Casas usadas, una compra difícil

Mientras que en las economías desarrolladas, el 80 por ciento de los créditos hipotecarios que se otorgan son para la adquisición de viviendas usadas, aquí en México la relación se invierte de manera perniciosa debido a los excesivos trámites que involucra la regularización de escrituras y derechos sobre una propiedad. Actualmente la mayoría de los financiamientos para la compra de casas-habitación se otorga para departamentos nuevos y, en menor medida, para casas. En 2004 se otorgaron 64 mil 683 financiamientos para la adquisición de vivienda usada, lo que representó tan sólo el 9 por ciento. Una persona, según el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda (Infonavit), puede esperar hasta un año en regularizar los documentos de una casa antigua. Los inconvenientes se compensan cuando se trata de propiedades con una mayor plusvalía.

Suspiran por los viejos tiempos

Tras dos administraciones perredistas, en el Registro Público de la Propiedad (RPP) de la ciudad de México los funcionarios de casi todos los niveles suspiran por los viejos tiempos en el que los regentes capitalinos no se preocupaban por erradicar la corrupción del organismo encargado de dar a conocer los actos jurídicos que involucran propiedades y bienes inmuebles pero también participaciones accionarias en empresas.

Más allá de la propaganda política, resulta que en el RPP de la capital del país se consolida una persecución y vigilancia de los funcionarios de todos los niveles que pudieran prestarse a actos de corrupción. Con ello, dicen los propios responsables de este organismo, se busca erradicar prácticas incorrectas que pongan en riesgo la transparencia de los trámites. El problema, dicen algunos de los afectados por la extenuante vigilancia, es que las medidas no se aplican de manera efectiva para los niveles altos. Ahora mismo la digitalización de los expedientes que se custodian en el RPP busca mejorar el control sobre la información.

Los motivos de Azteca

Después de enfrentarse públicamente con la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés), el presidente de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego se decidió por la conciliación e instruyó a sus abogados para que llegaran a un acuerdo con las autoridades bursátiles de ese país. Será una acuerdo económico que cubrirá el propio Salinas Pliego y el presidente de Azteca America, Luis Echarte. Si bien hasta ahora la cotización de sus emisoras en el mercado de valores de Nueva York (NYSE) está cancelada, el interés que ha mostrado Televisa por el mercado hispano, al parecer, hizo reflexionar a Salinas Pliego sobre la importancia de no seguir sembrando malos precedentes frente a las autoridades regulatorias de Estados Unidos. Si al final del día resulta que Televisa logró sentar sus fueros en Univisión, la quinta cadena de habla hispana en el mercado estadounidense, se generará una gran demanda de contenidos para cadenas como Telemundo.

Paradojas de la normatividad

En Pemex, la negociación con los propietarios de franquicias para operar estaciones de servicios tomó poco más de dos años. La exigencia de contar con mayores controles volumétricos para evitar el robo de combustible junto con las presiones para mantener la reserva nacional - que impide la participación extranjera directa en este sector- se convirtieron en dos piezas de cambio para los dueños de las gasolineras que operan en el país. Ahora, las más de 7 mil gasolineras ubicadas en el territorio nacional - de las cuales sólo 400 están concentradas en 4 grandes grupos - tendrán que reemplazar, en muchos casos, sus bombas (dispensadores) para que cumplan con las nuevas disposiciones que impone la nueva Norma Oficial (NOM) así como los requisitos de vigilancia que impuso Pemex al refrendarse las franquicias por más de 15 años. Lo preocupante es que las propias autoridades reconocen que no se han ubicado a los proveedores nacionales que abastecerán la gran demanda de dispensadores y que, por ahora, sólo se conoce de dos empresas que cumplen con las características para proveer los nuevos equipos. Una de ellas, aceptan los funcionarios de Pemex, es un proveedor de origen chino. Ahora resulta que la aplicación de la NOM beneficia a compañías extranjeras y, por otro, lado que se convertirá en un gran negocio para algunos cuantos.

IMSA dijo no a Technit

La acerera regiomontana ya ha recibido varias ofertas para vender su negocio principal de acero, luego de que los accionistas de la firma decidieron desprenderse de su empresa de baterías por considerar que no hacia sentido con su actividad principal. Los accionistas del gigante mexicano del acero -que hace apenas una década apostaba por la internacionalización de sus operaciones- aseguran que no malbaratarán la firma y que no decidieron la venta en función de los problemas que enfrenta la operación de la siderúrgica ante los altos precios del gas natural. Todo lo contrario, comentó uno de los principales accionistas de la empresa, “IMSA es una pieza de cambio y si recibimos una oferta se venderá, más no porque esté perdiendo dinero; de hecho está en su mejor momento”. Aún más, agrega, antes de que la firma argentina Technit se decidiera por adquirir los activos de Hylsamex del Grupo Alfa, su primera opción fue IMSA. ¿Será? Por supuesto se trata de la versión oficial y pública sobre los motivos de la venta, pues, de lo contrario, sería cómo enfrentar a uno de sus accionistas que ahora participa en el gobierno federal.

Cofetel acéfala e inoperante

El previsible debate para nombrar a los cinco comisionados que se harían cargo del despacho de la fortalecida pero acéfala Comisión Federal de Telecomunicaciones

(Cofetel), ha dejado a este organismo en la inactividad. Completamente paralizada en sus gestiones, pues mientras la Suprema Corte de Justicia analiza si procede la demanda e incostitucionalidad presentada por más de 50 legisladores, en las oficinas de esta comisión sólo se da trámite a la recepción de solicitudes, pues no hay respuesta sobre las fechas de su resolución. A quien se le ha visto poco más que sonriente, es al subsecretario de Comunicaciones de la SCT.

Año IV No. 41 Junio 2006

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