Aún sin reforma, avanza inversión extranjera

Claudia Adita Ruiz

Nunca como ahora el sector de la energía había recibido el nivel de inversiones acumuladas en la década de los ochenta. Sin embargo, destaca la participación de inversionistas extranjeros a través de esquemas que han sido impugnados ante el Poder Judicial. Investigadores y analistas aseguran que el gobierno foxista enfrentó serios obstáculos para cumplir con los objetivos planteados al inicio de la administración.

Cuando el entonces secretario de Energía Luis Téllez entregó el despacho de esa secretaría al equipo de transición del presidente electo Vicente Fox, también legaba la lista de los pendientes de la administración de Ernesto Zedillo en materia energética.

El eje de los compromisos para el nuevo gobierno era muy claro: realizar un proyecto de modernización del sector eléctrico, capitalizar la industria petroquímica no básica y alcanzar un convenio de cooperación con la Agencia Internacional de Energía. Eran las prioridades en ese momento.

A seis años de gobierno, por lo menos dos de esos pendientes no se resolvieron. La crisis de las pensiones en el sector público impidió una reforma estructural en el sector eléctrico, por lo que se sumaron inconformidades y demandas laborales y sociales que deberán resolver los nuevos responsables del Poder Ejecutivo.

El documento de entrega recepción firmado el 29 de noviembre del 2000, da cuenta de los resultados del Plan Nacional de Desarrollo en la gestión de Téllez, pero también incluye una relación de licitaciones internacionales que, ya desde entonces, otorgaban permisos de distribución de gas natural.

Además, refiere una lista de documentos, cartas y oficios de parte de empresas particulares, con proyectos de inversión en el sector energético mexicano.

Empresas como Pacific Petroleum, Pan American Enterprises, Resources for the Future, Taylor Equipment, El Paso Energy Marketing y ABB Power Generation, entregaron proyectos de inversión a la oficina del secretario desde 1994. Otras como la española Repsol, ya contaban incluso con un archivo sobre las inversiones y proyectos para trabajar.

En un documento de 136 hojas se enumera la correspondencia entregada en sobres cerrados y bajo la denominación de ‘confidencial’ que llegó a manos del entonces secretario Luis Téllez; detalle de los documentos oficiales e informes de las diversas oficinas dependientes de la Secretaría de Energía.

Desde 1995 y hasta el año 2000, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) reportó 16 licitaciones internacionales para otorgar permisos de distribución de gas natural, egún esta acta de entrega.

Además, durante esos seis años la Unidad de Promoción de Inversiones reportó más de 300 expedientes entre presentación de proyectos de inversión, promoción e información general de diversas empresas relacionadas con el sector de la energía.

Un sexenio de contrastes

De acuerdo con especialistas sobre el tema y empresarios, el presidente Vicente Fox y los encargados de atender las políticas energéticas no pudieron cumplir con las principales metas propuestas al inicio del sexenio y que se resumían en las acciones de los primeros cien días de gobierno. Proyectos con escasas posibilidades de concretarse, aderezados con una mala relación con el Congreso de la Unión antes de la gestión de Fernando Canales Clariond, impidieron reformas legislativas y sólo se trabajó en detrimento de la economía y la soberanía nacional, dijeron los analistas consultados.

De nada sirvió el anuncio catastrófico de Fernando Canales Clariond de que el país sufriría una crisis de energía, tampoco el megaproyecto en petroquímica llamado Fénix, ni las supuestas reservas de crudo en aguas profundas del Golfo de México que ahora se están explorando, de acuerdo con el anuncio hecho en los últimos meses del gobierno actual. 

El principal obstáculo, dicen, fue la falta de reformas legislativas en el tema energético. El intento por modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución –que tienen que ver con la utilización de los recursos naturales y energéticos del país– ha sido detenido una y otra vez desde 1999.

Actualmente, la Comisión de Energía en la Cámara de Senadores tiene en la congeladora 16 iniciativas que proponen cambios en el sector.

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 del actual gobierno federal, se propuso convertir al sector energético en un instrumento eficaz para impulsar el avance económico y promover el desarrollo social.

