Tráfico Humano en el Aeropuerto

Ciudadanos de América, Asia y el ex bloque socialista se internan ilegalmente en México con anuencia de personal migratorio y aeroportuario

Nydia Egremy

Son las cinco de la madrugada y varias decenas de brasileños y peruanos indocumentados descienden del avión, saben que su ingreso a México desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) está garantizado por un agente de Migración, previamente coludido con quienes ilegalmente los internaron en el país, describe un testigo de nombre José, quien conoce a fondo esos cotidianos casos de corrupción.

Los indocumentados que llegan por el aeropuerto pagan en promedio una cuota de entre 500 y mil dólares, además del costo de su boleto de avión, en alguna agencia de viajes en su país natal para que una vez en México los agentes de seguridad y de Migración obvien registros y trámites que les permitan llegar a su destino final: Estados Unidos.

El trasiego clandestino de brasileños, peruanos, libaneses, chinos e iraquíes es constante, ocurre al menos dos veces por semana durante las madrugadas, cuando desciende el mayor número de estos viajeros.

Los recién llegados mienten a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) del Aeropuerto sobre el tiempo que permanecerán en México. En las ventanillas del instituto declaran que su permanencia en México será de dos meses, aunque todos saben que no permanecerán en el país ni dos días.

Los delata su indumentaria y el ligero equipaje que portan: apenas una maleta que se aprecia en sus manos cuando salvan el trámite migratorio sin problemas, y “como pollitos” -describe José- siguen a un guía que sólo ellos reconocen, hasta la salida del aeropuerto.

Ahí los esperan camionetas particulares, sin identificación, que los trasladan hacia los céntricos hoteles San Francisco (San Pancho, como lo nombran los polleros) o el César de la ciudad de México.

Su paso hacia un tercer país está garantizado por el derrame de billetes verdes que hicieron desde la salida de su nación a los traficantes de personas. Esos recursos benefician a la mafia que opera en el AICM, integrada por delincuentes nacionales y extranjeros.

A ellos se suman los omisos agentes de Migración, policías judiciales y de seguridad privada, así como elementos de seguridad para extranjeros asignados en el Aeropuerto de la Ciudad de México y cuya existencia y operación niegan las autoridades mexicanas.

Es fácil para los traficantes de personas dispersar a sus clientes entre los miles que diariamente ingresan y parten del aeropuerto capitalino, tan sólo entre marzo de 2004 y marzo de 2005, el AICM dio servicio a 23 millones de pasajeros, de acuerdo con sus propios datos.

Unas horas más tarde o acaso la mañana siguiente, los extranjeros abordarán de nuevo los vehículos para emprender el viaje hacia su destino final por dos rutas: una vía Querétaro y otra por avión a Guadalajara y después a Tijuana, en donde otros polleros los reciben hasta internarlos en suelo estadounidense en busca del “sueño americano”.

Los pasajeros de la ruta a Querétaro observan cuando su vehículo hace un alto en la gasolinera ubicada en la primera caseta de peaje y ahí abordan otros viajeros que también arribaron la víspera a México por el AICM. Todos conversan en voz muy baja su experiencia y comparten su afán de viajar hacia los Estados Unidos.

El negocio es bueno. Todos han pagado una, dos y hasta tres veces el peaje.

“El aeropuerto es bendito”, sentencia José.

Seguridad regional e impunidad local

El 23 de marzo de 2005 México signó con Estados Unidos y Canadá la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) que enmarca la agenda regional de seguridad de la superpotencia. Con ella se evita el ingreso ilegal de personas mediante el intercambio y resguardo de información sobre “criminales y terroristas a su llegada al primer puerto de entrada al continente” en los aeropuertos de los tres gobiernos.

En esa materia, la ASPAN busca coordinar en un solo mando el área de carga en los aeropuertos, y pronto instalará autoridades consulares estadounidenses en los aeródromos, un plan que impulsó en abril pasado la Dirección de América del Norte de la cancillería mexicana.

Pero más allá de garantizar la seguridad de los vuelos con destino a Estados Unidos, la alianza resulta inútil porque en el AICM persiste la inseguridad para viajeros locales y extranjeros. En sus instalaciones se comenten saqueo de equipaje, asalto a viajeros y secuestros exprés, además las autoridades federales han incautado y decomisado la mayor cantidad de sustancias ilícitas y dinero del continente.

Empresarios extranjeros denunciaron que han sufrido cuantiosas pérdidas (casi un millón 300 mil dólares en mercancía robada, casi el uno por ciento de sus utilidades netas anuales) en el aeropuerto capitalino. Al año, en promedio, las compañías japonesas en México gastan un millón 700 mil dólares en seguros y dispositivos de vigilancia.

Esos ilícitos ocurren a pesar de que existe la Coordinación Operativa de Seguridad, con un centro de operación e inteligencia y vigilancia en el edificio terminal, que incluye el área operativa.

Integran ese sistema colegiado el Estado Mayor Presidencial, la PGR (con una oficina del Ministerio Público, elementos de la Agencia Federal de Investigaciones e Interpol), 454 elementos de la Policía Federal Preventiva, la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobernación (con agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y del Instituto Nacional de Migración), el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda, el Órgano de Control Interno y la Subdirección de Seguridad del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, así como la PGJ y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. A los que se suma la Comandancia Aérea Militar.

