ISOSA, nuevos quebrantos al erario

En pleno proceso de “legalización” y a pesar del impedimento jurídico surgido tras la creación del fideicomiso FACLA y de una controversia constitucional dirimida en la SCJN, autoridades hacendarias de primer nivel vacían las arcas del Fideicomiso Aduanas I, involucrado por la ASF en daños patrimoniales en contra del erario público. Información oficial del SAT revela que en los últimos tres años se transfirieron más de 5 mil millones de pesos a la empresa privada ISOSA

Nancy Flores

El supuesto proceso de “legalización” del esquema de recaudación del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), emprendido en diciembre de 2003 por orden del presidente Vicente Fox, ha derivado en la sustracción de miles de millones de pesos que, desde 1993, son indebidamente resguardados en el fideicomiso privado Aduanas I –lo que ha causado daños patrimoniales al erario público por más de 10 mil millones de pesos, señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF)–.

Información oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT) -dada a conocer el pasado 20 de junio para “desmitificar” el uso de fideicomisos privados nutridos con recursos públicos- revela que, de los más de 10 mil millones de pesos fideicomitidos en el Aduanas I, en los últimos tres años se han extraído 8 mil 439 millones, de los cuales 5 mil 271 millones fueron transferidos a la empresa Integradora de Servicios Operativos S.A. (ISOSA).

Los traspasos multimillonarios a favor de la compañía privada –también señalada por la ASF como coparticipe del fraude en contra de los recursos provenientes del cobro del DTA¬– son injustificables y podrían constituir nuevos quebrantos al patrimonio público.

De acuerdo con el Informe de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2004, elaborado por la ASF, a partir de ese año la única figura facultada para contratar los servicios de procesamiento electrónico de datos y del segundo reconocimiento del despacho aduanero es el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), constituido con carácter de público, y no el Aduanas I.

Este no es el único impedimento vigente para la extracción de los recursos del DTA: a la fecha la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no resuelve la controversia constitucional 84/2004 promovida en septiembre de ese año por la Secretaría de Hacienda. La litis del alegato jurídico en contra de la ASF versa sobre la supuesta naturaleza privada de los recursos provenientes de las contraprestaciones a las que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera –anteriormente depositados en el Aduanas I–, considerados como recursos públicos por el máximo órgano de fiscalización en México.

A pesar de dichas restricciones jurídicas, en los últimos tres años la dependencia encabezada por José María Zubiría Maqueo continuó con la operación de los servicios del procesamiento electrónico de datos y del segundo reconocimiento a través del Aduanas I y de ISOSA, según se desprende de la propia información dada a conocer por la dependencia.

El asunto no es menor. De acuerdo con el reporte financiero del Fideicomiso Aduanas I, de 2004 al primer trimestre de 2006 –periodo que coincide con la supuesta “legalización” del esquema recaudatorio que debía dejar sin efecto el manejo de dicha figura fiduciaria– la empresa incrementa sus ingresos en más de mil millones de pesos por ejercicio fiscal, lo que le permite captar un total de 5 mil 271 millones 265 mil pesos erogados del Aduanas I.

Las posibles irregularidades vinculadas con la extracción de estos multimillonarios recursos a favor de ISOSA se revelan incluso en el comunicado de prensa del SAT: el órgano desconcentrado de Hacienda dice que, con el objetivo de transparentar el uso de los recursos, las contrataciones para operar dichos servicios son licitadas públicamente y pagadas con dinero del FACLA.

“En mayo de 2004 se constituyó el FACLA, aportando recursos públicos por parte del Servicio de Administración Tributaria y recursos depositados que derivan de la contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera que pagan los importadores y exportadores, y que son de carácter privado (condición que aún se discute en la Suprema Corte). Asimismo, el SAT efectúa los procesos de adquisiciones mediante licitaciones públicas, los cuales se pagan a través del Fideicomiso Público”. Esta acotación deja sin justificación las contrataciones directas hechas a través de ISOSA y solventadas con los controvertidos recursos del Aduanas I.

