Los golpes ocultos en el triple play

Mauricio Flores

La elaboración e instrumentación del Acuerdo de Convergencia Tecnológica mostró, como pocas veces, el encontronazo de las “fuerzas vivas” de la economía y la política, e hizo de un asunto inminentemente técnico y regulatorio uno de confrontación y relevancia pública. Pero, al final del proceso, se logró el también llamado triple play para que las redes de televisión restringida por cable puedan servir como servicio telefónico y sus redes, incluso de las de Teléfonos de México, y al mismo tiempo distribuir servicio de televisión.

Primer round: cableros contra Slim

El primer bosquejo del Acuerdo de Convergencia apareció en octubre de 2005 y, aunque fue aceptado inicialmente por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), este mismo organismo y su presidente Eduardo Pérez Motta se encargaron de denostarlo a los pocos días. El proyecto, elaborado por la Subsecretaria de Comunicaciones, a cargo de Jorge Álvarez Hoth, planteó que las redes de telecomunicaciones debían confluir en una sola y gran “canasta de servicios” para abaratar comunicación y entretenimiento a los usuarios. Como consecuencia de esto se modifica el título de concesión de Telmex y, a su vez, deja un período de transición de dos años para que los operadores de televisión por cable modernicen sus muchas veces obsoletas -pero rentables- redes de cable coaxial, a fin de ofrecer el servicio de telefonía fija.

Los cableros, integrados a la Cámara Nacional de la Televisión por Cable (Canitec), no tardaron en protestar, e hicieron llegar su postura a la Cofeco y a la Comisión de Mejora Regulatoria (Cofemer), la instancia encargada de recibir y concertar lo diferentes puntos de vista que genera la creación de nuevas normas. Esa protesta se resumió en dos puntos: exigencia de un plazo de 10 años para la apertura a la competencia del triple play en las ciudades donde hay cableras; y rechazo total a la modificación automática del título de concesión de Telmex. La directiva de la Canitec, encabezada por Alejandro Puente, fue especialmente activa en los medios de electrónicos de difusión para exponer sus puntos de vista, y en algunos casos presionó a los comunicadores que no les eran afines.

Al mismo tiempo, la Cofeco esperó a que se publicara su nueva ley para con mayores atribuciones y poderes para influir decisivamente en la elaboración del acuerdo. Pérez Motta se desempeñó en los medios con una casi obsesión religiosa: buscaba atar a Telmex para que no sobrepusiera su poderío a los mas de 540 concesionarios de cable, aunque ello significara alentar el rezago tecnológico y no tocar el punto medular del triple play: el acceso libre a los contenidos -programación- de la televisión abierta y restringida.

En este round, los cableros presionaron hasta donde les fue posible: al momento de la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (4 de octubre de 2006) obtuvieron no los 10 años, pero sí dos años de periodo de gracia y, sobre todo, una regulación asimétrica que les permite dar de inmediato telefonía, antes que Telmex pueda distribuir video. Esa regulación asimétrica fue el triunfo de Cofeco pero que, finalmente, tuvo que impulsar el tema de la apertura de los contenidos de televisión a todas las redes, aunque ello significara enfrentarse con Televisa.

La empresa que preside Carlos Slim aceptó esa regulación con vistas a instrumentar dentro de ocho meses su servicio de otra empresa: América Móvil. Además ganó el llamado cuarto play, al considerarse las redes de telefonía celular para dar video, datos y voz en servicio móvil.

Segundo Round: Televisa-SHCP vs Telmex

Aunque se llegó a decir que Telmex y Televisa formarían eventualmente alianza, para que la televisora proporcionara contenidos de televisión a el triple play de la telefónica, esta versión encubrió un enfrentamiento soterrado: la empresa de Emilio Azárraga Jean, a través de su filial Sky, se amparó contra el bosquejo de Acuerdo de Convergencia; pero sus argumentos fueron tan insostenibles que su recurso fue casi de inmediato desechado por los jueces. Detrás de tal ataque estuvo el interés de Televisa para evitar el acceso no discriminatorio a los contenidos.

