Enfrenta Actinver a Santander-Serfin

Isabel Cárdenas

Una demanda mercantil de Actinver en contra del grupo español Santander Serfin busca que este banco restituya 21.9 millones de pesos retirados indebidamente de sus cuentas. La historia, sin embargo, no termina allí, pues el caso puso bajo el reflector las supuestas irregularidades que rodearon a la fusión de Santander con Serfin.

Actinver, uno de los principales operadores de fondos de inversión en el mercado nacional, enfrenta en tribunales al Grupo Financiero Santander Serfin, después de que – de manera indebida- el banco español decidió recibir para su depósito cheques del Instituto Politécnico Nacional (IPN) provenientes de una cuenta de BBVA Bancomer por 21.9 millones de pesos a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pero que sirvieron para abrir cuentas a nombre de terceras personas, responsables de un fraude.

Esta primera operación ilegal por parte de Serfin, el banco que absorbió Santander, se concretó al presentar para su cobro dichos cheques emitidos por BBVA Bancomer ante la Cámara de Compensación Local del Banco de México para que ese banco los pagara y Serfin depositara su importe en la cuenta concentrado de cheques referenciados que mantiene con Banco Santander Mexicano.

La historia de esta telaraña de operaciones, sancionadas por la Ley de Instituciones de Crédito y las reglas de operación de la banca, forman parte de la demanda mercantil interpuesta por Actinver en contra del Banco Santander, de Serfin, Factorin Santander y Fonlyser.

Así, después del camino recorrido para cobrar dichos recursos, los nuevos clientes de Santander que se beneficiaron de manera indebida con los cheques del IPAN a favor del ISSSTE decidieron realizar una inversión en un fondo y seleccionaron a la operadora Actinver a través de la cuenta registrada bajo el número 65500077189.

La demanda sostienes que con la recepción, negociación y cobro de los mencionados cheques, Banco Santander Mexicano y Banca Serfin violaron todas las disposiciones aplicables, incluyendo los artículos 6 y 29 del Instructivo de las Instituciones de Crédito para hacer uso del servicio de Cámara de Compensación Local de Banco de México y 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Sin embargo, para evitar problemas de investigaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita, en su demanda Actinver asegura que el beneficiario y titular de los cheques depositados al cliente referenciado de la operadora de fondos es el ISSSTE, pues los documentos se libraron a su favor.

El problema se agudizó cuando Banco Santander y Serfin, “a pesar de no ser beneficiarios de los fondos depositados en la cuenta del cliente referenciado de Actinver temerariamente demandaron a esta sociedad (operadora de fondos), reclamando la declaración de que pagaron indebidamente los cheques de mérito y la restitución de la cantidad pagada”.

“No hace falta aclarar que no existe pago de lo indebido, pues Banco Santander Mexicano pagó a Actinver el importe de los cheques de mérito en virtud del contrato de prestación de servicios bancarios múltiples número 65-50007718. Dicho contrato obliga a Banco Santander Mexicano a entregar a Actinver las cantidades de que sea depositaria”.

Fue el 18 de agosto de 2004, un día antes del emplazamiento a Actinver cuando Santander, de manera indebida, sustrajo de la cuenta concentradora de cheques referenciados número 65500077189 en la que Actinver recibe fondos de sus clientes, la cantidad de 21.9 millones de pesos.

Ahora Actinver demanda a Serfin la restitución de esos recursos.

Fusión irregular 

En medio del proceso de integración de ambos bancos, en una sucursal de Serfin se depositaron varios cheques del Instituto Politécnico Nacional (IPN), elaborados a favor del ISSSTE y que terminaron como inversiones privadas y aparentemente legítimas abiertas a favor de los presuntos defraudadores.