El saqueo

Un breve informe financiero elaborado por el fideicomitente del Aduanas I, es decir el SAT, descubre que al primer trimestre de 2006 este fideicomiso privado tiene una disponibilidad en efectivo de 2 mil 134 millones 448 mil pesos, lo que evidencia el saqueo de los recursos públicos provenientes del cobro del DTA.

La cifra contrasta con las captaciones de recursos obtenidas en los últimos tres años pues, de no haberse registrado erogaciones, el saldo disponible ascendería a 10 mil 573 millones 622 mil pesos. Esta suma podría saldar los quebrantos patrimoniales cometidos por el SAT en los ejercicios fiscales de 2001 a 2004, que ascienden a 10 mil 183 millones de pesos y que han sido ampliamente denunciados por la ASF.

Sin embargo, de 2004 a 2006 el fideicomiso también identificado con el número 954-8 registró egresos por 8 mil 439 millones 171 mil pesos, descubre el documento oficial. De este monto destaca el pago de los servicios de procesamiento electrónico de datos y del segundo reconocimiento –supuestamente solventados con recursos del FACLA y no del Aduanas I– por 5 mil 913 millones 868 mil pesos, de los cuales ISOSA se adjudicó 5 mil 271 millones 265 mil pesos.

Tan sólo en el ejercicio 2004, la empresa –creada en 1993 por órdenes del entonces subsecretario de Ingresos y actual secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz– se embolsó 2 mil 384 millones 924 mil pesos, cifra que revela un incremento de mil 123 millones 368 mil pesos en comparación con los mil 261 millones 556 mil pesos que cobró en el ejercicio 2003.

La tendencia a la alza en las ganancias de ISOSA se mantiene en 2005 –cuando cobra mil 970 millones 951 mil pesos, es decir, 709 millones 395 mil pesos más que en 2003– y repunta en el primer trimestre de 2006 –en este periodo de tan sólo tres meses obtiene 915 millones 390 mil pesos, indica el informe publicado por el SAT–.

Según los datos publicados por el SAT, del primer trimestre de 2000 al primer trimestre de 2006 los ingresos de ISOSA se contabilizan en 9 mil 227 millones 662 mil pesos desglosados de la siguiente manera: 672 millones 692 mil, en 2000; 764 millones 271 mil, en 2001; mil 257 millones 878 mil, en 2002; mil 261 millones 556 mil, en 2003; 2 mil 389 millones 924 mil, en 2004; mil 970 millones 951 mil, en 2005, y 915 millones 390 mil pesos de enero a marzo de 2006.

SAT admite daños

En el rubro de los egresos también sobresalen las transferencias a favor de la Tesofe, que entre 2004 y 2005 sumaron un monto de 2 mil 523 millones 286 mil pesos. Al respecto, el pago hecho el año pasado por 2 mil 522 millones 577 mil pesos confirma el resarcimiento del daño patrimonial cometido por el SAT en el ejercicio fiscal 2003, que ascendió a 2 mil 585 millones de pesos, según las denuncias hechas por la ASF.

Y es que el pasado 30 de marzo, durante la entrega del Informe de la revisión de la Cuenta Pública 2004, el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, reveló que por primera vez el SAT había resarcido a la Tesofe poco menos de 2.5 miles de millones de pesos por los daños cometidos en contra del patrimonio público relacionados con el sistema de recaudación del DTA.

De acuerdo con la explicación dada por el auditor a los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, en 2005 la ASF recuperó 2 mil 456 millones 800 mil pesos por concepto del Derecho de Trámite Aduanero. La legisladora perredista Dolores Padierna detalla que este monto corresponde al daño patrimonial registrado en la Cuenta Pública 2003.

En entrevista González de Aragón dijo: “a pesar de la controversia que se dirime en la Suprema Corte con relación a las observaciones que hicimos sobre los derechos del trámite aduanero, que no se depositaron en la Tesofe sino que se transfirieron directamente al Fidei-comiso Aduanas I, hay dos acciones que van por el camino correcto: en primer lugar, la Secretaría de Hacienda ya constituyó un fideicomiso público, ya no va a ser privado. La segunda es que ya devolvió 2 mil 457 millones de pesos del Fideicomiso Aduanas I, sobre cerca de 10 mil millones de pesos observados por la ASF, esto también va por el camino correcto”.

