Daños patrimoniales en Sagarpa
Heredero de una Secretaría de Estado ineficaz y sin capacidad para coordinar las políticas públicas dirigidas al sector agropecuario, Francisco Mayorga Castañeda tendrá que solventar los presuntos daños patrimoniales descubiertos por la Auditoría Superior de la Federación en la Secretaría de Agricultura durante la gestión del panista Javier Usabiaga
Erika Ramírez
A punto de terminar la administración foxista y a unos cuantas meses de asumir el cargo como titular de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), Francisco Mayorga Castañeda tendrá que solventar supuestos daños patrimoniales y presuntos desvíos de fondos público por casi 200 millones de pesos que dejó la administración anterior de Javier Usabiaga y que han sido descubiertos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Y es que el informe que presentó el titular de la ASF, Arturo González de Aragón, el pasado 30 de marzo, señala que en la Sagarpa hay aproximadamente 183 millones 122 mil 713 pesos que no fueron manejados de acuerdo con los programas establecidos.
Ejemplo de ello son los 80 millones 687 mil 354 pesos por concepto de recursos provenientes de la venta de frijol que se encuentran depositados en cuentas bancarias de la empresa Almacenadora Mercader, S.A. (Almer) y que no fueron integrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
El informe del máximo órgano de fiscalización del país explica que estos más de 80 millones de pesos presumen un “probable daño o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal”, luego de que a través del programa Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) promoviera la venta de más de 90 mil toneladas de frijol.
La ASF recomienda que Aserca defina el destino que tendrán los recursos obtenidos de la comercialización de las 91 mil 864.6 toneladas de frijol y en su caso se concentren en la Tesofe, ya que estos recursos son la recuperación de las garantías líquidas.
Pagos indebidos
Otro de los montos significativos que reportó la Auditoría fue de 40 millones 814 mil pesos, correspondientes a pagos realizados a productores durante el ciclo agrícola primavera-verano 2004. Las entregas se efectuaron con el número de folio del Programa de Apoyo al Campo (Procampo), pero éstos no correspondían al nombre del beneficiario.
En el informe la ASF expone que este monto se deriva del contrato de prestación de servicios celebrado el 10 de noviembre de 2004 entre la Asociación de Usuarios de Pozos de Riego del Noreste del Estado de Zacatecas, S. de R. L. (Auprineza) y la empresa ALMER, para el acopio y comercialización del frijol en este periodo.
“De conformidad con la cláusula cuarta del citado contrato, la recepción de frijol en los centros de acopio se realizaría solo de aquellos productores que estuvieran debidamente inscritos en el padrón autorizado por la Sagarpa y Aserca (el padrón autorizado fue el de Procampo), el cual Auprineza proporcionó a Almer.
“Almer requirió a los productores el número de folio de Procampo para comprobar que estaban considerados en el padrón autorizado y poder recibirles el frijol. Al respecto, se determinó que de los 9 mil 225 pagos realizados a los productores en ese ciclo agrícola, el número de folio de Procampo es el 823 y no corresponde al nombre del beneficiario, por lo cual no debió recibirse el frijol de esos productores ni efectuarles el pago, ya que no estaban inscritos en el padrón autorizado”, señala.
Durante este mismo periodo agrícola, el informe revela que tampoco fueron reintegrados a la Tesofe recursos por 25 millones 843 mil 575 pesos que no se ejercieron en el convenio suscrito por Acerca y Auprineza.
Falta documentación
Luego de que la institución que encabeza Arturo González de Aragón no encontrara la documentación que avale la puesta en marcha de 17 proyectos productivos en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la ASF emitió un dictamen que señala que estas acciones tienen un impacto en las finanzas públicas de la Hacienda Pública Federal, por 23 millones 62 mil 241 pesos, que podrían significar un daño patrimonial a las arcas de la nación.
