Embargo de atún: triunfo de mercenarios

Es el litigio comercial más largo, injusto y basado en mentiras que ha padecido México en toda su historia. En dos décadas se perdieron 20 mil millones de dólares, 50 mil empleos de pescadores y productores y ahora el gobierno foxista negocia el caso en el Tratado de Libre Comercio sin que la sociedad conozca qué y cómo lo hace

Nydia Egremy

Bastó que México ejerciera su soberanía sobre las 200 millas de su zona económica exclusiva y que adquiriera una flota atunera propia, para que el gobierno estadounidense cerrara su importación de atún mexicano de aleta amarilla.

Dos décadas después, con un fallo a favor de nuestro país por la Organización Mundial de Comercio (OMC), persiste la prohibición por coacción de la trasnacional de alimentos H J Heinz, encubierta en un discurso ambientalista.

“Esta fue una historia ilustrativa de imposición del poder económico, de presiones y chantajes; en la que la parte acusadora se evidenció como carente de moral y con una gran habilidad de planeación estratégica basada en la mentira y la mercadotecnia y en el mercenarismo; fue una historia de avances y retrocesos, en la que no hubo vencedores ni vencidos”, expresó Julia Carabias, ex secretaria de la Semarnap, al presentar el libro Los embargos atuneros en México, sus impactos y actores sociales, de la socióloga Etelvina Calvillo Cisneros, en 2005.

La historia de este mercenarismo se remonta a los años ochenta, cuando México decidió ejercer su soberanía plena sobre unos 321 mil 87 kilómetros que constituyen su zona económica exclusiva (ZEE). Para aprovechar sus recursos marinos, el país adquirió una flota atunera cuyo costo unitario era de unos 20 millones de dólares, explica a Fortuna la propia académica Calvillo.

México prohibió la pesca ilegal a barcos atuneros extranjeros, la mayoría estadounidenses, y detuvo y multó a esas embarcaciones por pescar en la ZEE. En represalia, la superpotencia mundial invocó de inmediato a la Ley Magnuson -que no reconocía la soberanía de los países costeros sobre los recursos atuneros- para cerrar su frontera a las exportaciones de atún.

En 1986 se levantó ese embargo y un año después la flota mexicana contaba con 85 barcos atuneros de diferentes tamaños. Sin embargo, en 1990 y en un intento por encubrir el trasfondo mercenario de la veda, el gobierno estadounidense invocó su preocupación ambientalista al reclamar que “los barcos mexicanos atrapan y matan a 20 mil delfines al capturar el atún”.

Ese segundo embargo surgió en el momento de mayor auge de la actividad pesquera en México, ya que en 1990 la flota mexicana era la más grande de la región.

Así se consolidó la implacable medida comercial contra México para prohibir la exportación de atún hacia Estados Unidos, que ha tenido dos frentes: el externo, que con un alcance extraterritorial se extendió a Ecuador, Panamá, Venezuela, Colombia, Costa Rica y Vanuatu, y el interno, que anuló la producción pesquera de las comunidades en Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Baja California.

En el recuento de daños, el monto por la pérdida económica oscila según las fuentes y períodos del embargo.

Para la Semarnat serían unos 3 mil millones, en tanto que para el académico Ignacio Martínez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, “la pérdida económica, ha sido un factor muy importante en cuanto a las transacciones hacia Estados Unidos, aproximadamente se han perdido en este proceso juntando la producción y el procesamiento, unos 20 mil millones de dólares”.

Para Calvillo Cisneros, esa cantidad puede acercarse “si se considera que la adquisición de la flota en 1980, fue una inversión millonaria en dólares, en pesetas españolas y en libras esterlinas, y se contrajo deuda en esas monedas -cada barco costó 20 millones y teníamos unos 40 de ellos- la deuda fue reconvertida en lo que se llamó el Fideicomiso de Cobertura y Riesgos Cambiarios (Ficorca).

