Editorial

Dinero sucio en la banca

Año con año, la Asociación de Bancos de México realiza un seminario para prevenir el blanqueo de capitales a través de los circuitos financieros de la banca. Los resultados, sin embargo, son pobres y preocupantes. Hace casi una década que el gobierno mexicano y sus instituciones iniciaron la aplicación de medidas contra el lavado de dinero. Fue la entramada red de operaciones financieras realizadas por Raúl Salinas de Gortari en la banca, la que puso en evidencia la ausencia de controles por parte de las instituciones de crédito para detectar recursos de procedencia ilícita. Aquel caso se convirtió en una verdadera llamada de atención no sólo para el sistema bancario mexicano, sino también para el estadounidense, pues aquel llamado hermano incómodo del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari recibió todo el apoyo de la banca de ese país para abrir una millonaria cuenta en Citibank.

En aquel momento, de acuerdo con un histórico reporte generado por la Auditoria General del Congreso de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés), Citibank no se preguntó el origen de los recursos de Raúl Salinas. Sin mayor problema, entre 1992 y 1994, este hombre transfirió más de 100 millones de dólares de México a Estados Unidos y después a Suiza. Lo importante era captar la cuenta. En una de las pocas entrevistas que concedió sobre este caso, la fiscal suiza Carla Del Ponte aseguró que para el gobierno de ese país el caso era tan importante como el de los judíos y su oro depositado en bancos suizos por los nazis. Dinero sucio, dinero manchado de sangre o corrupción que no debía aceptarse. Pero en una típica respuesta del gobierno de EU para demostrar que eran los bancos mexicanos los que no cumplían con las medidas para identificar dinero sucio, la Operación Casablanca intentó deslindar y transferir responsabilidades. Se trató de una operación encubierta para poner en jaque a las autoridades mexicanas. Hoy en manos del capital extranjero -estadounidense, español y canadiense- la banca que opera en el país ha incumplido en su obligación de acotar el paso a capitales de procedencia ilícita; generar los expedientes que mandan los acuerdos multilaterales (FATF y GAFI) y, sobre todo, rechazar cuentas abultadas cuyo origen no puede conocerse. En ese sentido el vicepresidente jurídico de la CNBV asegura que sólo se han aplicado 40 sanciones a los bancos por conductas irregulares vinculadas con la prevención y combate contra el lavado de dinero por sólo 7 millones de pesos, debido a que han incumplido la integración de expedientes. En esta edición, Fortuna presenta un reporte de sanciones a bancos por incumplir estas medidas que desmiente la versión oficial de la CNBV.

El monto casi alcanza los 30 millones de pesos. Pero más allá de las sanciones económicas preocupa la protección que la CNBV insiste en otorgar a bancos que incumplen con su función al empeñarse en mantener como información reservada el nombre de cada banco sancionado, así como el monto de las sanciones aplicadas. Mientras que para las emisoras del mercado de valores la CNBV libró una batalla de casi dos años para dar a conocer las investigaciones por violaciones a la Ley del Mercado de Valores, en el caso de los bancos parece no regir la misma lógica, a pesar de que se trata de instituciones que custodian los recursos de miles de inversionistas. Las más recientes estimaciones del FBI sobre el lavado de dinero indican que esta actividad podría representar entre el 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto de la economía mundial y que las principales transferencias de recursos se registran en México, Colombia y Suiza. La CNBV y la ABM aseguran que los montos para detectar blanqueo de capitales han bajado de 10 mil a 3 mil dólares. El problema, claramente, no proviene de pequeños montos sino de las grandes cuentas que, con el consentimiento de los directivos de primer nivel, se autorizan y reciben de manera complaciente.

 

Los editores

 

Año IV No. 45 Octubre 2006

 

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