Encubrimiento de la Función Pública

La Secretaría de la Función Pública tiene la obligación de analizar la evolución patrimonial de los servidores públicos para prevenir cualquier ilícito. Ante el hecho de que funcionarios de primer nivel del gobierno federal han estado involucrados en actos de corrupción, para la SFP esto no es motivo para revisar sus patrimonios, lo que legisladores de oposición califican de encubrimiento descarado y falta de transparencia del régimen foxista

Ana Lilia Pérez

Aunque a lo largo del sexenio se ligó a secretarios de Estado, directores de paraestatales y titulares de órganos descentralizados con los delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y peculado, sólo dos funcionarios de primer nivel del gabinete de Vicente Fox están bajo investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la cual revisa la evolución de su situación patrimonial.

Se trata de dos protegidos del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien los impulsó y colocó en los cargos que ahora tienen, el polémico José Guzmán Montalvo, administrador general de Aduanas, y Luis Ramírez Corzo y Hernández, director general de Petróleos Mexicanos, quienes son investigados por su evolución patrimonial (integradas en los expedientes 04/2004, y 90/2004, respectivamente) ante la percepción de que habría un presunto enriquecimiento ilícito.

Las indagatorias sobre los dos funcionarios podrían extenderse a un periodo de hasta 24 meses, por lo que de comprobarse algún ilícito, sería la siguiente administración la que fincaría responsabilidades administrativas con posibles inhabilitaciones o, en su caso, denuncias penales.

De las múltiples denuncias que se han presentado por hechos de corrupción en contra de miembros del gabinete foxista y que solo dos funcionarios de primer nivel estén sujetos a investigación, confirma la complicidad de la SFP para archivar expedientes y cerrar casos que debieron llegar hasta el Ministerio Público Federal, y no es otra cosa más que el encubrimiento y la impunidad de Vicente Fox.

Durante el sexenio no hubo una sola destitución de funcionarios por malversar fondos públicos o enriquecimiento ilícito derivado de indagatorias de la SFP, como lo prometió Francisco Barrio Terrazas, quien como titular de la Secretaría de la Contraloría se comprometió a principios de sexenio a atrapar a los “peces gordos” de la corrupción.

Comisión investigadora del Congreso

Por la ausencia de claridad en las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, por primera vez en el Congreso de la Unión fue organizada una Comisión Extraordinaria de legisladores que vigilará y evaluará el desempeño de dicha Secretaría que encabeza el panista Eduardo Romero Ramos y que ha sido una de las dependencias federales más impugnadas durante la administración de Vicente Fox.

Aunque la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos obliga a los altos y medios mandos a enunciar su declaración patrimonial anual, sólo la SFP tiene atribuciones para conocerla; sin embargo, para los legisladores la necesidad de modificar la Ley nace precisamente del deficiente desempeño de la Función Pública, cuyo titular ha sido reiteradamente acusado de encubrir graves irregularidades de servidores públicos de alto nivel.

De la conclusión del trabajo de la Comisión de los legisladores surge el acuerdo de hacer modificaciones urgentes a la estructura de la SFP, para que ésta se maneje como un organismo descentralizado con el fin de garantizar su independencia, y reformar el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos con el propósito de que se obligue a los funcionarios no sólo a presentar de forma periódica su declaración patrimonial, sino a hacer públicos los recursos que reciben como pago por sus servicios al Estado.

La diputada Beatriz Mújica, de la Comisión de la Función Pública, señala que es una asignatura pendiente para la próxima legislación aprobar las modificaciones a la Ley de Responsabilidades de la Función Pública para que los funcionarios transparenten su patrimonio, pues, señala, ello “obliga a los servidores públicos a un desempeño de real transparencia”.

La legisladora explica: “es vital que el próximo gobierno tenga un desempeño más eficaz y transparente de sus funcionarios, pues este gobierno no lo logró. Esperamos que el próximo pueda hacerlo, sin otra pretensión que el de atender las necesidades de la población”.

A decir de Beatriz Mújica el hecho de que los funcionarios justifiquen el dinero que reciben como servidores públicos va más allá de una concesión: “los funcionarios tenemos la obligación de actuar con transparencia, y como tal no deben ser secretas nuestras declaraciones patrimoniales, al contrario, debemos rendir cuentas a la población, y aunque Vicente Fox ha dicho que la transparencia es su máximo logro, más bien se convirtió en un gobierno federal de ‘opacidad transparente’, de allí que la nueva legislatura tendrá que hacer las reformas necesarias para que la función pública sea realmente clara”.

Las modificaciones a la ley para obligar a un servidor público a hacer pública su declaración patrimonial son definidas por Gildardo Campero, coordinador de investigación del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), como parte misma del mejoramiento de la función pública.

Por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI), Contralínea solicitó las declaraciones patrimoniales de varios funcionarios importantes en la administración del presidente Vicente Fox, quienes fueron acusados ante los órganos internos de control de la SFP por diversas violaciones, principalmente a la Ley de Obra Pública, pues mantenían relación directa con algunas empresas a las que otorgaron contratos irregulares.

Entre ellos los secretarios de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos; de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola; de Hacienda, Francisco Gil Díaz; de Energía, Fernando Elizondo; de Desarrollo Social, Josefina Vásquez Mota; y de directores generales de paraestatales como Luis Ramírez Corzo, José Guzmán Montalvo; la oficial mayor de la PGR, Cecilia Barra; el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, y la ex delegada de Migración, Magdalena Carral.

