Empresarios y política historia de desencuentros

Claudia Villegas

Será en junio cuando el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), el club de los principales empresarios del país, cambie de estafeta mientras los enfrentamientos políticos rumbo a las elecciones del 2006, -dice su todavía presidente Antonio Del Valle- no han ocupado espacio en las sesiones de consejo de esta organización, "pues cada uno de los empresarios que forma parte de él, dará su apoyo al partido o al candidato que considere prudente de manera personal". Mientras tanto, la falta de representatividad de las pequeñas y medianas empresas en las organizaciones, advierte, ya sobre una crisis para estas cámaras que, de nueva cuenta apuestan a la obligatoriedad de afiliación para sobrevivir.

Otra versión sobre el activismo político del CMHN fue la que ofreció a la opinión pública Andrés Manuel López Obrador cuando el pasado 7 de abril, ante legisladores que minutos después votaron por su desafuero como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, reveló una supuesta reunión del CMHN en la casa de Rómulo O´Farril, ex propietario del extinto diario Novedades, en la que los más influyentes hombres de negocios del país pidieron al presidente Vicente Fox que evitara que el político perredista llegara a la presidencia.

Antonio Del Valle, accionista de empresas como Camesa y ex presidente del Grupo Financiero Bital, asegura que no presidió aquella reunión pues estaba fuera del país; sin embargo, asegura que la posibilidad de una solicitud al presidente Vicente Fox en los términos dados a conocer por López Obrador no corresponde a la filosofía y principios bajo los cuales opera, desde su creación, el CMHN.

"El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios no da apoyo a nadie es un grupo relativamente pequeño de empresarios y cada uno tiene su punto de vista, porque el Consejo es totalmente apolítico y no da apoyo a nadie".

Pero algo sí ha cambiado, dice Antonio Del Valle en entrevista con Fortuna, Negocios y Finanzas: "Los tiempos políticos se han adelantado demasiado y han cambiado la situación política que se vive. Por primera vez en la historia del país se ven muchas posibilidades de muchos candidatos. de diferentes partidos.

“Es un proceso nuevo y que bueno, porque auténticamente estamos viviendo la democracia, pues antes ya sabíamos que el candidato del PRI iba a ser el ganador de las elecciones. y eso cambió en el 2000 cuando Fox le ganó a Labastida".

Por ello, los integrantes del CMHN esperarán hacia el último trimestre de este año, una vez que los candidatos de todos los partidos se encuentren definidos, para que cada empresario decida a quién apoyará.

Mientras tanto, a pesar de que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Luis Barraza, deplora la escasa creación de Empleos que merma la capacidad de consumo en la economía interna, Del Valle asegura que sí ha funcionado el modelo económico que defiende la administración panista de Vicente Fox, pues, hasta ahora, ha garantizado el estado de derecho, la división de poderes y la libertad para emprender.

Y advierte que aquel candidato que pretenda, en un afán populista, regresar a la época de inflaciones elevadas y devaluaciones constantes, simplemente carecerá del apoyo del sector empresarial.

Aunque Del Valle reconoce que la falta de acuerdos y consensos han impedido la aprobación de las reformas estructurales, el presidente del CMNH revela cómo los empresarios también han tenido que transformar su derecho de picaporte en intensas estrategias de cabildeo: "No nos ha detenido la falta de acuerdos, lo que ha pasado, es que ahora tenemos que trabajar más, antes nada más había un lugar en dónde hacer lobbing, en dónde hacer cabildeo, porque veíamos a un secretario de Hacienda, que dependía del Presidente o hablábamos directamente con el Presidente y entonces le planteábamos el problema; hoy ya no es así, ahora se tiene que hablar con los legisladores, con los diputados de los tres principales partidos". "Lo que cambió es que ahora hay que trabajar más", asegura el empresario.

Privilegios y Polarización

Entre investigadores que, durante la última década, han dedicado sus trabajos a la evolución del sector empresarial, el gobierno de Vicente Fox privilegió "el derecho de picaporte", para solucionar problemas que lastimaban los intereses de las grandes empresas, como ha sido el caso del precio del gas natural. Así, para hacer frente a la ausencia de reformas estructurales en el sector energía que permitan acelerar la extracción de gas natural del subsuelo nacional, la administración panista inició desde programas de cobertura para proteger a los industriales de la volatilidad en el precio del gas natural, esquemas de inversión mediante los Contratos de Servicios Múltiples -impugnados constitucionalmente- hasta la importación de gas natural de Bolivia.

