Retroceso en apoyo a marginados

Los programas del gobierno federal para combatir los niveles drásticos de marginación a través de la Secretaría de Economía fueron un fracaso, pues contrario a lo planeado los niveles de marginación se elevaron y los programas tuvieron deficiencias y retrocesos en su aplicación, según reporta la Auditoría Superior de la Federación

Paulina Monroy

La Secretaría de Economía (SE) erogó 994 millones 460 mil pesos en la actividad institucional 009 “Apoyar iniciativas productivas de población de bajos recursos”, de los que 759 millones 543 pesos correspondieron al Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (Fonaes) y 234 millones 915 mil pesos restantes a la Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim). 

Sin embargo, como lo demuestra la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante 2005 ni uno ni otro programa presentaron avances significativos y, por el contrario, reflejaron incumplimientos en los apoyos otorgados a empresas sociales y microempresarios.

El objetivo de ambas estrategias, contribuir a mejorar la situación de los más marginados, está a la zaga de las deficiencias en el control, administración y ejecución de los programas. 

Empresa social: retrocesos 

Un impacto contable por 3 mil 659 millones 214 mil pesos arrojó la Auditoría Financiera y de Cumplimiento al Programa Nacional de Apoyo para las Empresas Sociales (Fonaes). Del total, 3 mil 619 millones corresponden a recursos autorizados de 1991 a 2004 que no han sido recuperados dentro de la cuenta “deudores del erario”.

El máximo órgano fiscalizador advierte que esta cuenta refleja un activo inexistente que requiere someterse a un proceso de depuración, “ya que las cifras presentadas no son confiables”. Por ello, solicita a la Secretaría de la Función Pública realice las investigaciones pertinentes y se finquen responsabilidades administrativas a los servidores públicos que en su gestión no llevaron a cabo la recuperación de los recursos otorgados.

El órgano desconcentrado de la SE, dedicado a alentar los esfuerzos organizados de productores indígenas, campesinos y grupos populares urbanos, ejerció en la partida 4140 “Subsidios para Inversión”, 760 millones 855 mil pesos. 

No obstante, “las cifras reflejadas en la contabilidad no son confiables”, luego de haberse detectado una diferencia por 40 millones 174 mil pesos entre lo reportado a la Hacienda Pública Federal y lo ejercido del presupuesto, como lo deja ver el informe.

En la Revisión y Fiscalización a la Cuenta Pública 2005, la Auditoría concluye que el programa no cumplió con la normatividad en materia de planeación, administración, ejecución, control y registro en la autorización de créditos.

“Las deficiencias determinadas revelan vulnerabilidad en la estructura del control interno, particularmente en lo relacionado a la supervisión que Fonaes efectúa sobre el proceso en la concesión de apoyos, deficiencia que además de traducirse en incumplimientos al marco normativo, puede generar daños al patrimonio de la entidad fiscalizada”, expone la Auditoría.

Al respecto, la ASF informa que el 90 por ciento de una muestra revisada de 192 expedientes de apoyos concedidos por el Fonaes, por un importe de 15 millones 800 mil pesos, no contaban con documentación de uno o varios requisitos necesarios para la entrega de apoyos o ejercicio de gasto.

Para ratificar lo observado, la ASF amplia la selección de expedientes y constata que el ciento por ciento de los 74 expedientes examinados, por un importe de 21 millones 666 mil pesos incumplieron con los protocolos.

El Fonaes prevé los porcentajes máximos que aportará a los proyectos y el que efectuará el beneficiario. En este sentido, la ASF señala que, con la finalidad de alcanzar su porcentaje para ser beneficiado, las empresas sociales realizan como contribuciones pagos de renta, luz, agua y salarios que no corresponden a recursos materiales como lo establecen las reglas de operación.

“Se confirmó que se recibe documentación que acredita la disponibilidad de los recursos naturales o materiales que comprometen para el proyecto, sin el aval de la autoridad competente”, indica la ASF.

Por ello, emite una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, a fin de “fincar las responsabilidades que se emanen de los actos u omisiones de los servidores públicos que aceptaron dichas participaciones y acreditaron documentación sin el resguardo de una autoridad facultada”.

Por otro lado, la Auditoría descubre recursos sin ejercer por empresas beneficiadas del Fonaes. Tal como lo confirma con el presupuesto facilitado por la representación federal del Distrito Federal a Artesanías de Amaranto Yolohuautli por 254 mil pesos “que si bien se aplicaron al proyecto, no se están trabajando y no se generan ingresos y empleos”, y en el financiamiento por 300 mil pesos entregado a Fine Clean de México en Jalisco, que tampoco se destinó al desarrollo empresarial.

Al verificar el uso y destino de recursos autorizados por la representación federal de San Luís Potosí, el órgano fiscalizador resuelve que cuatro beneficiarios, por un total de un millón 610 mil pesos, no justificaron ni comprobaron los bienes adquiridos.