La devolución multimillonaria efectuada por el SAT, y recién admitida en su propio informe, demuestra el desvío de recursos y el fraude, señala Dolores Padierna: al resarcir el 24 por ciento del monto total reclamado por la ASF, el SAT acepta su responsabilidad sobre los quebrantos patrimoniales que se le imputan. Aun cuando la dependencia encabezada por José María Zubiría niega el desvío de los miles de millones de pesos hacia el Fideicomiso Aduanas I.

El fraude aduanero

En mayo de 1993 Gil Díaz, entonces subsecretario de Ingresos y actual secretario de Hacienda, ideó el esquema de recaudación del DTA operado a través del fideicomiso privado Aduanas I, eje rector del llamado fraude transexenal, que es auxiliado por la empresa privada ISOSA y el fideicomiso, también privado, Consorcios de Comercio Exterior II o Aduanas II.

Desde entonces, el Aduanas I fue utilizado como captor directo de las aportaciones hechas por importadores y exportadores en las 48 aduanas del país, recursos que según la ASF son contribuciones de carácter público y no contraprestaciones de origen privado, como la Secretaría de Hacienda pretende hacer creer.

Al referirse a la historia del complejo y doloso esquema de recaudación del DTA, el SAT expone que “en 1993, un año después de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y uno antes de su entrada en vigor, se inicia la creación de los fideicomisos (Aduanas I y Aduanas II)”.

En esta explicación omite decir que ambos contratos fueron signados por Gil Díaz y que, aunque su carácter es privado, dependencias y funcionarios públicos los han manejado discrecionalmente, entre ellos el secretario de Hacienda: en el caso del Aduanas I, el fideicomitente y el fideicomisario es la Secretaría de Hacienda –y desde 1998 el SAT–, y el fiduciario es Nacional Financiera.

La información oficial dice que el fideicomiso 954-8 fue autorizado para prestar “distintos servicios aduaneros [...] lo que llevó en su momento a constituir la empresa ISOSA para prestar los servicios”. Lo que oculta la dependencia es que desde entonces esta compañía ocupa las instalaciones y recursos de la SHCP.

El SAT argumenta que “dada la naturaleza privada del Fideicomiso Aduanas 1 e ISOSA, se presentaron diferentes situaciones, tales como que no es auditado por la Auditoría Superior de la Federación ni proporciona información vía el Instituto de Acceso a la Información Pública. En tal virtud, la presente administración tomó la decisión de sustituir las funciones del Fideicomiso Aduanas 1, con el fin de permitir una fiscalización integral.

“Para ello se adoptaron diferentes acciones: constituir un fideicomiso público que administre los recursos privados (FACLA); sustituir los servicios que actualmente presta ISOSA, mediante licitaciones públicas a los proveedores que resulten ganadores, y liquidar el Fideicomiso Aduanas 1 e ISOSA”.

El documento –que según el SAT “tiene como fin proporcionar información objetiva y clara sobre la administración de los fideicomisos que han aportado recursos para sustentar la modernización de las actividades tributarias en México, tanto en materia de tecnología informática y telecomunicaciones, como en la infraestructura de sus instalaciones y de las aduanas”– no dice nada sobre los daños patrimoniales documentados por la ASF y, menos aún, menciona los resultados de las auditorías aplicadas por la Secretaría de la Función Pública, en donde se comprueban las irregularidades en el manejo de miles de millones de pesos.

Para la elaboración de este trabajo periodístico, y en el marco de la “transparencia” a la que alude el SAT en su informe, se solicitó entrevista con José María Zubiría Maqueo, pero Gabriela Gallegos de la Torre, funcionaria adscrita a la Unidad de Comunicación Social de la SHCP, dijo que “en este tema sólo se tenía autorizado informar a través de boletines de prensa”.

Año IV No. 42 Julio 2006

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