Sin embargo, argumentos contra la privatización, así como experiencias fallidas internacionales y la presión social, influyeron en los dictámenes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en contra del decreto del gobierno de Vicente Fox.

La visión del actual gobierno federal para el año 2025, contempla una población con acceso pleno a los insumos energéticos a precios competitivos; empresas públicas y privadas de calidad mundial operando dentro de un marco legal y regulatorio adecuado; un firme impulso al uso eficiente de la energía y a la investigación y desarrollo tecnológico; y amplia promoción del uso de fuentes alternativas de energía y seguridad de abasto.

Para lograr estos objetivos, la Secretaría de Energía se comprometió a conducir la política energética del país con estricto apego al marco constitucional vigente.

Todo esto fue también parte del discurso del gobierno anterior, además de mejorar las condiciones laborales y de productividad. Es decir, los compromisos sólo han cambiado de partido.

Los resultados pues, no son consecuentes con las promesas. Al cierre de este gobierno el gas licuado aumentó 4.6 pesos, casi el doble que al inicio del sexenio. Mientras que la gasolina que se vende en la frontera tuvo un incremento de 33 por ciento más.

Además, en este gobierno la importación de gasolinas aumentó casi 300 por ciento al pasar de mil 200 millones de dólares en el año 2000, a 3 mil 414 millones de dólares en 2005.

En el tema de energía eléctrica las cosas tampoco mejoraron. En América Latina, México mantiene tarifas eléctricas residenciales más altas que Costa Rica, Guatemala y Chile, y a escala mundial, son más altas que Italia e Inglaterra. El costo del gas natural que se utiliza en plantas de ciclo combinado también influyó en el incremento en los costos de la energía, a pesar de que el gobierno mantuvo sus políticas de subsidios para ciertos sectores.

Ante ello y las constantes protestas por disminuir las tarifas, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub considera que no es factible reducir las tarifas eléctricas, pues se podría arriesgar la salud financiera de la empresa.

En declaraciones a la prensa en marzo de este año, señaló que la única posibilidad de disminuir los precios de la energía eléctrica es mediante un incremento a los subsidios, que actualmente ascienden a 55 mil millones de pesos. “No se puede tener electricidad barata con petróleo de 60 dólares”, dijo el funcionario.

Sin embargo, la propuesta económica del candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, promete reducir las tarifas para el sector popular aún a costa del incremento en las tarifas para el sector industrial.

Actualmente, la deuda de la CFE asciende a 8 mil millones de dólares y registra ventas anuales por 17 mil millones de dólares, pero reporta pérdidas por el robo de electricidad de 1.75 por ciento, nivel que se ubica como normal en los estándares internacionales, mientras que Luz y Fuerza del Centro (LyFC) registra pérdidas de 30 por ciento.

Y aunque el Quinto Informe del gobierno foxista informa sobre un incremento en las inversiones en el sector -- 28 por ciento más en relación con 2003 – estos recursos sido a través de préstamos de la iniciativa privada, según el catedrático de la UNAM, Fabio Barbosa, quien señala a Fortuna que el dinero se prestó al gobierno a través Pidiregas, o se invirtió en Contratos de Servicios Múltiples (CSM).

Dichos recursos, sin embargo, han sido en su mayoría de socios extranjeros lo que da cuenta de un desdén hacia empresarios mexicanos. Gilberto Ortíz, miembro de la Comisión de Energéticos en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Cana-

cintra), señala que, en general, la iniciativa privada mexicana se queda “con un sabor amargo de boca por los pobres resultados del sector”.

“En la pretroquímica se habían tenido buenos logros pero se detuvo el avance. Se requiere un trabajo no sólo para recuperar la confianza de invertir en el sector y atraer la colaboración del sector privado”. 

En 2005, del total de energía eléctrica que un ciudadano utilizó para actividades domésticas o comerciales, el 11 por ciento provino de plantas operadas por permisionarios privados.

Tan sólo para el proyecto hidroeléctrico “El Cajón” –considerado la magna obra de este gobierno— ya se tienen 17 ofertas para financiarla, con un crédito de 700 millones de dólares.