Pero estos esfuerzos por contener la inconformidad empresarial han generado polarización entre los diferentes sectores de la economía y han fortalecido a la economía informal.

De esta forma, con la aprobación de la nueva Ley de Cámaras, que recupera para las organizaciones empresariales, la obligatoriedad de asociación, así como el pago de cuotas, el Poder Ejecutivo y el Congreso pretendieron reconciliarse con las cámaras que reclaman la aprobación de las reformas estructurales y la recuperación del crecimiento económico.

De esta forma, las organizaciones empresariales, dice Carlos Alba, investigador del Colegio de México, aún buscan mecanismos para promover sus intereses y replicar los esquemas que encontraron, desde la época postrevolucionaria del siglo pasado, para defender sus intereses y participar en los planes del gobierno. Así, desde entonces, enfatiza el investigador los empresarios han hecho política a través de acuerdos tácitos, no escritos, que los han involucrado en las decisiones gubernamentales y parlamentarias.

Durante muchas décadas, dice Alba, no se conocieron los mecanismos mediante los cuales los empresarios ejercían influencia sobre el gobierno al mismo tiempo que la creación de organizaciones de corte corporativista se convirtió en el camino para sostener y hacer pública esta relación con los grupos políticos en el poder.

Así, antes de 1930, se crean la Confederación de Cámaras Industriales(CONCAMIN) y la Confederación de Cámara Nacionales de Comercio (CONCANACO); sin embargo no representaban cabalmente el interés de los empresarios.

En 1929, por ejemplo -relata el investigador del Colegio de México- el debate en torno a la Ley Laboral Unica, que privilegiaba a la clase trabajadora, hizo que los empresarios pensaran que los modelos desarrollados ya no estaban sirviendo a sus intereses, por lo que buscaron una institución más independiente y de afiliación voluntaria que les garantizara una voz independiente. De esta manera, en 1929 surge la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); sin embargo, en la medida en que el Estado tuvo intereses similares a los empresarios, principalmente del a región norte del país, las gestiones de la Coparmex aparecían redundantes, agrega Alba.

En 1941 surge la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), en la que participan empresarios pequeños y medianos ligados al Estado frente a la CONCAMIN dominada por el sector empresarial de Monterrey.

Pero los mayores problemas del sector empresarial y sus organizaciones comienzan en la década de los setenta cuando el gobierno en turno viola el pacto tácito firmado desde hace más de 40 años. Y aunque se les convocaba de manera discreta en busca del aval empresarial para sus decisiones; en 1973 se presenta un año de quiebre, pues aunque el Estado, aún a costa de violar garantías individuales de grupos sociales, les garantizó "paz social", sustitución de importaciones, protección a las fronteras, los empresarios comienzan a buscar nuevas representaciones, incluso, con una injerencia y participación política más abierta.

Antes, en 1962, el gobierno de Adolfo López Mateos estableció una serie de transformaciones que se sintetizan en su ya célebre Pronunciamiento de Guaymas: "Mi gobierno es de extrema izquierda dentro de la Constitución", política que vino a exacerbar los ánimos de los empresarios, pues el ex presidente no sólo redujo el derecho de picaporte sino que, en materia de política internacional, reconocía al gobierno cubano y rechazaba la presión Cuba para oponerse al régimen de Fidel Castro.

Preocupados por la imagen de México en el exterior, surge el Consejo Mexicano de Relaciones Públicas. Más tarde, el exclusivo club se convertiría en el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CHHN), el cual se transforma en un selecto grupo cuyos miembros ingresaban por invitación y quienes lograron establecer una relación privada con el presidente.

Son 12 los empresarios que constituyen el CMHN y es un hecho la influencia de Miguel Alemán y la decisión de que sean empresarios radicados en la Ciudad de México los que controlen a este órgano de negociación, fundado en 1964. Entre los empresarios fundadores se encontraba Bruno Plagiai de Tamsa, un empresario que construye su fortuna a partir del arribo, por equivocación al puerto de Veracruz, de una planta siderúrgica importada desde Italia; Carlos Trouyet que ocupa la presidencia del consejo de administración de Telmex, puesto que hasta ese año estuvo a cargo de Eloy S. Vallina, asesinado el 16 de mayo del mismo año.

Después de aceptar la participación de 20 empresarios, la membresía del CMHN se extendió a 40 participantes y, hasta ahora, nunca ha llegado a 50 miembros. El CMHN ha establecido una buena relación con los gobiernos del PRI sobre las políticas pública gracias a que, con su mayoría absoluta en el Congreso, se lograba la aprobación de todo tipo de reformas que los beneficiaban y hacían crecer sus negocios.