El reporte puntualiza que al no contar con manuales de organización y procedimientos, la Conapesca presenta “debilidades” en el control interno y administrativo de la entidad que depende de la Sagarpa, “pues no tiene establecidos los mecanismos de control necesarios para garantizar que los recursos otorgados como subsidios se manejen con estricto ajuste a sus reglas de operación y demás normatividad aplicable”.
La auditoría advierte que “al no tener claramente definidos mecanismos de supervisión y seguimiento a los proyectos autorizados y a la aplicación de los recursos, se corre el riesgo de que no se apliquen para los fines autorizados o que no se presente la documentación comprobatoria del gasto”.
“Vamos al grano…”
Pese a la precaria condición en la que viven los cafeticultores mexicanos, la Sagarpa emplea los recursos que se le asignan para otorgar estímulos a sus empleados y en editar libros que no se distribuyen.
Según señala la ASF, tan sólo por estos conceptos se erogaron 9 millones 228 mil 800 pesos, de los cuales 7 millones 545 mil 481 pesos fueron asignados al pago de “estímulo por cargas extraordinarias de trabajo al personal operativo de base que participó en la distribución de los apoyos autorizados a los productores de café”; un millón 151mil 318 pesos para la elaboración y publicación del libro Vamos al Grano del Café Mexicano, mismo que no tenía ni población objetivo y mucho menos fue distribuido; 210 mil pesos por no presentar los recibos de honorarios correspondientes al periodo de julio a diciembre de 2004, y 322 mil pesos por no presentar evidencia de los trabajos que efectuó un prestador de servicios en el Consejo Mexicano del Café (CMC).
La ASF expone que respecto al uso de los más de 7 millones, “no está normado el pago de estímulos al personal operativo de base, que se efectuaron con los recursos que la Sagarpa otorgó al CMC para gastos de operación del programa y que provienen de la partida 4101 Subsidios a la Producción”.
Mientras que para la elaboración del libro, el informe destaca que el Instituto Nacional para el Desarrollo Rural de Capacidades del Sector Rural. A.C., como parte de las actividades de promoción, difusión y fortalecimiento institucional nacional, publicó el libro Vamos al Grano del Café Mexicano, para dar a conocer la historia del café en México y la problemática que ha enfrentado la producción cafetalera en nuestro país.
Sin embargo, “no se justifica la publicación de este libro, ya que se terminaron de imprimir los mil 500 ejemplares en agosto de 2005, que al cierre de la auditoría (27 de septiembre de 2005) no se habían distribuido porque no se tenía definida la población objetivo” y no se orientó a la promoción y difusión de otros programas.
Por el contrario, fue orientado al sector cafetalero para el cual la Sagarpa tiene establecidos otros programas, como el “Fondo de Estabilización y Fortalecimiento de la Cafeticultura” y el “Programa de Fomento Productivo y Mejoramiento de la Calidad del Café en México”. Otros 210 mil pesos no fueron comprobados por la dependencia, correspondientes al pago de honorarios de personas físicas, puntualiza la ASF.
Respecto a los más de 300 mil pesos que erogó la dependencia, la Auditoría advierte que el CMC suscribió un contrato de prestación de servicios el 14 de enero de 2004 por 322 mil pesos; “para la atención y desahogo de las auditorías especiales y de desempeño que ordenen la Secretaría de la Función Pública o a través del Órgano Interno de Control en la Sagarpa y de la ASF al Fondo de Estabilización del Café y al Programa de Retiro de Café de Calidades Inferiores, así como de operación del ejercicio fiscal de 2002. Sin embargo, el CMC no presentó evidencia de los trabajos efectuados por el prestador de servicios”.
Viáticos y contratos
La ASF destaca que la Sagarpa erogó recursos para el pago de personal sin que se haya justificado debidamente su contratación, por estas acciones se determinó que la dependencia que encabeza Francisco Mayorga había incurrido en un posible daño patrimonial de aproximadamente un millón 898 mil 276 pesos.