Por su parte, Alfredo Hernández Peñaloza, integrante de la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, da su punto de vista desde la base trabajadora: “Es un fracaso la política oficial en el área de energía, los resultados están a la vista: la estrategia para la explotación y consumo de gas natural en México, demostró que fue un error”.

Los trabajadores viven en carne propia los errores de las autoridades, pues los despidos están a la orden del día, hay una falta de capacitación y por ende de mantenimiento en las diversas plantas de Pemex, por ello han ido en aumento los accidentes en las instalaciones.

Pero es en demandas laborales, donde exigen cambios. “Estamos decepcionados porque el presidente prometió que quitaría a la dirección corrupta del Sindicato Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (de los que hay pruebas sobre sus trampas). Contrario a ello, se convirtió en amigo de estos depredadores que son quienes permiten que se entreguen los contrato de servicios múltiples y la inversión privada en áreas no permitidas”.

José Felipe Ocampo Torrea, asesor en la Canacintra y experto en el tema de energéticos, enfatiza que este gobierno fue de retroceso, sobre todo para el inversionista y trabajador mexicano.

Considera que el presidente Vicente Fox es un “continuador” de las políticas neoliberales que se iniciaron en 1982, y hace hincapié en la pérdida de empleos gracias al ingreso de trabajadores extranjeros. “Hace dos décadas en México teníamos 20 millones de hombres hora en ingeniería, de los cuales tres terceras partes (casi 7 millones) eran de empresas privadas mexicanas, hoy de éstos sólo quedan 3 millones. Lo demás se acabó. Los bufetes industriales mexicanos ya no dan empleo”.

Recuerda que hace algunos años todas las empresas mexicanas de ingeniería trabajaban en nuevas tecnologías. “Las plantas elaboraban más del 90 por ciento de materiales y equipo para trabajar. Ahora lo importamos, las empresas que se contratan traen su equipo y materiales del exterior. Por ejemplo, en la planta de Cadereyta los coreanos trajeron piezas de construcción desde su país y trabajan aquí albañiles italianos”.

Batalla por el oro negro

El actual, será recordado como el sexenio donde se intensificó como nunca, la batalla por los recursos petroleros del Golfo de México. “Todos saben que sí hay un potencial en la zona: los actuales candidatos a la presidencia, geólogos, el Instituto Mexicano del Petróleo, gobernadores, conocen que hay grandes zonas por explorar y con muchos recursos”, señala Fabio Barbosa, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

En cinco años de gobierno foxista, Pemex ha recibido 410 mil millones de pesos en inversión. “Aunque toda ha sido vía Pidiregas (Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto) u otros tipos de deuda”, señala Barbosa.

Añade que en este lustro, Pemex ha recibido los más altos presupuestos de su historia y del total, un 25 por ciento ha sido destinado para la investigación en aguas profundas del Golfo de México.

Dichas inversiones comprenden perforaciones de pozos, interpretación de registros, estudios de laboratorios con muestras del suelo marino y otras actividades de exploración.

El resultado: un programa de construcción de 47 nuevas plataformas y con ello, el reconocimiento pleno de que hay grandes reservas de petróleo en el subsuelo, aunque sin recursos propios para explotarlos. 

Las nuevas construcciones, como otros proyectos, han sufrido retrasos y actualmente sólo son 32 las nuevas plataformas que se trabajan. De ellas, una ya ha sido instalada y se encuentra enviando crudo a la costa: Ixtal.

Datos del Quinto Informe de gobierno muestran que la producción de petróleo crudo ascendió a 3 millones 383 mil barriles diarios en 2004, lo que significa la cifra más alta en la historia del país, y representa un incremento de 12.3 por ciento respecto al año 2000. Según los informes de prospectiva, sólo en el Golfo las reservas alcanzarían más de 25 mil millones de barriles.

Estos son datos contundentes, dice Barbosa: “El gobierno y Pemex mismo, están sometidos a una intensa presión externa para abrir sus aguas profundas e iniciar actividades en la zona. Para todos está claro que estas plataformas forman parte de proyectos a largo plazo, en donde intervendrán inversionistas privados”. Aunque en esos planes ya no se contempla a la antes aplaudida planta de Cantarell, la cual ya se encuentra en decadencia.

