Se extingue negocio aduanero

En las próximas semanas la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje podría decidir si la Secretaría de Hacienda, el SAT y Aduanas encajan en la llamada figura jurídica de “patrón solidario” y, por tanto, asumen como propia la deuda que la empresa privada OGASA mantiene con una treintena de dictaminadores aduanales

Nancy Flores

Miguel Ramírez Barber y Alfonso Perches Treviño -ex colaboradores de Francisco Gil Díaz cuando éste se desempeñaba como subsecretario de Ingresos en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y beneficiarios del negocio aduanero operado al margen de la Ley a través de los fideicomisos privados Aduanas I y Aduanas II- se encuentran prácticamente desaparecidos.

Y es que hasta ahora los dueños de la empresa Operadora de Gestión Aduanal, S.A. (OGASA), que durante 13 años fue responsable del control del personal operativo, conocido como dictaminadores aduanales del llamado segundo reconocimiento, han omitido responder a los requerimientos hechos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para que respondan sobre una treintena de juicios en su contra.

Beneficiaria por más de una década del negocio aduanero, la empresa OGASA enfrenta al menos 35 demandas laborales, que reclaman hasta un millón de pesos por dictaminador. El eje de estas controversias está centrado en el despido injustificado.

Fuentes cercanas al caso informaron que ante la ausencia del llamado “patrón responsable”, concepto aplicado a las empresas que contratan los servicios profesionales de particulares, la JFCA ya evalúa la posibilidad de llamar a cuentas al “patrón solidario”, que corresponde a la empresa, persona, institución o dependencia que recibe los servicios: en este caso la figura puede recaer en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración General de Aduanas (AGA).

El análisis que elaboran las autoridades de la Junta de Conciliación se enfoca en las implicaciones administrativas de estas tres dependencias con la empresa OGASA y otras compañías involucradas como los Consorcios de Comercio Exterior, detallan las fuentes informativas.

Sin embargo, la evaluación no es sencilla: en 1993 la SHCP contrató a 11 consorcios y a una empresa para prestar el servicio del segundo reconocimiento para las 48 aduanas del país, pero estos consorcios crearon compañías paralelas para operar el despacho aduanero.

Además, la JFCA deberá estudiar la participación del fideicomiso privado Consorcios de Comercio Exterior II, conocido coloquialmente como Aduanas II, involucrado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en un fraude a las finanzas públicas por más de 10 mil millones de pesos, y que estuvo encargado de pagar el servicio.

Rescisión del contrato

Sin justificación y sin aviso alguno, el 4 de mayo pasado OGASA rescindió el contrato a decenas de dictaminadores que operaban el llamado segundo reconocimiento. La operación se dio el mismo día en que esa empresa entregó el control del despacho aduanero a las cinco trasnacionales autorizadas por el SAT para prestar este servicio, en noviembre de 2005.

La entrega de las aduanas a las cinco empresas se retrasó cuatro meses, pues la autorización del SAT las habilitaba desde el 1 de enero de 2006. Las empresas contratadas por el gobierno federal son A/S Baltic Control, Ltd.; Bivac International; Cotecna Inspection; Intertek International; SGS Société Générale de Surveillance S.A.; Control Unión Argentina, y BSI Inspectorate de Argentina.

Actualmente, indican las fuentes de información, a través de la consultora Profit Consulting, Alfonso Perches y Miguel Ramírez se encuentran operando la liquidación de todas las empresas que crearon para operar en forma irregular el segundo reconocimiento del despacho aduanero, lo cual buscan terminar antes de que concluya el sexenio de Vicente Fox para evitar investigaciones posteriores sobre la corrupción que ahí se ha manejado.

De acuerdo con información del columnista de El Universal, Eduardo Torreblanca, Profit Consulting es una empresa que nació hace 15 años, y Miguel Ramírez Barber funge como director general, mientras que Xavier Enríquez es socio consultor.

Oscura historia

La empresa OGASA forma parte de un complejo esquema financiero creado por ex agentes aduanales para operar el segundo reconocimiento en 45 de las 48 aduanas del país y triangular los recursos obtenidos por el cobro irregular del Derecho de Trámite Aduanero, como lo ha calificado la ASF. El eje central de dicho esquema corresponde a los 11 Consorcios de Comercio Exterior.

