Convergencia a la Mexicana

José Luis Benavides*

Nuestro país siempre se ha caracterizado por ser discordante ante la tendencia generalizada y la inercia mundial, por tal razón, la Convergencia de Servicios Digitales de Telecomunicaciones no podía ser la excepción a la regla.

Durante el sexenio del presidente Vicente Fox -a punto de concluir- hemos sido participes de todo tipo de desencuentros entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la sociedad civil, haciendo especial hincapié en la plática que dijo haber tenido el arquitecto Pedro Cerisola, titular de la SCT, con los patos del Lago de Texcoco, el doctísimo -según el ex senador Javier Corral- dictamen técnico relativo a la Ley de Medios, y la joya de la corona Foxista, el tan publicitado Acuerdo de Convergencia, defendido a ultranza por el subsecretario Jorge Álvarez Hoth y que según sus propias palabras sería publicado antes de concluir la presente administración federal. Sin embargo, resulta hasta simpático -por decir lo menos- que un arquitecto como Cerisola y un licenciado en Ciencias de la Comunicación como Álvarez Hoth pretendan hoy erigirse como próceres de la regulación y normatividad de nuestro país en materia de telecomunicaciones, todo esto sin tener la formación profesional necesaria para dicha encomienda y así poder elaborar un documento -que de convergente sólo tiene el nombre- que sólo beneficia a los intereses de Telmex, toda vez y que de un plumazo dicha compañía se quitaría el grillete que tuvo desde su privatización en 1990, al prohibírsele participar de manera directa o indirectamente en la provisión servicios de televisión y accediendo de inmediato a un mercado potencial de 18.5 millones de líneas en servicio totales (según el reporte financiero al segundo trimestre de 2006 de Telmex) que opera en la actualidad en todo el país.

En este sentido, mi afirmación no es menor para un abogado de profesión -como el que éstas líneas escribe-, ya que si bien es cierto que dicho Acuerdo de Convergencia no reviste las formalidades mínimas necesarias -doctrinalmente hablando- para la concepción de una norma jurídica, también es cierto que la aplicación de la normas subjetivas vertidas en dicho documento pretenden sustituir la aplicación estricta de la ley, cualquiera que le corresponda, siendo por ende inconstitucionales y combatibles en la vía de amparo por quienes se sientan afectados en sus garantías individuales. Todo lo dejo al tiempo, y ya bastantes informes justificados tendrá que rendir la autoridad competente con respecto a dichas violaciones constitucionales.

Por otro lado, le debo reconocer en lo particular al subsecretario Álvarez Hoth su aplicación irrestricta a la frase acuñada por Joseph Goebbels, quien fuera ministro de propaganda de Adolfo Hitler y que en sus años de gloria dijo que “una mentira dicha mil veces se convierte en verdad”.

Tal parece que la SCT ha hecho ya oídos sordos de todas y cada una de las voces que se oponen a su Acuerdo de Convergencia, siendo que éstas no son pocas y además diversas, tales como la SHCP, Cofemer, Cofetel, Cofeco, Canitec, Canieti, Banco de México, operadiores fijos y móviles, sólo por mencionar algunos.

Asimismo, la tan deficiente pieza regulatoria en cuestión deja fuera a las empresas móviles, entiéndase Telcel, Iusacell-Unefon y Movistar, discriminándolas para su inclusión en el documento y dejando de lado los derechos adquiridos mediante sus títulos de concesión para explotar redes públicas de telecomunicaciones, rompiendo así los equilibrios naturales de la competencia, la correlación de fuerzas y los pesos y contrapesos de la industria de telecomunicaciones de nuestro país, misma que a 10 años de su apertura a la competencia todavía sigue padeciendo la hegemonía monopólica de un “competidor” integrado verticalmente con gran capacidad de presión a los más altos niveles, con excelentes cabilderos y especialistas en la materia, quienes son, por mucho, más capaces que los aprendices de jurisconsultos que hoy encabezan la agonizante administración federal desde la SCT y que ya desde este momento se encuentran en confrontación total con el equipo de transición del presidente electo, Felipe Calderón.

*El autor es miembro del Consejo Directivo del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, A.C.
jlbenavides@benavideslaw.com.mx
http://www.idet.org.mx/

Año IV No. 45 Octubre 2006

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