David Shields, director de la revista Energía a Debate, señala en la más reciente edición de la publicación, que de acuerdo con el nuevo estudio técnico de Pemex Exploración y Producción (PEP), dentro de tres años Cantarell disminuirá su producción en casi un millón 500 mil barriles diarios (b/d) menos.

Por su parte, Pemex informó que, según modelos de la propia empresa, la producción en Cantarell será de seis por ciento menos que en el 2005 y agrega que otros proyectos compensarán la menor producción de lo que se llamó alguna vez, la joya de la corona en extracción de petróleo.

Estas proyecciones, según Shields, revelan “una verdad fundamental sobre las expectativas futuras de Cantarell: existe un altísimo grado de incertidumbre acerca de cómo se va a comportar el yacimiento”.

Por ello, Pemex espera compensar la declinación en la producción de Cantarell con la mayor actividad extractiva en los pozos ubicados en la región de Coatzacoalcos considerados como yacimientos en aguas profundas.

Fuga de gas

Desde 1995, el crecimiento del sistema eléctrico nacional está planeado a partir de la construcción de plantas de ciclo combinado cuya fuente de energía es el gas natural. Al mismo tiempo, se ha difundido que el gas es indispensable por la entrada en vigor de nuevas normas ambientales que obligan a limitar la emisión de contaminantes e inducen al uso de combustibles más limpios.

No obstante, para el ingeniero Alfredo Henández Peñaloza, trabajador de confianza de la industria petrolera, esto es una más de las falacias que provocan el continuo desperdicio del combustible.

“A pesar del evidente fracaso de la política gubernamental en explotación y consumo del gas natural, de la crisis energética y económica a la que nos conduce, reiteradamente se insiste en la explotación masiva de gas para producir electricidad. Los funcionarios en el sector de la energía y Pemex, insisten en la fatalidad de depender de este combustible para la industria y la generación eléctrica. Ante ello, exponen la nueva solución: el gran negocio de la importación, transporte y distribución de gas natural licuado”.

Señala que todos argumentan una falacia: la falta de presupuesto, cuya solución está condicionada a inversiones que sólo pueden ofrecer extranjeros. “Hay una cínica manipulación oficial de la información estratégica y del conocimiento técnico; contamos con una amplia diversidad de alternativas viables para que México resuelva con sustentabilidad sus necesidades energéticas y maneje racionalmente sus recursos no renovables”.

Actualmente, los principales sectores de demanda nacional de gas natural son el sector eléctrico, el sector petrolero y el sector industrial. Ante ello, la producción comprometida por Pemex Exploración Producción para 2006 será de 6 mil 800 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) y alcanzará los 8 mil 700 en el 2010

Sin embargo, no todo es alentador en estas metas. Alfredo Peñaloza advierte que al desviar gas para producir electricidad se ha limitado el suministro a Pemex para recircular y mantener la presión en sus yacimientos, y como insumo básico en la petroquímica. Así, en el sector eléctrico se fomenta la dependencia en el gas presionando cada vez más la demanda.

Para hacer frente a los problemas de abasto, el gobierno federal entregó concesiones por 20 años a empresas extranjeras, que han estado explotando el gas natural de la Cuenca de Burgos. Se argumentó que ellos invertirían 20 mil millones de dólares a corto plazo para incrementar la extracción, lo que, dice Peñaloza, no ha ocurrido.

Hernández Peñaloza sostiene: “Todo mundo sabe que estamos convertidos en importadores netos y se ha demostrado que para producir energía eléctrica no es la mejor opción desde el punto de vista de su precio”.

Datos de la Agencia Internacional de Energía, a la cual pertenece México, señalan que en promedio desde 1978, la diferencia en costos de generación ha sido del 40 por ciento a favor del kilowatt hora (kwh) generado con combustóleo de alto contenido de azufre, e inclusive del generado con carbón, en comparación con el gas.

Por todo lo anterior, subraya que para producir las gasolinas que el país requiere no se necesita de grandes inversiones, ni depender de extranjeros. “A Pemex se le puede financiar mediante organismos internacionales sin necesidad de las compañías transnacionales”.