En ese aspecto, la Auditoría subraya que las facultades brindadas a los representantes federales del Fonaes en las entidades federativas para recibir solicitudes, verificarlas, evaluar proyectos, autorizar y aprobar modificaciones al esquema productivo, vulneran el control interno, pues “no existe una desagregación de funciones, lo que dificulta el equilibrio de éstas en la aplicación de recursos públicos”. 

Aunado al incumplimiento en la actualización del Manual de Organización y de Procedimientos y al retraso en la publicación de las Reglas de Operación del Fonaes, de acuerdo con la ASF, está la falta de claridad y precisión de las mismas respecto a las fechas límite para que empresas beneficiadas utilicen o comprueben el financiamiento recibido. “Lo que permite la discrecionalidad para consentir prórrogas y evidencia opacidad”, reclama el órgano.

Pese a tener como obligación la difusión a los beneficiarios a través de convocatorias públicas y otros actos administrativos, la forma de recuperar, restituir, reintegrar o pagar lo que se derive de los convenios celebrados, la Coordinación del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad no publicó anuncio alguno.

Desde esa perspectiva aunque las Fonaes deben presentar constancia expedida por la Empresa Social de Capitalización (ESC) de estar al corriente en sus obligaciones de revolvencia, hasta noviembre pasado dichas entidades no han sido constituidas ni están funcionando. 

Microempresarios: faltas operativas

Como resultado de la auditoria a la Operación del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Finafim), la ASF presume un probable daño al patrimonio de la Hacienda Pública Federal por 4 millones 564 mil pesos, recursos que el Comité Técnico del fideicomiso otorgó al Centro de Apoyo al Microempresario (CAME), institución que no está reconocida como una microfinanciera.

“En el contrato de apertura no se menciona la participación del CAME en la promoción, entrega, seguimiento y recuperación de microcréditos concedidos con recursos del Finafim, ni su participación como acreedor solidario, por lo que no se tiene figura jurídica ante el fideicomiso para hacerse acreedora de un crédito como el autorizado en 2005”, puntualiza el máximo órgano de fiscalización. 

Y es que los mecanismos de control y seguimiento de los ingresos captados por el Finafim y de los egresos por otorgamiento de créditos a microfinancieras son insuficientes, califica la Auditoría Superior de la Federación.

El Finafim es una entidad coordinada por la Secretaría de Economía que se constituyó en 2001 para destinar recursos al fomento y desarrollo de la microempresa. En el informe sobre la Operación de Finafim, el máximo órgano fiscalizador justifica que se audite debido a que no hay antecedentes de revisiones anteriores y se presume un alto grado de riesgos operativos. 

En una primera observación, el órgano fiscalizador anota que el presupuesto reportado por el Finafim a la Cuenta Pública 2005, que ascendió a 168 millones 437 mil pesos es menor en 209 millones de pesos al consignado en los registros contables del Finafim y en 187 millones 390 mil pesos al declarado en el Informe Trimestral. Para la SE estas diferencias obedecen a que el fideicomiso opera con aportaciones del gobierno Federal, el patrimonio propio y la recuperación de créditos.

Sin embargo, una vez revisados los depósitos bancarios, la ASF concluyó que la entidad fiscalizada sólo recibió 150 millones 465 mil pesos por subsidios de la Federación. “No se pudo verificar que el Finafim haya informado de los ingresos que obtuvo por la recuperación de créditos e intereses”, considera la Auditoría.

Dicha cantidad presenta irregularidades, pues, se hallaron discrepancias entre lo consignado en registros frente a los depósitos bancarios; un sobrante por 6 millones 841 mil pesos que se registró como ingreso cuando se había traspasado a cartera vencida.

Del mismo modo, al revisar los créditos permitidos a dos microfinancieras, se fija que se registraron cerca de 310 millones de pesos para 42 microfinancieras, monto mayor en 18 millones al registrado por la Tesorería.

La diferencia se integra por las solvencias a Grameen Trust Chiapas y Ámbito Productivo, a quienes se les entregó de manera extemporánea financiamientos por 23 y 3 millones de pesos respectivamente, créditos que “indebidamente se reportan como ejercidos desde el 2005, denuncia la ASF. Lo anterior denota que el Finafim carece de dispositivos de seguimiento y validación de la información contable y financiera”.

Además, apunta que existen rezagos entre la fecha de autorización y la formalización del contrato de préstamos a 8 microfinancieras. Para la ASF “resulta inconsistente que después de transcurrido más de un año de la autorización se tuviesen en línea los recursos para su ministración en cuanto lo solicitaran los beneficiarios”. 

En el informe la Auditoría promueve una solicitud de aclaración- recuperación sobre el importe de las penalizaciones por 149 mil pesos que Nacional Financiera debió pagar al Finafim por comisiones de junio a diciembre de 2005 bajo el Contrato de Participación de Riesgo Crediticio, y que fueron depositadas extemporáneamente hasta enero de 2006 sin cubrir una penalización de un millón 495 mil pesos.

