A referendum el TLC en Costa Rica

Con la experiencia de los negativos efectos que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha tenido en México, los costarricenses se resisten a la entrada en vigor del acuerdo comercial que les ofrece Estados Unidos y se preparan para votar por el NO en el referéndum de octubre próximo

Ana Lilia Pérez / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados

San José, Costa Rica. Desde hace meses, la agenda política en Costa Rica tiene un sólo tema: el referéndum del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica (TLC), que tendrá lugar el 7 de octubre para decidir si se acepta o no el acuerdo comercial negociado fast track entre enero y diciembre de 2003.

De los cinco países signatarios, Costa Rica es el único donde el TLC no ha entrado en vigor. La fuerte oposición de políticos, académicos, empleados públicos, obreros, sindicatos, estudiantes y comités vecinales ha hecho trastabillar al presidente Oscar Arias, que debe cumplir sus compromisos no sólo con Estados Unidos, sino con las trasnacionales que asechan este mercado.

Las multitudinarias protestas –que se intensificaron en diciembre pasado– impidieron también que su entrada en vigor se decidiera en la Asamblea Legislativa (donde el Partido Liberación Nacional, al que pertenece Arias, tiene mayoría). Se trata del primer TLC que se ratificará en un referéndum.

Rumbo a las urnas, como si se tratara de dos partidos políticos, los bloques antagonistas intensifican sus campañas para influir en el voto de los 2 millones de costarricenses que participarán en el plebiscito.

Los del SÍ publican en los diarios; anuncian comerciales y notas pagadas en la televisión abierta; promueven debates y mesas de análisis. Se desató una campaña de temor impuesta por las empresas privadas a sus empleados para que voten a favor del TLC a cambio de no perder su trabajo.

Los del NO dan conferencias en plazas públicas; organizan foros en universidades; se reúnen con los obreros; visitan al campesinado; van casa por casa para informar sobre las repercusiones del TLC. Su campaña de rechazo se basa en los efectos que el TLCAN ha tenido en México.

Juego sucio

Más allá de un simple acuerdo comercial, el TLC EU-Costa Rica implica una transformación estructural del país en el que, hasta ahora, prevalecen los principios de “Estado solidario”, donde se subsidian los servicios básicos: seguridad social, educación, vivienda, agua, luz, electricidad y teléfono. Desde hace ya varias décadas, estos subsidios hacen que la población tenga el mejor nivel de vida en Centroamérica.

Una encuesta realizada por la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica, difundida en mayo pasado, arrojó que el NO al TLC tiene un 44 por ciento de la intensión de voto, y el SÍ, un 37 por ciento.

Al margen del referéndum, algunos poderes controlados por el gobierno dan los primeros pasos para la reestructuración del país en el marco del TLC. El 3 de julio, la IV Sala Constitucional –la misma que permitió a Oscar Arias su reelección–, encabezada por el magistrado Fernando Solano (amigo de infancia del presidente), declaró que el TLC es constitucional. Una semana después, la Asamblea Legislativa aprobó las modificaciones fast track de la legislación, incluidas reformas constitucionales a partir de que el tratado entre en vigor.

México, mal ejemplo

Para los analistas, la esencia del TLC con Centroamérica está en la libre operación de las trasnacionales sin restricciones legales o políticas. Entrevistados por Fortuna, los principales opositores –militantes de lo que el excandidato presidencial del partido Acción Ciudadana, Otton Solís, denomina "gesta patriótica"– fundamentan su rechazo al TLC partir del “caso México”.

La lista de los políticos opositores la encabeza el expresidente Rodrigo Carazo, quien durante su gestión en Costa Rica –en la década de los ochenta– fue el primer mandatario de la región en rechazar la ayuda del Fondo Monetario Internacional y denunciar públicamente que éste “actúa siempre en beneficio propio” y que sus préstamos disfrazan la manipulación que hace de los países favorecidos.

En 1993, previo a la entrada en vigor del TLC entre Estados Unidos, Canadá y México,  Carazo público una fuerte crítica a la firma del acuerdo, al que calificó como “la claudicación de México ante el poderío de las empresas trasnacionales”.

En entrevista, Rodrigo Carazo dice que el negativo impacto del TLCAN en México durante los últimos 13 años no es una sorpresa porque “desde sus orígenes, el acuerdo estaba amañado. México cedió no por ignorancia. Fue la complacencia del gobierno con una nación poderosa, y el engaño o autoengaño de creer que se enriquecería con negocios de los que sólo unos pocos iban a obtener muy buenos dividendos, lucrando con la riqueza de todo el pueblo”.

A unos meses de que se liberen los aranceles del maíz y del frijol –uno de los puntos medulares del TLCAN– Carazo asegura que, en lo que resta del sexenio de Felipe Calderón, se agudizará su impacto en México. A pesar del delicado escenario que se vislumbra –la pérdida de más fuentes de empleo y la aniquilación del campo–, el gobierno federal no renegociará el acuerdo comercial. Debido a “los compromisos con los que el michoacano logró imponer su gobierno”, el Estado se supeditará a cada decisión de Estados Unidos.