Además, para resolver las necesidades de energía eléctrica, propone opciones mediante hidrocarburos líquidos. “En la actualidad tenemos infraestructura de la CFE ociosa en un 40 por ciento. Pues se ha cancelado su operación para dar preferencia a la producción de energía a través de la inversión privada. Están destruyendo la infraestructura del país todavía eficiente y rentable”.

Además de lo referido, acusa un presunto daño patrimonial en Pemex, “pues mientras que aquí las refinerías están operando en un 80 por ciento de su capacidad, apoyan la construcción de una refinería en Centroamérica”.

En una visión hacia el futuro, el entrevistado señala que el próximo gobierno debe cubrir los requerimientos de energía eléctrica construyendo refinerías energéticas. “Proponemos que sean cuatro, las cuales no requieren una inversión mayor a 2 mil 500 millones de dólares”.

Con estas refinerías se cubrirían los requerimientos de materia prima para producir energía eléctrica y destilados, para dejar de importarlos del extranjero.

“Liberaríamos el gas para poder reinyectarlos en nuestros nacimientos en lugar de nitrógeno e incrementar la recuperación de hidrocarburos. Además, tenemos la posibilidad de utilizar gas para reactivar la petroquímica con la generación de cadenas productivas que ahora se han cancelado”.

Apagón de la iniciativa privada

En la industria energética la conclusión parece contundente: Los inversionistas extranjeros han desplazado a los inversionistas mexicanos.

Mientras que en 1982 la industria nacional privada, producía más de 20 millones de toneladas anuales de petroquímicos (la cadena más cara de todo el sector energético), ahora las empresas mexicanas de transformación han desaparecido, quebrado o han sido adquiridas por extranjeros, quienes las dejan como apéndice de sus grandes empresas internacionales y las han convertido en compañías importadoras de productos extranjeros. Otras las han cerrado para no tener competencia.

Esa es la perspectiva que tiene José Felipe Ocampo Torrea, perito en petróleo y petroquímica. “Los mejores tiempos de la iniciativa privada en bienes de transformación, fue en años anteriores, porque hoy es un desastre”. Importamos entre petroquímicos, gas y gasolina lo mismo que vendemos de petróleo crudo, mientras que antes éramos autosuficientes.

Alerta sobre el riesgo de que se pierda toda la industria energética, pues actualmente hay un exceso de capacidad instalada que no tiene ningún país en el mundo. Sin embargo es la infraestructura de la iniciativa privada la que trabajan a su máxima capacidad; mientras que las de la CFE sólo operan a menos del 60 por ciento, según lo corroboran datos de la CFE al 2004.

A decir de Gilberto Ortiz, de la Comisión de Energéticos en Canacintra, lo anterior comprueba que las proyecciones sobre el déficit de energía eléctrica no fueron acertadas. “La generación de energía eléctrica es suficiente para cubrir la demanda del país”.

Para el representante empresarial, el gobierno deja como pendiente las reformas estructurales que permitirían la inversión privada en la industria energética de manera más abierta. Aunque advierte que el sector privado también esta pendiente sobre la pertinencia de esta inversión, pues asegura que las reformas sólo beneficiarían a las grandes corporaciones.

“Los cambios no se lograron, no se avanzó en las negociaciones, no se avanzó en el apoyo hacia los pequeños y medianos empresarios, pues tampoco hubo de parte del gobierno la decisión de invertir para tener la infraestructura. Esto no requerían de la reforma constitucional pero sí del esfuerzo del gobierno, sobre todo en el campo del presupuesto, y no se hizo”, argumenta. 

También los trabajadores del sector se dicen dañados por la política energética. En los últimos 4 años, el número de demandas laborales contra Pemex suman 27 mil. Alfredo Hernández Peñaloza señala que los técnicos y profesionistas del sector sufren mayores condiciones de riesgo en su trabajo, debido al despido de más 5 mil especialistas.

Las expectativas para mejorar el sector se centran en el próximo gobierno. Los académicos y especialistas advierten que el problema no es la falta de recursos energéticos, sino el derroche y la falta de planeación para explotarlos.

Además, la falta de acuerdos y proyectos que incentiven la investigación y buen uso de los energéticos, dicen, dejarían al país indefenso ante lo que se prevé será una gran crisis de energéticos en los próximos años.

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