Plataforma única para banca de desarrollo

Claudia Villegas

Ante los obstáculos para fusionar a la banca de desarrollo, un nuevo proyecto hacendario busca integrar la administración de los equipos y sistemas de cómputo de las instituciones de segundo piso. La licitación del contrato interesa a firmas como EDS, HP, IBM, Avantel, Triara del Grupo Carso y Kio Networks de María Asunción Aramburuzabala.

En 1999, el Banco Nacional de Comercio

Exterior (Bancomext) registraba más de 40 diferentes tipos de sistemas de cómputo; equipos y software diversos para cada área. En ese banco de desarrollo cada director decidía con su propio centro de costos el tipo de equipo que adquiría. En Banrural, las escasas inversiones en sistemas se perdieron junto con su capital. En Nacional Financiera, sin embargo, aún se reservan áreas cuyos presupuestos en sistemas no formarán parte del proyecto hacendario dirigido a reducir los costos de operación de los bancos de segundo piso.

En materia de sistemas, la eficiencia nunca fue la regla al adquirir equipos o contratar servicios para el desarrollo de programas especializados en áreas de crédito, gestión de recursos humanos o control de oficinas en la banca de segundo piso.

Ahora, representantes de los sindicatos de Bancomext, Nafin y Banobras revelan a Fortuna el proyecto de la Secretaría de Hacienda para crear una empresa que consolide la administración de los sistemas y equipos de la banca de desarrollo, incluyendo a la Financiera Rural, el banco de desarrollo constituido a instancias de Francisco Gil Díaz y que heredó el mandato de otorgar créditos al sector agropecuario.

En entrevista, Héctor Islas Leal y Siliceo, vocero del nuevo Consejo de Trabajadores de la Banca de Desarrollo, en donde no participan los trabajadores de los nuevos bancos de segundo piso constituidos por la administración foxista, como Bansefi y la Financiera Rural, informó que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ya está al tanto del proyecto de privatización de las áreas de sistemas de la banca de desarrollo.

Para el representante del primer Consejo de Trabajadores en retiro y activo esta iniciativa para integrar los sistemas de cómputo de la banca de desarrollo representa un avance en la estrategia planteada por la Secretaría de Hacienda para fusionar o liquidar bancos de este sector que, a juicio de la dependencia, resultan incosteables para el sector público.

Hasta ahora, los directivos de las aéreas de sistemas de los bancos de desarrollo involucrados han manifestado su preocupación de que las bases de licitación para la empresa que administrará los sistemas de la banca de desarrollo del país convoquen a la contratación de outsourcing y no por producto terminado, pues la empresa que gane el concurso sólo administrará sin desarrollar sistemas propios para cada banco.

Los funcionarios involucrados en el proceso, quienes pidieron omitir su nombre, admitieron que el proyecto de la Secretaría de Hacienda contribuiría a reducir hasta en un 40 por ciento el monto de las inversiones en sistemas así como los costos de actualización del equipo. No obstante, insistieron en la transparencia y conveniencia para la sustentabilidad de los sistemas internos de la banca de desarrollo, la elección de un esquema adecuado.

Sin embargo, tras este proyecto se encuentra la descapitalización del Bancomext luego del desencuentro con el gobierno cubano de Fidel Castro y la negativa de su régimen de cumplir con el servicio de una deuda superior a los 300 millones de dólares. La crisis del Bancomext también se precipitó por los descalabros financieros causados por las operaciones de Tribasa en Chile. Pero, sobre todo, la mala relación entre el titular de Hacienda, Francisco Gil Díaz, con el entonces director general de Bancomext, José Luis Romero Hicks.

El más reciente estudio de la SHCP sobre la banca de desarrollo (mayo 2005) concluye que para sanear los problemas del Bancomext sería necesario aplicar “ajustes estructurales significativos”, pues hasta ahora ha sido necesaria la transferencia de recursos fiscales por más de mil 500 millones de pesos, para mantener el índice de capitalización de este banco en niveles superiores al mínimo regulatorio de ocho por ciento.

