Fraude del SAE al liquidar BNCI

Un fraude al erario público por más de 600 millones de pesos se habría cometido con la lenta y tortuosa liquidación del Banco Nacional de Comercio Interior (BNCI), operación que desde 2003 realiza el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)

Erika Ramírez

Responsable de reducir los costos de administración, operación, custodia, liquidación y enajenación de bienes de por lo menos nueve empresas que pertenecieron al gobierno federal, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) está envuelto en serios problemas por el manejo irregular de más de 600 millones de pesos durante el proceso de liquidación del Banco Nacional de Comercio Interior (BNCI) entre los años fiscales de 2001 a 2004. 

De acuerdo con el informe de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2004 que presentó el titular de la ASF, Arturo González de Aragón, ante el Comité de Vigilancia de la Cámara de Diputados, en la liquidación del BNCI “se han detectado deficiencias en la administración, recuperación, ejecución, registro y control de los derechos y obligaciones del banco”.

Administrada desde 2003 por el SAE, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la liquidación del BNCI registró en la Cuenta Pública 2001 un supuesto quebranto patrimonial por 599 millones 114 mil 454 pesos.

En el informe, la ASF reporta un posible daño patrimonial por 385 millones 376 mil pesos que fueron entregados a deudores (empresas y particulares) a través del Apoyo Inmediato a los Deudores de la Banca (ADE), programa estructurado por el gobierno federal luego de la crisis de 1994 que lastimó severamente a la economía del país. 

La Auditoría reporta que de acuerdo con información del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (Fideliq), organismo responsable del SAE, se concluye que no se tiene información suficiente que permita aclarar cómo fueron manejados estos recursos.

“El BNCI no cuenta con los registros ni con la documentación suficiente y competente que acredite la integración de los deudores, los montos y la aplicación de los apoyos otorgados a los acreditados relativos al ADE por los 86 millones 8 mil pesos que recibió de la SHCP, en el periodo de marzo de 1996 a marzo de 1998; recursos que al 31 de octubre de 2002 el banco actualizó y que ascendían a 385 millones 376 mil pesos”, puntualiza el informe.

Como resultado de las operaciones realizadas en ese mismo año fiscal, fueron localizadas irregularidades por otros 86 millones 8 mil 454 pesos, mismos que se deben actualizar a la fecha y que corresponde a las operaciones del programa ADE, “ya que el banco no acreditó su aplicación con la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente”.

Impunidad fiscal

Luego de las observaciones señaladas por el principal órgano de fiscalización, el SAE argumentó que en caso de que hubiera un daño al erario público por los 385 millones de pesos, éste ocurrió de 1996 a 1998, “otorgados al amparo de los Programas de Apoyo a los Deudores de la Banca por los servidores públicos del banco y, por consiguiente, el presunto daño no puede imputarse a servidores públicos de Fideliq que nunca estuvieron al servicio de la institución de crédito en liquidación”.

Sin embargo, el órgano de vigilancia no quedó satisfecho con la respuesta presentada por el SAE, que argumentó que ya había quedado solventada la observación correspondiente, y promovió que se finquen responsabilidades ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), mediante el oficio número OAED/DGAE/041/2005 fechado el 21 de febrero de 2005.

La ASF señala en su oficio que los funcionarios que en su momento administraron el Fideliq no lo hicieron “con estricto ajuste a las normas vigentes en la materia”, además de que no organizaron “las acciones necesarias para conocer el destino de la aplicación de los recursos” que correspondieron a los apoyos del ADE o, en su caso, no emprendieron las acciones legales procedentes.

Irregularidades por más de 100 mdp

Resultado del seguimiento de las observaciones hechas en el 2001 al manejo de los recursos del BNCI, la Auditoría determinó que también hay más de 120 millones de pesos que fueron operados irregularmente durante el otorgamiento de apoyos concedidos a los beneficiarios de los acuerdos para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero (Finape) y Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fopyme).

La ASF señala en el informe de la Cuenta Pública 2004 un supuesto quebranto a las finanzas públicas por 127 millones 730 mil pesos, mismos que la institución bancaria reportó como apoyos otorgados de los programas agropecuario y empresarial.

“Del análisis realizado a la información y documentación presentada por el Fideliq, se desprende que el BNCI no cuenta con la información ni con la evidencia suficiente y competente que acredite el cumplimiento de los requisitos, condiciones y características necesarios para recibir el apoyo del gobierno federal relativos a los programas Finape y Fopyme”, puntualiza.

Al respecto, la entidad liquidadora se deslinda de esta responsabilidad y argumenta que el daño a la Hacienda Pública fue causado entre 1996 y 1998, por lo que no le pueden imputar la responsabilidad a los servidores de la dependencia que opera bajo la vigilancia de la Secretaría de Hacienda que encabeza Francisco Gil Díaz.

Para sancionar a los responsables de estas irregularidades, la ASF promovió con el oficio OAED/DGAE/042/2005, fechado 21 de febrero de 2005, que se finquen responsabilidades y cuyo proceso continúa en solventación.

Quebrantos 2003 y 2004

En el informe "Seguimiento al Proceso de Desincorporación Mediante Disolución y Liquidación del Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C." que llevó a cabo la ASF, revela que en el ejercicio fiscal 2003 fueron manejados de manera irregular recursos por más de 20 millones de pesos.

De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2004, el máximo órgano de fiscalización solicita que se recuperen 21 millones 11 mil 600 pesos, los cuales están relacionados con la venta de inmuebles del BNCI.

