado sólo por accionistas. Todos los administradores deben ser accionistas de la sociedad y sus nombramientos se establecerán en asamblea general, por un periodo no mayor de seis años y con oportunidad de reelegirse”.

El título detalla que Zetagas Holding es una sociedad anónima con domicilio social en el Gran Ducado de Luxemburgo y que su periodo de duración es ilimitado. “La sociedad podrá disolverse en cualquier momento por decisión de la asamblea general de accionistas, quienes deliberarán las formas prescritas por la ley para la modificación de los estatutos”.

Para crear esta empresa, los Zaragoza erogaron 50 mil dólares americanos. Según los Estatutos, Zetagas Holding “tiene por objeto todas las operaciones necesarias para participar, bajo la forma que sea, en toda empresa; así como la administración, gestión, control y desarrollo de estas participaciones, bajo reserva de las disposiciones del artículo 209 de la Ley sobre Sociedades Comerciales (del Gran Ducado de Luxemburgo)”.

En su artículo 2, el documento advierte que dicha tenedora de acciones “podrá emplear sus fondos en la creación, gestión y valorización de carteras de título o patente de todo origen; participar en la creación, desarrollo y control de toda empresa; adquirir, por vía de aportación, suscripción u opción de compra, todo título y patente; realizar, por vía de venta, cesión, cambio o cualquier otro medio, la valorización de los títulos y patentes en su posesión; conceder a las sociedades, en las que tiene interés directo, todo concurso, préstamo, adelanto o garantía”.

Inversión injustificada

Consta en documentos oficiales que, al igual que otras 82 empresas radicadas en Luxemburgo, Zetagas Holding, Belgrave y Vaurigard figuran como propiedad de la sociedad irlandesa Rosevara-Sanlux Investments. En este mismo esquema se inserta la Compañía de Gas Licuado Zaragoza, que hasta ahora no registra actividad alguna en España.

Sobre las supuestas obras que realiza la filial del Grupo Zeta Gas, Antonio Vela, su representante, asegura que “ya se concluyó la construcción del gasoducto de ocho kilómetros, que une el punto de atraque en el puerto con los terrenos en el Valle de Escombreras, donde se situará la planta de envasado y despacho de gas licuado de petróleo, un edificio de oficinas y las esferas (de almacenaje)”.

Sin embargo, residentes de Alumbres, comunidad próxima al Valle de Escombreras, afirman que el único gasoducto que se ha construido recientemente en ese complejo industrial pertenece a Enagas. Indican que jamás han escuchado siquiera los nombres de la Compañía Zaragoza ni de Zeta Gas.

A pesar de la importante inversión, la multinacional de origen mexicano omite identificar tanto los terrenos como las obras que, se supone, realiza en el Valle de Escombreras y que le costarán alrededor de 70 millones de euros, es decir, mil 85 millones de pesos.

En un escueto correo electrónico, “pues su agenda le impidió conceder la entrevista que previamente había aceptado”, Antonio Vela indica que los retrasos en la construcción del gasoducto y de las instalaciones se debieron “a temas de permisos con la administración española y servidumbres de paso, ya que éste pasa por diferentes terrenos de otras empresas”.

El proyecto de inversión fijaba junio de 2004 como fecha para iniciar su actividad comercial en España. Según sus cálculos, para ese momento se tendría concluida la construcción de su primera planta en Escombreras. En aquella época, el Grupo Zeta Gas planeaba facturar 2 mil millones de dólares anuales que generarían 2 mil empleos directos e indirectos, cifra que ahora se estima en apenas 122.

Probables responsables

Ahora, el Grupo Zeta Gas y su filial en España podrían ser investigados por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), por el probable delito de lavado de dinero.

Por correo electrónico, la dependencia española explica que aun cuando realice alguna averiguación contra el consorcio de los Zaragoza, “el personal del Servicio Ejecutivo está sujeto a un estricto deber de secreto que le impide transmitir a terceros cualquier tipo de información de la que disponga en razón al ejercicio de su cargo”.

El Sepblac detalla que, de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento de la Ley 19/1993, aprobado por el Real Decreto 945/1995, “todas las personas que desempeñen o hayan desempeñado una actividad para la Comisión y hayan tenido conocimiento de sus actuaciones o de datos de carácter reservado están obligadas a mantener el debido secreto profesional”.

Agrega que “el incumplimiento de esta obligación determinará las responsabilidades previstas por las leyes. Estas personas no podrán publicar, comunicar o exhibir datos o documentos reservados, ni siquiera después de haber cesado en el servicio, salvo permiso expreso otorgado por la Comisión”.

Año V No. 55 Agosto 2007

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