Microfinancieras: el descontrol 

Aún cuando, los apoyos crediticios a una sola institución no deben exceder el 22 por ciento del techo autorizado por el Comité Técnico, ni ser menor a 50 mil pesos, dos microfinancieras concentraron 34 por ciento, poco más de una tercera parte de la derrama de microcréditos en 2005. La suma de los financiamientos recibidos en 2005 por Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios y Desarrolladora de Emprendedores, representan el 28 por ciento del techo autorizado. 

Luego de autorizar un crédito por 30 millones de pesos a Fincomún, se consintió una reestructura a la microfinanciera para reprogramar los pagos de una línea de crédito concedida en 2004 para amortizar capital, ya que “la microfinanciera requería de mayores recursos para atender sus necesidades”. 

A pesar de que Desarrolladora de Emprendedores recibió recursos por 40 millones de pesos, solicitó que los pagarés fueran renegociados a cinco años. “Lo anterior hace evidente que ambas organizaciones constituyen un área de riesgo, pues no pueden asumir compromisos pactados con el Finafim”, sugiere la ASF.

El órgano fiscalizador advierte que existe el riesgo de un conflicto de intereses, toda vez que un miembro del Comité Técnico del Finafim –del que no se revela su nombre– con voz y voto, es miembro del Consejo de Administración de Fincomún. Lo anterior, en contravención a la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos.

En consecuencia, solicita se finquen las sanciones que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su cargo mantuvieran relaciones con cualesquiera de las microfinancieras a las que se les autorizara créditos prendarios. 

Para comprobar si los recursos asignados a las microfinancieras en 2005 se canalizaron a la población objetivo, la ASF analizó el saldo remitido por las empresas en el Anexo “C”. “Por consiguiente, la diferencia contra lo asentado en los registros contables se refiere al monto de recursos no otorgados vía crédito”, explica el organismo.

Del examen a 69 instituciones, en 52 –examina la Auditoría– el monto de créditos reportados en el Anexo “C” es menor en 95 millones 590 mil pesos que el consignado en los registros contables por 528 millones 964 mil pesos, mientras que las 17 restantes, el saldo es mayor en 30 millones 527 mil pesos que el indicado por 99 millones 659 mil pesos.

La SE informó que “las organizaciones en muchos casos no tienen colocado el ciento por ciento de los recursos, por lo que la diferencia de más se encuentran disponibles en bancos y las diferencias de menos se deben a que las instituciones reportan colocación incluyendo capital e intereses”.

Contraria a la posición de la Secretaría de Economía, la ASF precisa que el importe en cada microfinanciera observada es mayor al reportado en la cuenta de bancos, “lo cual contradice lo informado por la entidad fiscalizada en cuanto a que los recursos no colocados por las empresas se encuentran disponibles en bancos”.

Por lo demás el máximo órgano fiscalizador afirma que ninguna de las microfinancieras inspeccionadas dispone de estados de cuenta habilitados para el control y administración de las operaciones realizadas con recursos del Finafim.

Al mismo tiempo el organismo repara que “en las cuentas de créditos prendarios del Finafim, los adeudos de cuatro microfinancieras son mayores a los referidos en sus estados financieros”.

Sin avances

La Secretaría de Economía informó que durante el 2005 se concedieron 655 mil 429 microcréditos, meta por encima de lo programado en un 145 por ciento. Sin embargo, al cotejar el alcance de la meta y su efecto en el objetivo, la ASF resolvió que “los créditos colocados ese año fueron de 418 mil 629, es decir, 236 mil 800 menos a los reportados a la Cuenta Pública.

Por otra parte, también se indicó que el Finafim incorporó nueve microfinancieras para totalizar 80 instituciones que trabajan con créditos del fideicomiso y apoyó la apertura de 52 sucursales.

Sin embargo, de esas 80 organizaciones, mediante la revisión de los estados financieros y las cifras de gasto, la ASF encontró que sólo existían 70 con líneas de crédito, tres en cartera vencida y siete que liquidaron sus créditos. Con lo cual, al cierre del ejercicio, 69 microfinancieras contaban con línea de crédito activa”, asevera el informe. Ítem, la Auditoría anuncia que sólo se abrieron 44 sucursales, pues ocho microfinancieras se cancelaron porque no hicieron uso de los apoyos económicos autorizados. 

“Por lo anterior se dedujo que debido a la carencia de información presenta en la Cuenta Pública respecto al número de microfinancieras y sucursales que se programó integrar, y por las diferencias observadas entre lo presentado en ese documento y los registros del Finafim, no es factible determinar la eficacia en las acciones realizadas”, concluye el informe.

Año V No. 51 Abril 2007

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