Un botín llamado Mar de Cortés

Con la anuencia de las autoridades federales, en Los Cabos se reproduce el modelo privatizador y discriminatorio operado en Cancún, en donde la zona federal maritime terrestre pasa en forma ilegal y discrecional a manos particulares

Texto y fotos: Nancy Flores

Los Cabos, Baja California Sur.- En una de las nueve escalas náuticas promovidas por el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) en este estado, considerada como una de las zonas más atractivas del megaproyecto presidencial turístico Mar de Cortés, antes conocido como Escalera Náutica, Los Cabos reproduce el modelo privatizador de playas aplicado en Cancún, Quintana Roo.

Al margen de la Ley y con la complicidad de los tres niveles de gobierno, el área de playa queda en posesión de hoteles y desarrollos que la ostentan como exclusiva y que impiden el libre tránsito, a pesar de que la Constitución establece que se trata de la llamada zona federal marítimo terrestre.

De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de las 42 playas de Los Cabos, sólo ocho tienen acceso libre; pero no así Palmilla, Buenos Aires, Arroyo Seco, Bledito, Zaratito, Barco Varado, Arroyo Tiburón y Cabeza de Ballena, que son algunas de las playas que han sido literalmente privatizadas.

Además, la información oficial de la Profepa revela que de los 125 mil ocupantes identificados en los 11 mil 800 kilómetros de litoral mexicano, únicamente 9 mil cuentan con la concesión vigente expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Al referirse a la privatización de playas, el delegado de la Semarnat en Baja California Sur, Germán Parra Dávila, dice: “desgraciadamente en algunos desarrollos así ha sucedido, desde luego están incurriendo en una irregularidad, están actuando al margen de la legalidad, porque lo que es la zona federal solamente se entrega en concesión y no puede ser para uso exclusivo, ni puede restringir el libre tránsito de las personas”.

El funcionario puntualiza que “en algunos hoteles o desarrollos piensan que pueden hacer de su concesión de zona federal una playa privada. Sí, sucede esto, por eso hemos pedido a las personas que denuncien ante la Profepa, que es la encargada de hacer cumplir la norma ambiental para poder proceder e incluso, si fuera necesario, revocar la concesión de zona federal cuando no se cumplen con las condicionantes y no se le da el uso que se señala en la concesión.

“Nosotros autorizamos concesiones de acuerdo con lo que establece la Ley, lo que pedimos es que se respete la zona y la Ley. La Profepa es la que tiene facultades para poder exigir, castigar y sancionar por la violación de la normatividad. Si alguien quiere tener su playita privada o niega el acceso a las personas, eso hay que denunciarlo.”

Sin embargo, Parra Dávila explica que “no es tan sencillo (corregir la situación), porque en algunos casos son problemas que se dejaron crecer. Ahora lo que estamos haciendo es pedirle al ayuntamiento que asegure que los nuevos desarrollos contemplen los accesos públicos a la playa, porque nosotros no tenemos atribuciones en la zona privada, sólo en la zona federal marítimo terrestre”.

En 2005 la Semarnat autorizó a los desarrolladores desmontar más de 100 hectáreas en Los Cabos y, aunque la Comisión Nacional Forestal cobra una cuota para recuperación de terrenos afectados, el dinero no se regresa a la entidad, afirma el biólogo Raúl Rodríguez, director de Ecología del municipio.

La privatización

Impulsado desde sus inicios por el entonces gobernador perredista Leonel Cota Montaño, el plan maestro del megaproyecto turístico Mar de Cortés señala como sus atractivos en este estado a Los Cabos, La Paz, Puerto San Carlos, Puerto Escondido, San Juanico, Mulegé, Punta Abreojos, Santa Rosalía y Bahía Tortugas.

Guillermo Acosta, representante de Singlar -la empresa creada por Fonatur para promover dicho proyecto presidencial-, deslinda al gobierno federal de estos “abusos” y afirma que nadie se puede cobijar en este proyecto para cometer irregularidades.

Explica que Mar de Cortés “es un proyecto que beneficia a las dos Baja Californias; Sonora; Sinaloa; las 900 islas del Golfo; Barrancas del Cobre, Chihuahua, y Puerto Vallarta, Jalisco. Para cumplir con sus objetivos tiene tres programas: escalas náuticas Singlar, regiones turísticas integrales y localidades de la costa, que busca el mejoramiento urbano de 22 localidades”.

El funcionario indica que, si bien Los Cabos es una de las 28 escalas náuticas consideradas por el proyecto presidencial Mar de Cortés, este es un desarrollo acabado en el que el gobierno no ha intervenido. Añade que el proyecto no busca edificar grandes hoteles, sino dotar de la infraestructura básica para descanso.

Detalla que las escalas náuticas de Fonatur no son los grandes desarrollos: “buscan dar servicios básicos a la navegación, no son marinas de destino, son instalaciones pequeñas a las que les denominamos escalas náuticas en donde el turista podrá encontrar servicios básicos en instalaciones pequeñas, no hay desarrollos inmobiliarios conexos, no hay campos de golf dentro del proyecto”.

-Sin embargo, en este megaproyecto sí hay desarrollos muy grandes, como en Los Cabos: Grupo Questro, Chileno Bay…

“Lo mismo podemos decir que existe en Mazatlán, en La Paz, en Ensenada, por eso hablamos de que aunque hay 28 escalas náuticas y sólo hay 22 localidades de la costa, las otras seis que no estamos tocando son las que ya existían, tienen más de 15 mil habitantes y ya están ahí desde hace mucho. Pero dada la necesidad de conectar para formar esta escalera y asegurar que las embarcaciones den la vuelta a la Península pues es necesario que en Los Cabos tengamos una instalación pequeña que garantice los mismos servicios”.