“La situación en México es muy complicada. En el marco del mismo Tratado se creyó que por ser Estados Unidos el principal socio comercial, se cedería algo de la reforma migratoria, pero la respuesta fue construirles un muro. Es muy difícil que el presidente Calderón tome actitudes independientes, porque llegó con muchos compromisos. Lucharemos para que todo lo que los mexicanos están padeciendo no ocurra en Costa Rica”, agrega.

Con los mismos argumentos que utilizó el entonces presidente de México Carlos Salinas, Oscar Arias busca la aprobación del tratado: la firma del TLC generará miles de empleos bien remunerados, aumentará el poder adquisitivo y llevará al país “al primer mundo”.

Alfredo Volio, ministro de gobierno y coordinador de la Alianza Ciudadana por el Sí, asegura que el TLC generará 500 mil empleos. Sin embargo, un estudio realizado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) afirma que, una vez que se privaticen los servicios públicos y que los agricultores locales compitan con los estadunidenses, se perderán 200 mil empleos: 125 mil en el sector público y 75 mil en el agro. Esta cifra corresponde al 15 por ciento de la población económicamente activa.

Dirigida por Albino Vargas, la ANEP es la organización que más investigaciones ha hecho sobre los impactos del acuerdo comercial. Vargas explica que a diferencia de México –donde el TLC generó desempleo a mediano plazo– en Costa Rica los efectos serán irreversibles desde los primeros meses, debido al reducido mercado laboral del país, integrado por un millón 700 mil empleos formales.

“A los mexicanos se les vendió la ilusión de que se harían miles de empleos. Lo mismo ha dicho aquí el gobierno. En México el desempleo se registró paulatinamente, pero aquí nuestra economía es tan pequeña que será de inmediato, sobre todo porque se van a privatizar las principales fuentes de empleo, las instituciones de gobierno y los servicios públicos”, subraya.

El de obras públicas y carreteras sería uno de los sectores más afectados, porque el TLC contempla su concesión. Al respecto, Walter Soto Jiménez, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores de Obras públicas y Transporte (Unatropyt), explica que las experiencias que han tenido con carreteras construidas por empresas privadas han sido “desastrosas”, incluidos algunos fraudes, como el de Alterra en la ampliación del Aeropuerto Internacional. El dirigente sindical estima la pérdida de seis mil empleos con la privatización de las obras públicas.

Orlando Álvarez, secretario de Salud Ocupacional de la Unatropyt, explica que han documentado fraudes de las empresas privadas encargadas de la construcción y administración de las carreteras en México, como un ejemplo para rechazar que dentro del TLC el Estado ceda este sector.

Seguridad Social en riesgo

Después de Cuba, Costa Rica cuenta con el segundo sistema de salud más eficiente del continente sufragado por el Estado, sin participación de la iniciativa privada. De acuerdo con un reporte de Economist Intelligence Unit, mientras que en México el gasto en salud per cápita anual es de 370 dólares, en Costa Rica es de 293 dólares y en Cuba de 185 dólares. Con esta reducida inversión, Cuba tiene el sistema estatal de salud más desarrollado del mundo y Costa Rica el segundo.

La Caja Costarricense de Seguro Social atiende al 97 por ciento de la población, incluida la que no cotiza y a los emigrantes nicaragüenses. La eficiencia del sistema de salud se basa, en parte, en la autosuficiencia de medicamentos genéricos, producidos en el mismo país a costos bajos. La distribución de medicamentos es exclusiva de la Caja sin fines de lucro. De aprobarse el TLC, el sistema de salud podría quedar desmantelado.

Aunque la Organización Panamericana de la Salud recomienda “las medicinas son inherentes a la salud humana y no deben convertirse en una mercancía”, éste es uno de los  puntos medulares del acuerdo comercial, principal interés de las trasnacionales, en particular de Pfizer, razón por la que las farmacéuticas están sufragando parte de la campaña por el Sí.

El TLC establece “el respeto a la propiedad intelectual de patentes”. Esto significa que el país estará obligado a comprar medicinas de patente con lo que, según los analistas, se incrementará casi un 500 por ciento el costo de los 400 fármacos del cuadro básico que maneja la Caja Costarricense. Actualmente, éste tiene un costo anual de 70 millones de dólares, pero, con el costo de las patentes, la cifrá sería de 300 millones de dólares.

La Defensoría de los Habitantes dice que ello atenta contra las garantías individuales y derechos humanos contemplados en la Constitución Política. Según sus cálculos, con la “propiedad intelectual”, sólo 19 de cada 100 costarricenses podrán recibir los fármacos.

Trasnacionales al ataque

El diputado Oscar López, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE),  denuncia que Pfizer sobornó a algunos diputados para que respaldaran el TLC tanto en el Congreso, como en entrevistas y foros en televisión. En Costa Rica Pfizer está representada por el abogado Luis Palm, asesor de presidencia y esposo de la diputada Mayi Antillón, coordinadora de los legisladores oficialistas del Partido de Liberación Nacional (PLN).

Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social acusa que, premeditadamente, el gobierno ha permitido la evasión de las cuotas de las empresas, para justificar “la necesidad de inversión privada” en el sistema de seguridad social. El propio gobierno adeuda a la Caja 500 mil millones de colones (970 millones de dólares) y las empresas privadas 77 mil millones de colones  (149 millones de dólares).

La deuda atenta contra el patrimonio de la población, porque además de mantener la infraestructura hospitalaria y la fabricación de genéricos, la Caja administra sus recursos a través del Banco de Costa Rica, donde los intereses se reparten proporcionalmente entre los trabajadores. El año pasado por ejemplo, la Caja ganó 2 mil millones de colones (4 millones de dólares).

El mercado de los seguros es otro de los que se abrirán a la inversión privada en el marco del TLC. El monopolio lo tiene el gobierno a través del Instituto Costarricense de Seguros (ICS), la empresa en su tipo más grande de Centroamérica y el Caribe, y la única que opera con subsidio estatal. De las ganancias que obtiene, cada año 800 millones de colones (un millón 600 mil dólares) son para bomberos y Cruz Roja. Al abrirse el sector, se perderá este beneficio. La trasnacional interesada en el mercado es Lyons Insurance Agency.

El mito de los aranceles

El gobierno de Oscar Arias asegura que la reducción de las cuotas arancelarias fomentará el comercio de Costa Rica hacia el mercado estadunidense e incentivará la inversión extranjera. El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) dice que “el que los productores costarricenses tengan asegurado el libre ingreso a Estados Unidos sin pagar impuestos de importación, estimula la creación de más empresas exportadoras y la ampliación de las existentes, y con ello más fuentes de empleo”.

Para echar por tierra este argumento, nuevamente México es tomado por los analistas como el mejor ejemplo de que los beneficios serán para los productores estadunidenses, por los millonarios subsidios que reciben. Por ello, la ANEP estima que los efectos más agudos del acuerdo comercial serán en el agro; Albino Vargas dice que además está en riesgo la soberanía alimentaria, porque el TLC obliga a que se respete la patente de semillas y plantas, en su mayoría en poder de Monsanto y Cargill.

El Comex argumenta que con el TLC Costa Rica colocará en el mercado estadounidense la producción de café, banano, caña de azúcar, piña y melón, que representan más del 70 por ciento de los cultivos de todo el país.

Sin tratado alguno, las grandes producciones de piña y banano están en manos de trasnacionales como Pindeco y la legendaria United Fruit Company. Ésta última –que en 1970 cambió su nombre a Chiquita Brands–está involucrada actualmente en el escándalo del financiamiento de paramilitares en Colombia y mantiene en la zona del Pacífico su plantación de banano más grande del mundo. También operan Standard Fruit Company, Banana Development Company y la Compañía Bananera del Atlántico.

En el caso de la caña de azúcar, es el único capítulo que beneficia directamente a los productores de Costa Rica por la cuota azucarera que fija el TLC, pues Estados Unidos se compromete a comprar toda la producción de caña para hacer etanol, lo peculiar es que el monopolio cañero es del Grupo Sama, de la familia del presidente.

Al respecto, el diputado Oscar López, del PASE, denuncia: “Oscar Arias está buscando el ingreso de la cuota azucarera, porque beneficia directamente a su ingenio Taboga, el más grande de Costa Rica, donde comparte la sociedad con su hermano Rodrigo, ministro de la Presidencia, y su sobrino, el diputado Fernando Sánchez. Por eso presionan para que el pueblo vote por el Sí, lo que es un claro conflicto de intereses”.

Henry Mora, coordinador de la maestría en política económica y doctorado en ciencias económicas de la Universidad Nacional, explica que la desgravación aranceralia beneficiará sólo a los grandes importadores o distribuidores, con un efecto muy reducido sobre los precios que paga el consumidor final.

“El Estado recibirá menos impuestos, debido a la reducción de aranceles sobre las importaciones, y por tanto, deberán ser sustituidos por impuestos internos, sobre todo de tipo indirecto, como impuestos a las ventas o al valor agregado. De no hacerlo, significaría una presión adicional sobre el déficit fiscal, la deuda pública, sacrificar la cobertura y calidad de los servicios públicos”, dice.

Costa Rica ha sufrido ya el impacto negativo de la reducción de cuotas arancelarias y la eliminación de barreras comerciales con países cuyas trasnacionales aplican una competencia desleal. El caso más representativo es el TLC México-Costa Rica, firmado en abril de 1994 y entró en vigor en enero de 1995. Con la degravación arancelaria, empresas como Bimbo, Cemex y Maseca se instalaron en el país centroamericano y en unos años quebraron a las productoras nacionales. Actualmente, estas empresas prácticamente mantienen el monopolio en cada uno de sus mercados.

En contraste con los jugosos beneficios de las trasnacionales mexicanas, del TLC entre ambos países “los costarricenses tuvimos sólo ilusiones”, dice  el expresidente Rodrigo Carazo.

Año V No. 55 Agosto 2007

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