Supremo poder conservador reloaded

Gerardo Soria*

En las últimas semanas se ha desatado un muy sano debate público sobre el proyecto de reforma integral a la Ley Federal de Radio y Televisión, que es promovido por un grupo de senadores, encabezado por Javier Corral del PAN.

Al margen de las buenas intenciones del proyecto, mencionadas en su exposición de motivos, la propuesta utiliza, quizá en exceso para una ley, recursos retóricos que, en la práctica, tendrían el resultado de hacerla sumamente incierta para los particulares y que en manos de servidores públicos de criterios estrechos o de mala fe, podrían ser instrumentos de abuso de poder.

Los defensores del proyecto han señalado que en el mismo no se establece expresamente facultad alguna para censurar y esto es cierto. Sería flagrantemente inconstitucional una disposición de esa naturaleza. Pero no nos dejemos engañar. En el proyecto se establece un catálogo de valores subjetivos que deben ser cumplidos por los concesionarios de radio y televisión y por sus contenidos programáticos. De no ser así, a juicio, por supuesto, de cinco notables impolutos y casi santos, se podrían imponer sanciones desmedidas, sacar del aire programas o bien negar el otorgamiento o prórroga de concesiones.

El siglo XX nos dejó vacunados contra valores retóricos que en lo conceptual pueden sonar políticamente correctos pero que en la práctica han dado lugar a las mayores atrocidades: el nacionalismo, las “convicciones democráticas” (ese curioso abuso de la estadística, como decía Borges, que puede derivar en la censura a las minorías disidentes) y la “verdad objetiva” (como si las opiniones, por su propia naturaleza, no fueran eminentemente subjetivas, o nuestra apreciación del universo no fuese una simple construcción intelectual), son armas muy poderosas como para dejarlas en manos de cinco notables. Frente al proyecto de ley, me siento en presencia del Supremo Poder Conservador reloaded.

Pero más allá de la posible censura, uno de los principales defectos de la propuesta es que inhibe el desarrollo tecnológico al mantener la clasificación tradicional de radio y televisión, sin prever la inminente convergencia de tecnologías. Así, el proyecto parece desconocer que el desarrollo de la tecnología hace posible la difusión de sonido y video al través de una gama muy amplia de medios de conducción y no sólo por aquellos conocidos tradicionalmente como radio y televisión.

En un futuro cercano, la red de redes Internet y las redes públicas de telecomunicaciones podrán difundir de manera masiva sonido y video, dando lugar a una revolución en la industria tradicional de radio y televisión. Hoy es ya posible escuchar programas de radio y ver programas de televisión por Internet, escuchar y ver programación de radio y televisión difundida de manera abierta desde satélites y solicitar “a la carta” cualquier tipo de programación audiovisual. En poco tiempo, incluso la telefonía celular podrá ofrecer a sus usuarios el acceso a programación audiovisual que poco se diferenciará de la televisión tradicional. Nokia tiene ya equipos terminales que así lo permiten.

Una legislación moderna deberá eliminar por completo la vinculación actual entre contenidos y tecnologías de difusión. No hay duda de que el contenido de la información transmitida por los medios de comunicación masiva debe ser regulado, a fin de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, pero tal regulación debe aplicar a todo tipo de contenidos, independientemente del soporte técnico para su difusión.

Los principios rectores en materia de contenidos insertos en el proyecto podrían ser válidos tanto para la radio y televisión tradicionales como para los medios escritos o para aquellos que hagan uso de tecnologías avanzadas. En un futuro próximo el medio de conducción pasará a un segundo plano y será precisamente el contenido de la información difundida el que será de interés público. No contar con una legislación moderna y amplia en materia de medios en poco tiempo demostrará que las restricciones para la radio y televisión tradicionales impuestas en el proyecto únicamente crearán distorsiones de mercado, privilegiando a unas tecnologías de difusión sobre otras.

Con el ánimo de regular contenidos, el proyecto pretende regular tecnologías específicas, tales como la radiodifusión tradicional y las redes públicas de telecomunicaciones que actualmente prestan el servicio de televisión o audio restringido. Esta visión implica un grave retroceso a los procesos de liberalización de la industria de las telecomunicaciones enmarcados en la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995.

Con una visión diametralmente distinta, el legislador de 1995 reguló redes en lugar de regular servicios, de manera tal que un mismo medio de conducción pudiese ser utilizado para prestar tantos servicios como el desarrollo tecnológico permitiera. De esta manera, se abrió la puerta al desarrollo de servicios de valor agregado avanzados que actualmente se han posicionado como uno de los sectores de mayor crecimiento en la economía nacional (Internet, voz sobre protocolo IP y video “a la carta”, entre otros).

Por el contrario, el proyecto pretende restringir, en función de la tecnología, la libertad de acción de los radiodifusores y las empresas de televisión por cable. Insistimos, si lo que se pretende es regular los contenidos, se debe legislar de manera independiente, sin vincular la naturaleza técnica del soporte de difusión con la regulación de los contenidos. De otra manera se crearán distorsiones artificiales que restringirán el desarrollo de la radiodifusión frente al de otros medios de transmisión.

Como ejemplo de la inconsistencia del proyecto, podemos señalar que éste carece de una definición de lo que debe entenderse por radio y televisión y pretende hacer extensivas sus disposiciones a cualquier servicio de radio y televisión “independientemente del medio tecnológico a través del que se preste”. Así, ¿la televisión por Internet es materia del proyecto?

¿El video “a la carta”, que de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones es un servicio de valor agregado, es televisión?

Como se podrá apreciar, faltan muchas definiciones que no deben tomarse a la ligera, ya que sus efectos pueden afectar a más de una industria.

El Congreso de la Unión tiene la oportunidad de dirigir el desarrollo nacional en materia de libertad de expresión, derecho a la información y desarrollo tecnológico, pero no con barreras artificiales a la convergencia tecnológica.

* Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones

www.idet.org.mx

gsoria@lvhs.com.mx

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