El CMHN, dice Alba, daba su opinión, que casi determinaba el nombramiento de los funcionarios claves de la economía como el gobernador del Banco de México.

Pero el modelo del CMHN se agota con Echeverría y en la década de los setenta, los organismos cúpula que de 1936 a 1990 son obligatorios y experimentan una crisis de representatividad. Por ello se crea el CCE en 1975 con la obligatoriedad de aglutinar a los organismos cúpula. Así funciona, hasta que con José López Portillo, los empresarios observan que su supuesta influencia no funciona ante la estatización de la banca, con lo que muchos empresarios comienzan a participar en la política para llegar a la década de los noventa cuando en el norte del país empresarios ligados con el PAN como Manuel J. Clouthier busca la presidencia de la República.

La transición empresarial

En México, la Ley de Cámaras de 1936 obligaba a todas las empresas a afiliarse a las cámaras de comercio e industria reconocidas por el estado, las cuales, a su vez, se agrupaban obligatoriamente en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio e Industria (CONCANACOMIN). Esta confederación era la combinación de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO) y la Confederación de Cámaras de Industria (CONCAMIN) fundadas anteriormente. La revisión de la ley de 1941 supuso la división estatutaria entre la CONCANACO y la CONCAMIN, con lo cual, los industriales se asociarían a la segunda. Esta revisión también supuso la creación de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) que, a partir de entonces, significaría la principal representante de la empresa pequeña mexicana durante décadas.

Durante la posguerra, muchos empresarios se afiliaron obligatoriamente y pagaron su cuota a la CANACINTRA y, por tanto, esta cámara creció espectacularmente.

Pero también otras empresas se asociaron directamente a la CONCAMIN o incluso crearon nuevas cámaras, con intereses sectoriales más concretos, dentro de la confederación. Esto último sucedió principalmente en aquellos sectores de la economía dominados por grandes empresas. La obligación legal de afiliación dejaba cierto grado de libertad para la creación de nuevas asociaciones empresariales y a las grandes empresas les interesaba contar con asociaciones que pudieran defender mejor sus intereses específicos.

Con la marcha de las grandes empresas, CANACINTRA se fue especializando como la cámara de representación de las pequeñas empresas industriales. La continuidad organizativa de CANACINTRA estaba garantizada por la Ley de Cámaras, lo cual le permitió jugar un rol de representación de la pequeña empresa que permitió a sus afiliados obtener ciertas concesiones en materia comercial, inversión extranjera y financiación.

El investigador Sergi Barbens del Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña, establece que las relaciones de la empresa pequeña mexicana con el trabajo estado habían logrado un importante grado de institucionalización. Sin ser el promotor de las políticas públicas, la pequeña empresa contó con participación política, siempre y cuando sus reivindicaciones no fueran críticas con la versión oficial. Este modelo de relaciones empezó a cambiar a raíz de la crisis de los ochenta. Así se promovió nuevamente la acción colectiva, pero esta vez las asociaciones gremiales como el CCE y CMHN, con una sobrerepresentación clara de las grandes empresas, fueron las privilegiadas. El gobierno buscó el apoyo de la CCE para organizar la participación empresarial en los pactos de estabilización macroeconómica.

De esta forma, agrega, conseguía el compromiso político de las principales empresas que suponían la mayor parte de la economía del país al mismo tiempo que la CCE facilitaba las funciones de cabildeo para obtener información y seguimiento de los efectos de las políticas emprendidas. De nuevo, en los noventa, se traspasó la representación empresarial de las negociaciones del tratado de libre comercio con Estados Unidos al CCE, quien creó la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior (COECE) para este fin. Nuevamente, esta relación sirvió para ganar un mayor apoyo empresarial, esta vez hacia el NAFTA, al mismo tiempo que también se lograban los objetivos propiamente técnicos.

La relación empresa-estado en México continua altamente institucionalizada, la diferencia es que ahora es a través de la colaboración con las asociaciones cumbre controladas por las grandes empresas. Por contra, CANACINTRA ha perdido el privilegio de acceso político. Como consecuencia, los pequeños empresarios industriales ya no tienen el incentivo selectivo que significaba la participación política en el pasado. A la irrelevancia de la participación, se le suma la pérdida de representatividad de esta asociación desde 1997, afectada por el fin de la obligatoriedad de las empresas a afiliarse a una organización que les represente. A falta del incentivo de acceso político y con la voluntariedad de asociación, los servicios internos que proporciona la CANACINTRA a las empresas ya no son suficientes para retener a gran cantidad de pequeños empresarios.

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