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El flagelo del fraude
Nancy Flores
En el sistema bancario, los fraudes con instrumentos de pago y medios electrónicos superan ya los 80 millones de dólares. Las autoridades reconocen, en algunos casos, la complicidad entre organizaciones delictivas y empleados de las propias instituciones. Mientras tanto, en el Congreso aún esperan para su aprobación las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito y al Código de Procedimientos Penales que endurecerían las penas para ese tipo de delitos.
Autoridades del sector público y del privado reconocen que los fraudes registrados en el sistema financiero mexicano van en aumento, y explican que para esta clase de ilícitos uno de los principales incentivos es la complicidad que se da entre los empleados de las instituciones financieras y las organizaciones delictivas.
La Coalición Contra el Fraude, que reúne a bancos, tiendas de autoservicio y a varias organizaciones de la sociedad civil, asegura que el monto de los daños en contra de los usuarios supera ya los 80 millones de dólares.
Benjamín Vidargas, vicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), acepta en entrevista que “la complicidad de los empleados y funcionarios (financieros) no nada más se presenta en operaciones de lavado de dinero, se da en fraudes de todo tipo: con cheques, fraudes electrónicos”.
Datos oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR), obtenidos por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, revelan que de 2003 a septiembre de este año se han iniciado 188 averiguaciones previas relacionadas con violaciones al artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, desglosadas en el siguiente orden: 91 en 2003, 50 en 2004, y al tercer trimestre de 2005, 47.
El precepto jurídico establece que “a quien en forma indebida utilice, obtenga, transfiera o de cualquier otra forma, disponga de recursos o valores de los clientes de las instituciones de crédito, se le aplicará una sanción de tres a diez años de prisión y multa de quinientos a treinta mil días de salario. Si quienes cometen el delito que se describe en el párrafo anterior son funcionarios o empleados de las instituciones de crédito o terceros ajenos pero con acceso autorizado por éstas a los sistemas de las mismas, la sanción será de tres a quince años de prisión y multa de mil a cincuenta mil días de salario”.
Pese a que la PGR ya ha abierto más de 150 procesos judiciales relacionados con defraudaciones que involucran a empleados y funcionarios de las instituciones de crédito, a la fecha la entidad reguladora del sistema financiero en México aún no emite sanciones por irregularidades de este tipo.
De acuerdo con Benjamín Vidargas, la CNBV no ha tenido conocimiento de funcionarios involucrados en el delito de lavado de dinero: “Ninguno que yo tenga conocimiento, porque yo soy el preventivo, yo no sé qué es lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera (de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) o la PGR. Yo, como Comisión Nacional Bancaria, no tengo conocimiento, pero no puedo asegurar que no haya”.
Sin embargo, el vicepresidente jurídico reconoce que la CNBV sí tiene competencia para sancionar estas irregularidades. “Si hubiera algún caso se vería la posibilidad de sancionar a la institución e, independientemente del proceso penal que en su caso se pudiera seguir contra esta persona o personas, la Comisión tiene facultades para vetarlas del sistema, además de la sanción a la institución financiera”.
Fraudes bancarios
En entrevista con Fortuna, Carlos Verduzco, ombudsman del Grupo Scotiabank Inverlat, explica que “desgraciadamente los fraudes están en aumento, el crimen organizado es cada vez más sofisticado para hacerle daño a la clientela y, desde luego, hay ocasiones en que el cliente, por falta de conocimiento, no cuidó la chequera, no cuidó la tarjeta, y pues lo sorprenden con un fraude”.
El funcionario bancario señala que “muchas veces no es el crimen organizado, nos hemos encontrado que son familiares, compañeros de trabajo, y cuando le enseñamos al cliente que reclama el fraude la filmación de quién cobró el cheque o quién sacó dinero con la tarjeta, pues a veces es el hijo y desde luego ahí se acaba la reclamación. Muchas veces es por falta de cuidado de la clientela”.
De acuerdo con las estadísticas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), de enero a junio de 2005 se han registrado 32 mil 122 quejas por irregularidades detectadas en diversos servicios brindados por instituciones de crédito.
Según el informe, los usuarios de tarjetas de crédito fueron quienes tuvieron mayores complicaciones con los servicios: en el primer semestre del año registraron 18 mil 939 quejas, de las cuales 76 por ciento correspondió a “cargo indebido por consumos no efectuados”, mientras que ocho por ciento fue por “cobros indebidos de intereses ordinarios y/o moratorios”.
