IPAB corrupción y prebendas

Con la venta de activos, cuyo valor promedio asciende a escasos 32 mil 258 pesos por cada bien subastado, el IPAB viola la ley al generar un negocio para ricos e influyentes y beneficiar a personas morales rescatadas, como la institución financiera Banorte y el corporativo Bachoco, propiedades de Roberto González Barrera y del gobernador sonorense Eduardo Bours, respectivamente

Mario Di Costanzo*

Banorte -institución rescatada por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y propiedad de Roberto González Barrera- figura como “comprador” de bienes subastados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

En lo que constituye una violación flagrante a la Ley del IPAB, y con consecuencias adversas para las finanzas públicas, grandes grupos rescatados por el Fobaproa “recompran”, a precios irrisorios, lo que hasta antes del rescate eran sus propiedades. Los propios bancos han adquirido las carteras que alguna vez le vendieron al gobierno con todo e intereses moratorios.

En la lista de clientes del Instituto que encabeza Mario Beauregard aparecen grupos económicos como Bachoco, también rescatado por el Fobaproa, y que ahora adquiere a bajo costo siete inmuebles ubicados en Puebla. Este corporativo industrial, entre cuyos accionistas destaca la familia de Eduardo Bours, gobernador de Sonora, perteneció al “barzón de los ricos”: beneficiarios de la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial (UCABE) con redituables reestructuraciones y quebrantos de deudas.

Además figuran prominentes personas como Patricia Olamendi, ex subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Gilda R. Tours Zaragoza, a quien se le enajenaron 27 casas y terrenos en Monterrey, y el empresario Marcos Giacaman.

De esta lista de “compradores de activos” sobresale el denominado “consorcio panista” representado por Wadi Amar ShabShab e Isabel López Castellanos, a quienes se enajenaron dos inmuebles en Hermosillo, Sonora. Una interesante operación pactada con el IPAB es la compra del actual edificio sede de los senadores panistas, hecha directamente por Diego Fernández de Cevallos.

Del análisis de la información, publicada por el IPAB en su página de internet, se desprende que la institución ha incurrido en graves violaciones a su propio marco jurídico al comerciar diversos bienes muebles a personas físicas y morales que no debieron haber participado en las subastas.

A la fecha, el IPAB ha vendido un total de 325 mil 698 créditos en apenas 10 mil 539 millones de pesos, lo que significa un valor promedio de 32 mil 258 pesos por crédito. Los bienes ofertados van desde casas de interés social, residenciales, bodegas comerciales, hasta naves industriales, cuyo valor comercial real supera al precio pagado al Instituto por estas compañías.

Las transacciones se han dado bajo el amparo del programa de enajenación de bienes que el IPAB dio a conocer el 12 de agosto de 1999, pero al mismo tiempo en infracción de éste: el objetivo central de dicho programa era obtener el máximo valor de recuperación posible de los créditos.

Además, ese marco jurídico establece que las personas físicas o morales que hubieran causado quebranto a alguna institución bancaria, que presentaran cartera vencida o que mantuvieran algún litigio con las autoridades financieras gubernamentales, quedarían impedidas para adquirir bienes o activos que vendiera el Instituto.

Lo anterior sólo ha sido ejecutado en contra de los pequeños y medianos deudores, quienes han sido impedidos para recomprar sus deudas. Por lo que el IPAB deja el negocio a las administradoras y compradoras de cartera, las cuales han lucrado con la deuda de muchos mexicanos.

Fracasa el IPAB

Otra irregularidad detectada en la conducción del IPAB se refiere a la negligencia en su proceso de recuperación de activos, ya que ha vendido en “subasta” muebles a dos dependencias gubernamentales -Procuraduría General de la República y Secretaría de Seguridad Pública-. Esto resulta absurdo y aberrante: de qué le sirve al IPAB vender un inmueble a alguna secretaría de Estado si ésta paga el bien con recursos fiscales. “Es como sacarme el dinero de una bolsa para echármelo en la otra”. Reducir el costo fiscal del rescate con recursos fiscales es un absurdo.