Para el consorcio, la asignación discrecional de sus contenidos es la herramienta de presión permanente contra todos los sistemas de cable y, en su momento, lo que contribuyó crucialmente a la muerte en México de DirecTV. Los cableros, por su parte, tienen a PCTV, con la que controlan, en buena medida, la distribución de la programación extrajera para televisión restringida, pero no se pueden comparar.

Cuando los ejecutivos de Televisa se percataron de que el acuerdo los obligaría a que la venta de programación se efectúe de manera no discrecional ni discriminatoria y en las mismas condiciones comerciales a quien se lo solicite, emprendieron un ataque frontal contra Telmex que, a su vez, ya tenía tratos con productores independientes y proveedores extranjeros, como se aprecia en el servicio de video móvil “Ideas Telcel”.

Su principal aliado en ello fue un viejo enemigo de Slim Helú: el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, que poco antes de la publicación del acuerdo envió un carta directamente al secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, para exigir que se le cobrara a Carso un derecho adicional al pago que hizo en 1991 por la privatización de Telmex, y así modificarle el título de concesión. Esta fue la condición que trató de imponer a la publicación del Acuerdo de Convergencia que, no es necesario decirlo, estuvo a punto de perecer en ese instante.

La solución de la SCT fue traspasar esta decisión a la recién estrenada Comisión Federal de Telecomunicaciones. Para mitigar confrontaciones, estableció un periodo para la firma de un Acuerdo Marco de Interconexión y Portabilidad (que los usuarios conserven su mismo número telefónico si cambian de proveedor) para la negociación entre cableros, Televisa, Tv Azteca y Telmex.

Negociación y el round que viene

La solución de la SCT pudo cuajar luego de que Carlos Slim Helú se apersonara con Azcárraga Jean para, corren versiones, reclamarle el ataque pese a ser socios en Televisa (Inbursa tiene una cuarta parte de las acciones de control), y con Vicente Fox para impulsar que el tema se resolviera en esta administración. Aunque abundaron historias de que el equipo de Transición de Felipe Calderón quería que el Acuerdo de Convergencia fuese “congelado” hasta su arribo al poder, para entonces “apretarle tuercas a Telmex”, la actual directiva de la SCT y la Cofeco no soltó la negociación hasta el último momento; por eso se prolongó hasta 76 horas antes de la publicación en el Diario Oficial, para dejarle “espacios de seguridad” a los contenidos de Televisa.

El pleito que viene no tiene nada que ver con el Acuerdo de Convergencia mismo o con las tarifas de interconexión o portabilidad: al tratarse de un acuerdo al que los participantes se suscriben libremente, no existe imposición del gobierno. Vaya, sí los cableros quieren de alguna manera combatir a Telmex, mas les convendría suscribir el acuerdo y entrar a una negociación abierta que negarse a ello. En ese entorno, los amparos perderían su “litis” y poco futuro tendrían.

Política en el fondo

El verdadero pleito es el cobro de derechos adicionales a Telmex, que bien podría pagarlo para luego ampararse por “cobro de lo indebido” hasta lograr la devolución de su dinero más los intereses, daños y perjuicios. Mas allá de lo económico y lo jurídico, el tema será político: se verá hasta dónde los grupos de poder que apoyan a Felipe Calderón quieren ajustar cuentas con Carlos Slim (por el presunto apoyo que dio a Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal). Obviamente depende de hasta dónde el nuevo y frágil presidente electo desea hacer una “demostración de fuerza” o generar una agenda incluyente.

Y dependerá, por supuesto, de la capacidad de Slim Helú para concertar y defenderse, quien derrotó a AT&T y a MCI, cuando esas multinacionales eran poderosas. Y es que entonces Slim era llevado al cadalso mediático como “socio del enemigo público número uno”, Carlos Salinas de Gortari, y el gobierno de Ernesto Zedillo inició la apertura a mansalva de la telefonía de larga distancia con la participación de los poderosos grupos mexicanos Banamex (que luego se vendió a Citibank) y Grupo Alfa. De eso hace sólo 10 años.

Año IV No. 45 Octubre 2006

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