En este rubro, la Condusef resolvió que 16 mil de las casi 19 mil inconformidades son favorables a los usuarios, lo que representa el 84.5 por ciento del total de quejas presentadas por irregularidades en el servicio de tarjetas de crédito, mientras que sólo 2 mil 935 fueron favorables para la institución financiera.
Carlos Verduzco señala que uno de los fraudes más frecuentes es el de los cheques. “El cliente, muchas veces, no tiene cuidado con la chequera, entonces les sustraen cheques, falsifican las firmas y luego los cobran, ese es un problema”.
En el primer semestre del año la Condusef atendió 4 mil 687 quejas de usuarios de cuentas de cheques, de esta cifra 75 por ciento, equivalente a 3 mil 519, se resolvió a favor de los clientes. Además, el reporte especifica que del total de denuncias, 18 por ciento se debieron al “cobro indebido por otras comisiones”, 16 por ciento a “depósitos no acreditados” y seis por ciento a “cobros indebidos de comisión por manejo de cuenta.
Al preguntarle acerca de la complicidad de los empleados, el primer y único ombudsman de la banca mexicana explica que los fraudes “normalmente” son cometidos por organizaciones ajenas al banco, pero reconoce que “hay de los dos (tipos de organización), e incluso hay otros que ni siquiera son del crimen organizado, sino que se trata del ladrón eventual que se encuentra una tarjeta o un cheque. Las del crimen organizado se realizan por mayores cantidades, son más sofisticadas y cada vez más difíciles de detectar, las otras son más fáciles, pero siempre implican una investigación y ese es el problema, que hay que investigar, entonces el cliente quisiera que de inmediato el banco le diera una respuesta, pero a veces no se puede tan fácilmente”.
Impunidad
Encargado de la defensa y asesoría jurídica de los usuarios de Scotiabank Inverlat, Carlos Verduzco explica que en ocasiones sus investigaciones sobre fraudes llegan a identificar a los defraudadores. “Hay ocasiones en que sí se llega a ese grado, y desde luego se procede. Desgraciadamente ahí nos falta legislación para tipificar muchos de los fraudes que se dan, nos falta acción contra la delincuencia y castigo, eso es un hecho. Todo esto encarece al banco en la operación porque asume riesgos que de otra manera no asumiría”.
El ombudsman agrega que para combatir esta clase de ilícitos hace falta más habilidad en la pesquisa, capacidad en la detención y eficacia en el castigo al delincuente, pues sólo así se desalentará este problema.
Carlos Verduzco puntualiza que, una vez detectado el modo como operan los defraudadores, la institución bancaria también toma medidas para inhibir el delito. Sin embargo, lamenta que “desgraciadamente los delincuentes se sofistican cada vez más. Se les tapa una posibilidad y se van por la otra”.
El funcionario expresa que “nunca vamos a decir que hay cero fraudes, pero sí hay sociedades como la japonesa en donde el nivel de confianza social es muy alto, la gente confía y aquí la verdad es que nadie... Y esa es una de las razones de que muchos mexicanos operen con efectivo. Por qué no operamos con cheques, por la costumbre; y eso evidentemente encarece todo”.
Para Carlos Verduzco “es muy importante facilitar la comunicación con el banco, para que el cliente vea que, aunque puede haber problemas, hay soluciones, y eso nos bajaría el costo a todos: En la medida en que los procesos sean más claros y que el personal entienda también que cuando hay un problema hay una solución, el nivel del servicio será mucho mejor”.
Protección para todos
La Asociación de Bancos de México (ABM), la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), suscribieron un mecanismo conjunto para reforzar los esfuerzos para que la iniciativa que tipifica el fraude con tarjetas de crédito, débito, de servicio y cheques, sea aprobada en su forma original por la Cámara de Diputados para federalizar las penas contra el fraude financiero.
En reunión de trabajo de la Coalición Contra el Fraude, con la presencia de especialistas jurídicos y de combate al fraude de la ABM, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ratificó su posición de que no debe haber excepciones para proteger a todo el sistema de pagos en el país y aseveró que el combate contra el fraude requiere que la iniciativa original, presentada en abril de 2004 y votada a favor por unanimidad del pleno de la Cámara de Diputados, se rescate en beneficio de usuarios, instituciones bancarias y comerciales emisoras de plásticos.
La iniciativa que prevé reformas a los artículos 112 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Crédito y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en su redacción original cubre las fisuras en el sistema de pagos ante la dinámica creciente del uso de instrumentos plásticos, tanto bancarios como comerciales.
En el Senado de la República, varios legisladores propusieron la modificación de la iniciativa para excluir de los cambios la protección a usuarios de tarjetas que hayan sido emitidas por tiendas departamentales y de autoservicio. |
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