Migración beneficia a la empresa Space Tours

Un daño patrimonial por más de 50 millones de pesos descubrió la Auditoría Superior de la Federación en el Instituto Nacional de Migración, en donde un contratista cobró millonarios servicios mediante una empresa de renta de autobuses

Ana Lilia Pérez

El 23 de septiembre de 2003 la Coordinación de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Gobernación notificó a Magdalena Carral, entonces comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), que el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos notificó que a partir de octubre de 2003 suspendería el apoyo de camiones para la repatriación de centroamericanos y, por tanto, el Instituto debía rentarlos, por lo que la Secretaría de Hacienda destinó 800 millones de pesos anuales para ese fin, lo que llevó a las empresas de transporte a competir para obtener los contratos.

Creada apenas en 2001 como empresa de renta de autobuses, el patrimonio de Space Tours, propiedad de Adán José Licona, se integraba por un par de autobuses de alquiler para excursiones, mismos que eran almacenados en la calle Libertad, en la colonia San Álvaro, Azcapotzalco, en el domicilio fiscal registrado por la empresa.

Pero extrañamente sin licitación pública, la comisionada Carral autorizó a través de la Dirección General de Recursos Materiales, encabezada por María Eugenia Morales Rodríguez, 16 millones de pesos a Space Tours para la repatriación de indocumentados a través del contrato CS-INM-042-2004.

Las sospechas de corrupción aumentan porque la asignación del contrato a la pequeña empresa no fue previamente evaluado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la dependencia, lo cual infringe la Ley de Adquisiciones del Sector Publico, pues además el contrato careced de la firma respectiva.

De esta manera, el empresario Adán José Licona, dueño de apenas un par de viejos camiones, se colocó como prestador único de servicios del gobierno federal para la repatriación de indocumentados.

A ese contrato de 16 millones le siguió una serie de adjudicaciones directas por un monto de 263 millones de pesos otorgados todos por el INM bajo el mando de Magdalena Carral, quien actualmente es la directora del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).

Algunos de los contratos convenidos con Space Tours fueron incluidos para su revisión dentro de la fiscalización a la Cuenta Pública 2004, y los resultados fueron enviados recientemente por la ASF al Congreso de la Unión.

En la auditoría a los contratos celebrados con esta empresa, el órgano máximo de fiscalización detectó graves irregularidades, razón por la cual solicitó a la Secretaría de la Función Pública iniciar procedimiento contra los funcionarios involucrados, entre ellos la propia excomisionada de Migración y su administradora María Eugenia Morales, y que podrían llevar incluso a la inhabilitación de la empresa por parte de la SFP y a fincar responsabilidades contra los funcionarias implicados.

Repatriación a la alza

De acuerdo con la ASF, en diciembre de 2003 la Dirección General de Recursos Materiales del INM, sin tener autorización explícita de la Secretaría de Hacienda, comprometió ilegalmente recursos del presupuesto que ejercería durante el año siguiente por un monto no especificado por la auditoría, al otorgar un nuevo contrato a Space Tours vigente del 1 de enero al 31 de marzo de 2004, como extensión de los servicios que comenzó a dar en octubre de 2003.

Concluido dicho periodo, nuevamente la funcionaria extendió el contrato hasta mayo de 2004 “bajo los mismos términos y condiciones”.

En el INM no hay datos específicos de los montos que otorgó a la repatriación de indocumentados la Dirección de Recursos Materiales correspondientes al 2003 y al 2004, pues éstos fueron autorizados discrecionalmente por la administración central hasta por un monto total de 263 millones de pesos en un solo año fiscal, todo ello para no someterlos a licitación pública.

Ni uno solo de los contratos adjudicados a Space Tours fue sometido al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INM. Los convenios y pagos salieron directamente de la Dirección General de Recursos Humanos avalados por la Comisionada. En estos movimientos la ASF encontró que 57 millones de pesos se pagaron sin contrato alguno, sino que únicamente justificaban la erogación mediante actas de reconocimiento de adeudo.

Esta irregularidad derivó en que la ASF solicitara a los órganos internos de control de la Secretaría de la Función Pública en el INM la promoción de responsabilidades sobre los funcionarios que validaron dicho pago y en contra de la exdirectora de Recursos Materiales, sucedida en el cargo hace apenas unos meses por Fernando Parrillat, por los contratos que adjudicó a Space Tours sin tener autorización de la Secretaría de Hacienda ni del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios.

Sobre las cuantiosas sumas que al frente del INM otorgó a a Space Tours, se solició una entrevista a la actual titular del Consejo de Promoción Turistica de México. Luego de un par d semanas de espera, Carral citó a la reportera en su oficina, pero una horas antes de la entervista cambió de opinión y envió su opinión sobre las irregularidades que detectó la ASF durante su administración al frente del INM.

En una breve carta, Carral no se deslinda del fraude que dicha empresa cometió en agravio de las finanzas pública, y se dice al tanto de los resultados determinados por la ASF.

“Hasta el día de hoy, no he sido notificad de ningún requerimiento de información por parte de las instituciones facultadas para auditar al INM. Sin embargo, considero mi obligación mantenerme atenta a cualquier solicitud de esa naturaleza, así como dispuesta a atenderla con prontitud, si fuera el caso, a través delos cauces institucionales”, responde Carral en su misiva.

El balance

Durante ese año, el administrador de Migración adjudicó directamente a la compañía el contrato número CS/INM/042/2004 por 17 millones de pesos, con clara violación a la Ley Federal de Obra Pública, pues por el monto debió licitarse y contar con la autorización del Comité de Adquisiciones. Otro contrato CS/INM/058/2004, por el que se pagaron 4 millones 500 mil pesos, carece de la firma de autorización.