Tras someter a consideración de los funcionarios citados su disposición a transparentar los recursos que han recibido durante los últimos seis años y los bienes adquiridos en el mismo periodo -a unos meses de que concluyan su gestión- ninguno de ellos quiso explicar el origen de sus recursos, y blindaron su declaración patrimonial.

Juez y parte

El subsecretario de Normatividad de la SFP, Roberto Anaya Moreno, es el encargado de analizar la evolución patrimonial —imprescindible para descubrir el enriquecimiento ilícito, peculado y daño patrimonial- de quienes trabajan como servidores públicos.

Pero Anaya Moreno, quien está acusado ante el Tribunal Federal Electoral por hacer campaña dentro de la SFP a favor de Felipe Calderón, también se ha negado a proporcionar su declaración patrimonial. Este funcionario ha sido vinculado con irregularidades para beneficiar al empresario Cosme Mares, y ha sido implicado en la denuncia que contra el presunto prestanombres de Vicente Fox sigue la Procuraduría General de la República.

Aunque por ley Anaya Moreno debe abrir expedientes para el análisis de la evolución patrimonial de los funcionarios públicos de alto rango, en el caso de Pedro Cerisola, Vásquez Mota, Elías Ayub, Cecilia Barra, Fernando Elizondo, Gil Díaz, y Magdalena Carral no hizo registro alguno de sus respectivas evoluciones patrimoniales.

De acuerdo con información de la propia SFP, a lo largo del sexenio tampoco fue registrada en ningún momento la evolución patrimonial de funcionarios de alto nivel de esta dependencia. Durante la actual administración ninguno de los dos titulares que han encabezado a esta Secretaría: Francisco Barrio Terrazas y Eduardo Romero Ramos, ni el mismo subsecretario Roberto Anaya, ni el ex director general de contralores en Pemex, Rosendo Villarreal Dávila (cuya designación como titular de la administración del corporativo de Pemex fue vinculada con el ocultamiento de graves casos de corrupción en la paraestatal), han presentado para su respectivo análisis la evolución de sus bienes patrimoniales.

Al respecto, el diputado Jesús González Schmal sostiene que la negativa de Villarreal Dávila de hacer pública su declaración patrimonial es precisamente por “los malos manejos” que hizo primero en Contraloría y después como director de Administración de Pemex.

En su carrera como funcionario público Rosendo Villarreal arrastra una serie de denuncias que van desde la omisión hasta el enriquecimiento ilícito y actividades ligadas con el narcotráfico durante el periodo en que se desempeñó como alcalde de Torreón, Coahuila. Esta última denuncia fue hecha pública por uno de sus ex colaboradores en la secretaría municipal, sin embargo, sus fuertes vínculos con el gobierno federal, según lo dicho por González Schmal, han impedido su investigación.

Un ejemplo del blindaje que los funcionarios de la administración Fox han instrumentado para evitar impugnaciones públicas sobre el patrimonio que acumulan como servidores públicos, es el de Juan Bueno Torio.

A escasos dos meses de dejar la paraestatal para hacer campaña como candidato al Senado por Veracruz, urgido de fuero constitucional, Bueno Torio puso una serie de candados a su declaración de bienes patrimoniales, así como a la de los montos recibidos como titular de Refinación, y todos sus movimientos financieros internos, incluso de su correspondencia como titular de la paraestatal.

Actualmente el senador electo del PAN enfrenta denuncias penales interpuestas por la Comisión Especial de diputados que indagan el tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún, acusado de distintos actos de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses para beneficiar con millonarios contratos a empresas familiares, incluidas las de él mismo.

De su expediente de evolución patrimonial en la SFP, Juan Bueno Torio ordenó a la Función Pública blindar o declarar reservado desde su número de socio y el monto de la mensualidad que paga en el Centro Social y Deportivo Insurgentes, que por cierto es con cheques girados por el Grupo Empresarial Bueno. Además de sus dependientes económicos, la ubicación de sus bienes inmuebles y de las sociedades mercantiles en las que participa actualmente, lo mismo como socio que como accionista.

El hoy senador electo también puso candado a los ingresos que recibió como subsecretario de Economía a inicios del sexenio, y luego en los poco más de dos años que estuvo al frente de Pemex Refinación ordenó a la SFP declarar como reservado los bienes inmuebles que adquirió durante este periodo, sus ingresos “adicionales”, vehículos, fecha de adquisición, inversiones bursátiles y acciones.

Sobre sus propiedades ordenó reserva específicamente 12 escrituras que se refieren a igual número de inmuebles y 22 escrituras de empresas. Lo mismo que de cinco cuentas bancarias. También sobre la adquisición de distintos vehículos a la concesionaria Automotriz Isabel -ubicada en la ciudad de Córdoba- propiedad también de su familia.

El detalle de la evolución patrimonial se asienta que Juan Bueno hizo diversas aportaciones a un fideicomiso, del cual sólo el titular de Normatividad y él conocen el monto y destino, mismo que Bueno Torio declaró “reservado”.

Pero aunque el senador electo blindó sus declaraciones, la Comisión Especial de Diputados que sigue indagatorias en su contra señala que exigirá a la PGR que dichos elementos sean considerados como parte de las pruebas para comprobar un enriquecimiento ilícito por parte de Bueno Torio, por los beneficios que como funcionario de Pemex dio a empresas de las que hasta el momento se ha pretendido deslindar, pero que al indagarse las escrituras que él mandó blindar, podría comprobarse su participación.

Año IV No. 43 Agosto 2006

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