Privatización Aeroportuaria

Por “razones estratégicas” para la economía y la soberanía nacional, el sistema aeroportuario del país se privatiza parcialmente en el último periodo del sexenio foxista

Erika Ramírez

Luego de que se aprobara un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para citar a rendir cuentas al director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Ernesto Velasco León, para que explique cómo se ha llevado a cabo la enajenación del Aeropuerto Internacional de Toluca, el director de Comunicación Social ASA, Hervey Espinoza, informó que el funcionario no se presentará ante los legisladores que lo convocaron.

A finales de julio pasado, diputados y senadores integrantes de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, así como de Comunicaciones y Obras Públicas, apoyaron la propuesta del legislador de Convergencia, Jesús González Schmal, presidente de la Subcomisión de Aeropuertos de la Cámara de Diputados, para que Ernesto Velasco explique “las razones estratégicas, económicas y de seguridad nacional que se tuvieron en cuenta para la privatización del Aeropuerto Internacional de Toluca en favor del grupo español OHL”.

En la exposición parlamentaria, González Schmal señaló que pese a que el aeropuerto de Toluca contó con amplios recursos el año pasado, “será concesionado para su explotación durante 100 años por el grupo español OHL, representado en México por José Andrés de Oteyza”, ex secretario de Estado.

En entrevista, el legislador de Convergencia adviertió que los aeropuertos “son áreas estratégicas que no puede perder el Estado frente a los intereses extranjeros que son mercantilistas y lucrativos. En particular, el Aeropuerto Internacional de Toluca se ha convertido en un pivote, es decir, un eje de desarrollo para muchas otras áreas que convergen en el servicio aeroportuario”.

De acuerdo con la información presentada ante el Congreso de la Unión, en la operación mercantil se cuenta con una inversión de 100 millones de dólares, de los cuales el grupo español controla el 49 por ciento de la Terminal Aérea, mientras que sus socios, ASA y el gobierno del estado de México, poseen 25 y 26 por ciento, respectivamente.

Al respecto, González Shmal dice que esta operación es una más de las que el grupo español está manejando, no obstante que “cuenta con muy poca experiencia porque en los 12 aeropuertos del Pacífico que tiene en sus manos no ha habido mejoría ni mayor seguridad, ni condiciones en las instalaciones ni en los servicios”.

El diputado de Convergencia criticó que el Estado haya concesionado por 50 años, prorrogables a 100, una infraestructura que le ha costado a México muchas décadas construir. “No se le puede dar todo a unos negreros, comerciantes de la aviación que todo van a hacer, menos identificarse con los intereses nacionales de más trascendencia”, dice.

Advierte que ante la falta de aplicación de los recursos se corre el riesgo de que luego se tenga que rescatar el servicio aeroportuario. Este es “un servicio público imprescindible, que el Estado tiene que volver a comprar una vez que los concesionarios ordeñaron, sangraron las finanzas y explotaron una infraestructura que no les costó”.

Tianguis aéreo

En medio de las supuestas irregularidades a las que tendría que responder el director de ASA, el legislador señala que “las nuevas líneas aéreas de bajo costo, incluyendo Aeromadrid, que ya aterriza en la capital mexiquense, han logrado pasar de un promedio de 200 mil usuarios en 2005, a un estimado de un millón 200 mil en este año”.

González Shmal reprocha las concesiones otorgadas al grupo español OHL, pues dice que lo único que hace el gobierno federal es “otorgarle los ingresos del aeropuerto. Se convierte en tarifa de uso de aeropuerto el asalto a la hacienda pública”, insiste. 

Mientras, para los funcionarios de ASA esta es una concepción equivocada de las operaciones que se están llevando a cabo, “pues no se trata de una privatización, sino de una reestructuración corporativa”, dijo Hervey Espinosa luego de que se le solicitara una entrevista formal con Velasco León para hablar del tema.

El encargado de comunicación anticipó que el director de ASA “no se presentará a comparecer, pues ya se les dijo a los diputados que esto no es una privatización, por lo que lo único que se hará será presentar un informe por escrito en donde se explique la proyección económica del proyecto”.

Bajo los argumentos oficiales, dice González Schmal, "los aeropuertos se han convertido en gigantescos y elegantes tianguis, siempre dispuestos a ser subastados, con el patrocinio del ex presidente español José María Aznar, y sin preguntar sobre el origen de los recursos son entregados sin la menor conciencia de lo que ello supone para el futuro de la nación".

El GAP en la mira

Uno de los problemas que ha planteado el legislador ante diversos grupos parlamentarios del Congreso de la Unión es la operación del Grupo Aeroportuario del Pacífico que opera 12 terminales aéreas en todo el país.

Según informes presentados por González Schmal, las autoridades de las secretarías de Hacienda, Comunicaciones y Transportes y la Auditoría Superior de la Federación deberán informar acerca de la actuación del denominado GAP y empresas que lo integran, “sobre su dudoso proceder, y de los funcionarios públicos involucrados en el otorgamiento de las concesiones y sobre la supervisión, administración y operación de las 12 terminales aéreas comprendidas”.

Y es que el GAP, que controla los aeropuertos de Aguascalientes, Guanajuato, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Morelia, Mexicali, Puerto Vallarta, Los Cabos, Tijuana y Manzanillo, ha cometido supuestas irregularidades en las operaciones mercantiles.

Según informes que González Schmal ha utilizado para llevar a cabo su trabajo parlamentario, “tratándose de las premisas objeto de la privatización de los aeropuertos, en el caso de GAP los hechos se están presentando como cuando los bancos, los ferrocarriles y otras entidades paraestatales del pasado, demostrando la entrega de bienes nacionales con grandes beneficios, en afectación al patrimonio y la soberanía nacional, a cambio de dudosas contraprestaciones económicas y de un supuesto beneficio en infraestructura para nuestro país”.

Entre las denuncias que ha hecho el legislador está el pago anual al GAP por 10 millones de dólares, “por supuesta asistencia técnica y transferencia de tecnología. A ello se suma la entrega al grupo del uno por ciento de comisión por la venta de combustible de cada avión que aterriza y recarga en los aeropuertos que opera”.

Además, el diputado impugna al gobierno federal porque permitió y autorizó un pago de dividendos de los ejercicios fiscales de 1998 y 1999 por 447 millones de pesos, “cuando el inicio de la concesión fue el 1 de noviembre de 1998, es decir, indebidamente dispusieron de recursos de la nación, correspondientes a los 10 primeros meses de 1998”.

La devolución de impuestos por la vía de recursos fiscales, por parte de la Secretaría de Hacienda, casi suficientes para cumplir sus compromisos de inversión para el 2002, supuestamente por cambios en materia de depreciación en el 2001.

En los reclamos que hace el legislador, se encuentran los adeudos por 140 millones de pesos, en contribuciones estatales y municipales (agua y predial). No hay evidencia del cumplimiento del programa quinquenal de inversión, de acuerdo con lo establecido en la concesión, además de que se estima que por el concepto de Tarifa por Uso de Aeropuerto el GAP ha ingresado a sus cuentas 4 mil 800 millones de pesos, cuando por la concesión de los 12 aeropuertos, en 1998 “invirtió” 240 millones de dólares, aproximadamente la mitad de lo invertido.

González Schmal concluye que “mientras el GAP logró la concesión por 50 años, prorrogable por un período similar, a los locatarios los están obligando a firmar contratos por periodo máximo de tres años, sin ninguna posibilidad de renovación, pero sí con el importante incremento en la renta”.

Año IV No. 43 Agosto 2006

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