Para la ASF dichos contratos son irregulares, por lo que solicitó al INM la justificación de los mismos o el procedimiento administrativo contra los funcionarios que los autorizaron.

Los pagos del INM a la empresa se hicieron sin verificar el cumplimiento de los contratos ni el servicio de transportación de indocumentados a bordo de los autobuses de Space Tours, tampoco fue controlado ni vigilado por el INM, dice la ASF, la cual precisa que estas omisiones violan las normas de la Secretaría de Gobernación.

En las actas de reconocimiento del adeudo declaradas como ilegales por la ASF -una de ellas fechada el 17 de mayo de 2004 por 11 millones de pesos y otra del 3 de septiembre de 2004 por 36 millones de pesos-, se pagaron 31 facturas por un monto de 6 millones de pesos comprobados con facturas de copias fotostáticas, lo cual a juicio de la ASF fue irregular por no presentar documentos originales y en consecuencia nunca debieron pagarse.

De acuerdo con el contrato formalizado entre el INM y la empresa, el pago del servicio estaba sujeto al visto bueno de las autoridades migratorias al momento de recibir a los expulsados para así acreditar que efectivamente se dio el servicio, sin embargo las facturas que presentó la empresa no fueron avaladas por ninguna autoridad migratoria, por lo que, señala la ASF, no debieron pagarse.

Sobre el pago del INM a Space Tours por alrededor de 17 millones de pesos, el INM no pudo comprobar, ante la Auditoría, qué contrato o adeudo amparaba dicho pago. En otras 18 facturas, por un monto de 2 millones de pesos, se comprobaron con copias fotostáticas que tampoco tenían el visto bueno del coordinador de Control y Verificación Migratoria ni de los delegados regionales, quienes debían avalar el servicio.

En otra erogación, por 88 mil 600 pesos por un servicio que la empresa debía hacer de Tapachula, Chiapas, a distintos puntos fronterizos con Guatemala, se encontró doble facturación por el mismo servicio.

La irregularidad se detectó porque la lista con los nombres de los indocumentados fue duplicado para cobrar dos veces el mismo servicio. En otra de las facturas se cobraron viajes que no se realizaron, además de que no faltaron las que incluyeron destinos más alejados para incrementar el monto. Por ejemplo la factura número 1849 en la que se registró en 2 mil pesos un viaje que supuestamente sería de Tapachula a El Carmen, Guatemala, pero se hizo sólo hasta la Estación Migratoria de El Manguito.

Evasión de impuestos

Además de las ilegalidades mediante las cuales la administración del Instituto al frente de Magdalena Carral otorgó a Space Tours, en dichos contratos la empresa tampoco declaró impuestos, por lo que la ASF solicitó al SAT una auditoría a esta empresa, que en las facturas que presentó a Migración para el servicio de transporte de indocumentados, cita la ASF, “se observó que no se desglosa el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni se hace referencia a él, a pesar de que los proveedores están obligados al pago y traslado del impuesto”.

Ganancias por daño patrimonial

Dentro de su revisión a la Cuenta Pública 2004, la Auditoría Superior de la Federación auditó una muestra de 536 millones 770 mil pesos, que corresponde al 63 por ciento de los 775 millones de pesos del presupuesto comprendido en el Capítulo 4000 “Subsidios y Transferencias”. El INM adjudicó de manera directa el 30 por ciento de su presupuesto en este rubro a la empresa Space Tours.

De este monto, tras auditar únicamente dos contratos que el INM otorgara a la empresa Space Tours que sin cumplir con normatividad alguna de la Ley de Obra Pública recibió millonarios contratos por adjudicación directa, la ASF responsabiliza a la empresa de un daño patrimonial de 58 millones de pesos, entre ellos por las facturaciones no justificadas, la doble facturación y los 17 millones de pesos que el INM no pudo justificar el porqué de dicha erogación.

En las indagatorias que por recomendación de la ASF deberán hacer tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por evasión fiscal, y la Secretaría de la Función Pública por las adjudicaciones y pagos irregulares a esta empresa, el monto del daño patrimonial podría incrementarse puesto que la cantidad que pagara el Instituto Nacional de Migración a Space Tours en el 2004 ascendió a 263 millones de pesos.

Sobre estas irregularidades, el área de prensa del Instituto Nacional de Migración se negó a hacer comentario alguno. Por parte de la empresa Space Tours, su propietario, Adán José Licona, prácticamente se mantiene alejado del domicilio fiscal reportado -en donde ocasionalmente guardan alguno de los autobuses- pero ha dejado a cargo de éste a una secretaria. Licona tampoco quiso hablar al respecto.

Después de los contratos del INM, sólo el Instituto Mexicano del Seguro Social contrató a la empresa para prestar un servicio por el que pagó 6 mil 300 pesos.

A unas semanas de que la Auditoría Superior de la Federación diera a conocer sus resultados y determinara el daño patrimonial por parte de Space Tours, Adán José Licona inauguraba en Ciudad Sahagún su empresa American Coach de México, con la presentación del autobús HL II, ensamblado por ex obreros de la desaparecida Motor Coach, que ahora trabajan para él en su nueva empresa, que para este año planea vender 150 autobuses en el mercado mexicano.

Según declaraciones del propio Licona, hechas durante la inauguración de su planta, el gobierno del estado le facilitó el predio, de 40 mil metros, donde se ubica la ensambladora, en las instalaciones, en el parque industrial, donde residía la ensambladora de autos la Renault.

Recibe en tu email un avance del contenido de nuestra revista. Haz clic aquí