Fonatur remata playas mexicanas

En los últimos seis años, Fonatur vendió más de 15 millones de metros cuadrados de zonas costeras a precios irrisorios, terrenos que fueron arrebatados en su mayoría a ejidatarios. John McCarthy, extitular del organismo, se encuentra prófugo de la justicia por comerciar ilegalmente terrenos en Cancún y Baja California Sur

Yenise Tinoco

Mediante extorsiones y amenazas en contra de ejidatarios y propietarios de terrenos, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se ha apropiado de cientos de terrenos a lo largo de la costa del Pacífico mexicano, que después vende a precios por debajo de su costo comercial, principalmente a empresarios extranjeros.

Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos de Greenpeace México, denuncia que Fonatur comercializa terrenos para la construcción de proyectos turísticos, a costa de la destrucción de los ecosistemas regionales y la extorsión a ejidatarios, que terminan siendo expulsados de sus parcelas.

A través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Fonatur informó que vendió un total de 15 millones 128 mil 823 metros cuadrados en todo el país, lo que representó un ingreso de 6 mil 567 millones 816 mil 862 pesos y 99 millones 895 mil 198 dólares, de 2000 a la fecha.

Durante el sexenio de Vicente Fox y en lo que va de la administración de Felipe Calderón, la paraestatal ha comercializado terrenos en Cancún, Quintana Roo; Ixtapa, Guerrero; Bahías de Huatulco, Oaxaca; Litibú, Nayarit; San José de los Cabos, Nopoló, y Loreto, Baja California Sur.

Octavio Martínez Vargas, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados por el PRD, comenta que el mayor porcentaje de inmuebles se vendió durante la administración de John McCarthy en Fonatur. El entonces director justificaba dicha venta afirmando que se tenían que enajenar bienes para iniciar proyectos prioritarios del organismo, como la Escalera Náutica.

El legislador perredista menciona que se tiene conocimiento de predios e inmuebles que fueron comercializados a precios inferiores a su valor comercial a través de procesos de licitación poco transparentes. Además, muchos de los proyectos turísticos implicados no son rentables ni mejoran la condición de vida de la región, sólo favorecen a la iniciativa privada.

En Cancún, Fonatur vendió 4 millones 969 mil metros cuadrados, por 3 mil 599 millones 244 mil 650 pesos. En Bahías de Huatulco, un millón 265 mil metros, por 581 millones 173 mil 447 pesos. En San José del Cabo, 512 mil 26 metros, por 300 millones 799 mil 740 pesos.

Además, la paraestatal realizó transacciones en dólares. En Cancún, se comercializaron 4 millones 77 mil metros cuadrados, por 58 millones 310 mil 255 dólares. En San José del Cabo, 2 millones 176 mil 330 metros, por 17 millones 878 mil 158 dólares. En Bahías de Huatulco, 9 mil 959 metros, por 552 mil 299 dólares.

Alejandro Olivera sostiene que resulta indignante que Fonatur malbarate las principales zonas costeras de México y además haga fideicomisos con los mismos compradores, a los que convierte en socios, para apoyar con recursos sus proyectos turísticos, sin contar que subsidia el mantenimiento de los mismos, cuando éstos ya están concluidos.

“Es un esquema donde los únicos favorecidos son los empresarios del sector turístico y las grandes constructoras. La miseria que pagan por los terrenos, eventualmente les es devuelta e incluso incrementada, con la conformación de Centros Integralmente Planeados (CIP)”, dice el ambientalista.

Según estimaciones de Greenpeace México, los precios promedio de venta de Fonatur son: 14 dólares el metro cuadrado en Cancún, 8 dólares en San José del Cabo, 185 pesos en Loreto, 19 pesos en Ixtapa y 7 pesos en Vista Pelícanos, Guerrero. Estos precios están muy por debajo del valor catastral en esas zonas.

Sobornar y destruir, deporte del turismo

En marzo, Miguel Gómez Mont, titular de Fonatur, declaró a Milenio: “Comprar barato, sobornar, destruir el sitio (…) es el deporte nacional del turismo en México”. Puso como ejemplo de la corrupción en la industria turística los hoteles Riu de Cancún, cuya construcción en 2002 se realizó sin contar con la evaluación de impacto ambiental y destruyó la playa, además de sobrepasar la altura permitida.

McCarthy, prófugo de la justicia

John McCarthy, director de Fonatur durante la gestión foxista, fue demandado por venta ilegal de terrenos –255 hectáreas– y daños al patrimonio en Cabo Cortez. La denuncia fue interpuesta en el Juzgado Cuarto de lo Penal, en Baja California Sur, lo que originó que se girara una orden de aprensión en su contra.

Sin embargo, no es la única acusación que pesa sobre el exfuncionario. En Cancún, Francisco Alberto Alfaro denunció penalmente a McCarthy por delitos de fraude procesal, tráfico de influencias, despojo, enriquecimiento ilícito y daño al patrimonio federal, donde también está involucrado el exdelegado de Fonatur en Cancún, Ricardo Alvarado Guerrero.