El 20 enero de 1993 dichos consorcios, junto con la compañía SGS Servicios Logísticos Aduaneros S.A. de C.V. -filial de la trasnacional suiza Société Générale de Surveillance- signaron contratos con la SHCP para prestar los servicios de apoyo y control del despacho aduanero -funciones que a pesar de ser consideradas como de “seguridad nacional”, permanecen en el ámbito privado desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y que a partir del 4 de mayo de 2006 fueron cedidas a empresas trasnacionales-.

En ese mismo año los consorcios crearon varias empresas entre las que destaca OGASA. Al frente de ésta se colocaron Miguel Ramírez Barber y Alfonso Perches Treviño, ex colaboradores de Gil Díaz en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda.

Durante 13 años OGASA fue responsable del control del personal operativo que hasta el 4 de mayo pasado practicó el segundo reconocimiento, previsto en el artículo 43 de la Ley Aduanera.

Sin embargo, el contrato laboral de cada uno de los 107 dictaminadores aduanales empleados hace más de una década, de lo cuales 20 fueron despedidos con anterioridad a la entrega de las aduanas, se firmó con el respectivo consorcio de comercio exterior.

Además de los consorcios y OGASA, los dictaminadores tuvieron relación con filiales denominadas Servicios Aduanales Integrados, S.A. de C.V., dedicadas únicamente a pagar la nómina.

El fideicomiso

El contrato del Fideicomiso Consorcios de Comercio Exterior II descubre que por cada empresa hay dos representantes que signan dicho convenio: por el Consorcio de Comercio Exterior del Aeropuerto de la Ciudad de México, Manuel Canales Escamilla y Sergio Luján Ciprés; por el Consorcio de Comercio Exterior de Ciudad Juárez, Adriana Gutiérrez Verduzco y Ricardo Fuentes García; por el Consorcio de Comercio Exterior de Guadalajara, Diego Hinojosa Aguerrevere.

Una vez autorizadas para prestar los servicios del segundo reconocimiento aduanero, los 11 consorcios y la filial de SGS fueron convocadas por la Subsecretaría de Ingresos para firmar un addendum al contrato en el que se establece la obligación de constituir un fideicomiso para la administración accionaria de los consorcios y de la filial de la trasnacional SGS.

A cuatro meses de firmados los contratos para la prestación del segundo reconocimiento, las 12 empresas constituyeron el fideicomiso número 1076-6, también denominado Consorcios de Comercio Exterior II.

De acuerdo con el documento fechado el 20 de mayo de 1993, los 11 consorcios, la empresa SGC Servicios Logísticos Aduaneros -como fideicomitentes- y Nafin -como fiduciaria- constituyen el Fideicomiso Aduanas II “con intervención de la SHCP -fideicomisaria-, representada por Francisco Gil Díaz, subsecretario de Ingresos”.

El interés de Gil Díaz por este fideicomiso no es gratuito: esta figura fiduciaria opera como una caja chica del Aduanas I, involucrado por la ASF en daños al patrimonio público por más de 10 mil millones de pesos. El fideicomiso Aduanas II recibe poco más del 30 por ciento de los recursos provenientes del cobro del DTA -que el SAT omite enterar a la Tesorería de la Federación-, revela el oficio con folio 06/780/514/2003 elaborado por la Secretaría de la Función Pública.

El documento detalla que “mediante las circulares emitidas por el SAT, 326-SAT-IV-22146 y 326-SAT-IV24634 de fechas 21 de octubre y 14 de noviembre de 2002, respectivamente, se dio a conocer a las instituciones bancarias autorizadas las condiciones para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Aduanera, así como la distribución de los Derechos de Trámite Aduanero como sigue: Fideicomiso Aduanas I, 53.04 por ciento, depósito correspondiente al pago que como contraprestación realizan los importadores y exportadores; Fideicomiso Aduanas I-A, 33.91 por ciento como segundo reconocimiento y Tesofe 13.05 por ciento, por concepto de trámite aduanero, previsto en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Derechos”.

De acuerdo con la cláusula cuarta del convenio, el fideicomiso “tiene la finalidad de administrar los recursos líquidos que conforman su patrimonio para que queden destinados a la adquisición, mantenimiento, operación, reparación o ampliación de las instalaciones y equipos de las aduanas de la República Mexicana, incluyendo el segundo reconocimiento, así como en su caso transmitir en su oportunidad a la 'fideicomisaria' (SHCP) o a la persona o personas que ésta indique a la 'fiduciaria' las acciones, bajo las condiciones y conforme al procedimiento establecido en las cláusulas de este contrato”.

Año IV No. 43 Agosto 2006

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