Ingenios: la cuenta regresiva

Erika Ramírez / Ana María Hernández

Vehículo de la industrialización del campo mexicano desde la década de los setentas, el sector cañero ha sufrido altibajos en sus procesos productivos que lo han devastado y hecho renacer. Hoy, como en otros tiempos, la estabilidad económica en 15 estados del país, dedicados a esta actividad, es una esperanza de vida para 440 mil familias. Mientras tanto, los productores nacionales de maíz buscan producir alta fructosa para sumarse a la competencia por el mercado de edulcorantes

Luego de que la administración de Vicente Fox derogara el decreto cañero, a principios de este año, líderes del sector esperan que la productividad en este campo tenga suficientes niveles de competitividad rumbo a la apertura de mercado prevista para el 2008.

Juan Cortina Gallardo, presidente del Grupo Azucarero México (GAM), señala que después de la sobreoferta que se presentó en la agroindustria a finales de la década de los noventa y principios del 2000, con un tope de productividad de cinco millones 174 mil toneladas registradas en la zafra 97-98, la oferta y la demanda se han equilibrado, lo que garantiza estabilidad en el mercado.

“Hoy el mercado se encuentra estable, la oferta y demanda están ordenadas, lo cual ha permitido que la industria como tal se recupere financieramente de los problemas tan graves que tuvimos”, asegura el empresario.

La importancia de la agroindustria azucarera nacional se debe a que representa una actividad del 8.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que significa que esta industria representa un alto impacto social. Este sector otorga 440 mil fuentes de empleos directos y más de 2 millones de empleos indirectos. Además, el azúcar es un producto básico en la dieta de los mexicanos.

Con aproximadamente 200 millones de pesos invertidos en los ingenios del GAM, ubicados en Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Tabasco, Cortina Gallardo señala que “en la industria azucarera no hay que inventar el hilo negro, sabemos perfectamente que se necesitan modernizar las fábricas para volverlas más eficientes, y estamos trabajando para eso”.

Carlos Blackaller Ayala, presidente de la Unión Nacional de Cañeros (UNC), advierte que “una industria con verdaderos cimientos y anclajes en el medio rural requiere de mecanismos de protección y promoción, que alienten el interés de los grandes inversionistas, para poder enfrentar de manera competitiva el 2008”.

El líder de la UNC que representa a más de 55 mil productores de caña en 15 estados de la República, coincide con el empresario en que es necesario incentivar la aplicación de tecnología a la agroindustria ya que la etapa de apertura “es ya una emergencia que debemos atender”. 

La expropiación

Y es que la deuda que mermaba el sector en el 2000 alcanzó aproximadamente los 5 mil millones de pesos. Ante esta situación, el gobierno de Vicente Fox decidió llevar acabo una de las tantas intervenciones gubernamentales para tratar de controlar la industria, con la expropiación de 27 de los 58 ingenios que hay en el país.

Es en 1974 cuando el presidente Luis Echeverría Álvarez expropió 67 ingenios, que fueron controlados por el gobierno hasta 1990. Luego, en 1991, Carlos Salinas decide la reprivatización de la industria al vender al sector privado 52 ingenios y, finalmente en el 2001, los ingenios regresan a manos gubernamentales.

Sin embargo, la administración foxista tuvo que enfrentar a los empresarios que acudieron a tribunales para impugnar el decreto expropiatorio, por lo que el 13 de marzo del 2001 se devolvieron los ingenios: José María Martínez, Lázaro Cárdenas, Presidente Benito Juárez y El Dorado al Grupo Azucarero México.

Con los ingenios recuperados, Cortina Gallardo señala que ahora más que nunca se debe incentivar la inversión en la agroindustria, por lo que el GAM que aglutina a 30 mil cañeros, ha otorgado créditos por 300 millones de pesos.

“Tenemos cerca de 300 millones para créditos a nuestros cañeros y a nuestros ingenios, para que puedan continuar con la siembra de la caña, fertilizar, dar los volteos y hacer una serie de cosas que se necesita nacer para lograr eficiencias en el campo y en la fábrica. Eso es lo que nos ha dado salud financiera en la industria” explica el empresario.

El decreto

Reconocido como el segundo productor de azúcar a nivel nacional Grupo Azucarero México avala la derogación del decreto cañero, ya que según señala su presidente, impedía llevar a cabo acciones empresariales en beneficio de los campesinos y los dueños de los ingenios.

Promulgada por Carlos Salinas de Gortari en 1991, la disposición gubernamental señalaba en su artículo primero que “se declaran de interés público la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar, y en consecuencia, dichas actividades quedarán sujetas a las disposiciones del Decreto”.

No obstante que se haya llevado a cabo esta derogación, el líder de los cañeros, Blackaller Ayala señala que “deben existir mecanismos de inversión en el campo, ya que el azúcar es el séptimo producto de importancia a nivel nacional”.

Para Cortina Gallardo, esta decisión del Ejecutivo permite que en las relaciones entre empresarios y cañeros se creen fórmulas para obtener mayores estándares de calidad el producto.

“La abolición del decreto cañero fue un paso muy importante porque tenía ciertas restricciones que volvían un poco difícil los pasos hacia a la modernidad: te decían como hacer la cosas y de ahí no podías variar; entonces no se podían buscar soluciones de manera creativa para eficientar el campo cañero.

“Al no haber el decreto, tanto ingenios como cañeros podemos sentarnos a platicar y entablar una relación cliente-proveedor como sucede en todo el resto de la industrias sin que esté regulada por el gobierno, y que realmente busquemos fórmulas para tener una mejor calidad de caña y ser más productivos”, puntualiza el presidente del GAM.

La competencia

Uno de los problemas a los que se tuvo que enfrentar la industria azucarera fue la entrada de la fructosa, producto derivado del maíz, al mercado de los edulcorantes. Con ello, los azucareros registraron pérdidas en los precios del azúcar del 30 por ciento, durante el periodo 1999-2001, es decir, cayeron de 4.50 pesos a 3.80 pesos por kilogramo. 

“Fue en el 2001 cuando los industriales privados y los cañeros hicimos el mejor esfuerzo y enfocamos el crecimiento de la producción, nos encontramos con el bloqueo de EU en la salida de azúcar y con la entrada de fructosa que nos generaba desplazamientos del dulce, un mercado mundial con precios totalmente deprimidos incosteables al que hubo que acceder y tener grandes pérdidas por tener que vender”, explica el líder de los cañeros, Carlos Blackeller.

Lo anterior ocasionó un desequilibrio en el sector azucarero mexicano que motivó a los legisladores a imponer en enero de 2002 un impuesto de 20 por ciento a todas las bebidas elaboradas con fructosa, lo que actualmente permita que el sector azucarero no se enfrente ante esta competencia, mientras que los productores de fructuosa se mantienen en lucha por entrar al mercado.

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