La ASF señala que la institución bancaria en liquidación deberá proporcionar la documentación comprobatoria en relación con la venta de 43 inmuebles con un valor en libros de 17 millones 592 mil pesos, y otros 22 inmuebles valorados en su conjunto en 2 millones 914 mil pesos reportados por el SAE, así como la venta de seis inmuebles por un monto de 493 mil pesos que no consideró, conforme con los reportes de ese servicio. “En caso de no lograr su justificación, la entidad fiscalizada procederá en el plazo establecido a la recuperación del monto observado”, dice.

Además, el máximo órgano de fiscalización revela que el BNCI deberá presentar la documentación que justifique el pago excesivo de 12 mil 600 pesos erogados por concepto de pago de vigilancia de los inmuebles inventariados con los números 3017 y 2490, que el SAE enajenó en abril y junio de 2003, respectivamente.

Ya en la Cuenta Pública 2004, la ASF revela que se presume un daño patrimonial que asciende a 7 millones 964 mil 925 pesos, de los cuales 9 mil 400 pesos corresponden a la diferencia de los avalúos de un inmueble y que se registra en el reporte "Venta de Inmuebles Adjudicados de BNCI Residuales", por el periodo septiembre a diciembre de 2004.

Además, la ASF revela que hubo un supuesto daño al erario por 7 millones 955 mil 525 pesos que correspondieron a la adquisición de cinco módulos (racks) a la empresa Diglasa, S.A. de C.V. para ser instalados en el centro de documentación y archivo del SAE.

Al respecto, la ASF determinó que el SAE incurrió en irregularidades, ya que “los bienes fueron pagados totalmente por el entonces Fideliq el cual registró una cuenta por cobrar, cuyo derecho de cobro fue transferido al SAE, según las facturas números A 05101, por 6,421.9 miles de pesos; A 04967, por 249.2 miles de pesos, y A 05102, por 1,284.4 miles de pesos, de fechas 6 y 15 de diciembre del año 2000 (sin incluir IVA).

“Las facturas contienen los sellos que indican que los cinco módulos fueron recibidos de conformidad por las áreas solicitantes, sin que hubieran sido entregados por el proveedor. Mediante inspecciones físicas al centro de documentación y archivo, y al domicilio del proveedor, se comprobó que la problemática señalada se originó porque al momento de la adquisición y pago de los bienes no se encontraban terminadas las instalaciones del centro de documentación y archivo de la entidad fiscalizada”, señala la ASF.

“Observaciones solventadas”: SAE

Ante las irregularidades millonarias en el manejo de recursos públicos descubiertas por la ASF, se solicitó una entrevista con funcionarios del SAE, sin embargo su área de comunicación social respondió con una tarjeta informativa en la que asegura que las observaciones del 2004 “ya fueron solventadas”.

“En oficio girado el pasado 4 de mayo de 2006 a la Auditoría Superior de la Federación, el SAE dio respuesta a lo observado en el documento 'Acciones Emitidas con Motivo de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004', junto con las constancias y soporte informativo a dichos señalamientos.

“Con tal documentación, el SAE solicitó a la ASF 'se tenga por efectuada la aclaración y solventación de lo asentado en el reporte emitido por esa fiscalizadora [...] para acreditar el ingreso de 5.9 millones de pesos producto de la venta de diversos bienes”, respondió.

Observaciones solventadas

El Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que depende de la Secretaría de Hacienda, señaló que como resultado de las operaciones realizadas durante el año fiscal 2005 se “superó en 22 por ciento la meta establecida en materia de ingresos, al obtener 2 mil 284 millones de pesos”, de acuerdo con el informe presentado por el director general de la institución, Luis Miguel Álvarez Alonso, a la Junta de Gobierno.

Mientras, la meta mínima para este año fiscal es de 2 mil 40 millones de pesos por concepto de la venta de bienes muebles, bienes inmuebles y recuperación de cartera vencida, que lleva a cabo la dependencia.

De acuerdo con los resultados de gestión del SAE, al primer trimestre de 2006 se enmarca en las tres directrices o lineamientos estratégicos establecidos por la Junta de Gobierno, que encabeza la SHCP y que corresponde a la “monetización acelerada de activos, eficiencia operativa de los procesos y supervisión y control de la gestión”.

El SAE da seguimiento a los resultados de su gestión a través de un paquete básico de 18 indicadores estratégicos, de los cuales pueden destacarse algunos aspectos como:

Ingresos por recuperación y ventas: Da seguimiento a los ingresos totales de la institución en sus principales actividades (recuperación de cartera, venta de bienes muebles e inmuebles y venta de empresas). Durante el primer trimestre se obtuvieron ventas por 423 mil 58 millones de pesos.

Índice de contribución presupuestaria: Mide la relación de ingresos totales en flujo de efectivo y gastos de operación, de la cual, para el primer trimestre del año, se registró en 2.75 veces el gasto de operación destinado al SAE.

Índice de productividad del personal ocupado: Mide la relación de ingresos totales en efectivo, el personal total del SAE y los mandatos que tiene a su cargo al inicio del año. En el primer trimestre esta medición indica una productividad promedio de 280 mil pesos por empleado.

Avance del programa de venta de bienes muebles: Mide el avance del cumplimiento del programa de ventas, comparando los bienes vendidos con el volumen total de bienes disponibles para venta al inicio del año. En el primer trimestre el indicador muestra que el SAE ya ha vendido el equivalente a 12 veces el inventario que tenía disponible para transacciones, lo que demuestra también, de forma indirecta, el volumen de recepción de bienes que maneja la institución. (Erika Ramírez)

Recibe en tu email un avance del contenido de nuestra revista. Haz clic aquí