De ello se derivan un millón 320 mil 856 pesos del “pago de viáticos y pasajes que correspondieron a actividades no relacionadas con el proyecto S095 "Programa de Atención a Grupos y Regiones Prioritarias a través de Alianza para el Campo", subprograma Apoyos a los Proyectos de Inversión Rural del ejercicio 2004 y por la contratación de personal de honorarios para operar las actividades administrativas del Comité Técnico del Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario.”
Además, en los gastos de operación del Programa de Apoyos a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR) el supuesto daño patrimonial que detectó la ASF ascendió a 577 mil 420 pesos. La dependencia determinó que el INCA Rural solicitó a su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público la aprobación para contratar a 23 prestadores de servicios, mismos que no tenían justificación.
“Los 23 prestadores de servicios suscribieron diversos contratos con vigencias de agosto a noviembre de 2004; prorrogándose por el mes de diciembre de 2004, para realizar las mismas actividades estipuladas en los contratos anteriores”. El importe de los servicios representó para la dependencia un incremento del 133.5 por ciento, por lo que la ASF advirtió que no existía justificación para tal gasto.
Apoyos injustificados
En la revisión de la Cuenta Pública 2004, él órgano de fiscalización señala que existen otros daños patrimoniales por concepto de pagos injustificados en los programas que estructura la Sagarpa pero que no cuentan con ningún registro administrativo. La afectación por este concepto asciende a 932 mil 90 pesos.
De acuerdo con las observaciones realizadas, hubo 636 mil 928 pesos por no supervisar la correcta entrega de los apoyos a los productores, los cuales correspondían a la instalación de cultivos de hortalizas en zonas de alta marginación en los municipios de Papantla y Jilotepec.
Esto “ocasionó que en los proyectos con números de folios 141.30.169.0007.0124.007.04062004.002 y 141.30.170.0013.0093.013.04062004.027, aprobados para 486 y 520 paquetes de materiales para la instalación de modulares de hortalizas en los municipios de Papantla y Jilotepec, no hayan recibido los materiales y los recursos para pago de jornales conforme a lo autorizado en los proyectos”, señala el informe.
Otros 259 mil 127 pesos fueron señalados como supuesto daño al patrimonio, luego de que no se presentaron las nóminas que acreditan la entrega de los apoyos a productores a través de los Centro de Apoyo del Desarrollo Rural (Cader) de Miguel Auza, en Zacatecas.
En este mismo Cader se identificó que uno de los apoyos otorgados excedió el límite establecido por la normatividad, de hasta 100 hectáreas de riego o 200 de temporal. El apoyo otorgado fue de 36 mil pesos de más, por lo que se infringió las reglas de operación del Procampo y en consecuencia la ASF lo determinó como posible daño patrimonial.
Ventas sin registro
En medio de todas las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos de la administración que llevó Javier Usabiaga al frente de la Sagarpa en el 2004, la ASF encontró que hubo más de medio millón de pesos que no se registraron por concepto de comercialización de frijol.
Y es que de las más de 10 mil 164 toneladas que adquirió Auprineza, por las cuales pagó 55 millones 905 mil pesos, no se comprobó el pagó de 84.78 toneladas por 466 mil 300 pesos que según la ASF deberán ser reintegrados a la Tesofe.
Además, otro daño patrimonial por 190 mil pesos que resultó del análisis de los estados de cuenta de Almer, en donde se comprobó que se otorgaron éstos recursos al representante legal de Auprineza, “sin que éstos hayan sido justificados y comprobados, en virtud de que esta persona no comercializó frijol, por lo que no era sujeto del apoyo”, puntualiza la ASF.
Francisco Mayorga tendrá que solventar todas estás observaciones que alcanzaron los casi 200 millones de pesos y que significan un daño al erario público. Para ello tiene 45 días hábiles a partir del 30 de marzo de este año.
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