La denuncia se presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR), en la delegación de Quinana Roo, donde se abrió la averiguación previa P66/QROO/CAN/441/2006/VII. Ambos acusados enfrentan cargos por vender terrenos de forma ilícita en la tercera etapa de la Riviera Cancún, pese a que estos predios no eran propiedad de Fonatur sino del demandante.

El litigio comenzó en 2004, cuando Alfaro acusó a Fonatur por nulidad de escrituras de los terrenos. La demanda fue presentada en la Procuraduría de Justicia del Estado, posteriormente se turno a la PGR, hasta llegar al Poder Judicial de Quintana Roo, donde quedó asentado que la paraestatal perdió dicha denuncia. Mediante la resolución judicial 612/2006, el tribunal reconoció a Alfaro como legítimo dueño de los predios vendidos por Fonatur –6.5 hectáreas– al grupo Palace Resort, del hotelero de origen yucateco, José Chapur.

Sánchez Navarro destruye reserva

La familia Sánchez Navarro lleva 18 años construyendo desarrollos turísticos de alto nivel en Los Cabos. Actualmente, trabajan a través de Grupo Questro (fundado por Juan Sánchez-Navarro Redo, actual director ejecutivo de grupo Modelo) en el proyecto Puerto Los Cabos, que incluye la construcción de dos hoteles y una marina de 537 posiciones.

Eduardo Sánchez Navarro, cabeza de grupo Questro, es el mayor desarrollador inmobiliario en Los Cabos. En los últimos años ha construido los conjuntos Cabo Real, Puerto Los Cabos, El Dorado y Campestre San José, que incluyen hoteles, condominios, residencias, áreas comerciales y los campos de golf más reconocidos en ese destino turístico.

Greenpeace México denunció que por medio de amenazas y extorsiones Fonatur y Grupo Questro se hicieron de decenas de hectáreas, donde hoy se construye Puerto los Cabos. Los ejidatarios, dueños legítimos de dichos terrenos, fueron calificados como invasores de los predios por McCarthy, extitular de la paraestatal y Eduardo Sánchez Navarro, tal como quedo constatado en el Libro Blanco del proyecto.

“La invasión de las huertas (terrenos ejidales) representa un problema más complejo, ya que los huerteros (ejidatarios) han sido muy intransigentes en las pláticas sostenidas, pero consideramos que se tienen los elementos jurídicos suficientes como para iniciar un juicio en contra de ellos, que los obligue a recapacitar y así poder llegar a una negociación razonable, que permita recuperar esa superficie vital del terreno que, además de haber sido aportada al fideicomiso de Puerto Los Cabos, su restauración y cuidado son una condicionante al permiso otorgado por Semarnat”.

Alejandro Olivera explica que dentro de los planes del proyecto de Puerto Los Cabos, Grupo Questro construyó una marina sobre la única reserva ecológica declarada a nivel estatal, el estero San José, con lo cual se salinizará de manera irreversible el estero, único proveedor de agua dulce en la región.

Para la construcción de la marina se realizaron excavaciones de más de un kilómetro de longitud en perpendicular a la costa y de 6.5 metros de profundidad que se pretende llenar con agua marina conectándola con el mar. Además, todo lo que escarbaron fue vaciado en el estero, que es considerado humedal. Este daño está tipificado como delito en el Código Penal Federal.

Olivera dice que, en San José del Cabo, hay una planta tratadora de aguas residuales, la cual está sobrepasada, y los residuos se van directamente al estero. Grupo Questro se comprometió a construir otra planta, pero hasta el momento no se ha iniciado la edificación de la misma.

Sonora

En Puerto Peñasco, ubicado en el desierto de Altar, Sonora, la parte más árida de México, se construyó el hotel Mayan Palace y campos de golf. El agua necesaria para el funcionamiento del complejo turístico es bombeada a través de más de 30 kilómetros de tuberías. No obstante, también se planea la construcción de un aeropuerto. Es en esta zona donde el gobierno de Eduardo Bours invierte el 80 por ciento de su presupuesto de turismo.

Urge nueva ley

Octavio Martínez Vargas indica que es urgente restructurar las actividades de Fonatur por medio de una nueva Ley General de Turismo. Esto permitiría regresar a la estructura original del organismo, que promovía y desarrollaba proyectos turísticos al interior de la República, y no productos de playa. El legislador comenta que se tiene que sacar a la paraestatal de la dinámica que tiene, donde sólo administra y enajena bienes.

Manuel Portilla Dieguez, miembro de la Comisión de Turismo, dice que se tendría que normar la venta de playas mexicanas y el uso de las mismas, ya que son zonas federales y no se pueden vender a particulares.

El diputado plantea legislar sobre la venta de manglares y la destrucción de los mismos, ya que Fonatur comercializa terrenos catalogados como humedales, hecho que implica la depredación de zonas naturales protegidas.

Alejandro Olivera sostiene que hacen falta reglas claras de cómo se formar los fideicomisos de Fonatur con las empresas turísticas, para administrar los CIP. “Aunque hacen licitaciones públicas respecto a los terrenos que se están ofertando, no es posible que liciten un terreno en 7 pesos el metro cuadrado, se tiene que regular dicha situación para que no exista discrecionalidad ni se creen suspicacias”, dice.

Año V No. 55 Agosto 2007

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