Todos en conjunto, vigilan permanentemente pasillos, vialidades, salas de espera y áreas operativas. Adicionalmente, 292 cámaras de circuito cerrado escrutan instalaciones y a personas las 24 horas del día. Por ello, los usuarios que arriban o parten esperan salir a destinos nacionales o internacionales, pero antes pasan por alguna de las 27 máquinas de Rayos X y por 29 aparatos manuales que en filtros de acceso impiden la introducción de armas de fuego, 18 detectores de explosivos y 29 arcos detectores de metales.

A tal esquema de seguridad se suma la certificación que periódicamente realizan en el aeropuerto miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Oficina Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) que cumple con sus normas de seguridad. Así lo reiteró en abril pasado el actual presidente del Consejo de la OACI, Roberto Kobeh González.

“México fue auditado el año pasado y la información que tengo es que los resultados están bastante aceptables, no tenemos problemas muy serios, habrá cosas que afinar para cumplir totalmente con el anexo 17 de la OACI, que se refiere a actos de interferencia ilícita, pero vamos bien”, admitió Kobeh.

De acuerdo con cifras del Senado de la República, son mil 491 los elementos de las distintas corporaciones desplegados en el aeropuerto, de ellos 372 son de la Policía Auxiliar. Operan, además, compañías de seguridad privada como Eulen (con 719) y Sepros (400). Los datos de la página electrónica del AICM difieren, pues afirman que son 420 elementos de la empresa Eulen (420) y “400 de Cepros” (sic).

La confiabilidad de las empresas privadas de seguridad se puso en entredicho cuando un juez del Estado de México giró orden de aprehensión en junio de 2005 contra José Louis Villuendas Álvarez, propietario de la empresa Servicios Programados de Seguridad en el AICM, acusado por la venta irregular de una camioneta. 

Con respecto a las denuncias sobre la presunta colusión de personal del Instituto Nacional de Migración en el tráfico de personas desde el AICM, Hermenegildo Castro, vocero de la dependencia expresó que 185 agentes de esa dependencia han sido separados de su cargo por “la posibilidad de corrupción”.

La persistencia de delitos en el AICM también fue considerada como “inaceptable” por la Comisión Dictaminadora del Senado de la República, que integran los senadores priístas Adalberto Castro Castro y Dulce María Sauri Riancho.

En marzo de 2005 estimaron que el aeropuerto sigue siendo “escenario de un índice tan elevado de delitos cometidos contra ciudadanos mexicanos y extranjeros”, a pesar de que estén destacadas fuerzas de al menos tres corporaciones de seguridad federales (PGR, PFP, la Policía Fiscal de la Secretaría de Hacienda, así como policía privada).

Por ello, en abril de ese año el también senador priísta Eric Rubio Barthell, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, presentó al pleno un punto de acuerdo para discutir la “Delincuencia organizada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.

Llamó a la Dirección General del AICM, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y del Distrito Federal, así como a autoridades migratorias y aduanales “a coordinar, investigar y combatir la situación de inseguridad, corrupción e impunidad que impera en el AICM, debido a la presencia de grupos de delincuencia organizada”.

El legislador explicaba: “Bandas delincuenciales cometen delitos en el AICM y es una pena que este lugar sea recinto de grupos delictivos que vulneran la integridad de las personas y de sus bienes.

“Por otra parte, -citó- en un estudio reciente del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México se menciona que por una cantidad de dinero se permite la entrada y salida de gente y hasta de órganos, que demuestra el alto nivel de corrupción en el aeropuerto”.

Aeródromo o Centro Comercial

En entrevista, Rubio Barthell afirma que en este sexenio hubo remozamientos y construcciones en el AICM que, lejos de convertirlo en un espacio para ofrecer mejores servicios a los usuarios, “sólo se transformó en un gigantesco centro comercial, no hay ninguna innovación real en operación aeroportuaria”.

El legislador explica que las ampliaciones aeroportuarias “son las mismas salas, la nacional inaceptable y la internacional muy bien, persiste una pésima logística de acceso que provoca el caos vehicular y sigue la desorganización de los taxistas. El AICM es un reflejo de omisión, impunidad, desorganización y mala señalización que afecta la imagen de México en el exterior.

“Para este aeropuerto que recibe al año más de 20 millones de pasajeros las obras realizadas fueron muy costosas y discrecionales. Sólo se invirtió en infraestructura que favorece el lucro de los comerciantes y empresas.

“La llamada Red Metropolitana de aeropuertos, integrada por el AICM, el de Toluca, Morelia, Querétaro y Puebla no es sustentable; a un año, no ha mejorado el tránsito aéreo, porque ahí no existe infraestructura; no se tuvo la visión”, explicó.

Tal discrecionalidad en las obras dio lugar al punto de acuerdo del 19 de abril del 2005, propuesto por el senador Héctor Osuna Jaime, que exhortó al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “para que los contratos de obra para la remodelación del AICM se celebren con estricto apego a la normatividad y que los mismos se hagan cumplir cabalmente en calidad y tiempo”.

Ejemplo de la ineficaz remodelación del AICM, es que aunque se aseguró que reduciría la saturación aérea, la terminal internacional se dividió en dos secciones, la primera para vuelos hacia Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía y África, y la segunda para vuelos con Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Tal división resulta cuando menos curiosa, porque a este aeródromo no arriba ningún vuelo procedente de África u Oceanía.

Año IV No. 43 Agosto 2006

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