Examigo de Fox, en la mira de PGR

El expediente penal contra el exdirector del Seguro Popular y examigo de Fox, Juan Antonio Fernández, será consignado ante un juez federal en los próximos días. La PGR lo acusará de peculado, al comprobar supuestas transferencias de recursos públicos a cuentas personales en el extranjero.

Erika Ramírez

En los próximos días, la Procuraduría General de la República (PGR) consignará el expediente penal en contra del actuario Juan Antonio Fernández, extitular del Seguro Popular, por el supuesto fraude contra el erario, que supera los mil millones de pesos.

Se le buscará cuadrar el delito de peculado: según las evidencias, en poder de las autoridades federales, el examigo de Vicente Fox transfirió recursos públicos a cuentas bancarias personales y familiares, radicadas en el extranjero.

Fernández Ortiz también podría estar involucrado en los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa, abuso de autoridad y tráfico de influencias, revelan las investigaciones que se le siguen en PGR y en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud.

Las averiguaciones presumen que en el millonario desfalco al erario están involucrados, además de Fernández, sus colaboradores cercanos. Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) sólo resolvió inhabilitar a Fernández Ortiz por 10 años, al encontrarlo responsable de un daño económico al erario de apenas 227 mil 264 pesos.

El 31 de mayo pasado, la SFP determinó que el actuario realizó un viaje injustificado a las playas de Honolulu, Hawai, del 10 al 12 de febrero de 2006.

Investigadores de la PGR aseguran que las irregularidades no se ciñen a viajes injustificados, sino que se comprueban desvíos de recursos y adjudicaciones de contratos improcedentes durante el proceso de credencialización del Seguro Popular. Agregan que también hubo pagos irregulares de consultorías externas, enrolamiento de beneficiarios y nómina.

Además, el expediente –integrado desde hace más de dos meses en las oficinas del procurador Eduardo Medina Mora– involucra a varios empresarios: Roberto Isaac Rodríguez, encargado del Fondo de Infraestructura de Medios de Pago Electrónicos (FIMPE); Enrique y Gabriel Pérez, directivos de Image Technology; Meyer Guerrero, de la empresa E. Siglo, y Alfonso Franco, de Grupo Infra.

La credencialización

Sobre el proceso de credencialización, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) asegura que la información, solicitada a través de la Ley de Transparencia, es “inexistente”, por formar parte de la auditoría 15/06.

La CNPSS –encargada de operar el Seguro Popular– indica que el 20 de febrero de 2007 entregó la documentación original que ampara el contrato CNPSS/S/LP/020/2005 a la directora de Auditoría a Programas Federales y Especiales del OIC, en la Secretaría de Salud, Georgina Uranga Barri.

De acuerdo con dicho convenio, otorgado a Image Tecnology y a sus socias E Siglo y Oracle de México y al que tuvo acceso Fortuna, las empresas debían elaborar la credencial con chip Tu Salud. Por este producto, actualmente inservible, la institución pagó 368 millones de pesos.

Ese no es el único caso. Otro contrato por 742 millones de pesos celebrado con Image Tecnology, Cosmocolor (de Jorge Kahwagi), Engenico y Gemplus se encuentra impugnado por la SFP. Dichas empresas llevaron a cabo diversas operaciones de avance tecnológico dentro del programa.

En la negociación de éste, además, se encuentran implicados los funcionarios José Antonio González Pérez, director general de Financiamiento; Martha Evelia Dávalos, directora administrativa del Seguro Popular; y María Eugenia Galván Antillón, del OIC de la Secretaría de Salud, quien dio carpetazo a la queja interpuesta por la empresa Técnica Comercial Vilsa, luego de detectar irregularidades en el proceso de licitación 12161001-004-05.

En estas anomalías también podrían estar implicados Giovanni de Luna Noyola, exdirector general de Gestión de Servicios de Salud, y Rocío Herrera, coordinadora general del Proceso de Credencialización del Seguro Popular e hijastra de Juan Antonio Fernández.

Cómplices del fraude 

Desde el año pasado, De Luna Noyola es investigado por el presunto delito de lavado de dinero, pues su amigo y colaborador cercano, Fernández Ortiz, también fungía como tesorero de la asociación civil Somos Amigos de México y como rector del Organismo Mundial de Investigación, sociedad civil cuyos centros de investigación se encuentran en Guanajuato y Tijuana.