“Esa medida, fue para reconvertir a pesos mexicanos y apoyar a los industriales del ramo porque la deuda era impagable, recordemos que en 1982 hubo una devaluación, y eso apuntaló mucho la actividad atunera, aunque ahora hemos perdido más de la mitad de la flota barcos porque cambiaron de bandera, se han ido a pescar a otros océanos en donde no existe esa prohibición aunque se maten delfines”, evoca la experta.

La mentira de Dolphin save

Como en todo montaje, además de la abierta pugna comercial entre los gobiernos de México y Estados Unidos, figura otro actor: la organización pseudo ecologista Earth Island Institute o Instituto Isla de la Tierra (IIT, por sus siglas en español), cuya acción negativa perpetúa el costoso litigio a pesar del laudo a nuestro favor de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Cuando Estados Unidos decretó el segundo embargo atunero contra México en agosto de 1990, se inspiró en la protesta del IIT -fundado en 1985 en San Francisco, California y benefició de inmediato a las poderosas empacadoras de atún en el Pacífico, como California y Washington que son estados pesqueros de gran producción, explica el profesor Ignacio Martínez.

Ese embargo “ocurre en la antesala de la firma del TLCAN, cuando los atuneros estadounidenses vislumbraban el riesgo del ingreso a su mercado del atún mexicano, y cabildearon a través de esa organización no gubernamental, que yo rastreo y tiene financiamiento de H. J. Heinz, la trasnacional de alimentos”, abunda la investigadora Etelvina Calvillo.

La académica fundamenta su afirmación en lo expresado en 1990, por la doctora Clara Jusidman, a la sazón subsecretaria de Pesca, en una entrevista a científicos y funcionarios en el Canal 13 “y ella afirma que quien cabildeó y quien pagó para que se cambiara la Ley de Protección de Mamíferos Marinos que da origen al segundo embargo, conocido como 'atún delfín' fue H. J. Heinz.

“Igual hizo Felipe Chavat Levy presidente entonces de la Asociación de Productores de Atún, quien afirmó también que H. J. Heinz paga 4 centavos de dólar por cada lata de atún que lleva la leyenda de Dolphin save (delfín a salvo), el emblema del Earth Island Institute.

“Así es que establecemos los nexos, y quienes cabildean en el Congreso para modificar la ley ya no son los productores estadounidenses tan abiertamente como hicieron en 1980, pues ante el discurso de la globalización y del libre mercado en los noventa, sería muy descarado que fueran los propios industriales quienes cabildearan tan abiertamente, como hicieron antes.

“Los fines comerciales del caso se enmascaran y aparece una ONG emergente, que califico de espuria, con mucho dinero -ni Greenpeace lo tenía con 50 años de existencia- y la filial de Isla Tierra al tener el emblema de dolphin save recibe dinero de H. J. Heinz por usar la alegoría y entonces obtienen impresiones millonarias por ese concepto e indirectamente es el financiamiento que recibe por bloquear las exportaciones de atún mexicanas al mercado estadounidense”, afirma la experta.

Así, el Departamento de Comercio estadounidense, impidió el ingreso de atún mexicano a menos que certificara, mediante la etiqueta citada. Esta medida, que constreñía a los atuneros mexicanos, logró el repunte del mercado interno y exportador estadounidense.

Ante ese segundo embargo el gobierno mexicano respondió. Comenzó a mejorar sus sistemas de captura para salvar a los delfines, se establecieron sistemas de vigilancia en alta mar conforme a mecanismos internacionales en el Pacífico Oriental. La flota atunera también se modernizó, pero aun así transcurrió una década para que las autoridades estadounidenses levantaran el embargo en 1999.

Sin embargo, de nuevo el Instituto Isla de la Tierra argumentó que continuaba la matanza de delfines y logró que el juez Thelton Henderson, del noveno circuito del Norte de California, impusiera otra restricción a las exportaciones de atún. En respuesta, el gobierno mexicano alegó que el Departamento de Comercio de Estados Unidos había reconocido que en los lances de pesca de la flota mexicana no había ya impacto significativo sobre los delfines.

Año IV No. 42 Julio 2006

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