Guillermo Acosta afirma que el caso de Los Cabos es “atípico” por ser un gran desarrollo. Cuando se le plantea la privatización de las playas, el funcionario encargado de promover el megaproyecto presidencial dice: “Lo mismo sucede en Acapulco y no tiene nada que ver con el proyecto. Es una actitud equivocada de los desarrolladores y una violación flagrante el hecho de que un mexicano no pueda disfrutar de sus playas, es zona federal intocable y me parece muy mal que alguien limite el acceso a la playa”.

Añade que, “si bien es una realidad, no tiene nada que ver con el proyecto. En nuestros desarrollos hay total libertad de acceso, lo que es el proyecto Mar de Cortés, son instalaciones muy pequeñas, de cinco a seis hectáreas, que es nada. El que se cobijen en este proyecto para negar el acceso a la playa me parece un abuso y una gran mentira, es una violación de la Ley. Fonatur debería tener conocimiento de eso, pero nosotros somos Singlar y estamos enfocados al proyecto”.

Inversión millonaria

En Los Cabos el metro cuadrado de terreno con frente a la playa se oferta entre 2 mil 500 y 3 mil 500 dólares. Para el arquitecto Fernando Rivera Álvarez, ex titular de Fonatur en Los Cabos y actual coordinador del Grupo Los Madrugadores, las grandes inversiones y el potencial turístico de la zona se fundamenta en la exclusividad de las playas, permitida en forma irregular por las autoridades.

“Cabo Real, Desarrollo Fonatur, Palmilla, Puerto Ballena, Pueblo Bonito, Puerto Los Cabos, son kilómetros y kilómetros de playa que están integralmente planeados a la altura de los mejores desarrollos del mundo. Quién tiene la culpa de que las playas queden prácticamente privadas, pues los que aprueban los proyectos, ellos deberían exigir el respeto a los accesos a las playas aunque se enojen los inversionistas, pues se trata de zonas federales no susceptibles de privatización”, dice.

El experto en desarrollos turísticos advierte que “el asunto de las playas es sumamente delicado. Quieren playas privadas, no públicas. Sucede que cada día se cierran más playas porque ese es el modelo que escogieron y se explica por las grandes inversiones que están haciendo, si ellos tuvieran las playas abiertas no harían estas inversiones, pero debemos de tener claro que todas las negociaciones (con el gobierno) que han permitido esta situación se hacen en el centro, no aquí”.

Añade que “el gobierno debe vigilar que se cumplan las disposiciones legales, que se respeten los accesos, además de dotar de infraestructura a las zonas. Pero no lo hace, la Semarnat no cumple su papel. No se trata de dádivas, el gobierno federal recibe millones de dólares recaudados en esta zona y sólo nos devuelve centavos, qué pasa: el presidente Fox ha prometido destinar recursos a Los Cabos pero no tiene palabra, o no la cumple”.

Eduardo Atamoros, también ex titular de Fonatur e integrante de Los Madrugadores, coincide: “Los empresarios siempre van a ver sus intereses personales, por eso el gobierno debe actuar como mediador entre el pueblo y los intereses de los empresarios: si se deja en manos de los empresarios van a querer sacarle el mayor provecho que se pueda a lo que caiga en sus manos, por eso son exitosos para hacer dinero. El gobierno debe establecer las reglas del juego para que haya armonía entre los ciudadanos”.

Dice que “en el corredor de San José del Cabo-Cabo San Lucas no hay más de tres playas a las que la gente tiene acceso libremente, todas los demás han sido ocupadas por hoteles, o los dueños de terrenos colindantes impiden el paso, y para acabar con este panorama tan sombrío hay un grupo inversionista que quiere cambiar el trazo de la carretera actual de su ubicación a tres kilómetros hacia la montaña, alejándonos aún más de las playas, porque si ahorita por lo menos tenemos el gusto de verlas, si se cambia el trazo de la carretera ya ni eso vamos a ver”.

Para Atamoros de no revertirse esta situación se alimenta el riesgo de violencia: “Pasaría lo que está pasando en otras partes del país, en Atenco, en Oaxaca con los maestros: la gente empieza a actuar con violencia porque se harta de pedir y de esperar y que sus justas demandas no sean atendidas. Lo que puede pasar es que empecemos a ver con mayor frecuencia estallidos de violencia con el peligro de que se pueda generalizar. Ese es el riesgo a nivel local y nacional. La gente se harta de la injusticia y de nunca ver que llegue aquello que se promete”.

El ex funcionario de Fonatur indica que “aunque el dueño de la propiedad no quiera que la playa sea pública, debe serlo, y si no que la venda o que se le expropie, pero debe haber claridad en las leyes, porque si no sigue toda la confusión y finalmente la gente no sabe si tiene o no derecho a las playas y los propietarios tampoco saben si son dueños o no de las playas. En términos legales se puede hablar incluso de despojo”.

“Este es un problema de todo el estado porque afecta al Pacífico, al Golfo, al Mar de Cortés, a la costa, toda esta zona representa un gran botín llamado Escalera Náutica: un proyecto que avanza a través del despojo, la invasión y la ausencia del orden. Aquí la pregunta es: ¿hasta dónde vamos a permitir que estos intereses oscuros nos despojen?”, dice Olivia Pedrin, integrante del la Asociación Civil Comité Pro Defensa de Los Cabos.

Año IV No. 43 Agosto 2006

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