Este tipo de operaciones, y las personas físicas y morales que se han beneficiado con estas subastas, explican en buena medida las razones por las cuales la venta de activos del IPAB ha sido un rotundo fracaso para las finanzas públicas y para los contribuyentes y un jugoso negocio para los bancos y para los influyentes.

En otros casos, mediante el tráfico de influencias y la utilización de información privilegiada, miembros de la familia presidencial -los hermanos Bribiesca Sahagún- han sido beneficiados por medio de empresas y prestanombres que han actuado a su favor; tal es el caso de Construcciones Prácticas y los derechos litigiosos para adquirir casas de 3 mil pesos.

Pero no sólo eso. La flexibilidad con la que se impone la ley ha provocado que gente vinculada con el narcotráfico utilice estos mecanismos para lavar dinero: no hay ningún control sobre los supuestos compradores de la cartera, pues el IPAB se ha negado reiteradamente a transparentar la información y a rendir cuentas.

Diversas agrupaciones de deudores, entre ellas el Barzón, han propuesto modificaciones a la Ley del IPAB, para que a pequeños y medianos deudores se les otorgue el “derecho a tanto” y puedan recomprar sus deudas en un precio superior a lo que ha venido recuperando el Instituto -12 centavos por cada peso vendido-, pero inferior a la usura que cometen las administradoras de cartera al pretender que liquiden las deudas con un cúmulo de intereses y gastos de cobranza, que superan por mucho al monto original del crédito.

El 19 de abril de 2005, el diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario del Partido Convergencia, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 62- Bis a la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

El 15 de diciembre pasado, el Senado mostró sensibilidad ante este problema y aprobó una serie de modificaciones tanto a la Ley del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, como a la Ley del IPAB, que coinciden ampliamente con el contenido de la iniciativa presentada por Convergencia. Dichas modificaciones servirán para apoyar y restaurar a muchos deudores buena parte del costo social y económico del rescate bancario.

Sin embargo, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se ha negado a dictaminar la minuta y con ello se ha convertido en cómplice de las atrocidades cometidas en perjuicio de miles de pequeños y medianos deudores.

PAN opera chantajes

Además del congelamiento de la minuta, ahora el senador Gustavo Madero (ex presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y, quizá, próximo presidente de esa misma comisión en el Senado) pretende chantajear y coercionar a los deudores para que a cambio de gestionar sus créditos “emproblemados”, éstos se comprometan a no tocar más el tema Fobaproa.

Lo anterior se desprende de los comunicados entre la representante de los deudores, Rebeca Aguilar Estrada, y el ex diputado Gustavo Madero, así como las consultas que estos deudores hicieron a este analista financiero.

El primer correo electrónico, titulado “paquete a negociar”, se registró el pasado 20 de agosto. Dirigido a los deudores por Aguilar Estrada, la información señala que “el paquete final que se entregó a los diputados fue de 607 créditos, con un valor del portafolio en referencia a la suerte principal de 97 millones 142 mil 767 pesos, y con un monto a pagar en efectivo de 69 millones 436 mil 920 pesos.

“Los diputados que se han interesado en nuestro asunto y que nos están apoyando para negociar son Sofía Castro, del Partido Revolucionario Institucional, y Jesús Martínez Álvarez, de Convergencia.

“Por parte de la diputada Castro, es probable que se usen algunas medidas de presión para lograr la aceptación del paquete. Por parte de Martínez Álvarez, la solicitud se hará primero al diputado Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Hacienda, quien al parecer ha expresado que el compromiso de nosotros sería no tocar más el tema Fobaproa/IPAB. ¿Qué les parece?

“En espera de resultado positivo y sin ningún compromiso extra, reciban un cordial saludo.”

El 23 de agosto de 2006, este consultor financiero le respondió a la dirigente de los deudores que se trataba de una “buena oferta”, pero le aclaró: “Yo no me puedo comprometer a dejar el tema Fobaproa, ya que existen muchas ilegalidades e incumplimientos de la ley. Sin embargo, si ustedes aceptan la propuesta entiendo sus motivos.

“Es un exceso de Gustavo Madero condicionar la ayuda en esos términos. Es un chantaje inaceptable, pero entiendo y respeto sus razones”.

Año IV No. 45 Octubre 2006

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