Además, se presume que la entonces encargada de vigilar el proceso de elaboración de la credencial con chip “Tu salud”, Rocío Herrera, participó en el blanqueo de capitales.

La mujer, que hace poco dejó la administración pública, es hija de la actual esposa del actuario, también llamada Rocío Herrera. Según publicó Reporte Índigo, en junio pasado, el actuario y Rocío Herrera contrajeron nupcias el 28 de abril de este año en Punta Brujas, una de las zonas exclusivas de Acapulco.

Rocío Herrera utilizó el homónimo con su hija, exfuncionaria del Seguro Popular, para realizar viajes al extranjero con cargo al erario (Contralínea, 58).

Funcionarios del OIC de la Secretaría de Salud aseguran que cuando Rocío Herrera iba a ser notificada de la averiguación en su contra, ésta había cambiado de domicilio, por lo que presumen ya no esté en el país.

Gastos excesivos

Los documentos que integran la averiguación de la PGR están basados en auditorías que realizó el OIC de la Secretaría de Salud, y revelan los excesos y gastos injustificados realizados en el Seguro Popular.

El Resumen de pagos realizados durante el ejercicio 2005 especifica en su apartado de “irregularidades” que fueron erogados 389 millones 431 mil 342 pesos, por el pago de diversas aplicaciones tecnológicas.

A detalle, la auditoría muestra que fueron entregados 17 millones 703 mil 469 pesos por el pago de un servidor central de la marca IBM a la empresa Qualita, con el registro LPI-1216001-003-05, y que no fue solicitado a la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI).

Con el pedido 029/05 se pagó un millón 104 mil pesos a Impresora Profesional, para la elaboración de porta tarjetas; 373 mil 351 pesos para el soporte del servidor a Sixsigma Networs México; y 1 millón 790 mil 521 pesos, por el pago de asesorías a diversos consultores.

Ninguno de estos desembolsos fueron dictaminados ni autorizados debidamente por las autoridades competentes, y a ello se suma el derroche por 368 millones 460 mil pesos que significó el contrato CNPSS/S/LP/020/2005, otorgado a la empresa Image Tecnology y sus socias E Siglo y Oracle de México.

Entre las consultorías pagadas se encuentran las de Patricia de la Concepción Noriega Hurtado, para el “establecimiento de objetivos y estrategias de organización del manejo de los recursos humanos”, con el contrato CNPSS/S/AD/004/2005, por 190 mil pesos.

También participó Leopoldo Domínguez González en la elaboración del plan de trabajo mediante el cual se establecería la “estrategia organizacional del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, con el contrato CNPSS/S/Ad/007/2005, por 110 mil pesos.

RFID México brindó el servicio de consultoría para la definición de alcance y arquitectura de la tarjeta de identificación (tecnología RFID 13.56 mhz), con el contrato CNPSS/S/AD/011/2005, por 356 mil 500 pesos.

Ernesto Rocha Santoyo, excolaborador de Juan Antonio Fernández Ortiz cuando estuvo en la Secretaría de Agricultura, también obtuvo el contrato CNPSS/S/AD/012/2005, por 206 mil 521 pesos, para llevar a cabo el establecimiento del macro modelo de medicamentos dentro de la operación del Seguro Popular, a través de la tarjeta electrónica.

Silvia Franco Figueroa obtuvo el contrato CNPSS/S/AD/016/2005, por 285 mil pesos, para la elaboración del libro Política de medicamentos. Erika León Ledesma redactó otro texto titulado Seguro Popular, por el que recibió 275 mil pesos, bajo el contrato CNPSS/S/AD/016/2005.

SPONTY (contrato CNPSS/S/AD/016/2005) obtuvo 345 mil pesos por la elaboración del Manual de comunicación; Lourdes Rivera Ugalde consiguió otros 322 mil pesos por el título Documentación chip.

Todas estas evidencias permanecen reservadas y en poder de la dirección de Auditoría a Programas Federales y Especiales del OIC de la Secretaría de Salud. Se encuentran en observación para proseguir con las acciones penales y administrativas en contra de Juan Antonio Fernández Ortiz y sus colaboradores más cercanos.

Año V No. 55 Agosto 2007

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