Los trabajadores y jubilados de Bancomext y de Nacional Financiera se opusieron a la fusión de estos bancos de desarrollo y ello permitió a los legisladores exigirle a Hacienda que sustentara y justificara su proyecto.

Se advirtió además que de buscar únicamente el ahorro de operaciones y costos, la integración de la banca de desarrollo provocaría un recorte de personal sin un plan racionalmente estudiado. En consecuencia, lo más grave sería que la institución resultado de la fusión acabara por contratar los servicios de empresas que tendrían como directivos a ex empleados. En el peor de los casos, se contrataría a empresas que ofrecieran servicios de outsourcing que utilizarían instalaciones y equipos del propio banco.

Mario Laborín	José Antonio Mead	José Luis Romero Hicks	Francisco Gil D íaz

El proyecto de Gil Díaz

Fue el año pasado en Valle de Bravo, durante una reunión encabezada por el mismo Francisco Gil Díaz, que funcionarios de administración y sistemas de varios bancos de desarrollo se reunieron para analizar la viabilidad de crear una sola empresa privada que se haga cargo de todos los sistemas de trámite aduanero.

La propuesta, por supuesto, se elaboró en la SHCP; sin embargo, en esa misma reunión se manifestó la preocupación en torno a una fórmula que no sólo causaría suspicacia, sino que serviría de poco para cumplir con los objetivos de reducir y racionalizar costos en las áreas de sistemas de la banca de desarrollo.

En esa reunión, de acuerdo con funcionarios que asistieron, participaron directivos de la firma estadounidense Hewlett Packard, de Accenture, de la firma consultora Deloitte –la misma que trajo a México al ya famoso auditor del Fobaproa, Michael Mackey–, así como funcionarios del organismo descentralizado Infotec.

Como líder del proyecto se nombró a la Financiera Rural, a cargo de José Antonio Mead. Sin embargo, en la etapa de licitación, Nacional Financiera de Mario Laborín fue nombrado responsable por el titular de la SHCP para sacar adelante el proyecto y concluir hacia diciembre próximo la licitación, como una de las prioridades de este sector. 

Los tiradores

La firma Kio Networks, que preside María Asunción Aramburuzabala, la vicepresidenta del Grupo Modelo, accionista de Televisa, así como Triara de Carlos Slim son las dos empresas mexicanas que buscarán adjudicarse el contrato para administrar esta base única de sistemas de la banca de desarrollo y que se licitará en las primeras semanas de diciembre.

Ocho meses después de que Gil Díaz ordenó el arranque de este proyecto, el proceso de licitación se encuentra ahora a cargo de Nacional Financiera, que por instrucciones de la Secretaría de Hacienda ya recibió la autorización de la Secretaría de Economía; sin embargo, de acuerdo con funcionarios involucrados en el proyecto, desde la segunda quincena de octubre se esperaba la autorización del secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos.

“Se nos dijo que personalmente Francisco Gil Díaz había hablado con Romero Ramos para destrabar el proceso, pero hasta ahora no tenemos el oficio para constituir el Comité de Adquisiciones”, dijo uno de los funcionarios especializados en sistemas de uno de los cinco bancos involucrados cuyas tecnologías de información se integrarán en una base única.

Sin embargo, en los últimos días de octubre Hacienda aún esperaba la autorización de la Función Pública para conformar el Comité de Adquisiciones y autorizar el contenido de las bases de la licitación nacional que se llevaría a cabo en diciembre próximo, para integrar la base única que controlará los sistemas de cómputo de la banca de desarrollo.

Entre las empresas extranjeras que, incluso, ya realizaron presentaciones ante Hacienda se encuentran IBM, Hewlett Packard y, por supuesto, EDS, líder en esquemas de outsourcing. En la lista también se encuentra Avantel, empresa en la que Francisco Gil Díaz fue director antes de ser nombrado secretario de Hacienda. A pesar de que la telefónica no cuenta con un área especializada en sistemas, su participación se justifica con un proyecto de integración de soluciones.

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