Lo interesante de este caso es que los cheques certificados y emitidos por el IPN, desde una cuenta de BBVA Bancomer, habrían sido aprobados por Santander Serfin para abrir una cuenta que, a su vez, se utilizó para iniciar contratos en una operadora de fondos de inversión. Los fondos recorrieron de esta forma los registros de la sucursal de Serfin, el cobro, autorizado –por supuesto por el mismo banco- a través de la cámara de compensación que utilizan los bancos para el cobro de documentos en el sistema interbancario y, finalmente, su depósito en la cuenta concentradora de la operadora de fondos de inversión. Fue así como Serfin tuvo que revisar y tener acceso a la documentación de los defraudadores y verificar que el IPN estuviera al tanto de los extraños movimientos bancarios. Sin embargo, no fue así.

El resultado de estos descuidos no se hizo esperar. En la Procuraduría General de la República (PGR), la administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN) presentó una denuncia por la emisión y fraude con esos cheques, lo que provocó que las autoridades judiciales del país emplazaran a Serfin y a su entidad controladora, el Banco Santander, sobre dichas operaciones. El resultado de esa diligencia fue una demanda de Santander y Serfin para lograr la restitución del depósito al confirmar que se trataba de un depósito ilegal.

El problema se presenta ahora en las cuentas de la operadora de fondos de inversión, pues sin previo aviso Serfin, unos días antes de un emplazamiento de la PRG, retiró el monto en conflicto de la cuenta concentradora de la operadora de sociedades de inversión, lo que no sólo constituyó un abuso de confianza sino un desfalco en contra de esta intermediaria.

Por ello, los directivos de esta operadora de fondos – por cierto, una de las empresas líderes en este mercado- presentó una denuncia por abuso de confianza en contra de Santander y Serfin así como una queja ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cual no recibió trámite alguno por parte del organismo regulador del sector financiero. Los inversionistas afectados también acudieron al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) para obtener información sobre las fichas de depósito de los cheques del IPN con las que se inició esta historia, los estados de cuenta de los defraudadores y la identificación de los beneficiados así como los números de cuenta referenciados. La Condusef también recibió una queja vinculada con este caso sin ofrecer gran ayuda.

Por supuesto que la operadora de fondos de inversión tuvo que supervisar el origen de los fondos; sin embargo, sus directivos argumentan que, en teoría, el origen y legalidad de estas sumas ya se había verificado al provenir de una cuenta abierta en Serfin.

El caso no sólo forma parte de una controversia judicial sino de un expediente abierto ante el IFAI para decidir sobre el derecho de los perjudicados en este asunto para conocer a detalle la información sin toparse con el multicitado secreto bancario. Además, también ha colocado en una situación incómoda a Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México, pues aparentemente el autorizó el retiro de los fondos de la cuenta de la operadora de fondos para evitar problemas con la PGR.

La demanda, además, incluye la oposición a la fusión de Banco Santander Mexicano con Banca Serfín y las operaciones irregulares que se realizaron entre ambos bancos y que perjudicaron a sus clientes.

El texto recuerda que el pasado 29 de noviembre de 2004 las asambleas extraordinarias de Banco Santander Mexicano, de Serfin y de Fonlyser acordaron la fusión de dicha sociedades quedando como sociedad fusionante Banco Santader Mexicano como consecuencia de la fusión.

Sin embargo, sostiene que los acuerdos derivados de la fusión son irregulares y, en consecuencia, nulos, pues no cumplen con disposiciones legales que regulan la fusión de sociedades mercantiles y de instituciones de crédito. 

En principio, ni Santander ni Serfin obtuvieron la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público antes de celebrar sus respectivas asambleas extraordinarias de accionistas en las cuales acordaron la fusión. De la misma forma, estos bancos no establecieron el sistema para la extinción del pasivo de las sociedades fusionadas, lo que contraviene el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Omitir en la publicación de estados financieros pasivos importantes como fue el caso de los 21.9 millones de pesos, una deuda que mantienen con Actinver y que les reclamó bajo el juicio ordinario mercantil 367/04 tramitado ante el Trigésimo Octavo Juzgado de lo Civil en el Distrito Federal.

Para Actinver, “la conducta fraudulenta de Santander y Serfin” es clara al ocultar estos pasivos y, en su defecto, contingencias derivadas del caso. Mientras tanto, mantiene su estrategia de guardar silencio.

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